Cuando hace tres semanas descubrimos que era falsa la "noticia", "primicia" o "supernovedad" de que el Tribunal de Justicia Militar había absuelto a los generales de la PIP involucrados en el caso de "Villa Coca", nos sentimos obligados a dar a conocer nuestras indagaciones. No sólo porque era falsa la "noticia" sino porque se hacía evidente que nos hallábamos ante otra maniobra de ciertos sectores afines al gobierno destinada a desprestigiar a las Fuerzas Armadas, con el suicida pretexto de que para afianzar la democracia no era malo desestabilizar un poco a los militares. El tribunal militar no había absuelto a nadie; al contrario, había ampliado la acusación, señalando que eran cómplices en los enjuagues de "Villa Coca" varios otros jefes de la PIP, entre ellos los "investigadores", por haber cerrado los ojos ante muchas evidencias contra Rodríguez López y su banda.
OIGA, que tiene una clara posición frente a la estabilidad democrática (ver editorial), no podía callar. Estaba obligada a informar sobre el tema, aunque quedará absolutamente sola —como así fue, ya que ningún periódico se dio por enterado de lo ocurrido—, y a no ocultar el nombre de nadie y menos el del oficial general que, a pesar de estar cuestionado por la justicia militar, fue condecorado por el ministro del Interior.
Ese general de la PIP, don Raúl Chávez Gonzales, nos ha enviado una carta acusándonos de pretender inventar "la existencia de un proceso penal que supuestamente se me está siguiendo en el Consejo Supremo de Justicia Militar, por delito de desobediencia, insulto al superior y otros delitos más, derivado —según su revista- de una posible parcialidad y discriminación en las investigaciones del caso Villacoca".
Los cargos existen y en estas páginas volvemos a publicar los documentos que sustentan nuestras informaciones, aunque sigamos sin emitir nosotros ningún juicio de valor. Nos limitamos a expresar hechos y a exhibir documentos. Y no sólo hay eso: en estos días el juez que ventila el caso "Villacoca", Hugo Príncipe, ha enviado un oficio a la Sala de Guerra anunciándole la devolución de los expedientes que comprometen a los generales PIP Chávez Gonzáles, Suárez Caballero y López Vargas, para que la justicia militar siga su curso. Se sabe que el Consejo Supremo de Justicia Militar habría decidido remitir ese oficio en consulta a la Corte Suprema de la República para que ésta decida si la justicia militar sigue el caso o lo pone en manos del juez Hugo Príncipe.
La justicia militar considera que esos tres generales "tuvieron toda la documentación incriminatoria contra el civil Reynaldo Rodríguez López y otros, por delito de tráfico ilícito de drogas y otros delitos, así como contra el personal de las Fuerzas Policiales que han tenido relación con los hechos objeto de la investigación policial, no obstante lo cual, pese a las evidencias incriminatorias contra determinados miembros de las Fuerzas Policiales, los indicados oficiales generales e integrantes del Equipo de Trabajo de Investigación Policial, intencionalmente omitieron denunciar ante la entidad competente a aquellos miembros de las Fuerzas Policiales comprometidos en eventos delictuosos en agravio del Estado, incumpliendo de este modo sus deberes y obligaciones policiales".
Los veinte kilos que vieron
Cuando estalló el laboratorio de "Villa-coca" que puso al descubierto las actividades delictivas de Reynaldo Rodríguez López y su banda, lo primero que se quiso saber es desde cuándo venía operando esta organización. El general Chávez Gonzales y su equipo descubren —según lo hacen saber al juez Príncipe en su atestado ampliatorio del 23 de agosto de 1985— que la organización de "El Padrino" tiene relación con el tráfico de drogas desde 1978, al capturar a la esposa de Reynaldo, Rosalía Rubiños Litardo de Rodríguez con 20 kilos 315 gramos de pasta básica de cocaína. Un atestado deficiente permite que la mujer de Reynaldo fuese liberada por un juez complaciente. El 28 de enero de este año, el equipo del general Chávez Gonzales comprende como implicados en tráfico ilícito de drogas y contra deberes profesionales, entre otros, al teniente general Eduardo Ipinze Rebata, al coronel Luis Rojas Penas y al mayor Carlos Ratto del Solar, por la responsabilidad que les cabe en el contenido del atestado, confeccionado tan deficientemente, que no tocó al "Padrino".
