“Fue un error no haber intervenido a tiempo” - Dice Vargas Llosa sobre el terrorismo en Ayacucho

El sábado, poco antes de la conferencia de prensa que ofreció en el Colegio de Periodistas la Comisión Investigadora de la masacre de Uchu­raccay, el escritor Mario Vargas Llosa recibió, en su casa de Barranco, a OIGA, y se explayó por más de una ho­ra sobre las conclusiones contenidas en el informe qué él preparó y redactó junto con el penalista Abraham Guz­mán y el periodista Mario Castro.

Vargas Llosa dijo en referencia al in­forme que “la verdad se ha abierto pa­so en torno a un hecho cuyo esclare­cimiento reclamaba con urgencia la conciencia del país entero”, y pidió que se extraigan del informe las conclusio­nes apropiadas “para evitar en el fu­turo otra catástrofe de este tipo”. En­fatizando que el “primerísimo responsable” de la violencia en Ayacucho es “Sendero Luminoso”, Vargas Llosa criticó al gobierno “por no haber reaccio­nado de una manera enérgica desde el principio”. También expresó su preocu­pación por el “peligro” del incremento de rivalidades étnicas en la sierra cen­tral a causa de la presencia de “Sende­ro” y de las fuerzas del orden, y desa­rrolló algunas conclusiones del informe, que sin duda darán al lector una perspectiva más adecuada del mismo. Extractos del reportaje:

¿Qué experiencia le ha dejado su par­ticipación en la Comisión Investigadora?
-Todavía no tengo suficiente distan­cia como para poder apreciarla. Ha si­do un mes muy intenso, de mucho tra­bajo y también de una enorme preocu­pación. Tengo la impresión de haber tra­bajado en esto 24 horas al día, y en un sentido creo que es verdad porque pa­samos muchas horas entrevistando gen­te, revisando documentos o cambiando ideas entre nosotros -Guzmán Figue­roa, Mario Castro y yo- y luego bue­na parte de la noche a mí se me iba tratando de organizar mentalmente to­do lo que había visto y oído.

Al mismo tiempo, he vivido con una enorme angustia no tanto a causa de los hechos que íbamos descubriendo si­no por la necesidad de jerarquizar es­tos hechos; eso me parece, en el caso del informe, algo tan importante como los hechos mismos que se tratan de es­clarecer. Estoy seguro que a la distan­cia todo esto va a ser una experiencia muy importante en mi vida, pero to­davía no tengo distancia suficiente co­mo para poder juzgarla.

Al comienzo del informe se destaca el hecho de que salvo contadas excepciones -tres- gran cantidad de gente acudió a testimoniar ante la Comisión, a pesar de que ésta no tenía poder coercitivo. ¿Pero hubo la misma volun­tad de esclarecimiento en todas las personas que ustedes interrogaron?
—Si usted lo que me pregunta es si los datos que nos proporcionaban las personas tenían todos la misma credi­bilidad, pues no. Había personas que actuaban de buena fe; otras que iban a declarar con un propósito determi­nado y algunas que tenían la voluntad muy evidente de ocultar ciertos datos o incluso distorsionarlos.

Por eso creo que el trabajo de eva­luación de la credibilidad de los testi­monios ha sido importantísimo. Y al­go que quisiera destacar es el hecho que una Comisión cuya función fue me­ramente informativa haya podido tra­bajar con la cooperación de un gran número de personas —militares, políti­cos del gobierno y de la oposición, ciu­dadanos independientes— y creo que eso sólo es posible dentro de un régi­men democrático. En una dictadura, en un régimen autoritario o totalitario, no habría podido funcionar una comi­sión de este tipo y esa es una de las cosas positivas en todo este desgracia­do asunto.

Una de las razones por las que acep­té este encargo —que evidentemente no tenía ningún incentivo sino el de futu­ros dolores de cabeza— era porque me pareció que una de las cosas para la que sirve ésta democracia que a ratos nos parece defectuosa e ineficiente, es que en ella es posible esclarecer la ver­dad, aunque resulte incómoda, porque existen mecanismos que permiten que esa verdad trasluzca. Y creo que en este caso la Comisión ha podido demos­trar que, en el imperfecto y sistema democrático que está resucitando el Perú, la verdad se ha abierto paso en torno a un hecho cuyo esclarecimiento recla­maba con urgencia la conciencia del país entero.

La Comisión recibió varias críticas desde el momento mismo de su creación. Hubo quienes pusieron en tela de juicio su independencia, ya que fue nombrada por el Ejecutivo; otros, di­jeron que interfería en la labor del Po­der Judicial.
—Hay que recalcar la absoluta inde­pendencia con la que trabajamos. El gobierno nos dio facilidades logísticas, pero no hemos recibido la más míni­ma interferencia en nuestro trabajo; ni la más mínima presión, que ninguno de los tres miembros de la Comisión, por otra parte, hubiéramos aceptado.

De otro lado, me parece una preocu­pación más bien bizantina el si esta Comisión pudiera perturbar la instruc­tiva judicial. La función de la Comi­sión fue informativa, en lo esencial igual a la que podría llevar adelante cualquier órgano de prensa, estación de radio o televisión que trata de escla­recer la verdad y darla a conocer al público. Esto de hecho lo hacen común­mente los medios de información —algunos con buenas y otros con malas intenciones— y no se considera una obstrucción en la labor del Poder Ju­dicial.

El problema es que lo ocurrido en Uchuraccay provocó una gran conmo­ción nacional y además mucha inquie­tud internacional respecto a lo que su­cede en el Perú. El Poder Judicial tie­ne plazos determinados para realizar la instructiva, de tal manera que has­ta que culmine el proceso, si es que llega a culminar, van a pasar muchos meses, tal vez años. Y hasta entonces, era importante que la preocupación de la opinión pública quedara de alguna manera satisfecha. Por otra parte, la Comisión Investigadora nació inmedia­tamente después de un acuerdo de la célula parlamentaria aprista, institu­ción que lanzó la idea y se la propuso al gobierno, que aceptó la sugerencia. De esta forma, Legislativo y Ejecutivo, gobierno y oposición, coincidieron en la creación de la Comisión. Por ello, me parece aventurado y exagerado rizar el rizo, como dicen en España, y pen­sar que se pretendió violar la Consti­tución u obstruir el trabajo del Poder Judicial. El problema aquí, como muy bien lo planteó OIGA en un editorial, es básicamente moral. Por encima de los cuestionamientos jurídicos hay una justificación de tipo ético en la crea­ción de esta Comisión y ese es, justa­mente, el motivo principal que me lle­vó a aceptar este trabajo.

¿No cree usted que el informe, por la diversidad de sus conclusiones, se presta a ser utilizado como argumen­to tanto a favor como en contra del gobierno?
—El informe ha sido hecho con el objetivo de esclarecer la verdad y pa­ra esto se prescindió de toda conside­ración política. No era nuestra misión pensar a quien puede servir el informe o quien puede sacarle mayor provecho. Se trataba de averiguar qué había ocu­rrido, cómo había ocurrido y por qué. Entonces, nos hemos enfrentado a una realidad compleja, en la que hay responsabilidades diversas compartidas por distintas personas e instituciones. Quien vea en el informe un servicio he­cho al gobierno o a los críticos del go­bierno está malinterpretándolo.

Creo que el informe establece con mucho cuidado una jerarquización de las distintas responsabilidades y que eso está matizado con bastante rigor. Ahora, que haya una utilización en al­gunos casos tergiversada del informe es inevitable. Pero mi esperanza es que el grueso de la opinión pública vea en el informe lo que nosotros hemos que­rido poner.

Sin embargo, una encuesta realizada por Gallup a pedido de OIGA, y que es publicada en la misma edición que aparece este reportaje, arroja un resultado sorprendente: el 21 por ciento de los encuestados considera que el go­bierno es el principal responsable de lo que le ocurrió a los periodistas.
—Eso indica justamente el gran des­concierto y la falta de información del grueso de la opinión pública frente a este asunto. Y eso es comprensible, por­que quizás lo más escalofriante del in­forme es que ni siquiera los protago­nistas —víctimas o autores— de la tra­gedia han sido totalmente conscientes de lo que estaba ocurriendo. El malen­tendido atroz del que resulta la muer­te de los ocho periodistas parte de un mutuo desconocimiento: los campesi­nos de Uchuraccay creen que los ino­fensivos periodistas que llegan a la co­munidad son terroristas que van a ata­carlos; y es muy posible que los pro­pios periodistas no hayan llegado a sa­ber por qué morían, ni quienes los ma­taban. No está descartado que ellos ha­yan creído ser atacados, por ejemplo, por senderistas, o incluso por Sinchis disfrazados de campesinos. Hay una se­rie de desconocimientos mutuos en to­da esta historia, detrás de los cuales aparece una problemática nacional: las enormes distancias que separan a los peruanos de diferentes regiones, clases sociales y culturas.

Ojala que el informe, además de ha­ber esclarecido hechos concretos, sirva para recordar la existencia de esa pro­blemática. Recordarnos que los hom­bres que viven, por ejemplo, en las al­turas de Huanta, tienen usos, costum­bres, sistemas de vida y jurídico que tiene muy poco que ver, por no decir que no tiene nada que ver, con el es­tilo de vida de Lima. Creo que es muy importante recordar esto para evitar que en el futuro sucedan catástrofes como la de Uchuraccay.

¿Quiénes son los responsables de esa incomprensión a la que usted alude?
—Creo que de esa incomprensión es parte responsable el gobierno, como lo es la oposición, como lo son los senderistas, que también se han llevado una mayúscula sorpresa con lo que le está ocurriendo en las comunidades iquichanas.

Estoy seguro que los senderistas jamás sospecharon que podía haber una movilización tan decidida, tan enérgica, tan feroz incluso, contra sus destacamentos. Y la sorpresa se la llevaron porque no conocían a esas comunidades iquichanas, no habían estudiado lo suficiente su tradición, sus problemas sus complicadísimas relaciones con la otras comunidades de los valles. No me extraña que las encuestas de Gallup den ese tipo de resultados. Hay un desconocimiento de lo que se juzga, entonces, nos basamos en el instinto o en simples fantasías.

¿En cierta medida la conclusión final del informe es que todos somos moral e históricamente, responsable de lo ocurrido?
—Sí, por supuesto, creo que hay un, responsabilidad compartida. La confusión de los hombres de Uchuraccay ni es casual, tiene que ver con unas condiciones de vida, con una situación de abandono, de desamparo, de la cual es responsable el Perú oficial.

¿Qué quiere decir cuando se refiere al “Perú oficial”?
—Hablar de un Perú oficial es habla de una gran mayoría de peruanos que ha ignorado y sigue ignorando y desdeñando a los peruanos de lo que Basadre llamaba el Perú profundo. Ahora, esto no quiere decir que el informe trate de disolver la responsabilidad dentro de una masa anónima de personas, no, no en absoluto. Creo que también hay una jerarquización muy clara, hay causas mediatas e inmediatas.

¿Podría extenderse sobre esas causas mediatas e inmediatas?
—Dentro de las causas inmediata hay, primerísimamente, la responsabilidad de “Sendero Luminoso”, que ha declarado una guerra y ha estableció reglas de juego para esa guerra. Y ha declarado la guerra a un sistema que estaba saliendo de una dictadura e iniciando una vida democrática, ha precipitado a este sistema a una guerra que no es sólo sucia sino efectivamente inmunda. Y los efectos de la inmundicia que hay detrás de este tipo de guerra están también detrás la confusión en la que murieron los periodistas.

Pero hay quienes opinan que se ha generado una violencia contrainsurgen­te peligrosa...
—Por supuesto, porque en el Perú las instituciones son defectuosas. Si el Parlamento funciona a veces de una manera que nos da lástima; si los par­tidos políticos incumplen sus deberes democráticos; si en el Poder Judicial ve­mos que constantemente tiene equivo­caciones, indicios de corrupción e ine­ficiencia; ¿por qué las fuerzas armadas y policiales serían instituciones intacha­bles y ejemplares? Padecen de los mis­mos vicios del subdesarrollo y de la falta de una tradición democrática.

Y cuando “Sendero Luminoso” decla­ra la guerra a esas fuerzas policiales sabe muy bien que no se va a enfren­tar a los guardias suizos ni a la poli­cía sueca. Se va a enfrentar a los Sinchis, se va a enfrentar a una institu­ción muy primitiva, que además tiene graves problemas de incomunicación con el mundo en el que opera, que es­tá exacerbada y exasperada por los ase­sinatos sistemáticos de sus miembros que emprende “Sendero”. Y entonces eso ha causado, por supuesto, abusos, atropellos, indisciplina. Lo más terri­ble es que probablemente entre los cálculos de los senderistas estuviera ese tipo de violencia, para que esa vio­lencia fuera arrojando hacia la insu­rrección a sectores importantes de la población campesina. Ese era un cálcu­lo muy frío y muy cruel porque partía del sacrificio de inocentes para los fi­nes de una causa política.

