En estos momentos, la comisión estaría concluyendo la investigación de pistas que vinculan directamente a varios de los paramilitares conocidos con el siniestro “CRF”.
Ríos Sáenz y un fiscal escurridizo
La comisión ha estudiado el caso del fallido atentado dinamitero contra “El Diario”, considerado vocero de Sendero Luminoso, ocurrido el dos de octubre de 1987, en el cual murieron dos personas y una tercera quedó lesionada. Al respecto la comisión habría descubierto lo siguiente:
1) El estallido de la carga de dinamita se produjo en el interior del vehículo y no afuera, como sostuvo el Ministerio del Interior para hacer creer que los ocupantes del auto fueron víctimas de un atentado.
Según el peritaje técnico realizado por la PIP (hoy Policía Técnica de la PNP), en poder de la comisión, la detonación ocurrió en el interior del Volkswagen de placa AQ 9510, fue a la altura de la corona, y fue causada por una carga de 13 cartuchos de dinamita, reforzada con polvo de aluminio y otros elementos. El peso y el volumen del explosivo hacen débil la tesis de que la carga fue lanzada desde el local de "El Diario" hacia el interior del automóvil, según indicó el sobreviviente a la policía. Al contrario, los elementos de juicio con los que cuenta la comisión parlamentaria indican que el estallido se produjo cuando los ocupantes del Volkswagen manipulaban el explosivo.
2) Los muertos fueron, efectivamente, Adolfo Usquiano Barandiarán y Richard Briceño Vásquez, jóvenes de comprobada filiación aprista.
3) El sobreviviente fue conducido al hospital Santa Rosa y posteriormente trasladado al Hospital de Policía por el capitán GC -hoy mayor de la PNP Adolfo Ayanguren Carbajal, en ese tiempo destacado al Escuadrón de Emergencia. El herido fue internado allí bajo el nombre de Edwin de la Torre Ugarte.
4) La Dirección de Sanidad de la PNP, a cargo del Hospital de Policía, ha informado a la comisión que tuvieron a este sujeto por 15 días en su poder, bajo tratamiento, siendo custodiado por efectivos de la DIRCOTE. Al decimosexto día, esta dependencia envió a la dirección de ese hospital un comunicado en el que informaba que la verdadera identidad del herido era Jesús Miguel Ríos Sáenz y que, "por orden superior", se retiraba la vigilancia policial a dicho individuo. Pocos minutos después de que la custodia fuera retirada, 'Ríos Sáenz se fugó del hospital. La comisión ha comprobado que Ríos Sáenz no fue dado de alta y, cuando solicitó la historia clínica, las autoridades del Hospital de Policía informaron que dicha historia se ha perdido misteriosamente.
5) La comisión cuestiona el comportamiento del titular de la 37 Fiscalía, doctor Jorge Bayetto, quien tuvo a su cargo el caso y decretó la libertad incondicional de Ríos Sáenz porque éste dijo que había sido víctima y no ejecutor del atentado, y mandó archivar el expediente.
Resulta sospechoso para la comisión que, cuando en cualquier otro caso basta encontrar un volante subversivo a cualquier detenido para realizar una exhaustiva investigación y ponerlo a disposición del juez, Bayetto no haya seguido en este caso el mismo trámite.
Bayetto ha sido citado por la comisión en dos oportunidades, negándose a asistir, primero aduciendo encontrarse de vacaciones, y luego afirmando que, como el caso ya no está en sus manos, no tiene nada que ver en el asunto. Actualmente, Bayetto está citado bajo apercibimiento. La comisión parlamentaria estaría por oficiar al Fiscal de la Nación pidiéndole que ordene al fiscal Bayetto se presente a rendir sus declaraciones. De no hacerlo, sería destituido, aparte de que la comisión podría enviarlo a la cárcel por obstruir su trabajo.
¿A quién pertenece el Volkswagen?
6) La comisión sigue investigando la identidad del propietario del Volkswagen de placa AQ 9510, usado en el atentado contra "El Diario", y tiene tres pistas: a) el auto pertenecía a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIRINT) y había sido asignado a Augusto Carrasco Calleja, Jefe de Logística de dicho ministerio; b) el propietario sería Rolando Collado Sáenz, hermano por línea materna de Jesús Miguel Ríos Sáenz; y, e) el Volkswagen sería de propiedad de Jaime Esquivel Guitendid, quien trabaja en la DIRINT.
