El Caso Villacoca y la justicia militar – Oiga 06/10/1986

Cuando hace tres semanas descubrimos que era falsa la "noticia", "primicia" o "supernovedad" de que el Tribunal de Justicia Militar había absuel­to a los generales de la PIP involucrados en el caso de "Villa Coca", nos sentimos obligados a dar a conocer nuestras indagacio­nes. No sólo porque era falsa la "noticia" sino porque se hacía evidente que nos ha­llábamos ante otra maniobra de ciertos sectores afines al gobierno destinada a desprestigiar a las Fuerzas Armadas, con el suicida pretexto de que para afianzar la democracia no era malo desestabilizar un poco a los militares. El tribunal militar no había absuelto a nadie; al contrario, había ampliado la acusación, señalando que eran cómplices en los enjuagues de "Villa Coca" varios otros jefes de la PIP, entre ellos los "investigadores", por haber cerrado los ojos ante muchas evidencias contra Rodríguez López y su banda.

OIGA, que tiene una clara posición fren­te a la estabilidad democrática (ver editorial), no podía callar. Estaba obligada a in­formar sobre el tema, aunque quedará absolutamente sola —como así fue, ya que ningún periódico se dio por enterado de lo ocurrido—, y a no ocultar el nombre de nadie y menos el del oficial general que, a pesar de estar cuestionado por la justicia militar, fue condecorado por el ministro del Interior.

Ese general de la PIP, don Raúl Chávez Gonzales, nos ha enviado una carta acusándonos de pretender inventar "la exis­tencia de un proceso penal que supuestamente se me está siguiendo en el Consejo Supremo de Justicia Militar, por delito de desobediencia, insulto al su­perior y otros delitos más, derivado —se­gún su revista- de una posible parcialidad y discriminación en las investigaciones del caso Villacoca".

Los cargos existen y en estas pá­ginas volvemos a publicar los do­cumentos que sustentan nuestras informaciones, aunque sigamos sin emitir nosotros ningún juicio de valor. Nos limitamos a expresar hechos y a exhibir documentos. Y no sólo hay eso: en estos días el juez que ventila el caso "Villacoca", Hugo Príncipe, ha enviado un oficio a la Sala de Guerra anunciándole la devolución de los expedientes que comprometen a los generales PIP Chávez Gonzáles, Suárez Caballero y López Vargas, para que la jus­ticia militar siga su curso. Se sabe que el Consejo Supremo de Justicia Militar ha­bría decidido remitir ese oficio en consulta a la Corte Suprema de la República para que ésta decida si la justicia militar sigue el caso o lo pone en manos del juez Hugo Príncipe.

La justicia militar considera que esos tres generales "tuvieron toda la do­cumentación incriminatoria con­tra el civil Reynaldo Rodríguez Ló­pez y otros, por delito de tráfico ilícito de drogas y otros delitos, así como contra el personal de las Fuerzas Po­liciales que han tenido relación con los he­chos objeto de la investigación policial, no obstante lo cual, pese a las evidencias in­criminatorias contra determinados miem­bros de las Fuerzas Policiales, los indi­cados oficiales generales e inte­grantes del Equipo de Trabajo de Investigación Policial, intencio­nalmente omitieron denunciar an­te la entidad competente a aque­llos miembros de las Fuerzas Poli­ciales comprometidos en eventos delictuosos en agravio del Estado, in­cumpliendo de este modo sus deberes y obligaciones policiales".

Los veinte kilos que vieron

Cuando estalló el laboratorio de "Villa-coca" que puso al descubierto las activida­des delictivas de Reynaldo Rodríguez Ló­pez y su banda, lo primero que se quiso saber es desde cuándo venía operando es­ta organización. El general Chávez Gonza­les y su equipo descubren —según lo ha­cen saber al juez Príncipe en su atestado ampliatorio del 23 de agosto de 1985— que la organización de "El Padrino" tiene rela­ción con el tráfico de drogas desde 1978, al capturar a la esposa de Reynaldo, Rosalía Rubiños Litardo de Rodríguez con 20 kilos 315 gramos de pasta básica de cocaína. Un atestado deficiente permite que la mujer de Reynaldo fuese liberada por un juez com­placiente. El 28 de enero de este año, el equipo del general Chávez Gonzales com­prende como implicados en tráfico ilícito de drogas y contra deberes profesionales, en­tre otros, al teniente general Eduardo Ipin­ze Rebata, al coronel Luis Rojas Penas y al mayor Carlos Ratto del Solar, por la res­ponsabilidad que les cabe en el contenido del atestado, confeccionado tan deficien­temente, que no tocó al "Padrino".

Los doce kilos que no vieron

El equipo del general Chávez Gonzales también descubre las manos del "Padrino" cuando en marzo de 1984, la PIP apresa a Italo Scolezi Fernández y al colombiano Luis Eduardo Fernández Gómez, en el de­partamento Nº 702 de Ramón Dagnino 175, con un cargamento de 12 kilos 158 gramos de clorhidrato de cocaína, envuel­tos en paquetes, listos para ser enviados al extranjero. Se descubre que ese departamento es de propiedad de Reynaldo Ro­dríguez López y que éste tiene vinculacio­nes con Scolezi por lo menos desde 1982 en que avaló a Scolezi para el alquiler de un departamento en Santa Cruz. Tan convencido está el equipo del general Chávez Gonzales que ese inmueble pertenece a la banda de narcotraficantes, que lo incauta. Sin embargo, al contrario de lo que hizo con los PIP's autores del deficiente atesta­do contra la mujer de Reynaldo en 1978, esta vez no comprende a los responsables de ese otro atestado que, nuevamente, de­ja en las sombras al "Padrino": el general Oscar Vivas Gutarra, el coronel César Anco Zegarra, el mayor Víctor Vargas Ro­jas y el alférez José Román Díaz, quienes, de esta manera, evaden la acción de la jus­ticia.

Otros descuidos

La justicia militar descubre otros casos en que el equipo del general Chávez Gonzáles es severo con algunos y complacien­te con otros miembros de su institución. Uno de estos últimos es el comandante Herculano Soto Villanueva, cuñado del Di­rector Superior de la PIP, Mario Muñoz Malaver. Por ello, la justicia militar precisa que el equipo del general Chávez Gonzáles ha actuado con "parcialidad punible en el ejercicio de la función, pues se ha hecho discri­minación en razón de las personas y no por la naturaleza de los he­chos", y ordena que se les comprenda en la instrucción abierta a los generales Ipin­ze, Rómulo Alayza Tejada y Rodolfo Ba­llesteros, al general GC Humberto Catter Arredendo y otros.

La justicia militar no se concreta a inves­tigar y en julio dicta orden de detención definitiva contra el general Oscar Vivas Gutarra, el coronel César Augusto Anco Zegarra y comandante Víctor Vargas Ro­jas, comunicando al juez Hugo Príncipe y al Fiscal Miguel Espinoza Velásquez, los hechos que configuran un encubrimiento de tráfico ilícito de drogas por parte de los citados oficiales para no ser pasible de responsabilidad penal".

Hay una frondosa documentación que demuestra la responsabilidad de los gene­rales PIP Chávez Gonzales, Suárez Caba­llero y López Vargas en los delitos que le imputa la justicia militar y que debe ser es­clarecida por ésta o por los tribunales or­dinarios.

No ocurre lo mismo con el general FF.PP. Jesús Humberto Fuentes, también condecorado por el ministro del Interior con ocasión del día de la PIP, cuya fotogra­fía de espaldas, sin que pudiéramos identi­ficarlo, publicamos la semana pasada, sin otro propósito que el de ilustrar la cere­monia de premiación que comentábamos. En carta que nos ha enviado su esposa, doña Luisa Rojas de Fuentes, ella precisa que su esposo, quien se encuentra ausente del país, "en ningún momento se encuen­tra ni se ha encontrado sometido a ningún proceso judicial ni administrativo y, de ser posible, usted puede comprobarlo me­diante la confrontación de su foja de servi­cios". No lo dudamos, porque el general Fuentes no aparece en ninguno de los documentos acusatorios que obran en nuestro poder, porque tenemos buenas referencias de él y porque en las instituciones policiales también hay gente honesta que hace honor a su cuerpo. Cuando nosotros decimos —e insistimos— en que la reor­ganización policial debe ser a fondo, radi­cal, comenzando con un licenciamiento general, no queremos decir que no haya policías técnicamente capacitados y con elevado sentido de la moral. La reorgani­zación propuesta por nosotros, dirigida por una misión técnica extranjera, bajo control de la Fuerza Armada, tiene que comenzar por llamar a esos policías hon­rados y capaces. La reorganización que está haciendo el Apra es política y daña honras al despedir por razones de morali­dad.


LAS CARTAS

De la señora
Rojas de Fuentes

Carta Notarial

Lima, 30 de Setiembre de 1986.

Señor.
Director General de la Revista OIGA
Dn. Francisco Igartua.

Señor director:

En la última edición de la revista OIGA de 29 de Setiembre de 1986, V Etapa Nº 298, de su digna Dirección, en la página 14, aparece una fotografía con la sumilla siguiente: "SALINAS condecora a uno de los generales PIP encausados por el más alto tribunal militar".

Dicha fotografía corresponde a mi es­poso General Fuerzas Policiales don Je­sús Humberto Fuentes, en la que efecti­vamente está siendo condecorado por el Sr. Ministro del Interior Ing. Abel Salinas.

Del texto del artículo, no aparece el nombre de mi esposo; por lo que considero que dicha reproducción se deba a un error de las fotografías de archivo que tie­ne la revista Que Ud. dirige.

Como es evidente esa fotografía y la sumilla, agravian la dignidad de mí referi­do esposo General Fuerzas Policiales Je­sús Humberto Fuentes, así como de la suscrita y de toda la familia, atentando a los derechos Constitucionales conteni­dos en el art. 2do. inc. 5 de la Constitución del Estado Peruano, ya que se atenta al honor y buena reputación, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de mi esposo y su familia; de conformidad con dicho dispositivo constitucional le ruego hacer la correspondiente aclara­ción, en los mismos caracteres y en la propia revista.