Todo esto está detrás de la muerte de los ocho periodistas y eso es impor­tante que se discuta y se saquen las conclusiones lógicas del caso. Yo creo que el informe no trata de exonerar la cuota de responsabilidad del gobierno.

¿Cuál es esa cuota?
—Esa cuota de responsabilidad tie­ne que ver, en primer lugar, con no haber reaccionado de una manera enér­gica desde el principio, cuando estalla la rebelión. Una de las obligaciones de un gobierno democrático es defender la democracia. Y la deserción sistemá­tica que se produce en todas las comi­sarías del valle de Huanta; el hecho que se cierren las comisarías de los lu­gares donde hay atentados, que esa po­blación quede desamparada y entrega­da prácticamente a la influencia de “Sendero”, porque está lejos, porque es remota, porque al gobierno no le in­teresaba en ese momento reconocer que había subversión, esa es una res­ponsabilidad muy grande del gobierno.

Hay también responsabilidad por no haber contraatacado en el plano eco­nómico y social en una región donde hay problemas económicos y sociales terribles, donde hay una pobreza es­pantosa que es indudable caldo de cul­tivo para la propaganda terrorista.

Pero estas responsabilidades no es­tán en el mismo nivel que las responsabilidades de quienes han declarado la guerra y están aplicando el terroris­mo, que se consideran con derecho a matar en nombre de una utopía, y esa es la responsabilidad de “Sendero Lu­minoso”.

Tampoco hay en el informe un inten­to de exonerar a los campesinos de Uchuraccay porque son primitivos. No, se señala muy claramente su responsabilidad. Lo único que pide el informe es que la actuación y el comportamien­to de esos campesinos se encuadre den­tro del contexto en que ha tenido lu­gar. Esos hombres han sido profunda­mente perturbados en su vida diaria por las acciones senderistas, esos hom­bres viven en condiciones muy preca­rias. Y entonces tener que dar sus ani­males o sus habas o sus papas a gen­te que les habla en un lenguaje difí­cil, porque las teorías de Mao o del propio Mariátegui para los comuneros de Uchuraccay son literalmente esoté­ricas, significa para ellos pura y sim­plemente la intromisión y la prepoten­cia. Ha sido una perturbación muy pro­funda. Y esa gente ha reaccionado co­mo tradicionalmente lo ha hecho cuan­do ha sentido que su vida íntima era agredida e invadida. Si además de eso hay otra presencia, la de la única auto­ridad que ha llegado alguna vez allí, que les dice que deben actuar de una manera enérgica... pues han actuado así. Entonces esa culpa está condicio­nada por todos esos factores, que hay que tener en cuenta a la hora de seña­lar responsabilidades.

¿Cómo es que la Comisión tiene la “convicción absoluta” de que los Sinchis “no han instigado sistemáticamen­te el asesinato como medida de defen­sa” y en cambio su convicción es “re­lativa” en lo que concierne al caso con­creto de Uchuraccay?
—La Comisión no tiene la menor du­da de que no ha habido ni hay una planificación destinada a azuzar a las comunidades a matar forasteros. Las declaraciones tanto de las autoridades militares, como las declaraciones de los campesinos y de distintos infor­mantes indican que no existe tal polí­tica sistemática. Creo que ni siquiera tienen las fuerzas del orden que luchan contra “Sendero” en Ayacucho la in­fraestructura mínima para aplicar una política de esas características, ni tie­nen la comunicación suficiente con las comunidades como para poder aplicar esta política.

En lo que a Uchuraccay respecta, no­sotros creemos la versión que dan los comuneros, de que cuando pidieron protección a los Sinchis contra los senderistas, los Sinchis les dijeron “de­fiéndanse ustedes y mátenlos”. En lo que respecta a “otras comunidades, esa investigación no estaba dentro de nues­tra competencia, por lo que no pode­mos decir que ha ocurrido así con otras comunidades. Es por eso que ha­blamos de convicción relativa.

¿Pero queda descartada la posibili­dad de que las fuerzas del orden ha­yan infiltrado las comunidades indíge­nas para “motivarlos” en una dirección o en otra?
—Mire, creo que si las fuerzas del orden estuvieran en condiciones de ha­cerlo, probablemente lo harían. No veo nada ilegítimo en que se convenza a los campesinos a cerrar filas contra “Sendero”; lo que sí sería negativo es la utilización de métodos antidemocrá­ticos. Pero en la práctica, esa infiltra­ción me parece muy difícil. La zona de emergencia tiene 120 mil kilómetros cuadrados y yo calculo que las fuerzas del orden no pasan de los 1,200 hom­bres, lo que hace más o menos 1 solda­do o guardia por cada 100 kilómetros cuadrados. Y sólo tienen ocho helicóp­teros con capacidad cada uno para seis personas. De tal manera que es inge­nuo pensar que esa fuerza minúscula está en condiciones de infiltrar a los cientos de miles de campesinos que vi­ven separados por distancias enormes y en zonas abruptas. No entiendo có­mo podría ser posible, aún si todo el Ejército peruano estuviera allí, llevar a cabo esa política de infiltración que denuncian ciertos órganos de prensa.

¿Entonces la reacción de las comuni­dades contra “Sendero” es más espontánea que inducida?
—Básicamente espontánea, sin ningu­na duda, creo que eso es clarísimo en el informe y en el caso de los iquicha­nos no hay ninguna duda. Si los “Sinchis” no los hubieran visitado, la gen­te de Uchuraccay hubiera peleado lo mismo. Pensar que una frase de los Sinchis —“defiéndanse, mátenles”— ha­ya sido el factor desencadenante de la movilización contra “Sendero” es tener una visión errónea de las comunidades campesinas, que son mucho más astu­tas respecto a la defensa de sus inte­reses de lo que creen quienes les atri­buyen determinadas actitudes.

Ahora, como lo plantea el informe, hay un problema ético y moral: ¿has­ta dónde puede llegar una democracia para defenderse?

—Ese es el gran problema para mí.

Y la Comisión reconoce, por otra par­te, que las fuerzas del orden no pue­den cruzarse de brazos ni ponerse a repartir caramelos...
—Mire, ese es el gran problema, exac­tamente. Yo quiero que sobreviva el sistema democrático en el Perú, porque estoy convencido de que con to­das sus limitaciones y defectos es pre­ferible a una dictadura tipo Pinochet o a un sistema totalitario como sería “Sendero Luminoso” en el poder. Y creo que si la democracia es atacada tiene que defenderse, y si la obligan a luchar, pues tiene que librar esa gue­rra. Pero hay un límite que no debe ser transgredido porque sino la demo­cracia deja de ser democracia, se nie­ga a sí misma. Que se produzcan vio­laciones es inevitable, por el tipo de guerra que se está librando, pero la democracia está obligada a una vigilan­cia sistemática —a través de la pren­sa, el Parlamento, los partidos políti­cos, el Poder Judicial— para impedir los excesos. Y como la Comisión señala en el informe, desde que las fuerzas armadas han tomado el control de las operaciones en la zona de emergencia, los excesos han disminuido conside­rablemente. Los informantes que en Huanta y en Tambo acusaban muy se­veramente a los Sinchis nos han dicho que con la llegada de los infantes de Marina ha habido un cambio positivo en las relaciones con la población. Pe­ro no creo, de otro lado, que se pueda derrotar a “Sendero” sólo en términos militares; la única forma de erradicar totalmente a los senderistas de Ayacu­cho es mediante una ofensiva social y económica que mejore las condiciones de vida de la población.

Hay quienes creen que la utilización de las comunidades campesinas que se oponen a “Sendero” contra aquellas que por convicción o por presión terrorista apoyan a los senderistas termino sembrando la semilla de una guerra ci­vil y que incluso si “Sendero” es erradicado, quedaría en Ayacucho latente una bomba de tiempo...
—Este es un peligro absolutamente real, un peligro que además hoy día ya es una realidad en muchos senti­dos. El mundo andino no es homogé­neo, es un mundo heterogéneo, lleno de rivalidades étnicas y regionales. Una guerra civil, como en cierta forma es esta guerra contra “Sendero” en el De­partamento de Ayacucho, provee una especie de cobertura para que esa vio­lencia —latente, con rivalidades étni­cas o regionales— se incremente y ad­quiera unas proporciones terribles.

¿Se está abriendo entonces una peli­grosa caja de Pandora?
—Muy peligrosa caja de Pandora. Su­mamente peligrosa, de eso no hay nin­guna duda. La Comisión lo dice: antes de la muerte le los periodistas nadie —porque me he tomado el trabajo de revisar todas las publicaciones— ni del gobierno ni de la oposición planteó el problema que representa para la demo­cracia el que los campesinos empiecen a hacer justicia por sus propias ma­nos. La oposición de extrema izquier­da tampoco, pues a lo único que se li­mitó es a dudar de que los campesi­nos hubieran matado a los senderistas y a sugerir que fueron Sinchis disfra­zados. El problema sólo se ha plantea­do una vez que se produjo la muerte de los periodistas. Por eso me parece fariseo responsabilizar exclusivamen­te al gobierno. Esa es una responsabi­lidad que compartimos todos. Cuando han aparecido los ocho cadáveres de los periodistas nos dimos cuenta que efectivamente es muy grave abrir una caja de Pandora.

Informe sobre Uchuraccay - Oiga 07/03/1983

En las siguientes doce páginas de OIGA, ofrecemos a nuestros lectores el informe completo de la Comisión Investigadora de la masacre de Uchuraccay. Conscientes del valor histórico de este documento, no hemos vacilado en publicarlo íntegro, para que el lector pueda juz­gar todas las conclusiones de la Comisión en su justa perspectiva y sin acudir a re­súmenes que pueden presentar los hechos fuera de contexto. Creemos que este in­forme contiene elementos de análisis que van más allá de la masacre misma y que por ello convierten este texto en doblemente valioso.

Lima, Marzo, 1983
Señor Arquitecto
Fernando Belaunde Terry
Presidente Constitucional del Perú
Presente.-

Señor Presidente:

En cumplimiento con el encargo que usted nos confiara, —“llevar adelante las investigaciones que juzgue conve­nientes y emitir un informe sobre los antecedentes, los hechos y consecuen­cias que tuvieron lugar en la comuni­dad de Uchuraccay, ocasionando la muerte de ocho miembros del periodis­mo nacional”— nos honra entregarle, en el plazo previsto, el siguiente infor­me, que resume nuestras investigacio­nes y conclusiones sobre el trágico su­ceso.

El informe está dividido en cuatro partes. La primera bajo el título “Có­mo fue”, reconstruye, con la mayor ob­jetividad posible, los preparativos de la expedición de los periodistas, el iti­nerario e incidencias de su recorrido, el suceso mismo y los acontecimientos inmediatamente posteriores a él. En la segunda parte —bajo el título de “Por­qué fue”—, el informe expone el con­texto político, social, psicológico e his­tórico que, a juicio de la Comisión, es imprescindible para entender cabalmente lo ocurrido.

La tercera parte comprende los infor­mes de los antropólogos doctores Juan Ossio, Fernando Fuenzalida y Luis Mi­llones, del jurista doctor Fernando de Trazegnies, del psicoanalista doctor Max Hernández, y de los lingüistas doctores Rodolfo Cerrón Palomino y Clodoaldo Soto, quienes, —al igual que el licenciado Ricardo Valderrama— en gesto que los enaltece, aceptaron ase­sorar a la Comisión Investigadora en el curso de su trabajo y cuyos conse­jos, opiniones y conocimientos fueron para nosotros de invalorable ayuda. La Comisión desea subrayar, sin embargo, que las conclusiones del informe son exclusiva responsabilidad de sus tres miembros y que de ningún modo com­prometen a estos distinguidos intelec­tuales, cuya competencia, vocación de servicio, probidad y generosidad que­remos agradecer públicamente.

La cuarta parte consta de las ver­siones grabadas y mecanografiadas de las informaciones que recibió de 42 personas (o grupos de personas) y de la comunidad de Uchuraccay, de los documentos que le fueron entregados y de las fotografías tomadas en el curso de su investigación por el señor Róger Reyna, asesor gráfico de la Comisión, designado por la Asociación de Repor­teros Gráficos del Perú.

La Comisión quiere agradecer la ayu­da y colaboración recibidas por parte de múltiples instituciones y personas, con muy escasas excepciones —de he­cho, apenas tres— todos los ciudada­nos solicitados accedieron a proporcio­narnos informaciones o nos suminis­traron documentación gráfica y escri­ta, o —en el caso de las autoridades— nos permitieron examinar materiales, algunos de carácter reservado —como partes operacionales y documentación de inteligencia— sin los cuales nuestro trabajo hubiera sido materialmente im­posible. La Comisión desea destacar el hecho, de gran significación democrá­tica, de que, acaso por primera vez en la historia de la República, civiles y militares, miembros del Gobierno y de la oposición, funcionarios y simples particulares, aceptan comparecer ante una Comisión independiente, despro­vista de toda competencia judicial o policial, sin poderes coactivos de ningu­na clase, y cuya única razón de ser ha sido contribuir al esclarecimiento de una verdad que reclamaban urgente­mente la conciencia nacional y la opi­nión pública del resto del mundo.

