El 13 de diciembre de 1978, mientras la tensión prebélica alcanzaba su máximo nivel con Argentina y Perú, un pequeño barco petrolero chileno – el “Beagle”– llegó a cargar combustible al puerto de Talara, ubicado a 970 kilómetros al noroeste de Lima. Como correspondía a un barco de guerra, el ‘Beagle’ llegó armado esa mañana del 13 de diciembre recalando en el muelle Nº 2, el único equipado para embarque de petróleo. De los 91 tripulantes sólo 10 fueron autorizados para pisar tierra, entre ellos el comandante de la nave, capitán Sergio Jarpa Gerhardt hijo del actual senador de RN— y el teniente Alfredo Andohazegui Álvarez. Ambos regresarían a Chile dos días después por vía aérea tras ser apresados y acusados de espionaje, convirtiéndose en los principales protagonistas de una complicada trama que culminaría en una grave crisis diplomática. Pero ese no sería el único incidente que enturbiaría las tensas relaciones. Presionado por la inminencia de la guerra con Argentina, Chile desplegó gran parte de sus esfuerzos en el frente norte, en una guerra subterránea donde la información más valiosa a rescatar eran los planes peruanos en caso de conflicto y sus capacidades bélicas: Pero si Talara constituyó una amarga derrota para los servicios de inteligencia chilenos, ese suceso pasaría rápidamente a segundo plano tras otro fracaso en el plano del espionaje, cuyo epílogo sería la expulsión del embajador chileno en Perú, el actual dirigente de RN, Francisco Bulnes Sanfuentes.
Al día siguiente de la recalada del `Beagle’, una camioneta de la embajada chilena recogió en tierra al comandante Jarpa y al teniente Andohazegui. El automóvil, manejado por un suboficial de inteligencia, había sido enviado por el agregado naval chileno en Lima, el capitán Jorge Contreras, hermano del general Manuel Contreras. Lo que nadie sabía era que desde Lima agentes de inteligencia peruana venían siguiendo a la camioneta celeste.
Pocas horas después, en plena carretera Panamericana, los chilenos fueron detenidos por un automóvil de la Fuerza Aérea Peruana, acusados de estar tomando fotos estratégicas a la base aérea ‘El Pato’, ubicada en las cercanías de la ciudad. En poder del chofer se encontró una máquina fotográfica.
La Cancillería limeña y la embajada chilena se activaron inmediatamente: A las 19.00 horas de ese mismo, día el Canciller José de la Puente citó al embajador Bulnes a sus oficinas, para informarle de los hechos. Difícil tarea enfrentaba el diplomático chileno, ya que el canciller peruano le recordó que apenas dos meses atrás habían tenido otro caso de espionaje chileno, que el gobierno de Morales Bermúdez había aceptado silenciar.
Los hechos a los que se refería De la Puente se habían desencadenado el 12 de octubre de 1978, cuando un ex suboficial de la Fuerza Aérea Peruana, Julio Vargas, había sido detenido, tras ser acusado de vender información clasificada de la base aérea la Joya a personal de la embajada chilena. El joven peruano efectivamente había golpeado las puertas de la embajada ofreciendo material secreto. Según su propia narración, Vargas, en tratamiento psiquiátrico durante seis meses, decidió acercarse a los chilenos tras meses de cesantía. El suboficial había sido dado de baja de la Fuerza Aérea por insuficiencia profesional.
Si bien el agregado aéreo chileno, el general (r) Vicente Rodríguez, inicialmente dudó en aceptar los planos del aeropuerto militar de Arequipa que le ofrecía Vargas, el consejero administrativo y agente de la Dina, Juan Chimenelli, se interesó e inició contactos estables con el nuevo Colaborador de la embajada. Utilizando su carné de suboficial retirado, el joven peruano ingresó a diversas instalaciones militares entre agosto y octubre de 1978, hasta que fue detenido por los servicios de inteligencia que lo habían detectado saliendo de la embajada chilena.
Al confesar su labor de espionaje, la Cancillería peruana acordó con el embajador Buines guardar silencio a cambio de que los cuatro funcionarios chilenos implicados –Chimenelli, Rodríguez, y otros dos, Ricardo Aqueveque y el agregado aéreo adjunto– salieran rápidamente del país, y se les hiciera sumario en Santiago.
Pese a que en el caso Vargas; Chile no podía sostener defensa alguna, el canciller De la Puente aceptó nuevamente silenciar los sucesos de Talara, con la condición de que los marinos salieran inmediatamente del país y se les estableciera algún tipo de sanción en Chile. El movimiento tenía que hacerse rápidamente, ya que corrían el peligro de ser condenados a muerte.