Dicha rectificación la solicito, en vista de que mi esposo se encuentra ausente del país y de que en ningún momento se encuentra ni se ha encontrado sometido a ningún proceso judicial ni administrativo y de ser posible Ud. puede comprobarlo, mediante la confrontación de su foja de servicios. En consecuencia, deberá rectificarse ese error, que motiva mi justificada protesta.

Le ruego atender a este pedido y dispo­ner se proceda conforme a ley.

Atentamente,

Luisa Rojas de Fuentes
L.E. 07723800
Domicilio: Escardó 465 - San Miguel


Del general Chávez G.

Lima, 25 de setiembre de 1986

Sr. Director General de la revista OIGA, Francisco Igartua
Jr. Chinchón Nº 935 SAN ISIDRO
SAN ISIDRO.



De mi consideración:

Por intermedio de la presente carta no­tarial, hago llegar a usted, mi más enérgica protesta e indignación, con motivo de la publicación aparecida en su revista OIGA, de fecha 22 de setiembre de 1986, V Etapa Nº 297, en donde aparece en la carátula y a todo color, mi fotografía en el momento preciso cuando soy condecorado por el señor Ministro del Interior, Ing. Abel Salinas Izaguirre y, al costado, un titular a grandes postones que dice: "INSOLITO. VILLACOCA: CONDE­CORAN A PIP QUE OCULTÓ 12 KI­LOS".

Estos titulares consignados en la cará­tula de su revista, señor director, dañan mi reputación moral y mi buen nombre harto conocidos en el ámbito nacional. Puesto que, aunque no se precisa la sustancia o el contenido de los 12 kilos, ni dice a qué se refiere, aplicando la lógica formal por el sentido de todo el titular, se estaría dando a entender a la opinión pú­blica, que se trata de sustancias estupefa­cientes.

Y, en las páginas interiores de su misma revista, en la página 21, se pretende inven­tar la existencia de un proceso penal que - supuestamente se me está siguiendo en el Consejo Supremo de Justicia Militar, por delito de desobediencia, insulto al superior y otros delitos más, derivado —según su revista— de una posible parcialidad y discriminación en las investigaciones del caso "Villacoca".

Como la publicación de tales infundios resulta perjudicial para mi buena reputa­ción moral y mi bien ganado prestigio den­tro de mi institución, gracias a la honesti­dad en el desempeño de mi función poli­cial, por la presente pido a usted se sirva disponer que con iguales caracteres y en la carátula de su revista próxima a salir, se haga una publicación rectificatoria del ca­so, de conformidad con lo dispuesto por el art. 2º de la Constitución Política del Estado y de la ley de prensa.

Agradeciéndole por anticipado la aten­ción que le merezca la presente, aprove­cho de esta oportunidad para testimoniar­le los sentimientos de mi especial respeto y consideración.

Atte.


General FF.PP. Raúl Chávez Gonzales
Carné Identidad: 01-5500880436-0

Alan García y la danza de los pagares – Oiga 28/01/1991

LA liberación del ingeniero Guillermo Reyes Viaña, gracias al indulto concedido por el presidente Fujimori a centenares de procesados, ha impedido que la justicia llegue a esclarecer uno de los escándalos más sonados ocurridos durante la administración aprista -una estafa por 663 millones de dólares en la que se pretendió involucrar al Banco de la Nación-, justo en momentos en que en Lausana se da a conocer parte de un informe confidencial que envió el embajador suizo en Lima a la Oficina Federal de la Policía de ese país, donde se sugiere la complicidad del ex presidente Alan García en esa operación fraudulenta. La referencia a ese informe la hace la revista L'Hebdo, que se edita en Lausana-Vaud, en su edición del 6 de diciembre, dentro de una amplia nota titulada "Maniobras fraudulentas en el Perú EXTRAÑA DIPLOMACIA SUIZA". La mención a Alan García aparece -según la revista- en el siguiente párrafo del informe confidencial que el embajador de Suiza en Lima Gerard Fonjallaz envia a la Oficina Federal de Policía el 10 de octubre de 1989: "Estamos ante un asunto delicado que bien pudiera tener consecuencias políticas importantes (el presidente Alan García estaba personalmente implicado); se impone una gran discreción". La crónica está ilustrada con una foto de Alan García con la siguiente leyenda: "Alan García ¿implicado o no?". La historia que cuenta L'Hebdo difiere bastante de la que conocemos y, como se aprecia en el titular, es muy crítica respecto de la actuación que en ese escándalo le cupo al embajador suizo en Lima. Una sumilla introduce al lector en el tema: "La "justicia tessinesa mete las narices en una sombría cuestión peruana que implica a antiguos dirigentes de ese país. En el fondo del escándalo: el juego turbio de diplomáticos suizos”. Veamos lo que dice L'Hebdo: "Lugano, un buen día del mes de febrero de 1989. En una caja de seguridad de la Unión de Bancos Suizos, la policía echa mano a un paquete de pagarés de origen peruano. En total, documentos por mil doscientos millones de dólares quedan de ese modo en condición de secuestrados. El titular de la caja de seguridad, Josip Koprivec es un yugoslavo, gerente de una compañía fiduciaria del cantón de Tesino. "Gigantesca maniobra fraudulenta al descubierto", dicen los titulares de los diarios locales al día siguiente. Es cierto que los documentos retenidos representan los presupuestos combinados de los estados de los cantones de Valais y de Neuchatel. En pocas palabras, un importante caso para los magistrados del cantón de Tesino. Tras una encuesta la policía reconstruye el telón de fondo de este escándalo. Allí se encuentran ex dirigentes peruanos en busca de una jubilación dorada, además de curiosas prácticas de la embajada suiza en Lima. (En realidad, la justicia suiza tiene dos juegos de pagarés, cada uno por un monto de US$ 673'545,000 constituido por 15 pagarés de US$ 44'903,000 cada uno; los dos juegos suman, en consecuencia, US$, 1,347'090,000). "Todo empieza a fines de setiembre de 1988. Josip Koprivec está encargado de reunir los capitales necesarios para financiar un proyecto de pesca industrial en el Perú. El monto de la operación: 318 millones de dólares. El financista yugoslavo actúa por cuenta de un astillero naval de Génova, Nuovi Cantieri Liguri, una sociedad que se prepara a firmar un contrato con la empresa peruana Scorpion Fish para la construcción de 15 barcos de pesca. A fin de encontrar la suma que haga falta, Koprive reúne un pool bancario y propone como hipoteca... los barcos que todavía están en proyecto. Veto de las instituciones financieras. Ellas exigen la garantía del gobierno peruano por intermedio del Banco de la Nación del Perú. Tras prolongadas negociaciones, Josip Koprivec termina por obtener, de manos de Guillermo Reyes, el director de Scorpion Fish, las garantías firmadas por el presidente del Banco de la Nación del Perú. De vuelta en Suiza, a su vez prudente, el hombre de negocios de Lugano exige a la embajada peruana, a la Unión de Bancos Suizos y, por telex, al Banco de la Nación, que confirmen la autenticidad de los pagarés supuestamente garantizados por el Estado. Un mes más tarde el asunto empieza a patinar. El Banco de la Nación del Perú afirma que esos papeles son falsos. Como resultado de los ajetreos, Reyes es encarcelado. El proyecto parece definitivamente fracasado. (La versión que tenemos aquí es distinta. En octubre de 1988 se reunieron en el Cesar's Hotel de Lima Guillermo Reyes Viaña, dueño y único representante de una supuesta compañía pesquera llamada Scorpión Fish, con Giorgio Rolla, máximo ejecutivo de los astilleros italianos Nuovi Cantieri Liguri, Angel Bottaro, director de comercialización, y Steve Ray Holley, socio del promotor naviero Guido Marcacci; y Josip Koprivec, propietario de la empresa Tradelink Trust de Lugano, Suiza. La operación era la siguiente: Scorpion Fish mandaba construir 15 barcos pesqueros, a un costo de 45 millones de dólares cada uno, en los astilleros Nuovi Cantieri, y Koprivec se encargaba de la financiación del proyecto. Se firma el contrato y 15 pagarés por US$ 44'903,000 cada uno, avalados por Juan Candela Gómez de la Torre, presidente del Banco de la Nación. Cuando el 17 de octubre Koprivec va a la Sección Archivo de la Sociedad de Banca Suiza se descubre que la firma del presidente del Banco de la Nación es falsificada. Koprivec va a la Sección Consular de la Embajada del Perú en Berna para que legalicen la firma de Candela y el Cónsul peruano se niega a hacerlo porque esa no es función del consulado. Koprivec elabora en su computadora un nuevo juego de pagarés y lo envía a Reyes Viaña para que los haga firmar por el presidente del Banco de la Nación y legalizar la firma por un notario público cuya firma, a la vez, debía ser legalizada por el Consulado suizo. Los pagarés, nuevamente con la firma falsificada del presidente del Banco de la Nación, y legalizada por el Notario Gustavo Correa Miller, son llevados al Colegio de Notarios de Lima para que certifique la firma de Correa Miller. El secretario del Colegio, que ha trabajado en la notaría de Correa Miller, se da cuenta de que la firma de éste es falsificada. Interviene la policía y Reyes Viaña es detenido el 16 de diciembre. La policía peruana incauta este segundo juego de pagarés). "Cuatro semanas más tarde cambia la situación. Los peruanos retoman el contrato con la fiduciaria de Tesina para volver a lanzar el negocio. Koprivec exige, y obtiene, una carta del Banco de la Nación en que se puntualiza que en el origen de estas fluctuaciones no hay más que errores y malentendidos de los cuales Koprivec no es responsable. La operación retoma su curso. Esta vez se multiplican las precauciones. Una vez mas la serie de pagarés supuestamente firmados por el presidente del Banco de la Nación es verificada por un notario peruano y confirmado luego por Ruth Wulff, cónsul en la embajada suiza en el Perú. La colaboración de la diplomacia suiza sorprende, pues por ese entonces el negocio no estaba todavía claro, más bien seguía turbio, por decir lo menos. Después de todo ¿no estaba acaso el director de Scorpion Fish entre rejas? (Esta es la parte más oscura del escándalo). Estando Reyes Viaña en la cárcel, el 26 de enero de 1989, desde el Departamento de Traducciones del Banco de la Nación son enviados, entre la 1.59 y dos de la tarde, los télex 318 y 319 al Swiss Bank (Berna) y Barclays Bank (Londres) confirmando que los pagarés que tiene Koprivec son auténticos. El tercer juego de pagarés ha volado a Suiza; llevan la firma de Candela de la Torre, autenticadas por el notario Aníbal Corvetto R, y a su vez, la firma del notario fue certificada por la cónsul suiza Ruth Wulff, todo esto con fecha 3 de febrero del 89. (Este es el segundo juego de pagarés incautado por la justicia suiza). "Para entender mejor el engranaje de este caso enredado no está demás echar un vistazo a los dueños de la empresa peruana. Koprivec pretende que pertenece a un grupo reducido de dirigentes entre los que destacan el presidente del Banco de la Nación, un ministro de Estado y el presidente de la República en ejercicio, Alan García. Precisión inútil: las elecciones se acercan. Y detrás de Scorpion Fish hay quienes imaginan que políticamente ya al final de su carrera ensayan toda clase de maniobras para obtener una jugosa entrada una vez que pasen al retiro... (Las versiones que circularon en Lima decían que Reyes Viaña fue presentado al ministro de la Presidencia, Armando Villanueva, por Alberto Franco Valera, veterano aprista, padre de Rodrigo Franco Montes asesinado en su casa de Chaclacayo en 1987. Y que el viceministro de la Presidencia, José Luis Pérez Sánchez Cerro, mantuvo contactos con Reyes Viaña). "La bomba estalla el 10 de febrero de 1989". El Financial Times y la Neue Züricher Zeitung publican un aviso que pone al público sobre aviso en cuanto a la circulación de los pagarés. Seis días más tarde los papeles quedan confiscados en Lugano, Koprivec es arrestado, interrogado y puesto en libertad esa misma tarde. "La magistratura de Tesino entra, en ese momento, en escena". La justicia revela, para empezar, que policías peruanos llegados a Suiza para obtener información bancaria han actuado ilegalmente. Llegan noticias de la quiebra de los astilleros de Génova. Su director con anterioridad había declarado que jamás había confiado mandato alguno a Koprivec. Los peruanos tratan de recuperar los documentos originales. El juez de instrucción de Lugano se prepara a enviarlos pero Koprivec se opone. Su recurso, depositado hace un año, todavía no ha sido resuelto. (Los policías peruanos que viajaron fueron el coronel Néstor Tafur López y el mayor Juan Eduardo Zapata Moz: también viajó Luis Pozo de la Vega, Jefe del Departamento de Asesoría Legal del Banco de la Nación. En realidad, los policías hicieron turismo en Suiza, Italia e Inglaterra, porque lo que tenían que investigar estaba en el Perú: el misterioso Reyes Viaña y los no menos misteriosos telex que salieron del Banco de la Nación cuando Reyes Viaña estaba preso, lo que indicaba que habían otros personajes poderosos que se movían tras bambalinas, con suficiente poder como para penetrar hasta un departamento vital del Banco de la Nación como es su Departamento de Traducciones. Nunca se supo quién o quiénes enviaron esos telex dando autenticidad al tercer juego de pagarés que volaron a Suiza por correo especial DHL). "En este enredo la embajada suiza en el Perú ha jugado un rol curioso. No sólo certificó la autenticidad de la firma -probablemente falsa- del notario peruano; más sorprendente aún: el 15 de febrero de 1989 el embajador Gerard Fonjallaz envió un fax al Procurador de Lugano. Lo hizo en papel membretado de la Sulzer-Perú. El fax fue enviado desde la sede misma que tiene esa multinacional en Lima... Es de toda evidencia que la embajada suiza parece tener buenas razones para actuar de esta manera. ¿Acaso no había escrito en un informe clasificado confidencial, remitido ello de octubre de 1989 a la Oficina Federal de la Policía: "Estamos ante un asunto delicado que bien pudiera tener consecuencias políticas importantes (el presidente Alan García estaba personalmente implicado); se impone una gran discreción"?(Efectivamente, la cónsul Ruth Wulff legalizó la firma del notario Aníbal Corvetto Romero quien, a su vez, legalizaba la del presidente del Banco de la Nación. Ambas resultaron falsas. Sin embargo, con fecha 15 de febrero, el embajador Fonjallaz remitió un telefax a los señores Quattri y Simonetti, de la Procuraduría Pública de Lugano, enviando una copia de la legalización hecha por su embajada el 3 de febrero de los documentos en donde aparecen falsificadas las firmas del presidente del Banco de la Nación, Juan Candela, y del Notario Corvetto, informando que desafortunadamente la cónsul omitió hacer una fotocopia de los pagarés). El artículo termina: "Esta es la historia: Alan García ya no es presidente del Perú, el Banco de la Nación también cambió de presidente, los barcos de pesca jamás fueron construidos y el embajador Fonjallaz nos representa ahora en Bangkok. En cuanto a Koprivec, queda por averiguar si se trata de un estafador de alto vuelo o bien de un peón sacrificado en el juego montado por los ex dirigentes peruanos en cuestión con la ayuda, probablemente involuntaria pero activa, de la embajada suiza en Lima". L'Hebdo se olvida también de Guillermo Reyes Viaña, el hombre que con una empresa (la Scorpion Fish) que sólo tenía 100 dólares de capital, aparece como el "cerebro" del gigantesco aparato internacional que se montó para estafar incautos con el señuelo de unos pagarés por más de 600 millones de dólares supuestamente avalados por el Banco de la Nación. Reyes Viaña, encarcelado desde diciembre del 88, estaba siendo juzgado por el Sexto Juzgado de Instrucción pero en diciembre del año pasado fue "indultado" por el presidente Fujimori. En esa ocasión Pablo Córdova Salvador, presidente de la Comisión Técnica Especial de Calificación del Indulto, dijo a El Comercio que Reyes Viaña sólo se limitó a falsificar pagarés para obtener un préstamo del exterior por 44 millones de dólares (¡eran más de 600 millones de dólares!) lo cual no se cumplió porque fue descubierto antes. Si ese funcionario hubiera pedido los antecedentes de Reyes Viaña al Poder Judicial, habría comprobado que tenía dos requisitorias: una del Segundo Tribunal Correccional de Chiclayo por delito contra la fe pública (18 de diciembre de 1981) y otra por el Primer Tribunal Correccional del Callao por delito de peculado (2 de setiembre de 1987). Además, estaban los cientos de miles de dólares que el Banco de la Nación gastó en enviar dos policías y un abogado a Europa, en contratar un abogado italiano que se desplazó a Suiza y en miles de telex que envió a todos los bancos del mundo para bloquear cualquier cobro de los pagarés falsificados. Pero gracias al presidente Fujimori, Reyes Viaña se ha convertido en hombre-topo: sus vecinos dicen que vive escondido en su casa de Emilio Althaus 233, San Isidro, cuyas ventanas están tapiadas con tablas, y no da cara a nadie. El secreto de esta historia está bien guardado... por el momento.