Los doce kilos que no vieron
El equipo del general Chávez Gonzales también descubre las manos del "Padrino" cuando en marzo de 1984, la PIP apresa a Italo Scolezi Fernández y al colombiano Luis Eduardo Fernández Gómez, en el departamento Nº 702 de Ramón Dagnino 175, con un cargamento de 12 kilos 158 gramos de clorhidrato de cocaína, envueltos en paquetes, listos para ser enviados al extranjero. Se descubre que ese departamento es de propiedad de Reynaldo Rodríguez López y que éste tiene vinculaciones con Scolezi por lo menos desde 1982 en que avaló a Scolezi para el alquiler de un departamento en Santa Cruz. Tan convencido está el equipo del general Chávez Gonzales que ese inmueble pertenece a la banda de narcotraficantes, que lo incauta. Sin embargo, al contrario de lo que hizo con los PIP's autores del deficiente atestado contra la mujer de Reynaldo en 1978, esta vez no comprende a los responsables de ese otro atestado que, nuevamente, deja en las sombras al "Padrino": el general Oscar Vivas Gutarra, el coronel César Anco Zegarra, el mayor Víctor Vargas Rojas y el alférez José Román Díaz, quienes, de esta manera, evaden la acción de la justicia.
Otros descuidos
La justicia militar descubre otros casos en que el equipo del general Chávez Gonzáles es severo con algunos y complaciente con otros miembros de su institución. Uno de estos últimos es el comandante Herculano Soto Villanueva, cuñado del Director Superior de la PIP, Mario Muñoz Malaver. Por ello, la justicia militar precisa que el equipo del general Chávez Gonzáles ha actuado con "parcialidad punible en el ejercicio de la función, pues se ha hecho discriminación en razón de las personas y no por la naturaleza de los hechos", y ordena que se les comprenda en la instrucción abierta a los generales Ipinze, Rómulo Alayza Tejada y Rodolfo Ballesteros, al general GC Humberto Catter Arredendo y otros.
La justicia militar no se concreta a investigar y en julio dicta orden de detención definitiva contra el general Oscar Vivas Gutarra, el coronel César Augusto Anco Zegarra y comandante Víctor Vargas Rojas, comunicando al juez Hugo Príncipe y al Fiscal Miguel Espinoza Velásquez, los hechos que configuran un encubrimiento de tráfico ilícito de drogas por parte de los citados oficiales para no ser pasible de responsabilidad penal".
Hay una frondosa documentación que demuestra la responsabilidad de los generales PIP Chávez Gonzales, Suárez Caballero y López Vargas en los delitos que le imputa la justicia militar y que debe ser esclarecida por ésta o por los tribunales ordinarios.
No ocurre lo mismo con el general FF.PP. Jesús Humberto Fuentes, también condecorado por el ministro del Interior con ocasión del día de la PIP, cuya fotografía de espaldas, sin que pudiéramos identificarlo, publicamos la semana pasada, sin otro propósito que el de ilustrar la ceremonia de premiación que comentábamos. En carta que nos ha enviado su esposa, doña Luisa Rojas de Fuentes, ella precisa que su esposo, quien se encuentra ausente del país, "en ningún momento se encuentra ni se ha encontrado sometido a ningún proceso judicial ni administrativo y, de ser posible, usted puede comprobarlo mediante la confrontación de su foja de servicios". No lo dudamos, porque el general Fuentes no aparece en ninguno de los documentos acusatorios que obran en nuestro poder, porque tenemos buenas referencias de él y porque en las instituciones policiales también hay gente honesta que hace honor a su cuerpo. Cuando nosotros decimos —e insistimos— en que la reorganización policial debe ser a fondo, radical, comenzando con un licenciamiento general, no queremos decir que no haya policías técnicamente capacitados y con elevado sentido de la moral. La reorganización propuesta por nosotros, dirigida por una misión técnica extranjera, bajo control de la Fuerza Armada, tiene que comenzar por llamar a esos policías honrados y capaces. La reorganización que está haciendo el Apra es política y daña honras al despedir por razones de moralidad.
