“Fue un error no haber intervenido a tiempo” - Dice Vargas Llosa sobre el terrorismo en Ayacucho

El sábado, poco antes de la conferencia de prensa que ofreció en el Colegio de Periodistas la Comisión Investigadora de la masacre de Uchu­raccay, el escritor Mario Vargas Llosa recibió, en su casa de Barranco, a OIGA, y se explayó por más de una ho­ra sobre las conclusiones contenidas en el informe qué él preparó y redactó junto con el penalista Abraham Guz­mán y el periodista Mario Castro.

Vargas Llosa dijo en referencia al in­forme que “la verdad se ha abierto pa­so en torno a un hecho cuyo esclare­cimiento reclamaba con urgencia la conciencia del país entero”, y pidió que se extraigan del informe las conclusio­nes apropiadas “para evitar en el fu­turo otra catástrofe de este tipo”. En­fatizando que el “primerísimo responsable” de la violencia en Ayacucho es “Sendero Luminoso”, Vargas Llosa criticó al gobierno “por no haber reaccio­nado de una manera enérgica desde el principio”. También expresó su preocu­pación por el “peligro” del incremento de rivalidades étnicas en la sierra cen­tral a causa de la presencia de “Sende­ro” y de las fuerzas del orden, y desa­rrolló algunas conclusiones del informe, que sin duda darán al lector una perspectiva más adecuada del mismo. Extractos del reportaje:

¿Qué experiencia le ha dejado su par­ticipación en la Comisión Investigadora?
-Todavía no tengo suficiente distan­cia como para poder apreciarla. Ha si­do un mes muy intenso, de mucho tra­bajo y también de una enorme preocu­pación. Tengo la impresión de haber tra­bajado en esto 24 horas al día, y en un sentido creo que es verdad porque pa­samos muchas horas entrevistando gen­te, revisando documentos o cambiando ideas entre nosotros -Guzmán Figue­roa, Mario Castro y yo- y luego bue­na parte de la noche a mí se me iba tratando de organizar mentalmente to­do lo que había visto y oído.

Al mismo tiempo, he vivido con una enorme angustia no tanto a causa de los hechos que íbamos descubriendo si­no por la necesidad de jerarquizar es­tos hechos; eso me parece, en el caso del informe, algo tan importante como los hechos mismos que se tratan de es­clarecer. Estoy seguro que a la distan­cia todo esto va a ser una experiencia muy importante en mi vida, pero to­davía no tengo distancia suficiente co­mo para poder juzgarla.

Al comienzo del informe se destaca el hecho de que salvo contadas excepciones -tres- gran cantidad de gente acudió a testimoniar ante la Comisión, a pesar de que ésta no tenía poder coercitivo. ¿Pero hubo la misma volun­tad de esclarecimiento en todas las personas que ustedes interrogaron?
—Si usted lo que me pregunta es si los datos que nos proporcionaban las personas tenían todos la misma credi­bilidad, pues no. Había personas que actuaban de buena fe; otras que iban a declarar con un propósito determi­nado y algunas que tenían la voluntad muy evidente de ocultar ciertos datos o incluso distorsionarlos.

Por eso creo que el trabajo de eva­luación de la credibilidad de los testi­monios ha sido importantísimo. Y al­go que quisiera destacar es el hecho que una Comisión cuya función fue me­ramente informativa haya podido tra­bajar con la cooperación de un gran número de personas —militares, políti­cos del gobierno y de la oposición, ciu­dadanos independientes— y creo que eso sólo es posible dentro de un régi­men democrático. En una dictadura, en un régimen autoritario o totalitario, no habría podido funcionar una comi­sión de este tipo y esa es una de las cosas positivas en todo este desgracia­do asunto.

Una de las razones por las que acep­té este encargo —que evidentemente no tenía ningún incentivo sino el de futu­ros dolores de cabeza— era porque me pareció que una de las cosas para la que sirve ésta democracia que a ratos nos parece defectuosa e ineficiente, es que en ella es posible esclarecer la ver­dad, aunque resulte incómoda, porque existen mecanismos que permiten que esa verdad trasluzca. Y creo que en este caso la Comisión ha podido demos­trar que, en el imperfecto y sistema democrático que está resucitando el Perú, la verdad se ha abierto paso en torno a un hecho cuyo esclarecimiento recla­maba con urgencia la conciencia del país entero.