Por lo pronto, la comisión habría descubierto la existencia de dos tarjetas de propiedad de este vehículo: una a nombre de Calleja Carrasco y la otra a nombre de Jaime Esquivel.
7) Tratando de seguir los pasos de Jesús Ríos Sáenz, la comisión parlamentaria se ha encontrado con muchas barreras. Cuando solicitó a ESVICSA -la agencia de seguridad del IPSS- un informe precisando si Ríos Sáenz había sido trabajador de esa entidad, la respondieron negando toda vinculación laboral con este sujeto. Sin embargo, la comisión tiene en su poder una planilla de ESVICSA que demuestra que Ríos Sáenz trabajó en el Policlínico Sabogal de El Callao.
Los paramilitares
La comisión ha confirmado que, desde que asumió el viceministerio del Interior en 1985, Agustín Mantilla organizó un servicio de protección, reclutando a jóvenes apristas, a los que él mismo armaba y pagaba de su peculio. A este respecto, ha confirmado en todos sus extremos las informaciones de OIGA sobre Moisés Palacios Yamunaqué, Luis Alberto Aoun Chong y otros.
Asimismo, la comisión ha logrado suficientes elementos como para afirmar que Agustín Mantilla introdujo a elementos civiles en los grupos policiales que recibían entrenamiento especializado, reservado exclusivamente a miembros de este cuerpo. Un informe escrito presentado a la comisión por el general PIP Fernando Reyes Roca, confirma plenamente lo que dijera OIGA en su oportunidad: que en agosto de 1986, dos paramilitares apristas, Manuel Alzamora y Carlos del Pozo -ellos serían identificados más tarde como integrantes del grupo de civiles armados que en octubre de ese año acompañaron a Mantilla y al propio Reyes Roca en un operativo policial realizado en el cerro El Pino, tras el asesinato por Sendero del Almirante Caferatta- viajaron a Estados Unidos, integrando una delegación oficial que iba a realizar un curso de cinco semanas sobre activación y desactivación de explosivos, Adicionalmente, este testimonio de Reyes Roca echa por tierra la versión que dio Mantilla a la comisión, según la cual Alzamora y Del Pozo viajaron en forma particular, invitados por una empresa privada de seguridad y que coincidieron con la delegación policial en el avión. Para terminar de desbaratar la coartada de Mantilla, bastaría con que la comisión llame a declarar bajo juramento a los oficiales de policía que viajaron a los Estados Unidos con estos dos paramilitares apristas.
En su informe, Reyes Roca reconoce que otro civil, Carlos Oliva Guerrero, también identificado como miembro de las fuerzas para militares apristas y peligroso karateca, participó en un cursillo sobre seguridad de dignatarios, realizado entre enero y abril de 1988 en el cuartel de la DOES del Fundo Barbadillo. Interrogado al respecto, Mantilla dijo a la comisión que Oliva participó de lo que él denominó "charla" en calidad de invitado.
Además de los personajes ya mencionados, la comisión parlamentaria debería investigar y llamar a declarar a Omar Lacunza, Gino Fiori Gonzales, Jorge Oliva Banda, Hans López Mendoza, Miguel Ángel Pinchilotti, Carlos Trujillo Marcelo, Francisco Huanacure Rosas, Martín Navarro Loayza y Carlos Hidalgo, muchos de los cuales han recibido entrenamiento militar en Corea del Norte.
Las armas
Mantilla no habría podido explicar a la comisión investigadora el porqué de su presencia junto a civiles armados con metralletas durante el operativo de "El Pino". La fotografía tomada por El Nacional constituye una fuerte prueba en su contra. Además, existen fuertes indicios que señalan al Ministro del Interior como la persona que entregó estas metralletas a su guardia personal.
También ha sido llamado a declarar ante la comisión Jorge "Coco" Mantilla sobre la importación de armas, centrándose las investigaciones en el caso de la importación de 250 silenciadores, operación que se hizo en aplicación del DS 113-87, que crea el Fondo Especial de Prevención del Ministerio del Interior. El monto total de esta operación ascendió a 280,000 dólares, según consta en documentos que obran en poder de la comisión.
Coco Mantilla habría afirmado ante la comisión que la importación realizada no fue de silenciadores, sino de percutores especiales que disminuyen el ruido de las detonaciones, versión desvirtuada por las pruebas que la comisión posee. El destino que han corrido estos silenciadores, así como parte del armamento importado directamente por Mantilla y su hermano, continúan en el misterio.
Otras revelaciones -hechos- serán de conocimiento público con el primer informe de la Comisión, que estaría por producirse en estos días.
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