Una pista caliente que compromete al APRA – Oiga 31/07/89

EL cinco de enero de 1989 un hombre ingresó en las oficinas que la empresa Avis Renta Car tiene en la Galería Comercial del Hotel Sheraton y solicitó alquilar un automóvil, identificándose como el ciudadano español Juan Mario Descelz, presentando pasaporte, brevete y tarjeta de crédito bajo ese nombre. Cumplido el habitual trámite de confirmación de la tarjeta de crédito, se le entregó a Descalz un Toyota. Sin embargo, su actitud nerviosa sembró la duda en la empleada que lo había atendido, la que fue a consultar sus temores con Jorge Miranda Montoya, encargado de la seguridad de la empresa.

Alertado, Miranda se comunicó con Seguridad del Sheraton (durante la conversación, Descalz había informado a la empleada que ocupaba un cuarto en ese hotel), procediendo luego a sentar una denuncia por robo de vehículo ante la Sexta Comisaría. Al poco rato, Seguridad del Sheraton confirmó a Montoya la presencia del Toyota en su playa de estacionamiento y le dijo que, efectivamente, Descalz había tomado una habitación en el hotel.

La policía intervino y detuvo a Delcalz, y ahí saltó la liebre: el supuesto español era peruano y se llamaba Erick Meier Von Eufrenbeck. En esos momentos, ingresó a la habitación Efraín Garrido.

Este tenía en su poder otro Toyota alquilado, esta vez a la empresa National Car Rental a nombre de una persona de apellido Manucci. La policía constató que los dos vehículos, parqueados en la playa subterránea del Sheraton, tenían las placas cambiadas, y procedió a detener a Meier y Garrido, llevándolos a la Sexta Comisaría.

Que se había cometido un delito y se pretendía realizar otro, con autos alquilados bajo falsa identidad y con las placas cambiadas, es evidente. Pero, ¿en qué consistía ese acto ilícito frustrado? La comisión parlamentaria que investiga a las bandas paramilitares que operan en el Perú, piensa que este caso es una de las pistas "calientes" que relacionarían a militantes apristas con el "Comando Rodrigo Franco", Según fuentes cercanas a la comisión, Erick Meier y, Efraín Garrido Lecca habrían sido encontrados con armas de guerra en su poder y abundante documentación comprometedora, entre ellas una lista en la que figuraba el nombre de Oscar Delgado Vera, dirigente aduanero desaparecido hace alrededor de un año luego de presentarse ante la PIP para desvirtuar un cargo de terrorismo. Los nombres de Meier y Garrido Lecca estarían en el expediente que la Sexta Fiscalía ha abierto sobre el caso del dirigente aduanero desaparecido.

OIGA quiso conseguir el atestado policial de este caso, sin resultados positivos. En la Sexta Comisaría se guardó un hermetismo absoluto; sin embargo, efectivos policiales confirmaron la existencia del parte policial, conocido como "el caso del Sheraton", pero que ha sido "camuflado confidencialmente" por orden de Armando Villanueva, ministro del Interior en ese entonces. Sin embargo, trascendió que la comisión investigadora tiene en su poder un informe del mayor comisario de la Sexta Comisaría, en el cual se reproducen párrafos del parte policial confirmando los hechos descritos anteriormente.