La Comisión recibió varias críticas desde el momento mismo de su creación. Hubo quienes pusieron en tela de juicio su independencia, ya que fue nombrada por el Ejecutivo; otros, di­jeron que interfería en la labor del Po­der Judicial.
—Hay que recalcar la absoluta inde­pendencia con la que trabajamos. El gobierno nos dio facilidades logísticas, pero no hemos recibido la más míni­ma interferencia en nuestro trabajo; ni la más mínima presión, que ninguno de los tres miembros de la Comisión, por otra parte, hubiéramos aceptado.

De otro lado, me parece una preocu­pación más bien bizantina el si esta Comisión pudiera perturbar la instruc­tiva judicial. La función de la Comi­sión fue informativa, en lo esencial igual a la que podría llevar adelante cualquier órgano de prensa, estación de radio o televisión que trata de escla­recer la verdad y darla a conocer al público. Esto de hecho lo hacen común­mente los medios de información —algunos con buenas y otros con malas intenciones— y no se considera una obstrucción en la labor del Poder Ju­dicial.

El problema es que lo ocurrido en Uchuraccay provocó una gran conmo­ción nacional y además mucha inquie­tud internacional respecto a lo que su­cede en el Perú. El Poder Judicial tie­ne plazos determinados para realizar la instructiva, de tal manera que has­ta que culmine el proceso, si es que llega a culminar, van a pasar muchos meses, tal vez años. Y hasta entonces, era importante que la preocupación de la opinión pública quedara de alguna manera satisfecha. Por otra parte, la Comisión Investigadora nació inmedia­tamente después de un acuerdo de la célula parlamentaria aprista, institu­ción que lanzó la idea y se la propuso al gobierno, que aceptó la sugerencia. De esta forma, Legislativo y Ejecutivo, gobierno y oposición, coincidieron en la creación de la Comisión. Por ello, me parece aventurado y exagerado rizar el rizo, como dicen en España, y pen­sar que se pretendió violar la Consti­tución u obstruir el trabajo del Poder Judicial. El problema aquí, como muy bien lo planteó OIGA en un editorial, es básicamente moral. Por encima de los cuestionamientos jurídicos hay una justificación de tipo ético en la crea­ción de esta Comisión y ese es, justa­mente, el motivo principal que me lle­vó a aceptar este trabajo.

¿No cree usted que el informe, por la diversidad de sus conclusiones, se presta a ser utilizado como argumen­to tanto a favor como en contra del gobierno?
—El informe ha sido hecho con el objetivo de esclarecer la verdad y pa­ra esto se prescindió de toda conside­ración política. No era nuestra misión pensar a quien puede servir el informe o quien puede sacarle mayor provecho. Se trataba de averiguar qué había ocu­rrido, cómo había ocurrido y por qué. Entonces, nos hemos enfrentado a una realidad compleja, en la que hay responsabilidades diversas compartidas por distintas personas e instituciones. Quien vea en el informe un servicio he­cho al gobierno o a los críticos del go­bierno está malinterpretándolo.

Creo que el informe establece con mucho cuidado una jerarquización de las distintas responsabilidades y que eso está matizado con bastante rigor. Ahora, que haya una utilización en al­gunos casos tergiversada del informe es inevitable. Pero mi esperanza es que el grueso de la opinión pública vea en el informe lo que nosotros hemos que­rido poner.

Sin embargo, una encuesta realizada por Gallup a pedido de OIGA, y que es publicada en la misma edición que aparece este reportaje, arroja un resultado sorprendente: el 21 por ciento de los encuestados considera que el go­bierno es el principal responsable de lo que le ocurrió a los periodistas.
—Eso indica justamente el gran des­concierto y la falta de información del grueso de la opinión pública frente a este asunto. Y eso es comprensible, por­que quizás lo más escalofriante del in­forme es que ni siquiera los protago­nistas —víctimas o autores— de la tra­gedia han sido totalmente conscientes de lo que estaba ocurriendo. El malen­tendido atroz del que resulta la muer­te de los ocho periodistas parte de un mutuo desconocimiento: los campesi­nos de Uchuraccay creen que los ino­fensivos periodistas que llegan a la co­munidad son terroristas que van a ata­carlos; y es muy posible que los pro­pios periodistas no hayan llegado a sa­ber por qué morían, ni quienes los ma­taban. No está descartado que ellos ha­yan creído ser atacados, por ejemplo, por senderistas, o incluso por Sinchis disfrazados de campesinos. Hay una se­rie de desconocimientos mutuos en to­da esta historia, detrás de los cuales aparece una problemática nacional: las enormes distancias que separan a los peruanos de diferentes regiones, clases sociales y culturas.