LAS CARTAS
De la señora
Rojas de Fuentes
Carta Notarial
Lima, 30 de Setiembre de 1986.
Señor.
Director General de la Revista OIGA
Dn. Francisco Igartua.
Señor director:
En la última edición de la revista OIGA de 29 de Setiembre de 1986, V Etapa Nº 298, de su digna Dirección, en la página 14, aparece una fotografía con la sumilla siguiente: "SALINAS condecora a uno de los generales PIP encausados por el más alto tribunal militar".
Dicha fotografía corresponde a mi esposo General Fuerzas Policiales don Jesús Humberto Fuentes, en la que efectivamente está siendo condecorado por el Sr. Ministro del Interior Ing. Abel Salinas.
Del texto del artículo, no aparece el nombre de mi esposo; por lo que considero que dicha reproducción se deba a un error de las fotografías de archivo que tiene la revista Que Ud. dirige.
Como es evidente esa fotografía y la sumilla, agravian la dignidad de mí referido esposo General Fuerzas Policiales Jesús Humberto Fuentes, así como de la suscrita y de toda la familia, atentando a los derechos Constitucionales contenidos en el art. 2do. inc. 5 de la Constitución del Estado Peruano, ya que se atenta al honor y buena reputación, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de mi esposo y su familia; de conformidad con dicho dispositivo constitucional le ruego hacer la correspondiente aclaración, en los mismos caracteres y en la propia revista.
Dicha rectificación la solicito, en vista de que mi esposo se encuentra ausente del país y de que en ningún momento se encuentra ni se ha encontrado sometido a ningún proceso judicial ni administrativo y de ser posible Ud. puede comprobarlo, mediante la confrontación de su foja de servicios. En consecuencia, deberá rectificarse ese error, que motiva mi justificada protesta.
Le ruego atender a este pedido y disponer se proceda conforme a ley.
Atentamente,
Luisa Rojas de Fuentes
L.E. 07723800
Domicilio: Escardó 465 - San Miguel
Del general Chávez G.
Lima, 25 de setiembre de 1986
Sr. Director General de la revista OIGA, Francisco Igartua
Jr. Chinchón Nº 935 SAN ISIDRO
SAN ISIDRO.
De mi consideración:
Por intermedio de la presente carta notarial, hago llegar a usted, mi más enérgica protesta e indignación, con motivo de la publicación aparecida en su revista OIGA, de fecha 22 de setiembre de 1986, V Etapa Nº 297, en donde aparece en la carátula y a todo color, mi fotografía en el momento preciso cuando soy condecorado por el señor Ministro del Interior, Ing. Abel Salinas Izaguirre y, al costado, un titular a grandes postones que dice: "INSOLITO. VILLACOCA: CONDECORAN A PIP QUE OCULTÓ 12 KILOS".
Estos titulares consignados en la carátula de su revista, señor director, dañan mi reputación moral y mi buen nombre harto conocidos en el ámbito nacional. Puesto que, aunque no se precisa la sustancia o el contenido de los 12 kilos, ni dice a qué se refiere, aplicando la lógica formal por el sentido de todo el titular, se estaría dando a entender a la opinión pública, que se trata de sustancias estupefacientes.
Y, en las páginas interiores de su misma revista, en la página 21, se pretende inventar la existencia de un proceso penal que - supuestamente se me está siguiendo en el Consejo Supremo de Justicia Militar, por delito de desobediencia, insulto al superior y otros delitos más, derivado —según su revista— de una posible parcialidad y discriminación en las investigaciones del caso "Villacoca".
Como la publicación de tales infundios resulta perjudicial para mi buena reputación moral y mi bien ganado prestigio dentro de mi institución, gracias a la honestidad en el desempeño de mi función policial, por la presente pido a usted se sirva disponer que con iguales caracteres y en la carátula de su revista próxima a salir, se haga una publicación rectificatoria del caso, de conformidad con lo dispuesto por el art. 2º de la Constitución Política del Estado y de la ley de prensa.