En este informe se indica que en el parte consta que los implicados en este caso fueron puestos en libertad por una orden del Ministerio del Interior, gestionada a través de la Prefectura de Lima.

Existe otro hecho trágico que incrementa la sospecha de la actuación de paramilitares en este caso: Jorge Miranda Montoya, encargado de seguridad de Avis y la persona que puso en evidencia a Meier y Garrido Lecca, fue baleado el ocho de julio cuando transitaba por la avenida Iquitos. Miranda, ex policía, fue atendido en el Hospital de las Fuerzas Policiales, de donde, aún grave, fue dado de alta el pasado miércoles. OIGA intentó entrevistarlo, infructuosamente, en su domicilio. Uno de sus familiares atinó a decimos, antes de colgar el teléfono, que a Miranda lo trataron de secuestrar el ocho de julio.

Mantilla armo paramilitares – Oiga 31/07/89

LA comisión parlamentaria encargada de investigar la existencia de bandas paramilitares que operan en el país, habría reunido suficientes elementos de juicio que le permitirían establecer las siguientes conclusiones: a) Existen bandas paramilitares en el Perú; b) éstas son apristas, no sólo por los nombres que usan dichos grupos para identificarse (Comando Rodrigo Franco, Comando Santana Chiri, Haya Vive, Incawasi, etc.), sino por la filiación política de sus integrantes conocidos y por los objetivos que estos grupos han atacado (todos personajes opuestos al régimen aprista o vinculados a grupos subversivos de izquierda); c) Agustín Mantilla Campos, Ministro del Interior, es el organizador de dichas bandas; y, d) para implementar esos grupos Mantilla habría incurrido en la comisión de varios delitos -entre ellos violación de la Constitución al entregar a civiles armas de guerra- y errores, como permitir que su hermano Jorge "Coco" Mantilla haya servido de intermediario para cuestionadas compras de armas.

En estos momentos, la comisión estaría concluyendo la investigación de pistas que vinculan directamente a varios de los paramilitares conocidos con el siniestro “CRF”.

Ríos Sáenz y un fiscal escurridizo

La comisión ha estudiado el caso del fallido atentado dinamitero contra “El Diario”, considerado vocero de Sendero Luminoso, ocurrido el dos de octubre de 1987, en el cual murieron dos personas y una tercera quedó lesionada. Al respecto la comisión habría descubierto lo siguiente:

1) El estallido de la carga de dinamita se produjo en el interior del vehículo y no afuera, como sostuvo el Ministerio del Interior para hacer creer que los ocupantes del auto fueron víctimas de un atentado.

Según el peritaje técnico realizado por la PIP (hoy Policía Técnica de la PNP), en poder de la comisión, la detonación ocurrió en el interior del Volkswagen de placa AQ 9510, fue a la altura de la corona, y fue causada por una carga de 13 cartuchos de dinamita, reforzada con polvo de aluminio y otros elementos. El peso y el volumen del explosivo hacen débil la tesis de que la carga fue lanzada desde el local de "El Diario" hacia el interior del automóvil, según indicó el sobreviviente a la policía. Al contrario, los elementos de juicio con los que cuenta la comisión parlamentaria indican que el estallido se produjo cuando los ocupantes del Volkswagen manipulaban el explosivo.

2) Los muertos fueron, efectivamente, Adolfo Usquiano Barandiarán y Richard Briceño Vásquez, jóvenes de comprobada filiación aprista.

3) El sobreviviente fue conducido al hospital Santa Rosa y posteriormente trasladado al Hospital de Policía por el capitán GC -hoy mayor de la PNP Adolfo Ayanguren Carbajal, en ese tiempo destacado al Escuadrón de Emergencia. El herido fue internado allí bajo el nombre de Edwin de la Torre Ugarte.

4) La Dirección de Sanidad de la PNP, a cargo del Hospital de Policía, ha informado a la comisión que tuvieron a este sujeto por 15 días en su poder, bajo tratamiento, siendo custodiado por efectivos de la DIRCOTE. Al decimosexto día, esta dependencia envió a la dirección de ese hospital un comunicado en el que informaba que la verdadera identidad del herido era Jesús Miguel Ríos Sáenz y que, "por orden superior", se retiraba la vigilancia policial a dicho individuo. Pocos minutos después de que la custodia fuera retirada, 'Ríos Sáenz se fugó del hospital. La comisión ha comprobado que Ríos Sáenz no fue dado de alta y, cuando solicitó la historia clínica, las autoridades del Hospital de Policía informaron que dicha historia se ha perdido misteriosamente.

5) La comisión cuestiona el comportamiento del titular de la 37 Fiscalía, doctor Jorge Bayetto, quien tuvo a su cargo el caso y decretó la libertad incondicional de Ríos Sáenz porque éste dijo que había sido víctima y no ejecutor del atentado, y mandó archivar el expediente.

Resulta sospechoso para la comisión que, cuando en cualquier otro caso basta encontrar un volante subversivo a cualquier detenido para realizar una exhaustiva investigación y ponerlo a disposición del juez, Bayetto no haya seguido en este caso el mismo trámite.

Bayetto ha sido citado por la comisión en dos oportunidades, negándose a asistir, primero aduciendo encontrarse de vacaciones, y luego afirmando que, como el caso ya no está en sus manos, no tiene nada que ver en el asunto. Actualmente, Bayetto está citado bajo apercibimiento. La comisión parlamentaria estaría por oficiar al Fiscal de la Nación pidiéndole que ordene al fiscal Bayetto se presente a rendir sus declaraciones. De no hacerlo, sería destituido, aparte de que la comisión podría enviarlo a la cárcel por obstruir su trabajo.

¿A quién pertenece el Volkswagen?

6) La comisión sigue investigando la identidad del propietario del Volkswagen de placa AQ 9510, usado en el atentado contra "El Diario", y tiene tres pistas: a) el auto pertenecía a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIRINT) y había sido asignado a Augusto Carrasco Calleja, Jefe de Logística de dicho ministerio; b) el propietario sería Rolando Collado Sáenz, hermano por línea materna de Jesús Miguel Ríos Sáenz; y, e) el Volkswagen sería de propiedad de Jaime Esquivel Guitendid, quien trabaja en la DIRINT.

Por lo pronto, la comisión habría descubierto la existencia de dos tarjetas de propiedad de este vehículo: una a nombre de Calleja Carrasco y la otra a nombre de Jaime Esquivel.

7) Tratando de seguir los pasos de Jesús Ríos Sáenz, la comisión parlamentaria se ha encontrado con muchas barreras. Cuando solicitó a ESVICSA -la agencia de seguridad del IPSS- un informe precisando si Ríos Sáenz había sido trabajador de esa entidad, la respondieron negando toda vinculación laboral con este sujeto. Sin embargo, la comisión tiene en su poder una planilla de ESVICSA que demuestra que Ríos Sáenz trabajó en el Policlínico Sabogal de El Callao.

Los paramilitares

La comisión ha confirmado que, desde que asumió el viceministerio del Interior en 1985, Agustín Mantilla organizó un servicio de protección, reclutando a jóvenes apristas, a los que él mismo armaba y pagaba de su peculio. A este respecto, ha confirmado en todos sus extremos las informaciones de OIGA sobre Moisés Palacios Yamunaqué, Luis Alberto Aoun Chong y otros.

Asimismo, la comisión ha logrado suficientes elementos como para afirmar que Agustín Mantilla introdujo a elementos civiles en los grupos policiales que recibían entrenamiento especializado, reservado exclusivamente a miembros de este cuerpo. Un informe escrito presentado a la comisión por el general PIP Fernando Reyes Roca, confirma plenamente lo que dijera OIGA en su oportunidad: que en agosto de 1986, dos paramilitares apristas, Manuel Alzamora y Carlos del Pozo -ellos serían identificados más tarde como integrantes del grupo de civiles armados que en octubre de ese año acompañaron a Mantilla y al propio Reyes Roca en un operativo policial realizado en el cerro El Pino, tras el asesinato por Sendero del Almirante Caferatta- viajaron a Estados Unidos, integrando una delegación oficial que iba a realizar un curso de cinco semanas sobre activación y desactivación de explosivos, Adicionalmente, este testimonio de Reyes Roca echa por tierra la versión que dio Mantilla a la comisión, según la cual Alzamora y Del Pozo viajaron en forma particular, invitados por una empresa privada de seguridad y que coincidieron con la delegación policial en el avión. Para terminar de desbaratar la coartada de Mantilla, bastaría con que la comisión llame a declarar bajo juramento a los oficiales de policía que viajaron a los Estados Unidos con estos dos paramilitares apristas.

En su informe, Reyes Roca reconoce que otro civil, Carlos Oliva Guerrero, también identificado como miembro de las fuerzas para militares apristas y peligroso karateca, participó en un cursillo sobre seguridad de dignatarios, realizado entre enero y abril de 1988 en el cuartel de la DOES del Fundo Barbadillo. Interrogado al respecto, Mantilla dijo a la comisión que Oliva participó de lo que él denominó "charla" en calidad de invitado.

Además de los personajes ya mencionados, la comisión parlamentaria debería investigar y llamar a declarar a Omar Lacunza, Gino Fiori Gonzales, Jorge Oliva Banda, Hans López Mendoza, Miguel Ángel Pinchilotti, Carlos Trujillo Marcelo, Francisco Huanacure Rosas, Martín Navarro Loayza y Carlos Hidalgo, muchos de los cuales han recibido entrenamiento militar en Corea del Norte.

Las armas

Mantilla no habría podido explicar a la comisión investigadora el porqué de su presencia junto a civiles armados con metralletas durante el operativo de "El Pino". La fotografía tomada por El Nacional constituye una fuerte prueba en su contra. Además, existen fuertes indicios que señalan al Ministro del Interior como la persona que entregó estas metralletas a su guardia personal.

También ha sido llamado a declarar ante la comisión Jorge "Coco" Mantilla sobre la importación de armas, centrándose las investigaciones en el caso de la importación de 250 silenciadores, operación que se hizo en aplicación del DS 113-87, que crea el Fondo Especial de Prevención del Ministerio del Interior. El monto total de esta operación ascendió a 280,000 dólares, según consta en documentos que obran en poder de la comisión.