Ojala que el informe, además de ha­ber esclarecido hechos concretos, sirva para recordar la existencia de esa pro­blemática. Recordarnos que los hom­bres que viven, por ejemplo, en las al­turas de Huanta, tienen usos, costum­bres, sistemas de vida y jurídico que tiene muy poco que ver, por no decir que no tiene nada que ver, con el es­tilo de vida de Lima. Creo que es muy importante recordar esto para evitar que en el futuro sucedan catástrofes como la de Uchuraccay.

¿Quiénes son los responsables de esa incomprensión a la que usted alude?
—Creo que de esa incomprensión es parte responsable el gobierno, como lo es la oposición, como lo son los senderistas, que también se han llevado una mayúscula sorpresa con lo que le está ocurriendo en las comunidades iquichanas.

Estoy seguro que los senderistas jamás sospecharon que podía haber una movilización tan decidida, tan enérgica, tan feroz incluso, contra sus destacamentos. Y la sorpresa se la llevaron porque no conocían a esas comunidades iquichanas, no habían estudiado lo suficiente su tradición, sus problemas sus complicadísimas relaciones con la otras comunidades de los valles. No me extraña que las encuestas de Gallup den ese tipo de resultados. Hay un desconocimiento de lo que se juzga, entonces, nos basamos en el instinto o en simples fantasías.

¿En cierta medida la conclusión final del informe es que todos somos moral e históricamente, responsable de lo ocurrido?
—Sí, por supuesto, creo que hay un, responsabilidad compartida. La confusión de los hombres de Uchuraccay ni es casual, tiene que ver con unas condiciones de vida, con una situación de abandono, de desamparo, de la cual es responsable el Perú oficial.

¿Qué quiere decir cuando se refiere al “Perú oficial”?
—Hablar de un Perú oficial es habla de una gran mayoría de peruanos que ha ignorado y sigue ignorando y desdeñando a los peruanos de lo que Basadre llamaba el Perú profundo. Ahora, esto no quiere decir que el informe trate de disolver la responsabilidad dentro de una masa anónima de personas, no, no en absoluto. Creo que también hay una jerarquización muy clara, hay causas mediatas e inmediatas.

¿Podría extenderse sobre esas causas mediatas e inmediatas?
—Dentro de las causas inmediata hay, primerísimamente, la responsabilidad de “Sendero Luminoso”, que ha declarado una guerra y ha estableció reglas de juego para esa guerra. Y ha declarado la guerra a un sistema que estaba saliendo de una dictadura e iniciando una vida democrática, ha precipitado a este sistema a una guerra que no es sólo sucia sino efectivamente inmunda. Y los efectos de la inmundicia que hay detrás de este tipo de guerra están también detrás la confusión en la que murieron los periodistas.

Pero hay quienes opinan que se ha generado una violencia contrainsurgen­te peligrosa...
—Por supuesto, porque en el Perú las instituciones son defectuosas. Si el Parlamento funciona a veces de una manera que nos da lástima; si los par­tidos políticos incumplen sus deberes democráticos; si en el Poder Judicial ve­mos que constantemente tiene equivo­caciones, indicios de corrupción e ine­ficiencia; ¿por qué las fuerzas armadas y policiales serían instituciones intacha­bles y ejemplares? Padecen de los mis­mos vicios del subdesarrollo y de la falta de una tradición democrática.

Y cuando “Sendero Luminoso” decla­ra la guerra a esas fuerzas policiales sabe muy bien que no se va a enfren­tar a los guardias suizos ni a la poli­cía sueca. Se va a enfrentar a los Sinchis, se va a enfrentar a una institu­ción muy primitiva, que además tiene graves problemas de incomunicación con el mundo en el que opera, que es­tá exacerbada y exasperada por los ase­sinatos sistemáticos de sus miembros que emprende “Sendero”. Y entonces eso ha causado, por supuesto, abusos, atropellos, indisciplina. Lo más terri­ble es que probablemente entre los cálculos de los senderistas estuviera ese tipo de violencia, para que esa vio­lencia fuera arrojando hacia la insu­rrección a sectores importantes de la población campesina. Ese era un cálcu­lo muy frío y muy cruel porque partía del sacrificio de inocentes para los fi­nes de una causa política.

Todo esto está detrás de la muerte de los ocho periodistas y eso es impor­tante que se discuta y se saquen las conclusiones lógicas del caso. Yo creo que el informe no trata de exonerar la cuota de responsabilidad del gobierno.

