Eliminados todos los mecanismos de control consagrados por la Constitución, no sólo por la negativa del oficialismo a fiscalizar los actos del Ejecutivo, sino por la decisión política de no aprobar las leyes orgánicas para la puesta en marcha de instituciones vitales como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de la Magistratura, el régimen ha puesto la puntería en la prensa de oposición, que es la única que puede controlar y denunciar el fraude electoral puesto en marcha para conseguir la re-elección del ingeniero Alberto Fujimori (ver nota aparte).
El sábado último, Manuel D’Ornellas dedicó su habitual columna en Expreso comentar sobre las nuevas amenazas que existen hoy contra la libertad de prensa entre ellas “la manipulación de los jueces, como en el escandaloso intento de embargar los bienes de Enrique Zileri Gibson, director del semanario Caretas”. El 12 de mayo pasado, Caretas publicó una nota dando cuenta de las nuevas andanzas en el narcotráfico de Enrique Núñez Baraybar, recordando que este personaje había sido detenido en enero del 80 llevando un cargamento de 450 kilos de pasta básica lavada, y llevado ante la justicia en un proceso en el que estuvo implicado Carlos Langberg. Este denunció a la revista por el delito de difamación ante el 13º Juzgado en lo Penal de Lima, cuyo titular dictaminó que no procedía la formación de causa porque en el citado artículo no había ánimo difamatorio, sentencia que fue ratificada por la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Lima. El asunto era, pues, cosa juzgada. Sin embargo Langberg presentó una denuncia paralela en términos similares, exigiendo además el embargo de los bienes de Zileri por un millón de soles, demanda que acogida por la doctora Yolanda Gallegos quien después solicitó licencia, siendo reemplazada por la jueza interina Cecilia Suárez, quien ordenó el irregular embargo. Estos son los hechos que D’Ornellas describe como “manipulación de los jueces”, aunque olvidándose de mencionar que tales magistrados son producto de la ‘reorganización’ del Poder Judicial prendida por el régimen tras el 5 de abril del 92, y santificada por el Jurado Honor de la Magistratura. Además, el hecho de que tales jueces no hayan recibido -hasta el cierre de esta edición-, ninguna sanción, revela a las claras que cuentan con un respaldo político que evidentemente, no puede brindarle el señor Langberg.
El uso que hace el régimen para presionar a la prensa de oposición se confirma con lo que viene sucediendo con ATV, Canal 9. Hace algunos días, y en sobres con remitente falso, llegó a varias redacciones copia de un citatorio formulado por el 47º Juzgado al ingeniero Julio Vera Gutiérrez, presidente de ATV para que preste testimonio sobre una pista de aterrizaje que supuestamente construyó para Vaticano. El asunto tiene su origen en el primer expediente abierto el 24 de enero por la GEIN de la Dirandro contra Demetrio Chávez Peñaherrera, en el que se señala que “respecto al punto del aeropuerto, el ingeniero Vera sería Julio Vera Gutiérrez”. El oficial que tuvo a su cargo la elaboración del expediente, comandante Ricardo Abad Mendieta, señalo- al jefe de la Dirandro que esta mención fue producto de una denuncia telefónica anónima, pero que investigaciones posteriores habían aclarado todo al respecto. Sin embargo, el juez no ha tomado esto en consideración, además de confundir lo que es la zona del Trapecio Amazónico, que es donde la empresa de Vera Gutiérrez tuvo actividades, con Campanilla, la zona de operaciones de Vaticano. Se trata, sin duda, de un nuevo intento de presión contra un medio que hasta hace poco se consideraba ligado a la figura de Javier Pérez de Cuéllar.
La Sunat es otro organismo usado por la Gestapo fujimorista para acogotar a la prensa. Desde hace algunas semanas, funcionarios de este organismo revisan la contabilidad de los medios de comunicación, remontándose incluso a años que ya habían sido fiscalizados por la propia Sunat, ‘descubriendo’ errores y deudas tributarias que, con la multas y moras que aplica, se transforman en sumas millonarias imposibles de pagar, obligando a estos medios a elegir entre la quiebra o llegar a un acuerdo de canje de deuda por publicidad. Algunos medios, como la revista Gente, han denunciado desde hace algunas semanas estas maniobras de la Sunat, sobre las que nos ocuparemos ampliamente en nuestra próxima edición.
Este asunto ha despertado el interés del congresista Fernando Olivera, quien el 27 de julio anunció que presentará un pedido para que el ministerio de Economía y la Sunat informen sobre el convenio para canjear deuda tributaria por publicidad estatal. Aunque dejó en claro que no estaba en contra de que se busque la mejor forma posible de resolver la difícil situación económica que atraviesan los medios de comunicación, como consecuencia de impuestos absurdos y antitécnicos, Olivera cuestionó la suscripción de acuerdos de canje de deuda por publicidad estatal "en un período estrictamente electoral", agregando que en este caso no existe el límite entre lo que es publicidad estatal y una eventual campaña reeleccionista, por lo que recomendó que este canje se postergue hasta después de abril del 95.
El congresista también anotó que lo más conveniente sería que el gobierno corrigiera la actual política tributaria en beneficio de todos los medios de comunicación social del país.
En otros casos, la amenaza del régimen a través de su Gestapo contra los medios opositores ha sido menos sutil y sí mucho más brutal, como el caso del asalto al local del Instituto de Estudios Peruanos, destrozando las oficinas, revolviendo archivos y documentos y accediendo a la información de una computadora, aunque sin llevarse los valiosos equipos de este instituto, por lo que los directivos del IEP sostienen de que se trata de un caso de amedrentamiento. Una incursión similar se realizó, días atrás, en las oficinas del doctor José Luque Tijero, presidente de la Democracia Cristiana, quien fue amenazado por denunciar públicamente que el fraude electoral está en marcha. A ello se suman las amenazas contra su vida recibidas por la esposa del general Rodolfo Robles, con el ánimo de impedir su retorno al país. La Gestapo fujimorista se ha desatado. Y esto parece ser sólo el comienzo.
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