En los últimos tiempos, con el escrutinio en mesa y la aplicación de la informática que facilita el recuento de votos y la rápida divulgación de los resultados, el fraude electoral a través de la sustitución de votos es casi imposible. Sin embargo, los dos procesos electorales llevados a cabo por el actual régimen -la elección del CCD y el referendo- han puesto en evidencia que el fraude comienza cuando aún ni siquiera los candidatos han sido inscritos. Consiste en la manipulación de la voluntad popular, con promesas y obsequios grandes y pequeños, repartidos con profusión a lo largo y ancho del país, con el apoyo de uniformados y autoridades civiles; un gigantesco fraude montado y ejecutado con los recursos económicos de todos los peruanos.
El fraude, puesto en marcha ya para las elecciones del 95, pudo ser cortado de raíz por el Jurado Nacional de Elecciones, pero sus miembros perdieron la oportunidad histórica de darle a este organismo la potestad soberana de sancionar con la inhabilitación para seguir postulando al candidato -sea este a la presidencia de la República o a una curul en el Congreso-que cometa delitos electorales o contra la voluntad popular.
La Ley Electoral votada por la mayoría oficialista en el CCD, al filo de la medianoche del miércoles 20, con la prisa que daba la urgencia de llegar a tiempo al centro de esparcimiento de la Fuerza Aérea para agasajar al presidente del CCD, Jaime Yoshiyama, quien el jueves cumplía años, es el mejor obsequio que haya recibido Fujimori.
Con los humos de la celebración del natalicio de Yoshiyama, nadie revisó el texto de la ley enviada a ‘El Peruano’, y así fue como apareció el sábado plagada de errores. Uno de ellos es el referente a los plazos para la inscripción de las candidaturas a la plancha presidencial y a candidatos al Congreso. El error se originó en el texto que el JNE envió al CCD: en ambos casos se fijaba 180 días como plazo. Sin embargo, ante la Comisión de Constitución, el presidente del JNE, Ricardo Nugent, pidió que se corrigiera el error: para la fórmula presidencial el plazo es de 180 días y para candidatos al Congreso, de 90 días. En ‘El Peruano’ los plazos aparecieron cambiados. Como es costumbre en este régimen, una ‘fe de erratas’ publicada el domingo en ‘El Peruano’ acabó con el problema. El papelón de este episodio lo hizo Carlos Torres y Torres Lara, presidente d Comisión de Constitución, quien, sin el diario oficial del sábado, sostuvo que se había producido ningún error.
Pero ninguno de los errores, confusiones e inconstitucionalidades de la ley afectaron la candidatura de Fujimori, ni siquiera la decisión del JNE de no instalar mesa de transeúntes, que no ha variado no obstante ‘la sugerencia’ presidencial, coreada por la prensa palaciega, para hacer funcionar esas mesas que, antaño, servían para ejercitar el doble voto a favor de los candidatos oficiales.
Al no haberse dado el JNE facultades para inhabilitar a los candidatos que cometan delitos electorales y contra la voluntad popular –en la actualidad, como se constató en los comicios del CCD y el referendo hasta por los observadores de la OEA, los que cometen estos delitos son denunciados por el JNE ante la Fiscalía y ésta archiva las denuncias– Fujimori podrá seguir su campaña reeleccionista sin ningún temor.
Así, podrá seguir convocando a las autoridades políticas, militares, policiales, municipales y funcionarios o empleados públicos para que participen en las manifestaciones públicas que organicen en cada lugar que el presidente-candidato visite, sin temor a que estas personas sean reprimidas con prisión no menor de dos años ni mayor de seis y multas no menor de quinientos soles ni mayor de mil o inhabilitación por el doble de la condena, como lo ordena el artículo 27º del Código Penal.
El propio Fujimori podrá hacer campaña electoral el mismo día de las elecciones y en el mismo recinto electoral, como lo hizo con su esposa el día del referendo en el colegio María Molinari, sin temor a ser sancionado con prisión no menor de dos años y con multa no menor de quinientos soles ni mayor de cinco mil soles (D.L. 14250).
Fujimori también podrá seguir utilizando ardides y artificios para inducir a los ciudadanos a votar por su reelección, sabiendo que no puede ser reprimido con prisión de hasta dos años y multa de cinco mil soles (D.L. 14250).
La impunidad también se extiende a los miembros de las Fuerzas Armadas y Auxiliares que, vistiendo uniforme, participan en las manifestaciones políticas de Fujimori, que según el D.L. 14250 deben ser reprimidos con prisión no menor de un mes ni mayor de un año.
Y, lo más importante, Fujimori podrá seguir ofreciendo dádivas con dinero del Estado para inducir a los electores a votar por su reelección, sin temor a sufrir pena de cárcel de hasta por cuatro años (artículo 356º C.P.).
“Ningún poder del Estado tiene ingerencia sobre el Jurado Nacional de Elecciones” afirmó el miércoles enfáticamente, él doctor Ricardo Nugent, presidente del JNE. Añadió que esta total independencia se la da no sólo la ley sino el hecho de que cada uno de sus miembros sea un hombre independiente.
¡Cuánta independencia desperdiciada! El país esperaba mucho del nuevo Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo porque entre sus miembros hay uno, el doctor Rómulo Muñoz Arce, de amplia experiencia pues le había tocado presidir el JNE cuando su titular, el doctor Domingo García Rada, sufrió un grave atentado terrorista. Uno de los primeros actos del JNE fue delimitar sus funciones y las del Poder Judicial, acabando con las acciones de amparo que trababan sus resoluciones.
No había nada que se opusiera a que el JNE también asumiera el papel de guardián de la pureza de los comicios, sacando de carrera a cualquier candidato que violase las leyes electorales. Es más, la nueva Constitución precisa que compete al Jurado Nacional de Elecciones "administrar justicia en materia electoral". Si el JNE es el guardián de la Ley Electoral, es elemental que tenga potestad para sancionar a sus infractores.
¡Qué gran oportunidad perdió el JNE para garantizar la transparencia del proceso electoral! Y la ha perdido en favor de los pícaros del gobierno que ahora se desgañitan gritando “¡Ahora sí tenemos oportunidad!”.
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