Coco Mantilla habría afirmado ante la comisión que la importación realizada no fue de silenciadores, sino de percutores especiales que disminuyen el ruido de las detonaciones, versión desvirtuada por las pruebas que la comisión posee. El destino que han corrido estos silenciadores, así como parte del armamento importado directamente por Mantilla y su hermano, continúan en el misterio.

Otras revelaciones -hechos- serán de conocimiento público con el primer informe de la Comisión, que estaría por producirse en estos días.

¿Quién es Cabezas? - Oiga 11/09/89

EL coronel Rolando Cabezas Alarcón, nacido en Huancavelica, tenía 42 años de edad y 22 años de servicio en la Guardia Republicana (sin contar los 5 años en la Escuela) cuando participó en los sucesos de Lurigancho. Su foja de servicios no es nada envidiable, aunque ostenta dos condecoraciones "por servicios distinguidos": una por "su brillante y magnífica actuación" en la Parada y Desfile Militar del 28 de julio de 1982, y la otra por su "gran iniciativa, arrojo, valor y eficiente formación profesional" demostrados en un enfrentamiento con un grupo terrorista ocurrido en enero del 83, en un distrito de Andahuaylas, cuando ya era jefe de los "Llapan Atic".

En su récord tiene 115 días y 72 horas de arrestos simples por múltiples motivos, tales como: negarse a impartir instrucción premilitar en un colegio; apropiarse de un cinturón y dragona dorada de un compañero; por permitir que en su alojamiento beban licor tres oficiales, dos de los cuales cumplían medida disciplinaria; falta de respeto al superior; por demorar la remisión de los haberes de un republicano que había sido cambiado de empleo; por falta de carácter para hacer cumplir una orden; por falta de responsabilidad; por no devolver oportunamente la suma de 40,000 soles que le prestó un interno de la cárcel del Cusco donde era director, etc., etc.

También registra ocho días de arresto de rigor por dos faltas graves registradas en la cárcel de Lurigancho: por introducir un botellón de vino (dos días de arresto), y por no dar cuenta de la pérdida de 238 paquetitos, conteniendo presuntamente pasta básica de cocaína, incautados durante una requisa hecha en el pabellón de sentenciados (seis días de arresto).

Siendo ya Teniente Coronel, el Consejo Superior de Justicia de la IV Zona de las Fuerzas Policiales, el 2 de agosto de 1984, confirmó la condena impuesta a Rolando Cabezas de seis meses de prisión condicional, por delito de evasión de presos. El 15 de setiembre de 1985, Cabezas Alarcón fue sometido al Consejo de Oficiales Superiores como presunto autor de falta grave que atentaba contra el honor, decoro y moralidad, siendo condenado a 48 horas de arresto simple. Y en los primeros meses de 1986, la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar ordenó abrirle proceso por los delitos de abuso de autoridad, falsedad y apropiación ilícita.

El pez por su boca muere – Oiga 11/09/89

POR el circuito confidencial llamaba Agustín Mantilla. "No es la Republicana, Presidente, son los propios senderistas. Hay gente que quiere salir y otra que no la deja moverse. Van a morir todos quemados o por asfixia. ¿Estás seguro? ¿No se trata de otro desalojo de esa gente que tienes a tu mando? No es un desalojo, Presidente. ¿Cómo sabes? ¿Has ido a ver? He mandado a un coronel de confianza, Presidente". (Lurigancho, primera tragedia. 4 de octubre, 1985).

"El coronel de los 'Llapan Atic' no saldría a trotar a la mañana siguiente. Puta que eres jodido, le había dicho el otro coronel que estuvo al mando, hasta que los 'Llapan Atic' se cansaron de tanta delicadeza para tratar a los cabrones subversivos. La propia Republicana se hizo cargo de los cadáveres. No habría autopsia con radiografías, ni debilidades por los derechos humanos. Y qué quieres, respondió el de los 'Llapan Atic', que los suelten y nos maten por la espalda. A ver si ahora los terrucos aprendían su lección. Mostró los dientes: ya están bien pacificados... Listo, terminó la historia. ¿Ya ven que es fácil? Pidió un churrasco y café espeso. No alcanzó a terminar su comida. El general al mando de la Republicana entró con expresión adusta y fue directamente a su encuentro. ¿Qué bestialidad han hecho. Oiga, mi general, usted de parte de quién está. Porque tenemos que definimos, ¿no es cierto? Se oyeron voces de conformidad. Me han dado cuarentiocho horas para realizar una investigación a fondo. Se oyeron voces de protesta. Queda usted bajo arresto, dijo el general que había palidecido. ¿Yo, bajo arresto... quién lo ordena? El Presidente de la República. El coronel rió. No dura, dijo. En una semana estoy de paseo". (Invisibilidad de lo visible. Fin de la semana)

(Extractos de "La Revolución Imposible", biografía novelada de Alan García, escrita por Guillermo Thorndike. La primera cita corresponde al primer gran amotinamiento de los senderistas presos en Lurigancho, que tuvo lugar el 4 de octubre de 1985, pocos días después que Alan García subiera al poder. Allí murieron más de 30 terroristas. La segunda cita pertenece a uno de los episodios del segundo amotinamiento senderista ocurrido el 18 de junio de 1986 y que abarcó los tres penales de la capital: Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara. En Lurigancho murieron 124 presos; más de la mitad fueron rematados, después de haberse rendido, por los "Llapan Atic" que intervinieron al mando del coronel Rolando Cabezas Alarcón).

Cabezas era el hombre de palacio – Oiga 11/09/89

EL coronel de la Guardia Republicana Rolando Cabezas Alarcón, sindicado como responsable directo de la masacre de por lo menos la mitad de los 124 terroristas que se amotinaron en el penal de Lurigancho el 18 de junio de 1986, era y sigue siendo hombre de confianza de Palacio de Gobierno. Esta es una de las conclusiones preliminares de la investigación realizada por un equipo de periodistas de esta revista, de la que fluye que la matanza ejecutada por Cabezas fue consecuencia inevitable del plan de politización de las Fuerzas Policiales puesto en práctica por el gobierno aprista apenas subió al poder. Cabezas sigue disfrutando de los favores de Palacio, dispensados a través de su jefe, el general Raúl Jares Gago, otro protegido que ha debido ser comprendido en el proceso para que explique por qué abandonó su puesto de comando durante esos trágicos días. Supuestamente preso en el penal de Santa Bárbara, Cabezas goza de largas vacaciones en su domicilio protegido por su institución. Una camioneta seguida por una impresionante escolta lo lleva todos los días de su residencia al tribunal. Cada vez que los reporteros tratan de fotografiarlo una cortina viva de republicanos cae sobre él.

Durante largas semanas previas al inicio del proceso en el Consejo Supremo de Justicia Militar, el equipo de OIGA tuvo acceso a importantes documentos, muchos de ellos secretos como los tres voluminosos tomos que contienen las investigaciones que realizó una comisión mixta de Inspectoría del Ministerio del Interior sobre los sucesos de Lurigancho. Presidente de esa comisión fue el general Rolando Llanos Olivera. También pudo estudiar varios alegatos escritos presentados por los principales protagonistas al presidente de la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar. El más valioso de ellos es, sin duda, el que presentó el ex Director Superior de la Guardia Republicana, general Máximo Martínez Lira, con fecha 26 de setiembre de 1988. En él se precisa cómo el abuso -él lo llama “la impetuosidad”– del poder político, dio como resultado la matanza de Lurigancho, que “nos ha dejado una estela de desaprobación de dicha conducta, tanto a nivel nacional como en la opinión pública mundial”. Para Martínez Lira, lo que pasó en ese penal fue una “situación coyuntural creada y concebida por el poder político”. Lo que viene a continuación, pues, está rigurosamente documentado.

“Coroneles de confianza”

Ejecutor del plan de someter a las Instituciones policiales y ponerlas bajo el control de la cúpula gobernante fue el actual Ministro del Interior, Agustín Mantilla Campos. Este, antes del 28 de julio de 1985, ya había entrado en contacto con oficiales de los tres cuerpos policiales, convirtiéndolos en sus "hombres de confianza". Así, apenas dos meses después de haber asumido el Viceministerio del Interior, Mantilla podía jactarse ante el presidente García de haber "mandado a un Coronel de confianza" a debelar el primer motín senderista ocurrido en Lurigancho. Fue el 4 de octubre y sofocarlo costó la vida a más de 30 reclusos.

A través de Mantilla el presidente García sembró la indisciplina en las comisarías y cuarteles policiales. El viceministro mandaba directamente a oficiales y subalternos, violando normas como aquella que señala que "Las tropas de las fuerzas militares y fuerzas auxiliares, por ningún motivo pueden ser mandadas por autoridades políticas ni por civiles" (Reglamento de Servicio en Guarnición RFA-34-10-D.S.014.CFA, parágrafo J, apartado 45, "Relaciones entre autoridades militares y políticas").

La situación llegó a tales extremos que el Director Superior de la Guardia CiviI, Teniente General Raúl Pareja Gutiérrez, trato de plantarle los pies a Mantilla, quien frecuentemente se presentaba en comisarías y cuarteles y sacaba a oficiales y tropa para realizar "operativos" sin conocimiento ni autorización de los mandos policiales. Pareja, nombrado por este mismo gobierno, fue cesado a los 37 días de jurar el cargo. Idéntica suerte correría once meses después su sucesor, el Teniente General. Carlos Barreto Bretoneche.

Un ascenso ilegal y vejatorio para la Republicana

Uno de los primeros oficiales de la policía que reclutó el Viceministro Mantilla fue el Teniente Coronel Rolando Cabezas Alarcón, de la Guardia Republicana. Un oficial de no muy brillantes méritos al constatar por su foja de servicios (ver recuadro), cuyo nombre no mereció ser incluido en la relación de ascensos a la clase de Coronel que con retraso se publicó en mayo de 1986, pero que correspondían al año anterior. O sea que los ascensos se hicieron con las leyes orgánicas y reglamentos que rigieron hasta el 4 de febrero de 1986 en que fueron sustituidos por nuevas leyes y reglamentos hechos por el Ejecutivo a gusto del presidente García. Una de las primeras normas eliminadas en los nuevos textos fue la que preservaba la moral y la disciplina de los cuadros policiales de cualquier avance del poder político: "El personal policial depende directamente de sus propios jefes".