A fin de que usted, Señor Presidente, y nuestros compatriotas, puedan me­dir con exactitud el grado de certeza y convicción, o de incertidumbre y du­da, a que la Comisión ha llegado so­bre cada uno de los hechos expuestos, utilizamos en este informe tres catego­rías para calificar a cada uno de los hechos, interpretaciones o documentos a que nos referimos: “convicción abso­luta”, para asuntos que a juicio de la Comisión resultan incontrovertibles y fehacientes; “convicción relativa”, para hechos que, aunque a juicio de la Co­misión parecen muy probables y posi­bles, adolecen, sin embargo, de una cierta oscuridad o inseguridad; y “con­vicción dudosa”, para asuntos que admiten interpretaciones distintas e igual­mente persuasivas o que, a pesar de sus esfuerzos, a la Comisión no le ha sido posible corroborar, rectificar o descartar.

¿COMO FUE?
1.- ¿Cómo, dónde, cuándo entre quiénes se preparó el viaje de los periodistas?
La Comisión ha llegado a la “con­vicción absoluta” de que la expedición se decidió de manera definitiva el día martes 25 de enero y de que en su gestación fue decisiva la llegada a Aya­cucho, en el avión procedente de Lima, esa misma mañana, del reportero grá­fico de la revista “OIGA”, Amador García. Esto no significa que por pri­mera vez consideraran sus colegas la idea del viaje al interior del departa­mento. Este estaba en el aire, era una ambición compartida por muchos de los enviados especiales, corresponsales y periodistas de Ayacucho desde que las autoridades habían dado a conocer —el 23 de enero— la muerte de varios “senderistas” en las comunidades de las alturas de Huanta (y, más precisa­mente, en la comunidad de Huaychao).

La noticia de la muerte de “sende­ristas” a manos de los comuneros de Huaychao, había sido recibida con cier­to escepticismo por algunos hombres de prensa. Para otros, que carecían de opinión política o presunción ideológi­ca, la posibilidad de comprobar o des­mentir el hecho, o de ilustrarlo y am­pliarlo con datos precisos, constituía un poderoso incentivo. Sin embargo, el proyecto del viaje a Huaychao —única localidad donde la información oficial indicaba hasta entonces (incorrecta­mente, como se verá) choques de co­muneros con terroristas— no prosperó antes del martes 25, probablemente por las dificultades materiales que entra­ñaba el llegar a una localidad tan re­mota y acaso por la opinión del perio­dista Luis Antonio Morales —corres­ponsal del “Diario de Marka” en Aya­cucho— quien asegura haber desani­mado a sus colegas del proyecto, por considerar que el viaje a Huaychao era demasiado largo y riesgoso. (La Comisión tiene la “convicción relativa” de que este testimonio es cierto).

Pero el entusiasmo voluntarioso de Amador García resucita el proyecto, contagia a sus colegas y la expedición se decide en unas cuantas horas, entre la mañana y la tarde del martes.

Los planes y preparativos se inician febrilmente esa misma mañana, en el “Hostal Santa Rosa”, con la participa­ción entusiasta -de los periodista: Jor­ge Sedano de “La República”, Eduardo de la Piniella y Pedro Sánchez del “Dia­rio de Marka”, de Willy Reto y Jorge Luis Mendívil de “El Observador” y de otros periodistas que luego, por diver­sos motivos, desistirían de viajar, co­mo Jorge Torres de la revista “Gente”y Javier Ascuez de “El Comercio” de Lima.

La Comisión ha llegado a la “convic­ción absoluta” de que el viaje no fue preparado de manera secreta, sino a la luz pública, y que su objetivo —lle­gar a Huaychao para verificar la muer­te de “senderistas” por los comune­ros— fue objeto de discusión y comen­tarios entre participantes y diversos testigos, dentro y fuera del “Hostal Santa Rosa”, en el curso del día mar­tes. La Comisión está informada, por ejemplo, de que al comenzar la tarde del martes, Amador García buscó y propuso que se uniera a la expedición al corresponsal del Canal 5 y de la re­vista “Oiga” en Ayacucho, Mario Cue­to Cárdenas, quien declinó hacerlo por compromisos de trabajo.

2. ¿Significa esto que las autoridades de Ayacucho conocieron con antelación los planes de viaje?
Las autoridades de la Zona de Emer­gencia de mayor jerarquía, como el Ge­neral Clemente Noel, Jefe de la Zona Político-Militar, el Jefe de la Guardia Civil, Coronel Pedro Benavides y el Co­ronel Víctor Pizarro de los Santos, Je­fe de la P.I.P. en Ayacucho, afirman en­fáticamente que ninguno de ellos tuvo conocimiento previo del viaje que se preparaba. La Comisión ha llegado a la “convicción relativa” de que esto es verdad. El ligero margen de duda nace de un testimonio contradictorio e inve­rificable surgido al respecto: la revis­ta “Oiga”, por intermedio del periodis­ta Uri Ben Schmuel, llamó por telé­fono, en Lima, el martes 25 a las 7:00 a.m., al Comandante Eulogio Ramos, Asesor de Comunicaciones del Ministe­rio del Interior, para comunicarle el viaje de Amador García y su intención de ir hasta Huaychao, solicitándole fa­cilidades y protección. El Comandante Ramos ofreció hacer la respectiva ges­tión con la 9na. Comisaría de Ayacu­cho de inmediato y por teléfono, pero, según su testimonio, no la hizo ese mismo día debido a un desperfecto que interrumpió las comunicaciones con Ayacucho, por lo cual sólo envió un ra­diograma a la 9na. Comandancia en la mañana del día miércoles (es decir, cuando la expedición ya había partido) pidiendo facilidades para Amador García, sin especificar la naturaleza de la misión que éste pretendía llevar a cabo. Ahora bien, según el Coronel Pedro Benavides el radiograma nunca llegó a la 9na. Comisaría, ni Amador García se presentó en ella.

La Comisión no descarta la posibilidad de que funcionarios y subordinados de menor jerarquía hayan tenido oídas del viaje que se preparaba —sobre todo teniendo en cuenta que en el “Hostal Santa Rosa” se albergaban, a igual que muchos periodistas, funcionarios de la PIP— pero sin conceder mayor importancia ni comunicarlo a las máximas autoridades. Funda esta suposiciones en que, en anteriores ocasiones, otras expediciones —acaso tal alejadas y peligrosas como ésta— fueron emprendidas por periodistas, más o menos de la misma manera, sin que esto pareciera inquietar mayormente las autoridades ni las indujera a toma; providencias particulares. La Comisión se refiere, por ejemplo, a dos viaje: fuera de Ayacucho, de los periodista del “Diario de Marka”, Pedro Sánchez, y Gerardo Torres y de éste y Severo Guaycochea, a lugares donde- se habías producido choques armados y que podían, por lo tanto, ser tenidos como inseguros.

3. Antes de la partida.
El chofer Salvador Luna Ramos quien ya había prestado servicios con su automóvil a algunos de los periodistas concertados para el viaje, es requerido por primera vez para los fines de la expedición el martes 25 antes de mediodía. Un grupo, entre los que él recuerda a Jorge Sedano y a Amado García, le hablan vagamente de un viaje hasta Yanaorco. Le pide una tarifa y queda en confirmarle el contrato ese mismo día. En ese momento, asegura Luna Ramos, los periodistas no mencionaron su propósito de ir hasta Huaychao, ni tampoco esa tarde, a la cinco, cuando volvieron para confirmarle el viaje hasta Yanaorco —donde se encuentra la torre de microonda atacada varias veces por Sendero Luminoso— y entregarle el anticipo de 15,000 soles, la mitad de los 30,000 con que cerraron el acuerdo. Salvador Luna conviene en recoger a los periodistas en el “Hostal Santa Rosa” a las cinco de la madrugada.

Los preparativos del viaje son muy intensos toda la tarde del martes. De la Piniella consigue un mapa, que es estudiado por los expedicionarios en una mesa del Hostal. Esa tarde se incorporan al proyecto dos periodistas ayacuchanos, Félix Gavilán y Octavio Infante, cuya participación —sobre todo la de este último— es decisiva, para establecer el itinerario del viaje. En efecto, el Director del Diario Noticias tiene a su madre y a su familia materno —los Argumedo— en Chacabamba, pequeña localidad situada en las faldas de las montañas en cuyas punas se encuentran las comunidades lquichana de Huaychao y de Uchuraccay de acuerdo con la sugerencia de Infante los periodistas deciden viajar por carretera de Tambo hasta un punto vecino a la laguna de Tocto —Toctoccha— y muy próximo a Yanaorco, de de donde marcharían a pie hasta Chacabamba, para solicitar allí la ayida y guía del medio hermano de Infante, Juan Argumedo, hombre de la región y quien podía conducirlos hasta Huaychao.

Algunos de los periodistas dedican tarde a hacer compras —adquieren zapatillas, chompas, plásticos para la llu­via— y dos de ellos se van luego al ci­ne. Todo indica que, aunque sin duda hay en los expedicionarios excitación, im­paciencia, ansiedad por el viaje, ningu­no de ellos sospecha el gravísimo ries­go que se disponen a correr, ni tiene, por tanto, el menor atisbo de lo que está ocurriendo en las comunidades iquichanas de las alturas de Huanta en esos mismos instantes.

4. La partida de Ayacucho.
El chofer Salvador Luna Ramos se presentó en el “Hostal Santa Rosa” a las 5.20 de la mañana del día miérco­les. Lo recibió, ya despierto, Jorge Se­dano, quien se mostraba animoso y de excelente humor. El contrato de la vís­pera había sido hecho para siete pe­riodistas, pero esa madrugada Sedano dijo al chofer que viajarían ocho.

Unos diez minutos después, los pe­riodistas parten del “Hostal Santa Ro­sa”. Los despide Jorge Torres, de “Gen­te”, quien ha decidido no acompañar­los y a quien ellos gastan algunas bro­mas. El buen humor será la nota do­minante de los viajeros hasta que, un par de horas después, abandonen el taxi.

Del hostal se dirigen a la calle Belli­do en busca de Infante. Luego se de­tienen en el óvalo de Magdalena para que los periodistas compren cigarri­llos, leche, galletas y otras provisiones.

Cuando el taxi deja atrás la ciudad de Ayacucho son aproximadamente las seis y media de la mañana.

5. ¿Pasaron controles policiales du­rante el viaje?
Los viajeros pasaron un solo con­trol, a la salida de Ayacucho: la barre­ra policial de la Magdalena. Este con­trol fue más simbólico que real. El chofer apenas sobreparó, dentro de cierta congestión de vehículos, y, al acercarse el guardia, los pasajeros se identificaron como periodistas, ense­ñando los carnets, que aquel ni exami­nó ni registró, limitándose a decir: “pasen”. (La Comisión Investigadora ha comprobado, en el curso de sus des­plazamientos fuera de la ciudad de Ayacucho, lo superficiales, para no decir inútiles, que son estas operaciones de control carretero). Ha comprobado, también, que entre Ayacucho y el lu­gar donde los periodistas se apearon del taxi, no existe ninguna otra garita de control. (Las afirmaciones de cier­tos Diarios según los cuales hay una barrera policial a la altura de Yanaor­co no tienen fundamento, pues la to­rre, aunque se divisa desde la carrete­ra, se halla a unos dos kmts., en una cumbre a la que se llega por un desvío que los periodistas no tomaron). La Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que las autoridades de la Zona de Emergencia, por lo tanto, no pudieron ser informadas del desplazamiento y destino de los periodistas en el transcurso del viaje.

6. ¿Estaba ya definido el objetivo del viaje?
El chofer Luna Ramos asegura que fue contratado por los periodistas para llevarlos hasta Yanaorco y que sólo en el camino, por sus conversaciones, se enteró de que se proponían llegar a la comunidad de Huaychao. La Comisión Investigadora tiene la “convicción re­lativa” de que este testimonio es fiel.

Asimismo, los periodistas parecen ha­ber viajado, también, con la intención de comprobar si la Torre de Microon­das de Yanaorco había sido volada por “Sendero Luminoso”, pues, al divisarla indemne, exclamaron: “Nos engaña­ron”. Pero sus datos tenían base: los Despachos Militares indicaban que en la noche del 22 de enero hubo un aten­tado contra la Torre.

7. Desayuno en Pacclla.
Antes de llegar a Yanaorco, los via­jeros habían hecho un alto en el Case­río de Pacclla, a las 7:30 aproximada­mente, para tomar desayuno. Toda la hora de viaje que llevaban había sido festiva y cordial: intercambiaban chis­tes, burlas y, por ejemplo, decían a De la Piniella, que llevaba una casaca ver­de, que vestido así podía ser confun­dido con un “terruco” o con un “sinchi”.