Aunque en el caso de Talara las pruebas en contra de los marinos parecían contundentes, acuerdos como al que llegaron De la Puente y Babes no eran tan extraños en esa época, ya que había un enorme tráfico de espías entre los gobiernos militares de la región.
Entre otras garantías ofrecidas a los chilenos, De la Puente ordenó que éstos viajaran desde Talara a Lima en un avión de la Fuerza Aérea Peruana, acompañados de un diplomático de ese país. Su función, obviamente, era resguardar a los chilenos acusados de espionaje. Paralelamente, el barco chileno ‘Beagle’ era impedido a abandonar el puerto de Talara, que había sido ocupado por tropas como medida precautoria.
Trasladados a Lima, Jarpa y Andohazegui iban a ser embarcados directamente con destino a Santiago. Sin embargo, cuando los encañonados marinos salieron a la losa del aeropuerto, se encontraron con un puñado de periodistas que observaban atónitos la escena. Por una casualidad, ese día llegaba por primera vez a Lima un avión Jumbo, y los reporteros se encontraban allí para cubrir la noticia. El caso, que había sido manejado con tanta discreción por la Cancillería peruana, explotaría en toda su magnitud una semana después cuando el semanario El Tiempo publicó toda la historia. Pocos días más tarde, el rostro del capitán Jarpa —que hasta ese momento había logrado mantenerse en el anonimato— aparecía en el reportaje principal de la revista Caretas con un vendaje en la frente, atribuido al trato que recibió mientras estuvo detenido.
La complicada trama se enturbiaría aún más. En Lima comenzaron a preguntarse qué es lo que verdaderamente estaba haciendo el ‘Beagle’ en el puerto de Talara. Y es que el buque, que necesitaba sólo dos días para cargar combustible, llevaba ya ocho en el puerto. Además, los oficiales encargados —Jarpa y Andohazegui— eran infantes de marina, especialidad que no concuerda con el hecho de estar al mando de un petrolero y, por tanto, los hacía sospechosos a los ojos de los peruanos. En lugar de los 30 tripulantes armados que usualmente ocupa un petrolero de esa envergadura, iban 91 hombres a bordo. La tesis que circuló en Perú era que el ‘Beagle’ se había dirigido a Talara, en esa fecha crítica, para que —en el caso de que estallara el conflicto con Argentina— especialistas apostados en el barco pusieran explosivos para volar el puerto, versión desmentida por los uniformados chilenos.
Aunque tales planes nunca pudieron ser comprobados, de ser efectivos Perú habría quedado incapacitado para entrar al conflicto, ya que precisamente por Talara circula todo el petróleo peruano proveniente de la selva.
Dos sucesos diplomáticos se sumarían a la crisis de espionaje. Uno de ellos fue la llamada telefónica que, alrededor del 20 de diciembre, hiciera el almirante Merino a su par en Perú, almirante Jorge Parodi. En su intento de apaciguar la situación, Merino —con su peculiar sentido del humor— se refirió por teléfono en forma ‘festiva’ al escándalo que estaba haciendo la Fuerza Aérea Peruana. Y, en buen chileno, le comentó a su amigo que los generales del Aire vecinos no eran tan caballeros como los marinos. Lo que Merino no sabía era que su conversación había sido grabada íntegramente por oficiales de inteligencia de la Fuerza Aérea Peruana, quienes plantearon una queja formal ante el embajador Bulnes. Posteriormente, en un informe confidencial de la Cancillería chilena, se reconocería que uno de los elementos que agravó la crisis fue la conversación del almirante Merino.
A esto se agregó la ausencia del sumario a los marinos Jarpa y Andohazegui, como se le había prometido al gobierno peruano. En rigor, en la Armada se inició una investigación, aunque demasiado tarde para las intenciones peruanas. Detrás de la dilatación del sumario se encontraba la mano del almirante Merino, quien se negó a que se iniciara una investigación. Esta comenzó sólo cuando Merino tomó sus vacaciones de verano y fue reemplazado por el almirante Arturo Troncoso.
De la excesiva tardanza en realizar los sumarios se habían impuesto en Lima los sectores más duros del gobierno, quienes estaban deseosos de cobrarle un alto precio a Chile. Como se reconocería en un informe confidencial de la Cancillería, “la tensión, producto de un error de nuestros servicios de inteligencia, pudo haberse salvado si hubiéramos tomado medidas internas con los que participaron en los hechos”.