En esa ocasión sólo había tres vacantes en la plaza de Coronel y la ley precisaba que una vez publicado el cuadro de ascensos no podían ser aumentados las vacantes. Las tres vacantes fueron cubiertas por la superioridad que no consideró a Cabezas digno de ser ascendido. Sin embargo, contra la oposición del alto mando de la Guardia Republicana, Cabezas fue ascendido a Coronel por Resolución Suprema firmada por el presidente Alan García. Y para rematar con una burla la ruptura de la disciplina en esa "institución, el ascenso fue hecho por "Acción Distinguida", un mérito solamente reservado al personal policial subalterno en casos excepcionales. ¿Cuáles fueron las "acciones distinguidas" de Cabezas?: haber hecho marchar bien a su tropa en el desfile militar de julio del 82 y una escaramuza con un grupo terrorista en 1983, de cuyo valor y heroísmo sólo él pudo dar cuenta porque era el jefe del pelotón.

Indisciplinado, irresponsable, de dudosa moralidad como consta en su ficha de antecedentes el coronel Rolando Cabezas fue el hombre que inesperadamente se presentó en el penal de Lurigancho la madrugada del 19 de junio de 1986, al mando de sus "boinas azules", el batallón antisubversivo de su cuerpo, llamado "Llapan Atic". ¿Quién lo mandó? ¿Quién le dio la orden de acabar con todos los terroristas presos? Es muy difícil que las respuestas surjan en las sesiones que aún tiene por delante el tribunal castrense, porque nadie se atreverá a formulárselas a Cabezas y porque es más difícil aún que éste las responda mientras siga contando con una protección tan poderosa como la que hoy tiene.

El otro protegido de Palacio

Inexplicablemente, el general Raúl Jares Gago, Jefe de la II Región de la Guardia Republicana, otro de los hombres de confianza de Palacio, no ha sido comprendido en este proceso para que explique por qué abandonó el comando de su institución en esas criticas horas. Según testimonio de Cabezas, Jares llegó el miércoles 18 al cuartel de la Republicana "cuando se estaba pasando la lista de diana" (alrededor de las 8 de la mañana) y pidió la formación de una unidad de rescate que debía ir a El Frontón para intervenir con unidades de la Marina de Guerra en el sofocamiento del motín que el mismo día, en forma coordinada, habían iniciado los terroristas presos en esa isla. Añade que Jares a eso de las diez de la mañana llamó por teléfono y pidió que efectivos de la Fuerza de Intervención Rápida se dirigieran a reforzar al personal de la Republicana en el penal de Santa Bárbara, donde las terroristas presas también se habían amotinado. La última llamada de Jares a su cuartel se habría producido a las 11 de la mañana, pidiendo un grupo mixto de la Unidad de Rescate para liberar a los rehenes tomados por las presas del Santa Bárbara. Después, ya no se supo más del Jefe de la II Región de la GR.

La impaciencia presidencial

En ausencia de Jares y ante los urgentes requerimientos telefónicos del presidente de la República, Martínez Lira tuvo que asumir la responsabilidad de nombrar al jefe que debía mandar el operativo en Lurigancho. La designación recayó en el coronel Narciso Azabache Ñique, segundo de Jares. Más adelante se nombró al Comandante Manuel Zevallos Llanos como Jefe de las Fuerzas de Intervención.

Urgido por el general Martínez, quien a su vez era presionado por el presidente García, el Comandante Zevallos se embarca con sus tropas en tres camiones del Ejército que estaban esperando en el cuartel de la Republicana hacía horas y llega al penal a eso de las 8.30 de la noche, sin haber tenido tiempo para esbozar un plan de operaciones. El coronel Azabache los acompaña. En Lurigancho se encuentran con el general EP Jorge Rabanal Portilla, Jefe de la Décima Octava División Blindada, designado por el Comando Conjunto para coordinar las operaciones y prestar apoyo a la Fuerza de Intervención de la Republicana.

El presidente García sigue paso a paso el desarrollo de los acontecimientos. Ya está la Republicana en el penal pero todavía no interviene. Ha surgido un impasse: el coronel Azabache y el Comandante Zevallos le exigen a Rabanal una orden de operaciones escrita y refrendada; exigen también la presencia del Fiscal de Turno, del Juez Instructor, del Director de Establecimientos Penales, de autoridades del Instituto Nacional Penitenciario cuyo personal está en huelga. Rabanal explica: él no puede dar ninguna orden escrita, el operativo ha sido dispuesto por el Comando Conjunto de la Fuerza Armada por órdenes expresas del presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y llama a sus superiores para enterarlos de la situación.

El Presidente se indigna

Los teléfonos de Palacio timbran. Desde el Comando Conjunto y la Segunda Región Militar le informan al Presidente de la rebeldía de la Republicana. El Presidente se indigna y llama nuevamente al general Martínez. Son más de las 10 de la noche y no aparece por ningún lado Jares Gago. El Jefe de Estado ordena al general Martínez que se constituya en el penal y disponga personalmente el inicio de las operaciones.

Cuando llega Martínez los ánimos ya están calmados. El problema para comenzar a actuar ya no es la falta de una orden escrita sino de explosivos. Pero éstos ya han sido pedidos. El general Martínez se retira a 300 metros de la zona de operaciones. El no tiene nada que hacer. Todo está en manos de la Fuerza Armada que ha asumido el control de los penales por decreto presidencial.

Las 5 a.m. hora tope

La noche sigue avanzando y no hay cuando comenzar. Los amotinados se han atrincherado en el pabellón industrial desde donde lanzan bombas caseras hacia él exterior. Todo es griterío de los presos que han jurado que sólo sacarán sus cadáveres antes que trasladarlos al penal de máxima seguridad de Canto Grande, rumor que ha servido de pretexto para el motín. A la 1.30 de la madrugada del jueves 19 la unidad de demolición del Ejército apenas ha abierto un forado pequeño en una de las paredes del pabellón. En Palacio, el Presidente sigue recibiendo noticias desalentadoras. El operativo no avanza y a las cinco de la mañana termina el toque de queda. Después, Lurigancho estará rodeado por centenares de personas: curiosos, parientes de los presos y, sobre todo, muchos periodistas, nacionales y extranjeros que han venido a cubrir el desarrollo del Congreso de la Internacional Socialista y a hacer reportajes sobre el fenómeno político latinoamericano, el Presidente más joven del Perú que ha puesto de vuelta y media al Fondo Monetario Internacional.

Cabezas; el ángel exterminador

De repente, a eso de las dos de la madrugada, llega al penal el coronel Cabezas al mando de 52 hombres del "Llapan Atic", repletos de armas y explosivos. ¿Quién lo ha mandado llamar? El dirá después que el general Martínez le pidió que fuera llevando explosivos. Martínez niega: ¿A quién se le ocurre que un General que ha participado en el debelamiento exitoso de otros motines carcelarios cometa la locura de nombrar dos jefes para un mismo operativo?, se pregunta. ¿Quién nombró a Cabezas para que dirigiera el asalto al pabellón industrial? Cabezas afirma que fue el general Rabanal (El general Rabanal "tenía referencia de su experiencia en acciones de rescate y sofocamiento de motines, por lo que le encargó hacerse cargo (sic) del operativo": declaraciones de Cabezas ante la Comisión Mixta del Ministerio del Interior). Rabanal lo niega tajantemente.

Lo cierto es que Cabezas le dio una nueva tónica al operativo. Entró al pabellón a sangre y fuego. Entre cuarenta y cincuenta terroristas que se rindieron y salieron por el boquete con los brazos en alto unos, arrastrándose otros, fueron rematados. No quedó uno solo, de los 124 amotinados, con vida. A las cinco de la mañana todo había concluido. Las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Pero, ¿órdenes de quién?

Alan lo supo todo, pero calló

Guillermo Thorndike, biógrafo de Alan García ("La Revolución Imposible") afirma que el Presidente se enteró de la matanza de Lurigancho, en toda su pavorosa magnitud, a las seis de la mañana de ese jueves trágico, o sea una hora después que sobre el pabellón industrial del penal de Lurigancho se extendiera la paz del cementerio. Pero Alan estaba más preocupado por el Congreso de la Internacional Socialista, en que nada molestase a sus amigos Willy Brandt y Carlos Andrés Pérez. Mientras el juez militar contaba los muertos en Lurigancho y en El Frontón la lucha todavía continuaba y morían marinos y terroristas, él recibía con el himno de Chile a la viuda de Allende.

El viernes 20 todo había acabado: 124 terroristas muertos en Lurigancho; tres terroristas mujeres muertas en Santa Bárbara; un número hasta ahora no precisado de terroristas, que algunos hacen fluctuar entre 60 y 100, muertos en El Frontón. Ese día, el presidente García inauguró el Congreso Socialista con un discurso en el que ocultó la matanza y elogió la forma como su gobierno había acabado con el "chantaje político" de los terroristas amotinados.

El sábado 21 las agencias noticiosas internacionales comenzaron a bombardear al mundo con los comentarios de la prensa extranjera. Los corresponsales sí habían captado en toda su magnitud lo que había ocurrido en Lurigancho. Y el escándalo estalló incontenible. El liderazgo socialista y tercermundista del presidente Alan García naufragaba en un mar de críticas por la brutalidad con que se había procedido a sofocar los motines. Nada justificaba la prisa que tuvo el Presidente para acabar con los rebeldes, ni siquiera la realización en Lima del evento socialista. Ese sábado, recién Palacio de Gobierno tuvo que admitir lo que ya todo el mundo sabía:' que se había cometido un genocidio en Lurigancho. Palacio emitió un comunicado anunciando la investigación de posibles excesos en ese penal.