En el pequeño Caserío de Pacclla se detuvieron a tomar un caldo de galli­na. Mientras los periodistas desayuna­ban, el chofer fue a llenar una galone­ra de agua a un riachuelo vecino. Cuan­do regresó, los periodistas estaban to­mándose fotografías, y uno de ellos, Willy Reto, se subió incluso a una roca para tener una buena perspectiva del grupo. En Pacclla permanecieron acaso hasta una media hora.

Al llegar a la altura de Yanaorco, los periodistas divisan la torre intacta y proponen al chofer del taxi que los lle­ve hasta allá, enrumbando por el des­vío. Pero Luna Ramos se niega a ha­cerlo, por lo accidentado del terreno y porque, como la torre ha sido víctima de varios atentados, lo supone riesgo­so. Esta negativa no importa mucho a los viajeros que piden al chofer avan­zar un poco más por la carretera, pa­sar la laguna y detenerse unos 700 me­tros más allá, en un punto que la Comisión Investigadora ha identificado, y desde el cual emprenderán la ruta, a pie, hasta Chacabamba, en pos de Juan Argumedo.

Aunque esta trayectoria no es un ca­mino, sino una trocha incierta, la Co­misión Investigadora ha recogido testi­monios según los cuales los hombres de la región acostumbran tomar ese atajo, a través de la puna, para dirigirse a Chacabamba, o Balcón o Mis­capampa, sin necesidad de llegar pri­mero hasta Tambo, con lo que ahorran por lo menos una hora de viaje. Los ocho periodistas descendieron en ese punto desolado de la ruta entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana, cancelaron a Salvador Luna los 15,000 soles que le debían y comenzaron la marcha, guia­dos por Infante, quien había hecho con anterioridad ese camino. Tenían fren­te a ellos un escarpado cerro que ven­cer antes de divisar las viviendas de los Argumedo.

8. La caminata hasta Chacabamba.
Debió tomarles unas dos horas y fue, para algunos de ellos —como Jorge Sedano, que era gordo y tenía 52 años—agotadora. Es preciso subrayar que, a la distancia —unos seis kilómetros—se añadía el hecho de lo abrupto del terreno —las continuas subidas y ba­jadas— y la altura, que por momentos superaba los cuatro mil metros.

9. En Chacabamba, donde la familia Argumedo.
A eso de las 10:30 de la mañana, la Sra. Rosa de Argumedo —madre de Juan Argumedo y de Octavio Infante—, que estaba pastoreando a sus anima­les por los alrededores, es la primera en ver a los periodistas, acercándose a campo traviesa. Su emoción es muy vi­va al reconocer entre los recién llega­dos a su hijo Octavio, quien —según el testimonio de su hermana materna Jua­na Lidia Argumedo García— no había venido a Chacabamba hacía por lo me­nos un año. Conmovida, la Sra. Rosa se echó a llorar.

10. ¿Sabía la familia Argumedo de la venida de los periodistas?
Según el testimonio de Juana Lidia —al que, al igual que al de la Sra. Ro­sa de Argumedo y al de Julia Aguilar de Argumedo, la Comisión les concede en esto “convicción absoluta” de vera­cidad— Octavio Infante se sorprende, al llegar a Chacabamba, de que su otro medio hermano, José Argumedo, no hu­biera prevenido a la familia de su ve­nida. Presumiblemente, en Ayacucho, Infante había encargado a José desde la víspera adelantarse a Chacabamba para alertar a la familia de su llegada, pero José aún no había asomado por el lugar, de modo que la aparición de Octavio Infante y los demás fue, para los Argumedo, una sorpresa.

11. Los periodistas en Chacabamba.
Los viajeros no permanecen más de un cuarto de hora en Chacabamba. Es­tán sedientos y exhaustos, sobre todo Jorge Sedano, y la Sra. Rosa les prepara luna limonada que ellos mismos endulzan con el azúcar de sus provisiones.

Juan Argumedo se encontraba, al llegar el grupo, cortando unas tablas en el aserradero. Se une a los periodistas, que están tomando algunas fotos, y su hermano Octavio le pide ayuda en nom­bre de los viajeros: una mula para Sedomo y un caballo para cargar maletines y provisiones. Asimismo, Octavio pide a Juan que, como él conoce la ru­ta hacia Huaychao, les sirva de guía. Los periodistas indican en todo mo­mento que su objetivo es Huaychao, si­tuado unos 8 kilómetros después de Uchuraccay.

Según la Sra. Julia Argumedo su es­poso muestra cierta reticencia a ir a Uchuraccay mismo, por las muertes de “senderistas” ocurridas en las alturas, y por eso se ofrece a llevarlos sólo has­ta Uchuraccasa, una elevación próxima a Uchuraccay. Desde allí, dice, regresa­rá a Chacabamba trayéndose de vuel­ta las cabalgaduras prestadas.

Los periodistas pensaban que po­drían regresar esa misma noche a per­noctar a Chacabamba, y, por eso, Oc­tavio Infante pide a su mujer, doña Rosa, que le prepare una cama con mantas donde cobijarse. Pero ella co­noce la distancia que hay hasta Huay­chao y deduce que los periodistas ten­drían que pasar la noche en Uchurac­cay. Para esa eventualidad, la Sra. Rosa les da el nombre de una conocida suya de la comunidad, doña Teodora Vda. de Chávez, nombre que el perio­dista Félix Gavilán apunta.

12. ¿Eran conscientes los periodistas y la Argumedo del riesgo que corrían al emprender esta etapa del viaje?
La Comisión tiene la “convicción ab­soluta” de que los ocho periodistas emprendían esta nueva etapa, sin la me­nor alarma, ignorantes del riesgo que corrían, y confiados en que su condi­ción de periodistas los protegería en el caso de cualquier emergencia.

Esta “convicción” no es absoluta sino relativa en lo que concierne al hombre que, a partir de Chacabamba, les sirve de guía: Juan Argumedo. Es evidente que si Peste hubiese tenido conciencia cabal de lo que, en esos mismos mo­mentos, estaba ocurriendo en las co­munidades de la altura, no hubiera he­cho el viaje y hubiera tratado de di­suadir a su hermano Octavio y a los amigos de éste, de llevarlo a cabo. Ni Juan ni su familia desaconsejaron el viaje, lo que hace suponer también de su parte una cierta inconsciencia del peligro.

Aunque posible, no deja de ser sor­prendente que en Chacabamba, lugar relativamente próximo a Uchuraccay y a las otras comunidades iquichanas, se desconociera la profunda perturbación, el estado de alarma y febrilidad que reinaba entre esos comuneros desde las muertes de “senderistas” ocurridas en los días anteriores. El linchamien­to o asesinato de “siete” senderistas en Huaychao, había sido dado a conocer al país el día 23 por las autoridades y esta noticia era obviamente sabida de los Argumedo. Pero, en realidad estas muertes de reales o presuntos senderistas habían sido mucho más numerosas —alrededor de 25– y habían tenido lugar, a juzgar por los partes reservados, no sólo en Huaychao, sino, en otras comunidades iquichanas como Uchuraccay, donde los comuneros habían matado a cinco “senderis­tas”.

Que Juan Argumedo tenía cierta no­ción del riesgo que corría parece evi­denciarse en su decisión de servirles de guía sólo hasta Huachhuaccasa y no hasta el mismo Uchuraccay. También es posible que esto, más que temor, fuera una vaga aprensión o la simple necesidad de regresar a Chacabamba los animales prestados, en todo caso, Juan Argumedo indicó a la familia que estaría de vuelta ese mismo día.

13. La partida hacia Uchuraccay.
Los testimonios de la familia Argu­medo coinciden en señalar que el gru­po, al partir de Chacabamba, pese a la fatiga por el reciente recorrido, se muestra jovial—signen intercambiando bromas entre ellos— y optimista: En casa de Juan Argumedo, algo más adelantada que la de la Sra. Rosa, se detienen a tomar un vaso de leche, mientras Juana Lidia Argumedo ensi­lla la mula en la cual se encarama con cierta dificultad —pues, según dijo, no sabía montar— Jorge Sedano. En la otra cabalgadura sé aseguran los male­tines y provisiones. Antes de partir, Eduardo de la Piniella se interesa por las condiciones en que viven los Argu­medo, en ese paraje apartado ¿dónde estudian los niños de doña Juana? por ejemplo— y, en agradecimiento por la hospitalidad recibida, reparten unas galletas entre la madre, la espo­sa y la hermana del guía. Julia de Ar­gumedo ve alejarse al grupo, rumbo a la quebrada que trepa hacia las punas, y su última visión es la de su esposo halando la mula de Sedano. La hora de­be situarse entre las 11:00 y 11:30 de la mañana.

14. Rumbo a Uchuraccay.
La distancia entre Chacabamba y Uchuraccay son unos quince kilóme­tros de camino abrupto y pedregoso, entre rocas y empinadas laderas. El te­rreno se eleva sistemáticamente hasta sobrepasar los cuatro mil metros de altura. Es probable que el itinerario se­guido por los viajeros fuera, luego de dejar altura. Es probable que el itinerario se­guido por los viajeros fuera, luego de dejar Chacabamba, Jachubamba, Minas Picchu y Huachhuaccasa, límite sur de la comunidad de Uchuraccay, los naturales de la zona llegan a franquear este recorrido en el tiempo récord de dos horas. Pero para los periodistas, venidos en su mayoría de Lima, inexpertos en desplazamientos por alta sierra, fatigados por la caminata de la mañana, la trayectoria debió ser larga difícil, muy pues les tomó cer­ca de cinco horas.

En casi seguro que su presencia fue detectada por comuneros de Uchuraccay –pastores casuales con sus rebaños o vigías especialmente apostados para señalar la llegada de extraños cuando se hallaba en pleno tránsito hacia la comunidad.

15. El ataque
La Comisión ha llegado a la "convic­ción absoluta" de que los comuneros que se encontraban en ese momento en Uchuraccay —y que eran tanto miem­bros de esa comunidad como, posible­mente, de otras comunidades iquicha­nas— confundieron a los nueve foras­teros que se aproximaban con un des­tacamento de "senderistas" que venía, sin duda, a escarmentarlos por el lin­chamiento de varios de los suyos per­petrado en esa misma comunidad en los días anteriores. Esta operación de represalias era temida y esperada en las comunidades iquichanas que habían matado senderistas y mantenía a los comuneros en un estado de ánimo so­bresaltado, medroso y furibundo a la vez, como atestiguan los periodistas Gustavo Gorritti y Oscar Medrano de "Caretas" —que llegaron a la mañana siguiente a la localidad vecina de Huaychao— y las señoras Rosa de Argume­do, Julia de Argumedo y Juana Lidia Argumedo, que llegaron, también a la mañana siguiente, a Uchuraccay en busca de Juan Argumedo. Este estado de ánimo excepcional, exacerbado por una suma de circunstancias sobre los que la segunda parte de este informe se explaya considerablemente, es, a jui­cio de la Comisión, un factor que debe ser considerado como primordial para entender lo que ocurrió.

La Comisión tiene la "convicción re­lativa" de que los periodistas debieron ser atacados de improviso, masivamen­te, sin que mediara un diálogo previo, y por una multitud a la que el miedo y la cólera, mezclados, enardecían y dotaban de una ferocidad infrecuente en su vida diaria y en circunstancias normales. La Comisión llega a esta con­clusión considerando el hecho de que tres de los periodistas hablaban que­chua —Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García— v quienes, de ha­ber tenido un diálogo con los comu­neros, hubieran podido revelar su iden­tidad, explicar su objetivo e intencio­nes y desarmar la desconfianza y hos­tilidad de sus atacantes. Pero la Comi­sión no puede descartar, tampoco, que este intento de diálogo se produjera y fuese inútil debido al exceso de suspi­cacia, pánico y furor de los comuneros o a alguna imprudencia o error en el curso de la conversación por parte de los periodistas que agravase él malen­tendido en vez de disiparlo.

16. ¿Llevaban los periodistas una bandera roja?
En todo caso, la Comisión tiene la "convicción absoluta" de que la acusa­ción según la cual los periodistas se habrían presentado a Uchuraccay enar­bolando una bandera roja y dando mueras al gobierno y a los “sinchis” —acusación que hacen, unánimes, los comuneros de Uchuraccay— no tiene validez alguna ni resiste al más some­ro análisis. Todos los testigos, colegas o familiares, de la gestación y peripe­cias del viaje, niegan categóricamente que alguno de los periodistas hubiera tenido consigo una bandera roja, o hu­biese considerado jamás la posibili­dad de llevarla, y es obvio que no se ve cuál hubiera podido ser la razón por la cual los periodistas hubieran aca­rreado consigo un objeto que sólo ha­bría servido para traerles dificultades y riesgos con las patrullas de las fuer­zas del orden o con los propios comu­neros que, según las noticias oficiales, acababan de tener enfrentamientos con los “senderistas”. La única bande­ra en poder de los periodistas, según los informes recibidos por la Comi­sión, era una sábana blanca, doblada y guardada por la esposa de Félix Ga­vilán en la bolsa de éste, y que el pe­riodista ayacuchano decidió llevar para usarla como enseña de paz en caso de alguna situación de alarma que pudie­ra presentarse en el viaje.

