Una carta aclaratoria dirigida a ‘El Comercio’ por la cecedista Martha Chávez, pone al descubierto otro de los ardides del que se vale la mayoría oficialista en el CCD para eludir el cumplimiento de la misión fiscalizadora que en todas las naciones democráticas del mundo ejerce el Parlamento. Martha Chávez niega a su colega Mario Ocharán (PPC) autoridad para anunciar que se convocará a los ministros de Defensa y del Interior a la subcomisión cuya formación fue acordada en la sesión del martes antepasado para investigar a la Caja de Pensiones Militar y Policial. Dice la presidenta de la Comisión Permanente de Fiscalización que la subcomisión es un ‘grupo de trabajo’ que no puede convocar a ministros de Estado, “ya que se constituye para efectos meramente internos” y no representa a la Comisión, que es la única que puede cursar esas invitaciones con el voto aprobatorio de dos tercios de sus miembros. Como la oposición es minoría en esa comisión, los ministros, presuntamente responsables del estado de falencia en que se encuentra la Caja de Pensiones Militar y Policial, nunca serán molestados.
Desde que el CCD entró en funciones (enero de 1993), el régimen instaurado el 5 de abril de 1992 viene funcionando sin ningún control parlamentario, ni siquiera remotamente parecido al que ejerció el Congreso instalado el 28 de julio de 1990. Nadie ha supervisado la ejecución de los presupuestos generales de la República correspondientes a los años 1991, 1992, 1993 ni el que aprobaron para el presente año. Los presupuestos son confeccionados en el ministerio de Economía y Finanzas y, después de un remedo de debate en la llamada Comisión Permanente de Presupuesto, resultan aprobados a carpetazo limpio por la mayoría oficialista, sin tomar en cuenta las recomendaciones de la oposición. Desde el 5 de abril de 1992, el presidente Fujimori y su camarilla gastan los recursos del Estado sin rendir cuentas a nadie. Las comisiones permanentes de Presupuesto y de Fiscalización están pintadas en la pared.
A la luz de lo que está ocurriendo con el CCD, la cuestión que los analistas políticos todavía no se han detenido en esclarecer es la siguiente: En la eventualidad de que se haga reelegir por otro quinquenio, ¿cómo hará Fujimori para gobernar si no logra obtener mayoría propia en el próximo Parlamento? Dicho de otra forma: ¿Qué estrategia, todavía oculta, utilizará para asegurarse, junto con la reelección, una mayoría que le permita gobernar sin ninguna traba fiscalizadora?
Fujimori despuntó en las elecciones generales del 90 llevado por un conglomerado de pastores evangélicos, de informales y pequeños empresarios; y ganó en la segunda vuelta a Mario Vargas Liosa con los votos del Apra y de todos los grupos de izquierda. Sin embargo, en la primera vuelta, que es donde se elige al Parlamento, Fujimori sufrió una amarga derrota: sólo pudo colocar 14 senadores y 32 diputados, o sea 46 de un total de 240 parlamentarios.
Hoy, esa fuerza electoral ya no cuenta: los pastores evangelistas fueron desembarcados en los primeros meses de gobierno y su jefe, Carlos García, nunca pudo ejercer la segunda vicepresidencia de la República. Los pequeños empresarios fueron maltratados en cabeza de dos de sus hombres más representativos: don Julián Bustamante Cabello, quien gastó gran parte de su Fortuna en sostener la campaña electoral de Fujimori y alcanzó una curul en el Senado, fue objeto de una vil acusación por parte del gobierno que aceleró su muerte; y don Máximo San Román, primer vicepresidente de la República, quien se negó a secundar el golpe militar del 5 de abril hasta ahora es víctima del acoso oficialista. Y los informales ahora acusan a Fujimori de haberse aliado con los ‘blanquitos’ y de buscar evasores de impuestos entre los ‘cholitos’, y no entre los empresarios de cuello y corbata con quienes hoy disfruta del poder.
Los neoderechistas que se esconden tras el ropaje del liberalismo –hoy de moda en el mundo–, que pregonan la necesidad de tener un gobierno de mano dura, que ponga orden en el país y que cada día toman porciones más amplias del poder económico y financiero, no son fuerza electoral suficiente por sí mismos para mantener a Fujimori en el poder por otros cinco años. Y menos aún para darle mayoría propia en este nuevo Parlamento unicameral de 120 congresistas que estrenará sus funciones el 28 de julio de 1995. Claro que pueden influir en la opinión pública a través de la prensa escrita, las radios y la televisión, martillando los éxitos que Fujimori se atribuye exclusivamente en dos cuestiones altamente sensibles: la pacificación y la derrota de la inflación. Pero ¿será eso suficiente?