Hay que buscar al responsable en Palacio

Tres días después, el martes 24, Alan García se dirigió al país en un mensaje televisado en el que confirmó la "masacre de 30 o 40 reclusos en Lurigancho". El viernes, Alan García dijo que el número era mayor. Fue a Lurigancho con el premier Luis Alva Castro quien, en el ínterin, ya había retornado de su viaje a China; con el Ministro del Interior Abel Salinas; el canciller AlIan Wagner Tizón y el director del INPE Manuel Aquézolo. Ocho días después de la masacre, recién el Presidente parecía tomar conciencia de la tragedia, que él había desatado, en toda su magnitud. Allí acusó a los Republicanos de criminales, prometió que todos los culpables serían sancionados, no sólo los Republicanos sino también otros que fueran encontrados responsables, tratando de involucrar en la matanza al Ejército. Fue en esos momentos en que pronunció su famosa frase "o se van ellos o me voy yo". Tratando de recomponer una imagen que se caía a pedazos, el gobierno movió los resortes de cancillerías de países amigos para que expresaran su solidaridad al presidente peruano ante rumores golpistas.

Han pasado apenas tres años y tres meses de la promesa que hizo el Presidente de castigar severamente a los autores directos de la matanza de Lurigancho. Hoy que los inculpados están siendo procesados por un tribunal militar, Agustín Mantilla, convertido en Ministro del Interior, pide a los jueces clemencia para los culpables -¿para su hombre de confianza, el coronel Cabezas?- "porque la guerra que aflige al país no ha sido provocada por la Policía Nacional ni el Estado sino por los subversivos enemigos del Perú".

Lo que ocurrió en Lurigancho tenía que suceder, como lo dijimos al comienzo de esta nota, como consecuencia de una extralimitación del poder político en las instituciones policiales. El ascenso del Teniente Coronel Cabezas al grado de Coronel fue ilegal y anarquizante. Su intervención en la debelación del motín estuvo fuera de control porque no había recibido esa misión. Por eso el general Martínez Lira se pregunta: ¿Qué favor está pagando dicho Oficial Superior de la Guardia Republicana? ¿De quién recibió órdenes? ¿A quién está ocultando? Si el tribunal castrense sabe encontrar las respuestas precisas a esas preguntas con toda seguridad que habrá dado con el gran responsable de la masacre de Lurigancho.

Aporte de Oiga a la Comisión Vilchez – Pistas para descubrir al Comando Paramilitar Rodrigo Franco – Oiga 26/06/89

EL director de OIGA ha sido invitado por la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga la existencia de grupos paramilitares, para que proporcione la información que tenga y que le permita a esa comisión esclarecer ampliamente esta cuestión que preocupa hondamente al país.

No obstante la premura del tiempo, OIGA ha preparado un cuestionario con 17 preguntas, cuyas respuestas deberá encontrar la Comisión convocando a los personajes involucrados en los casos que presentamos, la mayoría de ellos debidamente sustentados en documentos que OIGA ha podido reunir a lo largo de varios años de paciente investigación, gracias a la colaboración de lectores anónimos.

Las siete primeras preguntas descubren por primera vez la existencia de grupos armados por el actual ministro del Interior, Agustín Mantilla, con pistolas y revólveres de dudosa procedencia, cuyo sostenimiento económico corría por cuenta del mismo Mantilla,

Las preguntas ocho y nueve revelan un avance en la conformación de estos cuadros paramilitares: los defensistas no sólo están equipados con pistolas y revólveres sino con armas de guerra que sólo pueden usar miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, y actúan abiertamente en operativos policiales al Iado de Mantilla y un alto Jefe de la Policía que en esos momentos es "reorganizada" por el ministerio del Interior. No obstante los insistentes reclamos de OIGA para que el Ministerio del Interior dé los nombres de esos civiles armados, el misterio de su identidad dura más de un año, hasta que OIGA logra develarlo en parte.

Las preguntas diez y once arrojan luz sobre el envío de algunos de esos civiles al extranjero, integrando delegaciones oficiales de miembros de los institutos policiales, para que reciban entrenamiento sobre materias vedadas a los civiles como la desactivación de explosivos, lo que supone un grave peligro para la tranquilidad del país porque quien es experto en la desactivación de explosivos también de serlo en su colación y activación.

La pregunta doce descubre hasta que extremos se llega para proteger y asegurar la impunidad de los paramilitares apristas comprometidos en atentados terroristas y saca a flote a Jesús Ríos Sáenz, personaje sumido en la clandestinidad desde el primer y fallido atentado dinamitero contra “El Diario”, vocero de Sendero Luminoso. En estos días se ha repetido el atentado, pero esta vez sin muertos y sin con grandes destrozos; e, indiciariamente, fuerzas policiales detuvieron a su directora.

La pregunta trece pone en evidencia el destino de parte de las armas compradas por Mantilla para equipar a las fuerzas policiales: civiles dotados con fusiles Kalashnikov, encargados de dar protección a altos funcionarios apristas.

Las preguntas catorce, quince, dieciséis y diecisiete exponen las diferentes vías ilegales que ha usado Mantilla para internar todo tipo de armas, inclusive material de guerra destinado a la Defensa Nacional, cuya adquisición debió ser consultada y aprobada por el Comando Conjunto de las FF.AA.

Finalmente, nos ha llegado esta sugerencia: que la Comisión investigue quién era el propietario del Volkswagen usado para cometer el fallido atentado contra "El Diario" y se establezca qué unidad policial tiene los silenciadores comprados por el ministerio del Interior en Alemania Oriental.

Consideramos que si la Comisión hace un buen trabajo y encuentra las respuestas adecuadas a estos interrogantes podrá, al fin, poner en evidencia a los grupos de civiles armados que constituyen las fuerzas paramilitares creadas por este gobierno.

1) DIGA cómo es verdad que el 19 de agosto de 1985, la Estación PIP de Lince instruyó el atestado N° 169-IC-L, por Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud (presunta tentativa de homicidio), Delito contra la autoridad pública (Usurpación de autoridad) e Infracción al Reglamento de Armas y Municiones (tenencia ilegal de armas de fuego), contra LUIS ALBERTO AOUN CHONG (23) y MOISES PALACIOS YAMUNAQUE (24), en agravio del doctor Peter Uculmana Suárez (47), el Estado y otros, ocurridos el 18 de ese mes en el distrito de Lince. (ver anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

2) DIGA cómo es verdad que LUIS ALBERTO AOUN CHONG y MOISES PALACIOS YAMUNAQUE, estudiantes de la Universidad Garcilaso de la Vega, el primero, y San Marcos, el segundo, son miembros del Partido Aprista y trabajaban al servicio del entonces viceministro del Interior Agustín Mantilla Campos, integrando su guardia personal. (Ver anexos 7, 8, 9 y 10).

3) DIGA cómo es verdad que en su manifestación policial LUIS ALBERTO AOUN CHONG declara que la pistola marca "Bersa" NQ 72676, con una cacerina y 14 cartuchos que le decomisaron, le fue entregada en noviembre de 1984 por Agustín Mantilla campos; que no tenía licencia para portar armas de fuego; y que la guardia personal de Mantilla estaba formada por ocho personas que solamente recibían propinas (Ver anexos 11, 12 Y 13).

4) DIGA cómo es verdad que en su manifestación policial MOISES PALACIOS YAMUNAQUE declara que el revólver Smith Wesson, calibre 38, cañón corto, N° 3158 y 12 balas con su respectiva funda, que le decomisó la policía, le fue entregado por el señor Mantilla, quien le manifestó que posteriormente iba a efectuar los trámites para obtener la licencia respectiva; que Mantilla tenía ocho civiles para su seguridad personal, a cada uno de los cuales les pagaba mensualmente 600 mil soles de su peculio (Ver anexos 14, 15 y 16).

5) DIGA cómo es verdad que el dictamen pericial de balística forense Nº 2250/85, de la Dirección de Criminalística de la PIP, establece que el revólver Smith Wesson incautado a MOISES PALACIOS YAMUNAQUE presenta el Nº 3158 en la parte inferior de la empuñadura, el mismo que no es el número de serie original que ha sido "erradicado" (limado, borrado). (Ver anexo Nº 17).

6) DIGA cómo es verdad que la DICAMET expide un certificado precisando que el revólver Smith Wesson incautado a MOISES PALACIOS YAMUNAQUE no se encuentra registrado en esa dependencia y que la pistola Bersa Nº 72676 incautada a LUIS ALBERTO AOUN CHONG se encuentra registrada en la DICAMET no como propiedad de Mantilla sino a nombre de una empresa denominada SICRA. (Ver anexo Nº 18)

7) DIGA cómo es verdad que no obstante que del atestado policial fluían graves cargos contra LUIS ALBERTO AOUN CHONG y MOISES PALACIOS YAMUNAQUE (tentativa de homicidio, usurpación de autoridad y tenencia ilegal de armas de fuego), en lugar de ser puestos a disposición de la 62 Fiscalía Provincial Penal de Lima, ese mismo día fueron puestos en libertad por la PIP de Lince, con el solo compromiso de "presentarse ante la autoridad competente" las veces que su presencia sea requerida, lo que presupone que los PIP's de esa Estación recibieron fuertes presiones para actuar como lo hicieron, cometiendo el delito de obstrucción de la justicia. (Ver anexo 19).

RECOMENDACIONES: Para que la Comisión Investigadora tenga mayores elementos de juicio, debe llamar a declarar al actual ministro del Interior, Agustín Mantilla Campos; al personal PIP que instruyó el atestado, Capitán PIP Antonio Santander Mendoza y Mayor PIP César A. Ceroni Páez; al presidente de la República, doctor Alan García Pérez que en su condición de Secretario General del Partido Aprista firmó los carnets de LUIS ALBERTO AOUN CHONG y MOISES PALACIOS YAMUNAQUE; al Teniente PIP José Miguel Vera Castillo, Perito Balístico Forense, y a Miguel A. Bolívar Fajardo, Maestro Armero PIP que suscribieron el dictamen pericial del revólver Smith Wesson incautado a MOISES PALACIOS YAMUNAQUE, de acuerdo al cual el N° 3158 que aparece en la parte inferior de la empuñadura no es el número de serie original; y al Teniente Coronel William Rengifo Villacorta y Sargento Segundo GC Amadeo Verástegui Montenegro, quienes suscriben la certificación de la DICAMEC según la cual el revólver Smith Wesson N° 3158 no se encuentra registrado en esa dependencia y la pistola Bersa, serie N° 72676 está registrada no a nombre de Mantilla sino de una compañía denominada SICRA.