Agradeciéndole por anticipado la atención que le merezca la presente, aprovecho de esta oportunidad para testimoniarle los sentimientos de mi especial respeto y consideración.
Atte.
General FF.PP. Raúl Chávez Gonzales
Carné Identidad: 01-5500880436-0
OIGA, que tiene una clara posición frente a la estabilidad democrática (ver editorial), no podía callar. Estaba obligada a informar sobre el tema, aunque quedará absolutamente sola —como así fue, ya que ningún periódico se dio por enterado de lo ocurrido—, y a no ocultar el nombre de nadie y menos el del oficial general que, a pesar de estar cuestionado por la justicia militar, fue condecorado por el ministro del Interior.
Ese general de la PIP, don Raúl Chávez Gonzales, nos ha enviado una carta acusándonos de pretender inventar "la existencia de un proceso penal que supuestamente se me está siguiendo en el Consejo Supremo de Justicia Militar, por delito de desobediencia, insulto al superior y otros delitos más, derivado —según su revista- de una posible parcialidad y discriminación en las investigaciones del caso Villacoca".
Los cargos existen y en estas páginas volvemos a publicar los documentos que sustentan nuestras informaciones, aunque sigamos sin emitir nosotros ningún juicio de valor. Nos limitamos a expresar hechos y a exhibir documentos. Y no sólo hay eso: en estos días el juez que ventila el caso "Villacoca", Hugo Príncipe, ha enviado un oficio a la Sala de Guerra anunciándole la devolución de los expedientes que comprometen a los generales PIP Chávez Gonzáles, Suárez Caballero y López Vargas, para que la justicia militar siga su curso. Se sabe que el Consejo Supremo de Justicia Militar habría decidido remitir ese oficio en consulta a la Corte Suprema de la República para que ésta decida si la justicia militar sigue el caso o lo pone en manos del juez Hugo Príncipe.
La justicia militar considera que esos tres generales "tuvieron toda la documentación incriminatoria contra el civil Reynaldo Rodríguez López y otros, por delito de tráfico ilícito de drogas y otros delitos, así como contra el personal de las Fuerzas Policiales que han tenido relación con los hechos objeto de la investigación policial, no obstante lo cual, pese a las evidencias incriminatorias contra determinados miembros de las Fuerzas Policiales, los indicados oficiales generales e integrantes del Equipo de Trabajo de Investigación Policial, intencionalmente omitieron denunciar ante la entidad competente a aquellos miembros de las Fuerzas Policiales comprometidos en eventos delictuosos en agravio del Estado, incumpliendo de este modo sus deberes y obligaciones policiales".
Los veinte kilos que vieron
Cuando estalló el laboratorio de "Villa-coca" que puso al descubierto las actividades delictivas de Reynaldo Rodríguez López y su banda, lo primero que se quiso saber es desde cuándo venía operando esta organización. El general Chávez Gonzales y su equipo descubren —según lo hacen saber al juez Príncipe en su atestado ampliatorio del 23 de agosto de 1985— que la organización de "El Padrino" tiene relación con el tráfico de drogas desde 1978, al capturar a la esposa de Reynaldo, Rosalía Rubiños Litardo de Rodríguez con 20 kilos 315 gramos de pasta básica de cocaína. Un atestado deficiente permite que la mujer de Reynaldo fuese liberada por un juez complaciente. El 28 de enero de este año, el equipo del general Chávez Gonzales comprende como implicados en tráfico ilícito de drogas y contra deberes profesionales, entre otros, al teniente general Eduardo Ipinze Rebata, al coronel Luis Rojas Penas y al mayor Carlos Ratto del Solar, por la responsabilidad que les cabe en el contenido del atestado, confeccionado tan deficientemente, que no tocó al "Padrino".