¿Cuál es esa cuota?
—Esa cuota de responsabilidad tie­ne que ver, en primer lugar, con no haber reaccionado de una manera enér­gica desde el principio, cuando estalla la rebelión. Una de las obligaciones de un gobierno democrático es defender la democracia. Y la deserción sistemá­tica que se produce en todas las comi­sarías del valle de Huanta; el hecho que se cierren las comisarías de los lu­gares donde hay atentados, que esa po­blación quede desamparada y entrega­da prácticamente a la influencia de “Sendero”, porque está lejos, porque es remota, porque al gobierno no le in­teresaba en ese momento reconocer que había subversión, esa es una res­ponsabilidad muy grande del gobierno.

Hay también responsabilidad por no haber contraatacado en el plano eco­nómico y social en una región donde hay problemas económicos y sociales terribles, donde hay una pobreza es­pantosa que es indudable caldo de cul­tivo para la propaganda terrorista.

Pero estas responsabilidades no es­tán en el mismo nivel que las responsabilidades de quienes han declarado la guerra y están aplicando el terroris­mo, que se consideran con derecho a matar en nombre de una utopía, y esa es la responsabilidad de “Sendero Lu­minoso”.

Tampoco hay en el informe un inten­to de exonerar a los campesinos de Uchuraccay porque son primitivos. No, se señala muy claramente su responsabilidad. Lo único que pide el informe es que la actuación y el comportamien­to de esos campesinos se encuadre den­tro del contexto en que ha tenido lu­gar. Esos hombres han sido profunda­mente perturbados en su vida diaria por las acciones senderistas, esos hom­bres viven en condiciones muy preca­rias. Y entonces tener que dar sus ani­males o sus habas o sus papas a gen­te que les habla en un lenguaje difí­cil, porque las teorías de Mao o del propio Mariátegui para los comuneros de Uchuraccay son literalmente esoté­ricas, significa para ellos pura y sim­plemente la intromisión y la prepoten­cia. Ha sido una perturbación muy pro­funda. Y esa gente ha reaccionado co­mo tradicionalmente lo ha hecho cuan­do ha sentido que su vida íntima era agredida e invadida. Si además de eso hay otra presencia, la de la única auto­ridad que ha llegado alguna vez allí, que les dice que deben actuar de una manera enérgica... pues han actuado así. Entonces esa culpa está condicio­nada por todos esos factores, que hay que tener en cuenta a la hora de seña­lar responsabilidades.

¿Cómo es que la Comisión tiene la “convicción absoluta” de que los Sinchis “no han instigado sistemáticamen­te el asesinato como medida de defen­sa” y en cambio su convicción es “re­lativa” en lo que concierne al caso con­creto de Uchuraccay?
—La Comisión no tiene la menor du­da de que no ha habido ni hay una planificación destinada a azuzar a las comunidades a matar forasteros. Las declaraciones tanto de las autoridades militares, como las declaraciones de los campesinos y de distintos infor­mantes indican que no existe tal polí­tica sistemática. Creo que ni siquiera tienen las fuerzas del orden que luchan contra “Sendero” en Ayacucho la in­fraestructura mínima para aplicar una política de esas características, ni tie­nen la comunicación suficiente con las comunidades como para poder aplicar esta política.

En lo que a Uchuraccay respecta, no­sotros creemos la versión que dan los comuneros, de que cuando pidieron protección a los Sinchis contra los senderistas, los Sinchis les dijeron “de­fiéndanse ustedes y mátenlos”. En lo que respecta a “otras comunidades, esa investigación no estaba dentro de nues­tra competencia, por lo que no pode­mos decir que ha ocurrido así con otras comunidades. Es por eso que ha­blamos de convicción relativa.

¿Pero queda descartada la posibili­dad de que las fuerzas del orden ha­yan infiltrado las comunidades indíge­nas para “motivarlos” en una dirección o en otra?
—Mire, creo que si las fuerzas del orden estuvieran en condiciones de ha­cerlo, probablemente lo harían. No veo nada ilegítimo en que se convenza a los campesinos a cerrar filas contra “Sendero”; lo que sí sería negativo es la utilización de métodos antidemocrá­ticos. Pero en la práctica, esa infiltra­ción me parece muy difícil. La zona de emergencia tiene 120 mil kilómetros cuadrados y yo calculo que las fuerzas del orden no pasan de los 1,200 hom­bres, lo que hace más o menos 1 solda­do o guardia por cada 100 kilómetros cuadrados. Y sólo tienen ocho helicóp­teros con capacidad cada uno para seis personas. De tal manera que es inge­nuo pensar que esa fuerza minúscula está en condiciones de infiltrar a los cientos de miles de campesinos que vi­ven separados por distancias enormes y en zonas abruptas. No entiendo có­mo podría ser posible, aún si todo el Ejército peruano estuviera allí, llevar a cabo esa política de infiltración que denuncian ciertos órganos de prensa.