17. ¿Qué explicación tiene, entonces, la acusación hecha a los periodistas por los comuneros de Uchuraccay de haberse presentado en la comunidad con una bandera roja?
Esta acusación la formulan los co­muneros ante el Teniente 1ro. AP Is­mael Bravo Reid, Jefe de la patrulla mixta de guardias civiles e infantes de Marina que llega a Uchuraccay el vier­nes 28 a eso de las nueve de la noche, a quien comunican que han dado muer­te a ocho supuestos terroristas y a quien entregan la bandera roja, un te­leobjetivo, doce rollos de películas —que resultarían sin usar— y algunas prendas de las víctimas. La acusación de la bandera la repiten los comune­ros —aunque con contradicciones, se­ñalando unos que la llevaban enarbo­lada y otros que la tenían en una ma­leta— en la mañana del domingo, al periodista de “Marka”, Luis Antonio Morales, en unas entrevistas grabadas que, luego de cuidadosa evaluación, la Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que son auténticas y, fi­nalmente, la reafirma unánimemente la comunidad de Uchuraccay ante la Co­misión Investigadora en el cabildo abierto celebrado allí el lunes 14 de febrero.

Sin embargo, la esposa, la madre y la hermana de Juan Argumedo, que co­rren a Uchuraccay en la mañana del jueves 27 de enero —es decir, pocas ho­ras después de la tragedia—, que per­manecerán detenidas por la comunidad cerca de 24 horas, y a quienes los co­muneros confiesan haber dado muerte a un grupo de terroristas, no oyen en ningún momento semejante acusación.

La Comisión ha llegado a la “convic­ción relativa” de que el cargo de que los periodistas llevaban una bandera roja fue producto de una decisión adop­tada por, la comunidad, en el curso de ese día jueves o del siguiente, como una justificación o coartada de la te­rrible confusión que les hizo tomar a los periodistas por “senderistas”.

18. ¿En qué momento advirtieron los comuneros el error de que habían sido víctimas?
Sobre este punto la Comisión carece de testimonios directos, por la resis­tencia total de los comuneros de Uchu­raccay a entrar en detalles concretos sobre los sucesos, y estas hipótesis, que presenta con carácter de “dudo­sas”, han sido elaboradas a partir de la mera evidencia interna.

La primera posibilidad es que los co­muneros —los más lúcidos entre ellos—sospecharan o advirtieran el error in­mediatamente después de la matanza, al comprobar que sus víctimas no es­taban armadas sino de inofensivas cá­maras fotográficas.

También es posible que el malenten­dido se disipara con la captura de Juan Argumedo, quien, según varios in­dicios, no se encontraba con los perio­distas en el instante de la matanza. Las primeras informaciones recogidas por sus tres familiares, al llegar a Uchuraccay a la mañana siguiente; in­dican que Argumedo se había quedado atrás, probablemente en el cerro de Huachhuaccasa, y que, al advertir el ataque a los periodistas, intentó huir en la mula. Fue perseguido por comu­neros montados a caballo y alcanzado —según le refirió la comunera Roberta Huicho a la Sra. Rosa Argumedo— a la altura de Yuracyaco (o Ruyacyaco), donde se le hizo prisionero. ES perfec­tamente plausible que a través de Juan Argumedo, quien, según diversos testi­monios, permaneció prisionero de los comuneros en las horas siguientes a su captura, comprendieran estos en toda su magnitud la equivocación que ha­bían cometido.

En todo caso, no hay ninguna duda que la llegada a Uchuraccay, el jueves en la mañana, de Rosa Argumedo, Jua­na Lidia Argumedo y Julia de Argume­do saca definitivamente a los comune­ros de su error si aún albergaban du­das al respecto. La mejor prueba de ello es que, para soltarlas, en la tarde del viernes, y luego de haber sido tes­tigos de un “ajusticiamiento” —o ju­icio público— en la casa comunal de Uchuraccay, en el curso del cual las tres mujeres vieron como los comu­neros “juzgaban” a trece prisioneros traídos de distintas comunidades iqui­chanas y acusados todos de ser “sen­deristas” o cómplices de éstos, la co­munidad las hace jurar solemnemente, ante una vara con crucifijo —la vara del alcalde mayor— que guardarán el más absoluto secreto sobre todo lo que han visto y oído desde que pisaron la comunidad. En ese juicio público, en la casa comunal de Uchuraccay, en el que participan muchos comuneros ve­nidos de diversas comunidades iquicha­nas —tantos que la Sra. Argumedo lle­ga a asegurar que había “varios miles”, lo que a todas luces parece exa­gerado— uno de los prisioneros es el Teniente Gobernador de Iquicha, a quien mantienen atado por el ruello con una bandera roja. Este hombre es­tá acusado de haber izado esa bandera roja en su comunidad o de haber am­parado el izamiento. Ha sido traído desde allá hasta Uchuraccay, muy mal­tratado. Los Varayocs de Uchuraccay muestran esa bandera roja a la Sra. Rosa Argumedo y le dicen: “Esta es, pues, la bandera de los terroristas”.

Es la única bandera roja que hay en Uchuraccay, según todas las aparien­cias. Y cuando, al anochecer del día si­guiente, la patrulla del Teniente 1ro. Bravo Reid llegue al pueblo, los co­muneros le entregarán una sola ban­dera roja, asegurando que estaba en poder de los periodistas. La conclusión que de todo ello se desprende tiene, a juicio de la Comisión, fuertes visos de realidad: los comuneros, para dar ma­yor asidero a su tesis de haber dado muerte a un grupo de ocho senderis­tas, ponen en manos de éstos —con el agregado inverosímil de los vítores a Sendero y los muera a Belaunde y a los “sinchis”— la bandera roja que fla­meó en Iquicha y que sirvió de collar al prisionero de esa comunidad.

19. ¿Quiénes ejecutaron la matanza?
La Comisión Investigadora ha llega­do a la “convicción absoluta” de que el asesinato de los periodistas fue obra de los comuneros de Uchuraccay, posiblemente con la colaboración de comu­neros de otras comunidades iquichanas, sin que, en el momento de la ma­tanza, participaran en ellas fuerzas del orden.

La Comisión ha descartado, como falta de toda veracidad, la versión pro­palada por algunos diarios según la cual “un forastero trigueño, que habla­ba castellano, dirigió la masacre”. Tal afirmación es una recreación antojadi­za y poco menos que fantástica del tes­timonio de Juana Lidia Argumedo, quien, cuando estaba prisionera en Uchuraccay, vio en efecto a un joven de estas características, que fue ama­ble con ella, le dirigió unas palabras de consuelo y disuadió a otros comu­neros que pretendían lincharla como terrorista. Este joven era un mero es­pectador de lo que en esos momentos ocurría en Uchuraccay y no tenía ni autoridad ni intervención alguna en la ceremonia de “ajusticiamiento” —o juicio público— que los Varayocs iqui­chanos llevaban a cabo con los prisio­neros acusados de cómplices de los “senderistas”.

En un primer momento, Juana Lidia tomó a este joven como un forastero. Pero luego, su ahijado Lucio Gavilán, comunero iquichano —y quien defen­dió tenazmente a las Argumedo en el momento de ser “ajusticiadas” (juzga­das) por los comuneros —enmendó su error y le hizo saber que el supuesto forastero era, en verdad, también un equichano, de la comunidad de Puqia. La Comisión ha llegado también a la “convicción absoluta” de que los perio­distas fueron asesinados porque los co­muneros los creyeron terroristas y sin sospechar su verdadera condición.

Ha llegado a la “convicción absoluta” de que la decisión de dar muerte a los terroristas de Sendero Luminoso no fue súbita ni contemporánea al cri­men, sino tomada previamente, en dos asambleas, con participación de varias y acaso de todas las comunidades de la familia étnica de Iquicha, exaspera­da por los abusos y exacciones (sobre todo robos, aunque en Uchuraccay se­ñalan también el caso de dos campesi­nos asesinados por los terroristas y de otros heridos) de que habían sido víc­timas en días y semanas anteriores por parte de Sendero Luminoso. (Sobre es­te punto, la segunda parte del informe se extiende largamente).

20. ¿Hubo instigación o aprobación de esta decisión por parte de las fuer­zas del orden?
La Comisión Investigadora ha llega­do a la “convicción absoluta” de que en la decisión colectiva, de los iquicha­nos en general y de los uchuraccainos en particular, de matar a los terroris­tas que se acercaran a su territorio ju­gó un papel importante, y acaso deci­sivo, la seguridad de los comuneros de que tenían autorización para actuar así por parte de la autoridad representada por los “sinchis”.

En todos los testimonios ofrecidos por la comunidad aparece, transparen­te, esta seguridad. Las Argumedo los oyen decir, en su cautiverio de esa no­che, que los “sinchis” les han aconse­jado actuar así. Eso mismo confirman algunos comuneros en las entrevistas que hace el domingo en la mañana el periodista Luis Antonio Morales y que oyen otros testigos presentes —como el fotógrafo de “La Crónica”, Virgilio Morales, que habla quechua— y, sobre todo, lo reafirman ante la Comisión In­vestigadora en el cabildo abierto del 14 de febrero. Este último testimonio, y la manera como fue vertido —en el ins­tante más dramático y tenso de la reunión— tuvo valor persuasivo para la Comisión. La afirmación de que “sinchis” venidos en helicóptero, una vez, antes de los sucesos, habían dicho a los comuneros que si venían terroris­tas a Uchuraccay debían defenderse y matarlos, fue hecha ante la Comisión por un comunero, espontáneamente. De inmediato, fue desmentida por otro, en estado de gran agitación y en un am­biente de verdadera efervescencia. Ex­hortados a decir la verdad, los comu­neros de Uchuraccay, por intermedio del comunero mayordomo —y con la visible aquiescencia de todos los de­más— corroboran la primera versión.

21. ¿Es o ha sido una política gene­ralizada de los “sinchis”, como algu­nos órganos de prensa han asegurado, la de instigar a las comunidades ame­nazadas por “Sendero Luminoso” a ma­tar forasteros?
La Comisión Investigadora tiene la “convicción absoluta” de que los “sinchis” no han instigado sistemática­mente el asesinato como medida de re­presalia o de defensa; pero sí tiene la “convicción relativa” de que apoyaron tales acciones de manera aislada, de acuerdo a las circunstancias de la cam­paña que venían librando. En el caso concreto de Uchuraccay, interpreta así la versión de los comuneros: que los “sinchis” aquella vez que llegaron en helicóptero a Uchuraccay, en vez de materializar una política previamente planeada y sistemáticamente aplicada, respondieron a quienes les pedían pro­tección contra los “senderistas”: “de­fiéndanse y mátenlos”. Aún así, esto plantea un delicado problema moral y jurídico al sistema democrático perua­no sobre el que la Comisión ha creído su deber pronunciarse en la segunda parte de este informe.

22. ¿Cuándo se produjo la venida de los “shinchis” en helicóptero a Uchuraccay?
Las primeras patrullas de “sinchis” llegaron a Uchuraccay, según el testi­monio de la maestra Alejandrina De La Cruz, en mayo de 1981 —dos en un, día—, luego retornaron en ese año a un ritmo de una vez cada dos meses. En el curso de 1982 la maestra no vio asomar por Uchuraccay a ninguna pa­trulla —ni oyó de los comuneros que se hubiera presentado ninguna du­rante sus vacaciones de Verano y de fiestas patrias— hasta el día 18 de di­ciembre de 1982, en que abandonó la comunidad. De otro lado, según los co­muneros, los “sinchis” vinieron en he­licóptero “una sola vez”. Esta visita, pues, debe situarse entre el 18 de di­ciembre de 1982 y el 23 de enero de 1983. En los partes operacionales de vuelo del comando político-militar de la zona de emergencia no figura ni en diciembre ni en enero un vuelo especí­fico a Uchuraccay, ni a las localidades iquichanas 'vecinas. Como en estos par­tes operacionales aparecen sólo los lu­gares de destino final de la misión, Uchuraccay debió ser, acaso, una sim­ple escala, a la ida o venida de un via­je que tenía como destino otra loca­lidad.