En las elecciones de noviembre del 92 para conformar el llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD), la coalición oficialista Cambio 90 y Nueva Mayoría logró 44 de los 80 asientos, en un proceso que se caracterizó por el ausentismo electoral más alto de las últimas décadas. Los ciudadanos que ejercitaron su opción electoral alcanzaron apenas el 45% del total de inscritos. Los votos obtenidos por la coalición oficialista representaron el 28% de los electores que fueron a las urnas y no votaron en blanco ni viciaron sus votos. Es cierto que desde el primer momento el oficialismo ganó los seis asientos del grupo de Rafael Rey Rey (Renovación Nacional) y con el transcurso de los meses los dos del Frente Popular Agrícola del barbudo pastor Ataucusi (Mario Paredes y Eusebio Vicuña); y dos del Frente Independiente Moralizador de Fernando Olivera (César Larrabure y Julio Chu Meriz); pero esta holgada mayoría oficialista es fruto de acomodos para obtener migajas del poder y no representa la voluntad del elector expresada en las urnas.
Basado en las encuestas, los apologistas de Fujimori sostienen que ‘el chinito’ puede ganar las elecciones en primera o en segunda vuelta. Pero esas mismas encuestas revelan que lo que no puede hacer Fujimori es endosar el grado de aceptación que tiene en la población. Allí está como triste despojo el ex alcalde chorrillano Pablo Gutiérrez, quien perdió soga y cabra (su popularidad personal le garantizaba la reelección por su distrito, a quien Fujimori retiró, después de haberlo impuesto a Cambio 90 y Nueva Mayoría como candidato a la alcaldía de Lima, cuando las encuestas le dijeron que era candidato perdido. Fujimori no pudo presentar un candidato aceptable en ningún municipio de la República. Este puede ser el origen de su fobia contra los gobiernos municipales.
La derrota de Fujimori en los comicios de enero del 93 sólo fue la confirmación de otra, verdaderamente catastrófica, ocurrida dos meses antes: el referéndum por el Sí o el No de noviembre del 92. Pese a sus propios vaticinios de que su proyecto constitucional sería aprobado abrumadoramente (más del 75%, decía) y. más tarde, a sus amenazas de renunciar si triunfaba el No, los resultados le dieron un tremendo revolcón: la complicidad de un Jurado Nacional de Elecciones incapaz —con la honrosa excepción del doctor Juan Chávez Molina, delegado del Colegio de Abogados de Lima— impidió que se conocieran los resultados reales de la consulta popular. Todavía no se puede borrar de la mente de muchos peruanos la sospecha de que el referéndum fue perdido por el régimen fujimorista. Su ‘triunfo’ se habría debido a esas ánforas lejanas que controlaba el Ejército y que arrojaban 200 votos para el Sí de 200 electores. En esos lugares no había enfermos, ni ausentes, ni muertos.
El desempeño del llamado Congreso Constituyente Democrático nunca ha concitado la aceptación de la mayoría de los electores en las encuestas de las empresas que hacen sondeos de opinión pública. Las encuestas hechas por Imasen entre enero y junio de este año, arrojan un promedio de 46.7% de aprobación a la gestión del CCD. No obstante su permanente presencia en las pantallas de televisión y en los diarios oficialistas, los líderes de Cambio 90 y Nueva Mayoría no pasan de ser ilustres desconocidos, como lo probó un ‘Estudio Cualitativo sobre las posibilidades reeleccionistas de Fujimori, del cual dimos cuenta la semana pasada: el desempeño de Jaime Yoshiyama como presidente del CCD es muy poco conocido; en el caso de Carlos Torres y Torres Lara, presidente de la Comisión de Constitución, algunos conocen su nombre, pero otros sólo lo recuerdan como ‘el señor de la barbita’; y Martha Chávez, la furibunda lideresa del fujimorismo, es confundida con la exuberante cantante española Martha Sánchez.
¿Cómo hará Fujimori, en caso de ser reelecto, para obtener una mayoría propia en el próximo Congreso cuando dos experiencias electorales han probado que las simpatías que despierta en un sector del electorado no son endosables? Esto es crucial para Fujimori a la luz de lo que ocurrió en los comicios de 1990 que no le dieron mayoría propia. Fujimori no sabe negociar, no busca consenso; cuando encontró un obstáculo lo arrolló con los tanques puestos a su servicio por una cúpula militar tan ambiciosa como él. Pero el escenario del 95 no será el mismo que tuvo el 92 cuando, tras el cuartelazo del general Hermoza, hizo su propio Parlamento y obtuvo la mayoría que necesitaba. El vals criollo lo dice: “toda repetición es una ofensa”.
Fujimori, candidato a la reelección, sin tener seguro control del Congreso, es voto perdido.
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