Los doce kilos que no vieron
El equipo del general Chávez Gonzales también descubre las manos del "Padrino" cuando en marzo de 1984, la PIP apresa a Italo Scolezi Fernández y al colombiano Luis Eduardo Fernández Gómez, en el departamento Nº 702 de Ramón Dagnino 175, con un cargamento de 12 kilos 158 gramos de clorhidrato de cocaína, envueltos en paquetes, listos para ser enviados al extranjero. Se descubre que ese departamento es de propiedad de Reynaldo Rodríguez López y que éste tiene vinculaciones con Scolezi por lo menos desde 1982 en que avaló a Scolezi para el alquiler de un departamento en Santa Cruz. Tan convencido está el equipo del general Chávez Gonzales que ese inmueble pertenece a la banda de narcotraficantes, que lo incauta. Sin embargo, al contrario de lo que hizo con los PIP's autores del deficiente atestado contra la mujer de Reynaldo en 1978, esta vez no comprende a los responsables de ese otro atestado que, nuevamente, deja en las sombras al "Padrino": el general Oscar Vivas Gutarra, el coronel César Anco Zegarra, el mayor Víctor Vargas Rojas y el alférez José Román Díaz, quienes, de esta manera, evaden la acción de la justicia.
Otros descuidos
La justicia militar descubre otros casos en que el equipo del general Chávez Gonzáles es severo con algunos y complaciente con otros miembros de su institución. Uno de estos últimos es el comandante Herculano Soto Villanueva, cuñado del Director Superior de la PIP, Mario Muñoz Malaver. Por ello, la justicia militar precisa que el equipo del general Chávez Gonzáles ha actuado con "parcialidad punible en el ejercicio de la función, pues se ha hecho discriminación en razón de las personas y no por la naturaleza de los hechos", y ordena que se les comprenda en la instrucción abierta a los generales Ipinze, Rómulo Alayza Tejada y Rodolfo Ballesteros, al general GC Humberto Catter Arredendo y otros.
La justicia militar no se concreta a investigar y en julio dicta orden de detención definitiva contra el general Oscar Vivas Gutarra, el coronel César Augusto Anco Zegarra y comandante Víctor Vargas Rojas, comunicando al juez Hugo Príncipe y al Fiscal Miguel Espinoza Velásquez, los hechos que configuran un encubrimiento de tráfico ilícito de drogas por parte de los citados oficiales para no ser pasible de responsabilidad penal".
Hay una frondosa documentación que demuestra la responsabilidad de los generales PIP Chávez Gonzales, Suárez Caballero y López Vargas en los delitos que le imputa la justicia militar y que debe ser esclarecida por ésta o por los tribunales ordinarios.
No ocurre lo mismo con el general FF.PP. Jesús Humberto Fuentes, también condecorado por el ministro del Interior con ocasión del día de la PIP, cuya fotografía de espaldas, sin que pudiéramos identificarlo, publicamos la semana pasada, sin otro propósito que el de ilustrar la ceremonia de premiación que comentábamos. En carta que nos ha enviado su esposa, doña Luisa Rojas de Fuentes, ella precisa que su esposo, quien se encuentra ausente del país, "en ningún momento se encuentra ni se ha encontrado sometido a ningún proceso judicial ni administrativo y, de ser posible, usted puede comprobarlo mediante la confrontación de su foja de servicios". No lo dudamos, porque el general Fuentes no aparece en ninguno de los documentos acusatorios que obran en nuestro poder, porque tenemos buenas referencias de él y porque en las instituciones policiales también hay gente honesta que hace honor a su cuerpo. Cuando nosotros decimos —e insistimos— en que la reorganización policial debe ser a fondo, radical, comenzando con un licenciamiento general, no queremos decir que no haya policías técnicamente capacitados y con elevado sentido de la moral. La reorganización propuesta por nosotros, dirigida por una misión técnica extranjera, bajo control de la Fuerza Armada, tiene que comenzar por llamar a esos policías honrados y capaces. La reorganización que está haciendo el Apra es política y daña honras al despedir por razones de moralidad.
LAS CARTAS
De la señora
Rojas de Fuentes
Carta Notarial
Lima, 30 de Setiembre de 1986.
Señor.
Director General de la Revista OIGA
Dn. Francisco Igartua.