8) DIGA cómo es verdad que en el mes de octubre de 1986, a raíz del asesinato del Almirante Gerónimo Caferatta, el entonces viceministro del Interior Agustín Mantilla, en compañía del Jefe de la DIRCOTE, General PIP Fernando Reyes Roca realizaron un operativo policial en el cerro El Pino, donde fueron capturados algunos autores del atentado; y cómo es verdad que en dicho operativo ambos funcionarios estuvieron acompañados por civiles que portaban potentes armas de fuego que sólo pueden usar miembros de las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas. (Ver anexos 20 y 21).

9) DIGA usted cómo es verdad cómo, después de más de un año de requerir insistentemente al Ministerio del Interior que revelara la identidad de esos civiles armados y de otros que aparecían acompañando a Mantilla y a Reyes Roca en el operativo del cerro El Pino, OIGA logró identificarlos como MANUEL ALZAMORA y CARLOS DEL POZO, lo mismo que a otros civiles que frecuentemente aparecían armados al lado de altos funcionarios del gobierno, llamados: JORGE "COCO" MANTILLA, OMAR LACUNZA, GINO FIORI GONZALEZ, JORGE DOMINGUEZ BANDA, CARLOS OLIVA, HANS LOPEZ MENDOZA, MIGUEL RIOS SAENZ y otros que, según nuestros informantes, habían sido enviados al extranjero para seguir cursos en centros de adiestramiento militar (Ver anexos 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28).

RECOMENDACIONES: Creemos que sería muy importante que la Comisión llame a declarar sobre la existencia de una guardia de civiles armados, algunos de ellos entrenados en Corea del Norte, al Ministro del Interior Agustín Mantilla, al General PIP Fernando Reyes Roca, a Manuel Alzamora, Carlos del Pozo, Jorge "Coco" Mantilla, Omar Lacunza, Gino Fiori González, Jorge Domínguez Banda, Carlos Oliva, Hans López Mendoza y Miguel Ríos Sáenz, este último muy importante por un hecho que veremos más adelante.

10) DIGA cómo es verdad que el 5 de agosto de 1986, mediante Resolución Suprema N° 0051-86 IM-OM que no fue publicada, firmada por el presidente Alan García y el Ministro del Interior Abel Salinas Izaguirre, se autorizó el viaje de cuatro oficiales de la Guardia Civil, dos de la Policía de Investigaciones y dos de la Guardia Republicana a los Estados Unidos para seguir durante cinco semanas un curso de desactivación de explosivos. (Ver anexo 29).

11) DIGA cómo es verdad que en cumplimiento de dicho dispositivo el día 9 de agosto viajaron a Miami, en el vuelo 290 de la compañía de aviación Faucett, que partió a las cinco de la tarde pilotado por el Capitán Gutiérrez Crew, con 153 pasajeros a bordo, los siguientes oficiales de la Policía: Mayor GC. Juan Carlos Mejía León, Cap. GC. Rodolfo Abarca Medina, Alfz. GC. Oscar Castillo Deza, Alfz. GC. Carlos Remy Ramis, Alfz. PIP Jaime León Bojórquez, Alfz. PIP. Jesús Haro Rebaza, Cap. GRP. Luis Manuel Meza Ventocilla y Cap. GRP. Elmer Hidalgo Medina; y diga cómo es verdad que integrando esa delegación policial viajaron los civiles MANUEL ALZAMORA y CARLOS DEL POZO, los acompañantes de Mantilla en la incursión al cerro El Pino, en octubre de 1986, cuya identidad fue celosamente mantenida en secreto por el Ministerio del Interior por más de un año, hasta que fue descubierta por OIGA. (Ver anexos 30, 31, 32 y 33).

RECOMENDACIONES: La Comisión debe llamar a declarar al ex ministro. Abel Salinas Izaguirre, al actual ministro Agustín Mantilla, a los oficiales de Policía Juan Carlos Mejía León, Rodolfo Abarca Medina, asear Castillo Deza, Carlos Remy Remis, Jaime León Bojórquez, Jesús Haro Rebaza, Luis Manuel Meza Ventocilla y Elmer Hidalgo Medina, así como a los civiles Manuel Alzamora y Carlos del Pozo; y pedir a la compañía de aviación Faucett la lista oficial de ese vuelo que OIGA sólo pudo conseguir manuscrita por un Funcionario amigo, porque hubo prohibición expresa de darla a publicidad.

12) DIGA cómo es verdad que el 2 de octubre de 1987, frente al local de "El Diario", considerado órgano oficial de Sendero Luminoso, estalló dentro de un automóvil Volkswagen una carga de dinamita que presuntamente iba a ser lanzada contra ese periódico, matando a dos de los ocupantes del vehículo y dejando herido a un tercero; que los muertos, identificados como Adolfo Humberto Usquiano Barandiarán y Richard Briceño Vásquez, ambos naturales de Ferreñafe, eran miembros del Partido Aprista; que el sobreviviente, cuyo verdadero nombre es JESUS RIOS SAENZ, que había sido llevado al hospital Santa Rosa, fue conducido al Hospital de Policía e internado con el nombre supuesto de Edwin de la Torre Ugarte para impedir que las autoridades judiciales lo interrogaran; que recién una semana después, cuando ya sus protectores habían montado una coartada, pudo ser interrogado por el Fiscal Bayetto, quien dictaminó que no había lugar a abrirle instrucción judicial basándose en que Ríos Sáenz había declarado que desconocidos arrojaron la carga de dinamita cuando ellos pasaban por el lugar donde se produjo el estallido. (Ver anexos 34, 35, 36, 37 y 38).

RECOMENDACIONES: Sería conveniente que la Comisión llame a declarar a JESUS RIOS SAENZ, lo mismo que al diputado Fernando Olivera y al senador Javier Diez Canseco, que lograron descubrir la verdadera identidad de Ríos Sáenz y dar con su paradero; así como al Director del Hospital de Policía para que diga si Ríos Sáenz estuvo bajo vigilancia policial por tratarse de un presunto terrorista, si es frecuente que el hospital atienda a presuntos terroristas o si recibió atenciones especiales que incluían visitas de sus familiares como lo comprobó esta revista.

13) DIGA cómo es verdad que el 15 de diciembre de 1988, desconocidos que luego fueron identificados como Cipriano Justino Cayllahua Gutiérrez, César Augusto Montenegro García, Walter Huamantingo Barrientos, Gabriel Alejandro Salazar Maguiña y Alejandro Manuel Sánchez Ochoa, interceptaron al Capitán de Sanidad GC, Enrique Franco de la Cuba y a su hermano Ricardo Franco de la Cuba, Teniente de la GC, armados de fusiles ametralladoras AKM en la puerta de su domicilio, jirón Los Almendros Nº 255, Residencial Monterrico, La Molina; que estos individuos tenían armas que sólo pueden usar la Policía y las Fuerzas Armadas sin pertenecer a éstos cuerpos y dijeron pertenecer al cuerpo de seguridad del viceministro de Salud de ese entonces, Luis Alberto Távara Orozco. (Ver anexos 39, 40 y 41).

RECOMENDACIONES: La Comisión debería llamar a declarar al Capitán Enrique Franco de la Cuba y a su hermano Ricardo, especialmente al primero de los nombrados, quien dio cuenta del hecho al Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

14) DIGA cómo es verdad que Jorge "Coco" Mantilla Campos, hermano del actual ministro Agustín Mantilla Campos, sin ser funcionario del ministerio del Interior recibía proformas para la compra de armas enviadas por fabricantes del extranjero. (Ver anexo 42).

15) DIGA cómo es verdad que el Ministerio del Interior, desde la época en que Agustín Mantilla era viceministro, ha estado internando armas en containers en los cuales, sin autorización de sus propietarios, introducía insumos adquiridos legalmente en el exterior y que no necesitaban de este tipo de embalaje. (Ver anexo 43).

RECOMENDACIONES: La Comisión debería llamar al industrial Fausto Huerta del Pino, de Industrial Brawns S.A., fabricante de filtros Lys, y al señor Juan Durante, de CADUR Aduanera S.A.

16) DIGA cómo es verdad que el Ministerio del Interior ha estado internando armas de contrabando, de procedencia norcoreana, traídas en naves de la Compañía Peruana de Vapores, alterando los manifiestos de carga, como ocurrió con la motonave Sabogal, que en febrero de 1988 trajo 10 mil fusiles automáticos AKM y 10 millones de cartuchos, amparada en un manifiesto de carga falso, que indicaba que los bultos traían "baterías y complementarios". (Ver anexo 44).

RECOMENDACIONES: La Comisión debe solicitar la opinión de expertos en derecho aduanero y en la Ley de Contrabando para determinar si es lícito adulterar los manifiestos de carga con el pretexto de que ello había sido convenido por el comprador y el vendedor por razones de seguridad.

17) DIGA usted cómo es verdad que el ministerio del Interior, desde la época en que Agustín Mantilla era viceministro, ha estado internando material de guerra para la DEFENSA NACIONAL, contraviniendo el artículo 8º del Decreto Supremo N° 0ll- 86-IN, que dispone que la Oficina de Defensa Nacional del Ministerio del Interior coordinará con el Comando Conjunto de la Fuerza Armada el material y equipos que requieran las Fuerzas Policiales para su participación en la Defensa Nacional y su adquisición demandará del conocimiento y APROBACION previos del CCFA. Tal es el caso de los fusiles de asalto y de precisión y los silenciadores que llegaron al puerto del Callao en el barco polaco "Wladislaw Jagiello" el 27 de agosto de 1988, transbordados en Maracaibo, Venezuela, del barco, también polaco, "Kusnika", que traía esas armas embarcadas en el puerto de Rostock, Alemania comunista, y que las autoridades venezolanas decomisaron porque la documentación no era satisfactoria. (Ver anexos 45, 46 y 47).

RECOMENDACIONES: La Comisión debería citar al actual ministro del Interior, Agustín Mantilla, al ex ministro de Defensa Enrique López Albújar y al Presidente del Comando Conjunto de esa época para que presenten las actas y demás documentos que señalen que el material de guerra para la DEFENSA NACIONAL que ha internado el Ministerio del Interior contaban con el CONOCIMIENTO y APROBACION PREVIOS del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.