¿Entonces la reacción de las comuni­dades contra “Sendero” es más espontánea que inducida?
—Básicamente espontánea, sin ningu­na duda, creo que eso es clarísimo en el informe y en el caso de los iquicha­nos no hay ninguna duda. Si los “Sinchis” no los hubieran visitado, la gen­te de Uchuraccay hubiera peleado lo mismo. Pensar que una frase de los Sinchis —“defiéndanse, mátenles”— ha­ya sido el factor desencadenante de la movilización contra “Sendero” es tener una visión errónea de las comunidades campesinas, que son mucho más astu­tas respecto a la defensa de sus inte­reses de lo que creen quienes les atri­buyen determinadas actitudes.

Ahora, como lo plantea el informe, hay un problema ético y moral: ¿has­ta dónde puede llegar una democracia para defenderse?

—Ese es el gran problema para mí.

Y la Comisión reconoce, por otra par­te, que las fuerzas del orden no pue­den cruzarse de brazos ni ponerse a repartir caramelos...
—Mire, ese es el gran problema, exac­tamente. Yo quiero que sobreviva el sistema democrático en el Perú, porque estoy convencido de que con to­das sus limitaciones y defectos es pre­ferible a una dictadura tipo Pinochet o a un sistema totalitario como sería “Sendero Luminoso” en el poder. Y creo que si la democracia es atacada tiene que defenderse, y si la obligan a luchar, pues tiene que librar esa gue­rra. Pero hay un límite que no debe ser transgredido porque sino la demo­cracia deja de ser democracia, se nie­ga a sí misma. Que se produzcan vio­laciones es inevitable, por el tipo de guerra que se está librando, pero la democracia está obligada a una vigilan­cia sistemática —a través de la pren­sa, el Parlamento, los partidos políti­cos, el Poder Judicial— para impedir los excesos. Y como la Comisión señala en el informe, desde que las fuerzas armadas han tomado el control de las operaciones en la zona de emergencia, los excesos han disminuido conside­rablemente. Los informantes que en Huanta y en Tambo acusaban muy se­veramente a los Sinchis nos han dicho que con la llegada de los infantes de Marina ha habido un cambio positivo en las relaciones con la población. Pe­ro no creo, de otro lado, que se pueda derrotar a “Sendero” sólo en términos militares; la única forma de erradicar totalmente a los senderistas de Ayacu­cho es mediante una ofensiva social y económica que mejore las condiciones de vida de la población.

Hay quienes creen que la utilización de las comunidades campesinas que se oponen a “Sendero” contra aquellas que por convicción o por presión terrorista apoyan a los senderistas termino sembrando la semilla de una guerra ci­vil y que incluso si “Sendero” es erradicado, quedaría en Ayacucho latente una bomba de tiempo...
—Este es un peligro absolutamente real, un peligro que además hoy día ya es una realidad en muchos senti­dos. El mundo andino no es homogé­neo, es un mundo heterogéneo, lleno de rivalidades étnicas y regionales. Una guerra civil, como en cierta forma es esta guerra contra “Sendero” en el De­partamento de Ayacucho, provee una especie de cobertura para que esa vio­lencia —latente, con rivalidades étni­cas o regionales— se incremente y ad­quiera unas proporciones terribles.

¿Se está abriendo entonces una peli­grosa caja de Pandora?
—Muy peligrosa caja de Pandora. Su­mamente peligrosa, de eso no hay nin­guna duda. La Comisión lo dice: antes de la muerte le los periodistas nadie —porque me he tomado el trabajo de revisar todas las publicaciones— ni del gobierno ni de la oposición planteó el problema que representa para la demo­cracia el que los campesinos empiecen a hacer justicia por sus propias ma­nos. La oposición de extrema izquier­da tampoco, pues a lo único que se li­mitó es a dudar de que los campesi­nos hubieran matado a los senderistas y a sugerir que fueron Sinchis disfra­zados. El problema sólo se ha plantea­do una vez que se produjo la muerte de los periodistas. Por eso me parece fariseo responsabilizar exclusivamen­te al gobierno. Esa es una responsabi­lidad que compartimos todos. Cuando han aparecido los ocho cadáveres de los periodistas nos dimos cuenta que efectivamente es muy grave abrir una caja de Pandora.