El tribunal militar peruano dictaminó, en enero de 1979, que el ex colaborador chileno, el suboficial Vargas, moriría fusilado por traición alta patria. La única posibilidad de indulto quedaba en manos del Consejo de Ministros. Pero tras una tormentosa reunión, el Consejo ratificó la sentencia. En esa misma reunión es cuando se decidió cobrarle un alto precio a Chile. Pese a la oposición del canciller De la Puente y el voto en contra de los marinos, el embajador chileno Francisco Bulnes es nombrado persona no grata. Dos días después, el 20 de enero, saldría de Lima sin hacer declaraciones. Su único comentario sobre el episodio sería un enérgico “¡no sea idiota”, cuando, al abandonar Lima, se le preguntó en el aeropuerto si había estado implicado en la trama del espionaje.
Durante los siguientes tres años, Chile y Perú mantendrían sólo relaciones consulares, sin embajadores acreditados”.
Al día siguiente de la recalada del `Beagle’, una camioneta de la embajada chilena recogió en tierra al comandante Jarpa y al teniente Andohazegui. El automóvil, manejado por un suboficial de inteligencia, había sido enviado por el agregado naval chileno en Lima, el capitán Jorge Contreras, hermano del general Manuel Contreras. Lo que nadie sabía era que desde Lima agentes de inteligencia peruana venían siguiendo a la camioneta celeste.
Pocas horas después, en plena carretera Panamericana, los chilenos fueron detenidos por un automóvil de la Fuerza Aérea Peruana, acusados de estar tomando fotos estratégicas a la base aérea ‘El Pato’, ubicada en las cercanías de la ciudad. En poder del chofer se encontró una máquina fotográfica.
La Cancillería limeña y la embajada chilena se activaron inmediatamente: A las 19.00 horas de ese mismo, día el Canciller José de la Puente citó al embajador Bulnes a sus oficinas, para informarle de los hechos. Difícil tarea enfrentaba el diplomático chileno, ya que el canciller peruano le recordó que apenas dos meses atrás habían tenido otro caso de espionaje chileno, que el gobierno de Morales Bermúdez había aceptado silenciar.
Los hechos a los que se refería De la Puente se habían desencadenado el 12 de octubre de 1978, cuando un ex suboficial de la Fuerza Aérea Peruana, Julio Vargas, había sido detenido, tras ser acusado de vender información clasificada de la base aérea la Joya a personal de la embajada chilena. El joven peruano efectivamente había golpeado las puertas de la embajada ofreciendo material secreto. Según su propia narración, Vargas, en tratamiento psiquiátrico durante seis meses, decidió acercarse a los chilenos tras meses de cesantía. El suboficial había sido dado de baja de la Fuerza Aérea por insuficiencia profesional.
Si bien el agregado aéreo chileno, el general (r) Vicente Rodríguez, inicialmente dudó en aceptar los planos del aeropuerto militar de Arequipa que le ofrecía Vargas, el consejero administrativo y agente de la Dina, Juan Chimenelli, se interesó e inició contactos estables con el nuevo Colaborador de la embajada. Utilizando su carné de suboficial retirado, el joven peruano ingresó a diversas instalaciones militares entre agosto y octubre de 1978, hasta que fue detenido por los servicios de inteligencia que lo habían detectado saliendo de la embajada chilena.
Al confesar su labor de espionaje, la Cancillería peruana acordó con el embajador Buines guardar silencio a cambio de que los cuatro funcionarios chilenos implicados –Chimenelli, Rodríguez, y otros dos, Ricardo Aqueveque y el agregado aéreo adjunto– salieran rápidamente del país, y se les hiciera sumario en Santiago.
Pese a que en el caso Vargas; Chile no podía sostener defensa alguna, el canciller De la Puente aceptó nuevamente silenciar los sucesos de Talara, con la condición de que los marinos salieran inmediatamente del país y se les estableciera algún tipo de sanción en Chile. El movimiento tenía que hacerse rápidamente, ya que corrían el peligro de ser condenados a muerte.
Aunque en el caso de Talara las pruebas en contra de los marinos parecían contundentes, acuerdos como al que llegaron De la Puente y Babes no eran tan extraños en esa época, ya que había un enorme tráfico de espías entre los gobiernos militares de la región.
Entre otras garantías ofrecidas a los chilenos, De la Puente ordenó que éstos viajaran desde Talara a Lima en un avión de la Fuerza Aérea Peruana, acompañados de un diplomático de ese país. Su función, obviamente, era resguardar a los chilenos acusados de espionaje. Paralelamente, el barco chileno ‘Beagle’ era impedido a abandonar el puerto de Talara, que había sido ocupado por tropas como medida precautoria.