24. ¿Qué ocurrió con las cámaras fotográficas y el dinero de los periodistas?
Sobre el tema de la desaparición del dinero y de las cámaras de los periodistas, la Comisión no logró testimo­nios precisos y sólo puede ofrecer al­gunas hipótesis, apoyadas en los he­chos comprobados. Según el Teniente 1ero. AP Bravo Reid y el Teniente G.C. Hugo Vidal, que encabezan la primera patrulla mixta que llega a Uchuraccay después de la muerte de los periodis­tas —el viernes a las 9 de la noche—los comuneros, luego de informarles que han dado muerte a ocho “senderistas”, les entregan un teleobjetivo, unos maletines, la bandera roja, unos rollos de película y unos carnets, pero niegan saber absolutamente nada de las cámaras. En cuanto a la ropa que vestían los periodistas dicen haberla quemado. Desde entonces, repetirán esta misma versión asegurando que to­do lo que los periodistas traían lo en­tregaron a aquellas autoridades.

Sin embargo, es un hecho probado que los periodistas llevaban varias cá­maras fotográficas y la Comisión está convencida de que en el curso del via­je —tanto en el alto de Paqlla como en el de Chacabamba— las usaron ¿Qué se hizo, pues, de las cámaras?

El hecho de que haya desaparecido con ellas el dinero de los periodistas podría sugerir la posibilidad de un patrocinio inspirado por el lucro. Por un mero robo —por valiosas que fueron las cámaras— dentro del contexto de lo ocurrido resulta dudoso e inconveniente.

La hipótesis más plausible, a juicio de la Comisión, es que los comuneros, enterados de su error, a la vez que po­nían en manos de los periodistas una imaginaria bandera roja, tomaran la decisión de hacer desaparecer unas cá­maras que podían muy bien delatar a algunos responsables concretos e individuales de un linchamiento que la co­munidad se empeña en presentar co­mo una acción colectiva. No se necesi­ta gran esfuerzo de imaginación para saber que, al llegar a Uchuraccay y, más todavía, al sentirse atacados, uno o varios de los periodistas hicieron funcionar sus cámaras, reacción pri­mera e instintiva de un reportero grá­fico. ¿Están en condiciones los comu­neros de Uchuraccay de identificar una cámara fotográfica y saber para qué sirve?, algunos de ellos, por lo me­nos, sin ninguna duda. La Comisión tiene testimonios que prueban que en la comunidad hay artefactos como In­ternas, radios y tocadiscos a pilas. No es este el primer caso 'de una sociedad en la que el primitivismo y el arcaís­mo culturales pueden coexistir con el uso de ciertos productos manufactu­rados modernos.

Sin embargo, aunque más remota, la Comisión no puede desechar entera­mente la hipótesis de que las cámaras de los periodistas hayan sido requi­sadas por las hienas del orden —y más concretamente por sus servicios de in­teligencia_ acaso con el fin de tener: mediante el revelado de las fotogra­fías, información inmediata de lo ocu­rrido.

25. ¿Cuál ha sido la suerte del guía Juan Argumedo?
A la primera patrulla que se presen­ta en Uchuraccay, los comuneros di­cen haber matado a ocho “senderistas” y le muestran cuatro tumbas, donde aquellos han sido enterrados por pa­res. La suerte de Juan Argumedo es ri­gurosamente silenciada. En el cabildo abierto que celebran el día 14 a la Comisión que los interroga sobre el guía, los comuneros afirman enfática­mente no saber nada de él. Esta es una de las preguntas que incomodan y de­sasosiegan más a la comunidad.

Como se ha dicho antes, hay testi­monios, recogidos por los familiares de Argumedo en Uchuraccay, el jue­ves por la mañana, de que éste fue perseguido y capturado en Yuracyaco y llevado a la comunidad, Versiones pos­teriores llegadas a la misma familia y no comprobadas, dicen que Argume­do permaneció prisionero en Uchurac­cay junto con un hombre de la propia comunidad, Huáscar Morales, y que ambos fueron asesinados posteriormen­te, acusados de proteger a un supues­to ladrón llamado HUamán. Sin em­bargo, el cadáver de Argumedo no ha sido hallado y el mutismo de los co­muneros sobre su suerte sigue siendo total.

Tal vez este enigma no sea tan im­penetrable si, adelantándonos a algu­nos de los temas de la segunda parte del informe, situamos el caso de Juan Argumedo dentro de su entorno social y geográfico y en el momento preciso en que accede a guiar a los periodistas hasta el cerro de Huachhuaccasa.

Un rumor difuso e inverificable, pe­ro persistente, llegado por diversas vías a la Comisión, señala a Juan Ar­gumedo como presunto encubridor o cómplice de los “senderistas”. Los fa­miliares rechazan enérgicamente este rumor, tal vez con toda justicia, pero niegan también haber visto u oído o haber sabido nada de Sendero Lumi­noso en Chacabamba, lo que, a simple vista, resulta inconcebible: Chacabam­ba está frente a Balcón y Miscapampa, en la desembocadura de la quebrada que baja desde San José de Secce has­ta Tambo, pasando por Luricocha y Majocc, es decir, en pleno corazón de una zona desde 1981, la pre­sencia y las acciones de Sendero Lu­minoso —ataques a puestos de la Guar­dia Civil, asesinatos de autoridades, policías y supuestos confidentes, jui­cios populares, asaltos, etc.— han sido tan numerosos y efectivos que lleva­ron al cierre de las comisarías de esos lugares, al éxodo prácticamente total de las autoridades civiles de la zona, y —hasta la llegada de los infantes de marina a Tambo, a mediados de ene­ro, y el refuerzo reciente de la Guar­dia Civil— al abandono de toda la región a la influencia de los “senderistas”.

No sólo las autoridades de la zona de emergencia hablan de una fuerte “impregnación” subversiva en la zo­na en la que se halla Chacabamba. También los comuneros de Uchuraccay la califican así. En la lista de quejas que les escuchó la Comisión, los co­muneros explicaron sus rivalidades, ro­ces y choques con los habitantes del valle y las comunidades de “abajo” por las aparentes simpatías y complicida­des de estos últimos con Sendero Lu­minoso. El caso particular de Juan Ar­gumedo puede ser diferente, tal vez, al de otros de su vecindad que, por un legítimo temor —ya que la zona había sido desertada por la autoridad— o por convicción, colaboraron con Sen­dero Luminoso. Pero para los hombres de las alturas, Juan Argumedo podía representar muy bien —con razón o sin ella— la prueba tangible de la lle­gada a Uchuraccay de esa expedición de represalias de los terroristas que esperaban. ¿Fue la persona de Juan Argumedo un factor que contribuyó al malentendido o, incluso, el que lo precipitó en un inicio? Es una hipóte­sis que no puede ser descartada.

De otro lado, es comprensible que, por razones de vecindad, parentesco espiritual, necesidad de continuo inter­cambio comercial y de tránsito por la región, los comuneros de Uchuraccay no reivindiquen el asesinato de Juan Argumedo como lo hacen con el de los otros periodistas. Reivindicarlo a la luz pública revestiría la característica de una verdadera declaratoria de gue­rra a los vecinos y comuneros de una zona con la que, pese a las rivalidades y animosidades que pudieran tener, es­tán obligados a coexistir y de los que necesitan por múltiples razones. Los Argumedo tienen conocidos y parien­tes espirituales en las comunidades iquichanas; los comuneros de Uchurac­cay comercian y recorren con sus productos la zona de Juan Argumedo. Es, sin duda, el temor de cerrarse esa sa­lida natural y envenenar aún más de lo que están las relaciones con la zo­na de abajo lo que ha llevado a los comuneros de Uchuraccay a esa abo­lición retroactiva de Juan Argumedo en su versión de los hechos. Esta pre­caución, por lo demás, ha sido inútil pues desde casi inmediatamente des­pués de los sucesos del 27 de enero, se han producido choques y encuen­tros violentos entre los comuneros de Uchuraccay y los vecinos de Balcón y otras comunidades del valle, en los que ambos se acusan recíprocamente de ser los provocadores.

26. ¿Quiénes son los responsables de la muerte de los periodistas?
La Comisión Investigadora ha llega­do a la “convicción absoluta” de que hay una responsabilidad compartida por toda la comunidad de Uchuraccay y, sin duda, por todas las comunidades iquichanas que, reunidas en asamblea, decidieron enfrentar a los senderistas y darles muerte en el asesinato de los periodistas, aunque sólo unos cuantos de ellos participaran en el hecho físi­co de la matanza. Corresponde, claro está, al Poder Judicial hacer el deslin­de de responsabilidades en términos ju­rídicos y decidir si a las autoridades —el Teniente Gobernador, los Vara­yocs— les cabe una culpa mayor en los sucesos y si es indispensable y pertinente extremar la investigación hasta identificar personalmente a cada uno de los que lanzaron las piedras y se encarnizaron contra las víctimas. Pe­ro la Comisión estima, que, desde el punto de vista de la responsabilidad moral, esa culpa compartida colectiva­mente, que los comuneros no rehuyen y más bien reclaman, refleja una rea­lidad objetiva. La decisión de matar a quien creían un enemigo fue colectiva; la ejecución pudo ser obra de algunos de ellos pero no cabe duda que los demás, si las circunstancias se lo hu­bieran permitido, hubieran actuado de idéntica manera.

Por qué fue
La matanza de Uchuraccay no puede entenderse cabalmente, con todas sus implicaciones, si se la separara de un contexto de violencia cuyas cau­sas inmediatas y mediatas constituyen un aspecto central de la problemática peruana.

Las causas inmediatas
1. La insurrección “senderista”
Entre las causas inmediatas de este contexto de violencia, que ilumina con una luz de incendio los sucesos de Uchuraccay, figura en primerísimo lu­gar la acción insurreccional desatada a partir de 1980 por Sendero Lumino­so. A esta organización política —cuya ideología, historia, metas y praxis re­volucionaria es materia del estudio del historiador y antropólogo Doctor Luis Millones, que acompaña este in­forme— incumbe la responsabilidad de haber iniciado operaciones armadas de sabotaje y terrorismo que han cau­sado graves daños materiales, numero­sas víctimas y perturbado profunda­mente toda la región ayacuchana y de manera especial a las comunidades campesinas de Huanta.

Las estadísticas oficiales, hasta el 31 de diciembre de 1982, de las muertes ocasionadas por la rebelión son las si­guientes:

29 Guardias Civiles
2 Miembros de la PIP
6 Guardias Republicanos 1 Soldado
9 Autoridades civiles 71 Civiles
48 Senderistas

Se trata de cifras sumamente elo­cuentes que muestran, de manera fla­grante, cómo el mayor número de víctimas no son combatientes —”sende­ristas” y fuerzas del orden— sino ino­centes ciudadanos, en su gran mayo­ría de la clase campesina, sacrifica­dos brutalmente en un conflicto en el que no les cupo iniciativa ni interven­ción alguna.

Es de público conocimiento que es­tas cifras han aumentado desde co­mienzos de año, de manera pavorosa: los 80 civiles son ahora bastante más de un centenar y acaso el balance ge­neral se haya duplicado en el corto plazo de dos meses.

El caso de Sendero no debe ser to­mado a la ligera ni desechado como un producto exógeno a la realidad pe­ruana, artificialmente incrustado en nuestra patria por alguna potencia ex­tranjera. Por el contrario, todos los indicios diseñan a esta facción desga­jada en los años 70 de la subdivisión maoísta del Partido Comunista Perua­no, como un movimiento surgido en el ambiente altamente radicalizado de Ayacucho, con una interpretación del país y un programa de acción, de ex­tremado esquematismo y rigidez dog­mática, pero que ya ha venido aplican­do con evidente consecuencia. Dentro de estos esquemas, el país “semifeu­dal y semicolonial” que, en su concep­to, es el Perú, sólo alcanzará su libe­ración y accederá al socialismo a tra­vés de una guerra prolongada que, iniciada en el campo y teniendo como columna vertebral al campesinado, irá progresivamente copando las ciudades. Al declarar esta “guerra prolonga­da”, Sendero Luminoso eligió también unos métodos a los que se ha mante­nido fiel: destrucción de torres de al­ta tensión, voladura de puentes, asesi­nato de guardias civiles, de autorida­des políticas y municipales y de agri­cultores particulares, invasión de fun­dos y haciendas, juicios populares en localidades campesinas en el curso de los cuales personas consideradas hos­tiles o nocivas son humilladas, flage­ladas o ejecutadas; asaltos a comisa­rías, locales públicos y campamentos para apoderarse de armas, dinero y explosivos; ejecuciones de individuos considerados confidentes de las fuer­zas del orden, etc.

No es necesario subrayar hasta que punto dichas acciones han afectado a la población ayacuchana, en especial a las de las zonas rurales, donde tuvie­ron principalmente lugar, pero sí va­le la pena destacar el hecho de que la suma de daños y perjuicios se abatía sobre una de las regiones más pobres y desamparadas del Perú, entre pue­blos y comunidades que, por su extre­ma escasez e indefensión, las conse­cuencias destructivas eran aún más graves.

Pero, para el asunto que estamos tratando de esclarecer, conviene exa­minar más de cerca el transtorno que Sendero Luminoso significó para mu­chas comunidades campesinas y, en particular, para las de la provincia de Huanta.