Señor director:
En la última edición de la revista OIGA de 29 de Setiembre de 1986, V Etapa Nº 298, de su digna Dirección, en la página 14, aparece una fotografía con la sumilla siguiente: "SALINAS condecora a uno de los generales PIP encausados por el más alto tribunal militar".
Dicha fotografía corresponde a mi esposo General Fuerzas Policiales don Jesús Humberto Fuentes, en la que efectivamente está siendo condecorado por el Sr. Ministro del Interior Ing. Abel Salinas.
Del texto del artículo, no aparece el nombre de mi esposo; por lo que considero que dicha reproducción se deba a un error de las fotografías de archivo que tiene la revista Que Ud. dirige.
Como es evidente esa fotografía y la sumilla, agravian la dignidad de mí referido esposo General Fuerzas Policiales Jesús Humberto Fuentes, así como de la suscrita y de toda la familia, atentando a los derechos Constitucionales contenidos en el art. 2do. inc. 5 de la Constitución del Estado Peruano, ya que se atenta al honor y buena reputación, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de mi esposo y su familia; de conformidad con dicho dispositivo constitucional le ruego hacer la correspondiente aclaración, en los mismos caracteres y en la propia revista.
Dicha rectificación la solicito, en vista de que mi esposo se encuentra ausente del país y de que en ningún momento se encuentra ni se ha encontrado sometido a ningún proceso judicial ni administrativo y de ser posible Ud. puede comprobarlo, mediante la confrontación de su foja de servicios. En consecuencia, deberá rectificarse ese error, que motiva mi justificada protesta.
Le ruego atender a este pedido y disponer se proceda conforme a ley.
Atentamente,
Luisa Rojas de Fuentes
L.E. 07723800
Domicilio: Escardó 465 - San Miguel
Del general Chávez G.
Lima, 25 de setiembre de 1986
Sr. Director General de la revista OIGA, Francisco Igartua
Jr. Chinchón Nº 935 SAN ISIDRO
SAN ISIDRO.
De mi consideración:
Por intermedio de la presente carta notarial, hago llegar a usted, mi más enérgica protesta e indignación, con motivo de la publicación aparecida en su revista OIGA, de fecha 22 de setiembre de 1986, V Etapa Nº 297, en donde aparece en la carátula y a todo color, mi fotografía en el momento preciso cuando soy condecorado por el señor Ministro del Interior, Ing. Abel Salinas Izaguirre y, al costado, un titular a grandes postones que dice: "INSOLITO. VILLACOCA: CONDECORAN A PIP QUE OCULTÓ 12 KILOS".
Estos titulares consignados en la carátula de su revista, señor director, dañan mi reputación moral y mi buen nombre harto conocidos en el ámbito nacional. Puesto que, aunque no se precisa la sustancia o el contenido de los 12 kilos, ni dice a qué se refiere, aplicando la lógica formal por el sentido de todo el titular, se estaría dando a entender a la opinión pública, que se trata de sustancias estupefacientes.
Y, en las páginas interiores de su misma revista, en la página 21, se pretende inventar la existencia de un proceso penal que - supuestamente se me está siguiendo en el Consejo Supremo de Justicia Militar, por delito de desobediencia, insulto al superior y otros delitos más, derivado —según su revista— de una posible parcialidad y discriminación en las investigaciones del caso "Villacoca".
Como la publicación de tales infundios resulta perjudicial para mi buena reputación moral y mi bien ganado prestigio dentro de mi institución, gracias a la honestidad en el desempeño de mi función policial, por la presente pido a usted se sirva disponer que con iguales caracteres y en la carátula de su revista próxima a salir, se haga una publicación rectificatoria del caso, de conformidad con lo dispuesto por el art. 2º de la Constitución Política del Estado y de la ley de prensa.
Agradeciéndole por anticipado la atención que le merezca la presente, aprovecho de esta oportunidad para testimoniarle los sentimientos de mi especial respeto y consideración.
Atte.
General FF.PP. Raúl Chávez Gonzales
Carné Identidad: 01-5500880436-0