Trasladados a Lima, Jarpa y Andohazegui iban a ser embarcados directamente con destino a Santiago. Sin embargo, cuando los encañonados marinos salieron a la losa del aeropuerto, se encontraron con un puñado de periodistas que observaban atónitos la escena. Por una casualidad, ese día llegaba por primera vez a Lima un avión Jumbo, y los reporteros se encontraban allí para cubrir la noticia. El caso, que había sido manejado con tanta discreción por la Cancillería peruana, explotaría en toda su magnitud una semana después cuando el semanario El Tiempo publicó toda la historia. Pocos días más tarde, el rostro del capitán Jarpa —que hasta ese momento había logrado mantenerse en el anonimato— aparecía en el reportaje principal de la revista Caretas con un vendaje en la frente, atribuido al trato que recibió mientras estuvo detenido.
La complicada trama se enturbiaría aún más. En Lima comenzaron a preguntarse qué es lo que verdaderamente estaba haciendo el ‘Beagle’ en el puerto de Talara. Y es que el buque, que necesitaba sólo dos días para cargar combustible, llevaba ya ocho en el puerto. Además, los oficiales encargados —Jarpa y Andohazegui— eran infantes de marina, especialidad que no concuerda con el hecho de estar al mando de un petrolero y, por tanto, los hacía sospechosos a los ojos de los peruanos. En lugar de los 30 tripulantes armados que usualmente ocupa un petrolero de esa envergadura, iban 91 hombres a bordo. La tesis que circuló en Perú era que el ‘Beagle’ se había dirigido a Talara, en esa fecha crítica, para que —en el caso de que estallara el conflicto con Argentina— especialistas apostados en el barco pusieran explosivos para volar el puerto, versión desmentida por los uniformados chilenos.
Aunque tales planes nunca pudieron ser comprobados, de ser efectivos Perú habría quedado incapacitado para entrar al conflicto, ya que precisamente por Talara circula todo el petróleo peruano proveniente de la selva.
Dos sucesos diplomáticos se sumarían a la crisis de espionaje. Uno de ellos fue la llamada telefónica que, alrededor del 20 de diciembre, hiciera el almirante Merino a su par en Perú, almirante Jorge Parodi. En su intento de apaciguar la situación, Merino —con su peculiar sentido del humor— se refirió por teléfono en forma ‘festiva’ al escándalo que estaba haciendo la Fuerza Aérea Peruana. Y, en buen chileno, le comentó a su amigo que los generales del Aire vecinos no eran tan caballeros como los marinos. Lo que Merino no sabía era que su conversación había sido grabada íntegramente por oficiales de inteligencia de la Fuerza Aérea Peruana, quienes plantearon una queja formal ante el embajador Bulnes. Posteriormente, en un informe confidencial de la Cancillería chilena, se reconocería que uno de los elementos que agravó la crisis fue la conversación del almirante Merino.
A esto se agregó la ausencia del sumario a los marinos Jarpa y Andohazegui, como se le había prometido al gobierno peruano. En rigor, en la Armada se inició una investigación, aunque demasiado tarde para las intenciones peruanas. Detrás de la dilatación del sumario se encontraba la mano del almirante Merino, quien se negó a que se iniciara una investigación. Esta comenzó sólo cuando Merino tomó sus vacaciones de verano y fue reemplazado por el almirante Arturo Troncoso.
De la excesiva tardanza en realizar los sumarios se habían impuesto en Lima los sectores más duros del gobierno, quienes estaban deseosos de cobrarle un alto precio a Chile. Como se reconocería en un informe confidencial de la Cancillería, “la tensión, producto de un error de nuestros servicios de inteligencia, pudo haberse salvado si hubiéramos tomado medidas internas con los que participaron en los hechos”.
El tribunal militar peruano dictaminó, en enero de 1979, que el ex colaborador chileno, el suboficial Vargas, moriría fusilado por traición alta patria. La única posibilidad de indulto quedaba en manos del Consejo de Ministros. Pero tras una tormentosa reunión, el Consejo ratificó la sentencia. En esa misma reunión es cuando se decidió cobrarle un alto precio a Chile. Pese a la oposición del canciller De la Puente y el voto en contra de los marinos, el embajador chileno Francisco Bulnes es nombrado persona no grata. Dos días después, el 20 de enero, saldría de Lima sin hacer declaraciones. Su único comentario sobre el episodio sería un enérgico “¡no sea idiota”, cuando, al abandonar Lima, se le preguntó en el aeropuerto si había estado implicado en la trama del espionaje.
Durante los siguientes tres años, Chile y Perú mantendrían sólo relaciones consulares, sin embajadores acreditados”.
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