Como se ha señalado, en el curso de 1981 y 1982, gracias a operaciones audaces y violentas, Sendero Luminoso consigue gradualmente una fuerte implantación en la parte baja de casi to­da la provincia. En una actitud difícil de comprender, las autoridades asisten con indiferencia a este proceso, y en lugar de reforzar las comisarías y lu­gares públicos atacados, dejan que és­tos se cierren. La Guardia Civil clau­sura sus puestos de San José de Sec­ce, de Mayocc, de Luricocha y de otros puntos, a la vez que numerosos Gober­nadores, Tenientes Gobernadores y Al­caldes desertan de esos lugares des­pués de que algunos de ellos son víc­timas de atentados y otros asesinados. El colapso del poder civil llega a ser casi completo' en la región y la Comi­sión Investigadora ha podido compro­bar que esa es, todavía, la situación en la propia ciudad de Tambo a la que aún no ha regresado ninguna autori­dad civil (en cambio, el Párroco, que también había huido, acaba de volver). Resulta académico preguntarse si las poblaciones campesinas así desampa­radas por el poder civil vieron con simpatía la presencia de los destaca­mentos senderistas: es obvio que no tuvieron otra alternativa que la de aco­modarse con el poder de facto que sustituía al poder prófugo y, de bue­na o mala gana, colaborar o por lo me­nos coexistir con él. Esta es una de las primeras regiones que Sendero Lumi­noso proclama “zona liberada”.

Mientras esto sucede en el valle ¿qué ocurre en las alturas de Huanta, en esa zona fría y apartada donde se ha­llan diseminadas las comunidades iqui­chanas, entre las que figura Uchurac­cay? En el estudio de los Antropólogos doctores Juan Ossio y Fernando Fuen­zalida que acompaña este informe se describe la naturaleza de esas comuni­dades y sus relaciones con las de aba­jo, más desarrolladas y occidentaliza­das, pero se puede resumir desde aho­ra esta relación como difícil y áspera y sobre la que gravita una tradición de incomprensión y rivalidad.

Los esfuerzos de Sendero Luminoso por ganar para su causa a las comu­nidades iquichanas parecen haber si­do débiles y esporádicos en 1981 y 1982. Su gran aislamiento, la dureza del cli­ma y del terreno en que viven, su dis­persión, su primitivismo, los llevaron acaso a no considerarlas un objetivo codiciable en su trabajo de adoctrina­miento o como potenciales bases de apoyo. Las zonas altas fueron utiliza­das sólo como un corredor de paso que permitía a las “milicias” senderis­tas desplazarse de un extremo a otro del valle y la provincia con relativa se­guridad y desaparecer después de lle­var a cabo sus acciones armadas en Huanta, Tambo y otras localidades. Pero en esos desplazamientos, los sen­deristas tienen que alojarse y alimentarse en Uchuraccay, Huaychao, Iquicha, etc. En el curso del cabildo abierto, los comuneros acusaron ante la Comisión, en repetidas oportunidades a los terroristas de robarles sus alimentos y sus animales. Esto fue motivo de choques y fricciones y, en e curso de ellos, los guerrilleros mate ron a dos campesinos uchuruccainos Alejandro Huamán y Venancio Auca toma. Estos robos o cupos de alimentación tuvieron que resentir hondamente a comunidades como las de Uchuraccay, extremadamente pobres, cuyas reservas alimenticias son mínima y cuya tierra les permite sembrar apenas papas y habas.

Pero acaso mayor efecto negativo tuvo y fue causa principal de la movilización beligerante de las comunidades iquichanas —y de las comunidades de otras regiones también— contra la “milicias”, la decisión de Sendero Luminoso de aplicar, en las zonas que consideraba “liberadas”, una política de “autosuficiencia” y control de la producción campesina. Las comunidades recibieron consignas de sembrar únicamente aquello que consumían, sin excedente y de cesar todo comercie con las ciudades. ¿Perseguía esta política solamente el desabastecimiento de la ciudad o, también, ir inculcar de al campesino un sistema de trabajo acorde con el abstracto modelo idee lógico diseñado para la futura sociedad?

En todo caso Sendero trató de materializar esta consigna con métodos contundentes y así, por ejemplo, principios de enero invade y clausura la Feria del Lirio, en el punto extremo a donde había llegado la carretera penetración a la selva, en la provincia de Huanta. Además, dinamita la carretera de manera que queda cortado e tráfico hacia aquella localidad. Además de ir a Huanta o a Tambo, los comuneros de las alturas bajaban a Lirio vender sus magros excedentes y en esas ferias adquirían otros productos indispensables a su supervivencia o costumbres. El fin de la posibilidad de comerciar, por razones tácticas o ideológicas que obviamente le resultaban incomprensibles, debió ser sentido por las comunidades iquichanas como une intromisión que ponía en peligro su existencia. Ahora bien, en los estudios: que acompañan este informe se advertirá que las comunidades iquichanas han reaccionado siempre, cuando se hallan en esta situación típica, con gran beligerancia y fiereza.

Dentro de este contexto se compren de mejor aquellas asambleas, que deben haber tenido lugar hacia mediados de enero, en Carhuarán y en Uchuraccay —precisamente en los mismos lugares en donde en 1824 los iquichanos se reunieron para tomar la decisión de guerrear contra la naciente república y a favor de España –en que los comuneros de las alturas de Huan­ta toman la determinación de enfren­tarse a los “senderistas” (en el cabil­do del 14 de febrero, los comuneros aseguran a la Comisión que estaban reunidos en asamblea al llegar los pe­riodistas). Aquella determinación es puesta en práctica, simultáneamente, en varias comunidades. Destacamentos de Sendero Luminoso y reales o su­puestos colaboradores de la “milicia” son emboscados, maltratados o lincha­dos. Los “siete senderistas” muertos en Huaychao, que el General Clemente Noel da a conocer en la conferencia de prensa del domingo 23 de enero, son sólo una parte de los ejecutados por los comuneros. En Uchuraccay, el 22 de enero, son linchados otros cinco. El número de “senderistas” ejecutados en la zona de Iquicha, en los días que pre­ceden a la expedición de los periodis­tas se eleva aproximadamente a 24.

2. ¿Cuál es la reacción en el país al saberse la noticia de las muertes de “senderistas” en Huaychao?
Con una ligereza que los aconteci­mientos posteriores pondrían de ma­nifiesto, autoridades civiles y militares, políticos del Gobierno y de la oposi­ción, órganos de prensa democráticos y gran parte de la ciudadanía vio en estos linchamientos sumarios, una re­acción sana y lógica por parte del cam­pesinado contra el terrorismo, un grave revés para Sendero Luminoso y una victoria para el sistema democrático (en tanto que los órganos de extrema izquierda se limitaban a poner en du­da el hecho mismo de las ejecuciones y se las atribuían a “sinchis” disfrazados de campesinos).

Nadie, sin embargo, en el país, plan­teó, antes de la muerte de los perio­distas, el grave problema jurídico y moral que esos linchamientos constitu­yen para un sistema democrático. En efecto, ¿pueden justificarse estos ase­sinatos en el principio de la legítima defensa? Aceptar o alentar a las comu­nidades campesinas a hacerse justicia por sus manos contra los abusos y crímenes de Sendero Luminoso signi­ficaba, también, socavar íntimamente el ordenamiento jurídico de la república y proveer, sin quererlo, una co­bertura al amparo de la cual se podían cometer toda clase de venganzas per­sonales, desquites regionales y étnicos, además de accidentes terribles. La ma­tanza de los periodistas ha venido a recordar dramáticamente al país que un sistema democrático no puede ol­vidar jamás, ni siquiera cuando lucha por su supervivencia, que su superio­ridad moral sobre los sistemas auto­ritarios y totalitarios radica en que, en su caso, como dijo Albert Camus, son los métodos los que justifican los fines. En el caso que nos ocupa hubo una clara relajación de esos métodos sin la rectificación o amonestación co­rrespondiente. En estas condiciones ¿cómo no hubieran sentido los comu­neros iquichanos —si es que hasta ellos llegaban los ecos del país oficial— que habían actuado con absoluta legalidad y legitimidad?

Más que distribuir responsabilidades —que, en este caso, a juicio de la Co­misión, comparten todo lo que Jorge Basadre llamaba el Perú oficial, o por lo menos, el sector democrático de és­te que recibió con alivio la noticia de las ejecuciones de “senderistas”, la Co­misión cree necesario y urgente, llamar la atención sobre el conflicto —desa­rrollado por el estudio del jurista, doctor Fernando de Trazegnies— que plan­tea, en nuestro país, la existencia jun­to al sistema jurídico occidentalizado y oficial, que en teoría regula la vida de la nación, de otro sistema jurídico, tradicional, arcaico, soterrado y a me­nudo en conflicto con aquel, al cual ajustan su vida y costumbres los pe­ruanos de las alturas andinas como Huaychao y Uchuraccay.

3. La violencia antisubversiva.
Quienes convencidos de que la única manera de liberar al pueblo peruano era la lucha armada, desafiaron a las fuerzas policiales y militares del país, tienen su cuota de responsabilidad en la inevitable respuesta que provocó la violencia subversiva: la violencia ge­nerada por la contrainsurgencia.

Ni los dirigentes de Sendero Lumi­noso ni quienes, desde posiciones más seguras que las de aquellos, proponen la lucha armada como método, pueden ignorar en qué país estamos, ni el ca­rácter todavía defectuoso y precario que tienen muchas instituciones en la apenas renaciente democracia perua­na. Por el contrario, es probable que entre sus previsiones estuvieran los ine­vitables excesos que cometiera, en su tarea antisubversiva, una fuerza poli­cial mal preparada para el tipo de gue­rra que debía librar y exasperada por el asesinato continuo de sus miembros. ¿Calculaban los insurrectos que estos excesos de las fuerzas del orden les ganarían adeptos?, era a todas luces un cálculo cruel, porque partía del sa­crificio de inocentes para los fines de una causa política.

Estos excesos se han producido, efec­tivamente, y la Comisión cree su obli­gación señalarlo porque este otro tipo de violencia, derivado de la acción re­presiva, ha contribuido también a crear ese contexto de anormalidad, recelo, pánico y odio que dio lugar a la ma­tanza de los periodistas.

4. ¿Pueden las fuerzas del orden de un sistema democrático combatir la subversión y el terror con métodos que no son democráticos?
No se puede juzgar el crimen de U­churaccay (ni el malentendido que lo provoca), haciendo abstracción de las circunstancias en que ocurrió, las úni­cas que pueden revelar la verdad pro­funda y compleja que hay detrás de esas muertes.

Los comuneros de Uchuraccay —aun­que sería más justo tal vez decir to­dos los comuneros iquichanos, y más aún, a juzgar por los últimos aconteci­mientos, todas las comunidades de A­yacucho y Huancavelica que han toma­do una posición resuelta contra Sende­ro Luminoso— viven en un ambiente de guerra en el que, dentro de su vi­sión, hay dos bandos que recíprocamen­te se destruyen. Los comuneros que op­tan por el "Gobierno" se sienten amena­zados y atemorizados. Creen por su tra­dición, por su cultura, por las condi­ciones en que viven, por las prácticas cotidianas de su existencia, que en es­ta lucha por la supervivencia todo vale y que se trata de matar primero o de morir. La visita que los uchuruccainos reciben de los "sinchis", representantes de la autoridad, no les permite hacer el necesario distingo entre legalidad e ilegalidad, ese distingo que precisamen­te diferencia a un sistema democráti­co del terrorismo porque, con sus con­sejos, aquellos contribuyen más bien a fomentar la confusión. No hay duda que ha habido en esto un error por parte de las fuerzas del orden que defienden el sistema democrático, un sistema en que la ley no permite ha­cerse justicia por su propia mano (lo que, justamente, lo hace moralmente superior a quienes creen que sí pue­den matar en nombre de sus ideas o sueños).

Ahora bien: ¿Es posible hacer aque­llos distingos jurídicos, clara y preci­samente establecidos por nuestra cons­titución y nuestras leyes, ante hombres que viven en las condiciones de primi­tivismo, aislamiento y abandono de Uchuraccay? ¿Es posible, a hombres que viven en el estado anímico de esos comuneros en los días que preceden, a la matanza, ilustrarlos con exactitud y discernimiento sobre las sutilezas de un sistema jurídico que, en la prácti­ca, está a menudo contradicho por las prácticas cotidianas y tradicionales de la vida comunal?

En comunidades aisladas y alejadas de toda autoridad, como Uchuraccay, es práctica extendida ejecutar sumaria­mente a los abigeos. ¿Por qué entende­rían los comuneros que deben compor­tarse diferentemente con los "sende­ristas" a quienes, en la reunión de ca­bildo abierto con la Comisión, desig­naron siempre con el apelativo de "Te­rrorista Sua" (Terrorista Ladrón)?

Por otro lado, es perentorio tener en cuenta las dificultades que experimen­tan las fuerzas del orden en su tarea anti-subversiva: un inmenso territorio que vigilar, un enemigo que no ofrece un frente definido, que golpea y se di­suelve en medio de una población ru­ral de otra lengua y costumbres, con la que las fuerzas del orden tienen esca­sa y a veces nula comunicación. El es­tricto respeto de la legalidad demo­crática, en muchos casos, puede significar, para soldados y guardias, simple­mente el suicidio o la total impotencia. Esta es una de las razones, sin duda, por la que esta legalidad es vulnerada por las fuerzas del orden. Pero esto es trágico para el sistema democráti­co, porque, adoptar estos métodos en defensa del, orden constituido, es pri­var a este de su legitimidad moral y legal y en cierto modo aceptar las re­glas del juego establecidas por los te­rroristas. El dilema —defender el siste­ma democrático mediante actos rigu­rosamente lícitos que en la práctica pueden condenar a las fuerzas del or­den a la parálisis o al sacrificio o com­batir a la subversión violentando la ley— lo han vivido todos los países democráticos amenazados por el terror ideológico y ahora lo vive nuestro país.

La Comisión Investigadora no conva­lida, ni mucho menos, la campaña de cierta prensa de escarnio y menospre­cio sistemático de las fuerzas del or­den y tiene muy presente que éstas, con todos los errores o abusos que ha­yan podido cometer, combaten en de­fensa del sistema democrático. Pero al mismo tiempo, tiene que dejar constan­cia del sentimiento de protesta y te­mor que ha advertido, entre algunos de sus informantes y en ciertos sectores de la población de la zona de emergen­cia, por atropellos cometidos por las tropas especiales de la guardia civil —los “sinchis”— en el curso de sus operaciones. El catálogo de quejas es largo y doloroso: Arrestos injustifica­bles, malos tratos, agravios contra ciu­dadanos pacíficos, hurtos al amparo del toque de queda, accidentes irrepa­rables por obra de la prepotencia y el abuso del alcohol.

Es un hecho, comprobado por la Co­misión, que desde que las fuerzas armadas asumieron la responsabilidad de la lucha antisubversiva, se han hecho esfuerzos para evitar estos excesos y, por ejemplo, en Huanta y Tambo, se­gún testimonios recogidos por la Comi­sión, la llegada de los infantes de ma­rina ha tenido un efecto moderador y ha mejorado notoriamente las relacio­nes entre las fuerzas del orden y la po­blación civil. La Comisión cree su de­ber hacer un llamado para que esta po­lítica de disciplina y estricto cumpli­miento de la ley por parte de las fuer­zas que se enfrentan al terror se pro­siga sin concesiones, pues el respeto de la legalidad y de los derechos de la per­sona humana es el fundamento mismo del sistema por el cual se ha pronun­ciado la inmensa mayoría de los pe­ruanos.

Las causas mediatas
1. La Violencia Estructural.
La Comisión cree que para no que­darse en una mera descripción superficial de lo ocurrido, es necesario tener en cuenta el nivel de desarrollo de, las comunidades iquichanas y las formas que asume en ellas la vida. Dentro de la región económicamen­te deprimida, sin recursos, con un al­tísimo índice de desempleo y un ren­dimiento paupérrimo de la tierra que es el departamento de Ayacucho, las comunidades de las punas de Huanta representan acaso el conglomerado hu­mano más miserable y desvalido. Sin agua, sin luz, sin atención médica, sin caminos que los enlacen con el resto del país, sin ninguna clase de asisten­cia técnica o servicio social, en las al­tas tierras inhóspitas de la cordillera donde han vivido aislados y olvidados desde los tiempos prehispánicos, los iquichanos han conocido de la cultura occidental, desde que se instaló la re­pública, sólo las expresiones más odio­sas: la explotación del gamonal, las exacciones y engaños del recaudador del tributo o los ramalazos de los mo­tines y las guerras civiles. También, es verdad, una fe católica que, aunque ha calado hondamente en los comuneros, no ha desplazado del todo a las anti­guas creencias como el culto a los apus (cerros tutelares), el más ilustre de los cuales es el apu Rasuwilca, deidad cu­yo prestigio desborda el área iquicha­na. Para estos hombres y mujeres, anal­fabetos en su mayoría, condenados a sobrevivir con una dieta exigua de ha­bas y papas, la lucha por la existencia ha sido tradicionalmente algo muy du­ro, un cotidiano desafío en el que la muerte por hambre, enfermedad, ina­nición o catástrofe natural acechaba a cada paso. La noción misma te supe­ración o progreso debe ser difícil de concebir —o adoptar un contenido pa­tético— para comunidades que, desde que sus miembros tienen memoria, no han experimentado mejora alguna en sus condiciones de vida sino, más bien, un prolongado estancamiento con periódicos retrocesos.

¿Tiene el Perú oficial el derecho de reclamar de esos hombres, a los que con su olvido e incuria mantuvo en el marasmo y el atraso, un comportamiento idéntico al de los peruanos que, pobres o ricos, andinos o costeños, ru­rales o citadinos, participan realmen­te de la modernidad y se rigen por le­yes, ritos, usos y costumbres que desconocen (o difícilmente podrían enten­der) los iquichanos?

La Comisión no pretende dar res­puesta a esta pregunta, pero sí cree oportuno formularla, pues ella consti­tuye un problema al que da una actua­lidad dramática el asesinato de los ocho periodistas.

Los hombres que los mataron no son una comunidad anómala en la sierra peruana. Son parte de esa “nación cer­cada”, como la llamó -José María Arguedas, compuesta por cientos de mi­les —acaso millones— de compatrio­tas, que hablan otra lengua, tienen otras costumbres, y que, en condicio­nes a veces tan hostiles y solitarias co­mo las de los iquichanos, han conse­guido preservar una cultura —acaso ar­caica, pero rica y profunda y que en­tronca con todo nuestro pasado pre­hispánico— que el Perú oficial ha des­deñado.

Dentro de este contexto, la brutalidad de la matanza de los ocho hombres de prensa no resulta menos atroz pero es, sí, más entendible. Quienes lanzaron las piedras y blandieron los garrotes no sólo eran hombres empavorecidos y ra­biosos que atacaban a un supuesto ene­migo; eran también los ciudadanos de una sociedad en la que la violencia asu­me diariamente las manifestaciones más elementales y primarias y en la que, por precariedad de los recursos, la defensa de lo propio, cuando se lo considera amenazado, suele generar reacciones de gran violencia, como se advierte en el caso relativamente re­ciente de la comunidad de Carhuarán, mencionado en el estudio del doctor Fernando de Trazegnies, de diez abi­geos linchados públicamente por los co­muneros.

La brutalidad de las muertes de los periodistas, por otra parte, no parece haberse debido, únicamente, al tipo de armas de que disponían los comuneros —huaracas, palos, piedras, hachas— y a su rabia. Los antropólogos que ase­soran a la Comisión han encontrado ciertos indicios, por las características de las heridas sufridas por las vícti­mas y la manera como éstas fueron enterradas, de un crimen que, a la vez que político-social, pudo encerrar mati­ces mágico-religiosos. Los ocho cadáve­res fueron enterrados boca abajo, for­ma que, en la mayor parte de las co­munidades andinas, se sepulta tradicio­nalmente a quienes los comuneros con­sideran “diablos” o seres que en vida “hicieron pacto” con el espíritu del mal. (En los Andes, el diablo suele ser asimilado a la imagen de un “forá­neo”). En el caso concreto de Uchurac­cay, la maestra del lugar refirió a la Comisión que esta creencia es profesa­da de manera explícita por los comu­neros y la ilustró incluso con alguna anécdota. Asimismo, los periodistas fueron enterrados en un lugar perifé­rico a la comunidad, como queriendo recalcar su condición de forasteros.

De otro lado, casi todos los cadáveres presentan huellas de haber sido especialmente maltratados en la boca y en los ojos. Es también creencia extendi­da, en el mundo andino, que la víctima sacrificada debe ser privada de los ojos, para que no pueda reconocer a sus victimarios y de la lengua para que no pueda hablar y delatarlos, y que sus tobillos deben ser fracturados para que no pueda retornar a molestar a quie­nes le dieron muerte. Las lesiones de los cadáveres descritas por la autopsia apuntan a una cierta coincidencia con estas creencias.

Y también, de manera todavía más precisa, el hecho de que las ropas que los periodistas vestían al ser matados fueran, al parecer, primero lavadas y luego incineradas por los comuneros —según lo declararon al Teniente 1ro. AP Ismael Bravo Reid—. Quemar y la­var los vestidos de un muerto es típica ceremonia de exorcismo y purificación practicada en toda el área andina (“Pichja”).

2. La tradición iquichana.
Finalmente, la Comisión quiere men­cionar otro aspecto, desarrollado con más amplitud en los informes de los asesores doctores Ossio y Fuenzalida, que incide también en lo sucedido: la historia de las comunidades del grupo étnico de Iquicha. Esta historia se ca­racteriza por largos períodos de aisla­miento casi total y por intempestivas irrupciones bélicas de esas comunida­des en los acontecimientos de la región o de la nación.

La especificidad iquichana, su falta de articulación y solidaridad con otras etnias andinas, se trasluce, tal vez, en el hecho de haber sido utilizados estos comuneros durante la colonia, por las fuerzas realistas, para combatir contra los dos movimientos indígenas más im­portantes de los siglos XVIII y XIX: los de Túpac Amaru y de Mateo Puma­cahua.

Las rebeliones que protagonizan lue­go, entre 1826 y 1839, tienen también un carácter netamente circunscrito y ex­céntrico al acontecer del resto de la nación, sea que se subleven por el Rey de España, contra la naciente repúbli­ca, o que se nieguen a acatar las leves y disposiciones que el gobierno preten­de aplicar en su territorio.

Este mismo sentido de empecinada defensa de la soberanía regional v co­munal parece tener su participación ac­tiva al lado de Cáceres, durante la gue­rra con Chile, y, más todavía, el levan­tamiento que protagonizan en 1896, contra el impuesto a la sal, durante el cual dos mil iquichanos tomaron la ciudad de Huanta y lincharon al Sub-prefecto.

La celosa preservación de un fuero propio, que, cada vez que sienten transgredido, los arranca de su vida relati­vamente pacífica y huraña, y los preci­pita a luchar con braveza y ferocidad, aparece como una constante en la tra­dición iquichana y es la razón de ser de esa personalidad belicosa e indómi­ta que se les atribuye en las zonas de abajo, sobre todo en las ciudades.

De su voluntad de retraimiento o, de su resistencia a ver profundamente alterados o interferidos una cultura y unos modos de vida que, a fin de cuen­tas, por rudimentarios que sean, son lo único que los iquichanos tienen (y es por tato lo más preciado de su existen­cia), la Comisión ha recogido abundan­tes ejemplos contemporáneos. Los iqui­chanos reciben a comerciantes u hos­pedan a viajeros de paso, pero se han mostrado reacios y hostiles, por ejem­plo, a recibir misiones de antropólo­gos o a los promotores de “Sinamos”, es decir, a personas que, con razón o sin ella, los comuneros intuían como capaces de invadir su intimidad.

Es indudable que esta actitud atávi­ca explica también, en parte, la deci­sión iquichana de combatir a Sendero Luminoso y de hacerlo con los méto­dos rudos y feroces que son los únicos a su alcance desde tiempos inmemoria­les. Esta decisión y el convencimiento de que, aplicándolos procedían de acuerdo con la única autoridad llegada hasta ellos, sería terriblemente puesta en tela de juicio —y exhibidos todos sus riesgos y peligros— con el malen­tendido del que resultó la muerte de los ocho periodistas.

La Comisión cree haber esclarecido de este modo lo esencial del suceso, aunque algunos detalles y aspectos de la tragedia permanezcan en la sombra. Corresponde al Poder Judicial, con el tiempo y los instrumentos de que dis­pone, proseguir y perfeccionar la in­vestigación, señalar las responsabilida­des y dictar sentencia.

La Comisión, sin embargo, cree ne­cesario llamar a reflexión a los perua­nos sobre la compleja problemática que la muerte de esos ocho periodis­tas ha puesto en evidencia y exhortar­los, como el mejor homenaje que se puede rendir a esos profesionales caí­dos en el desempeño de su trabajo, a deponer las pasiones y las simplifica­ciones fáciles, los aprovechamientos po­líticos y las fórmulas demagógicas, y a reconocer con humildad, que, aun­que los autores fueran unos cuantos, y sus instigadores y provocadores otros tantos, hay una responsabilidad histó­rica anterior y más vasta detrás de las piedras y palos sanguinarios de Uchuraccay que nos incumbe a una gran mayoría de peruanos.

Abraham Guzmán Figueroa — Mario Vargas Llosa, Mario Castro Arenas