¿Otro golpe? Toda repetición es una ofensa. ¿Como hará Fujimori para ganar la reelección con Parlamento propio? – Oiga 1/08/1994

Una carta aclaratoria dirigi­da a ‘El Comercio’ por la cecedista Martha Chávez, pone al descubierto otro de los ardides del que se vale la mayoría oficialista en el CCD para eludir el cumpli­miento de la misión fiscalizadora que en todas las naciones democráticas del mundo ejerce el Parlamento. Martha Chávez niega a su colega Mario Ocharán (PPC) autoridad para anunciar que se convocará a los minis­tros de Defensa y del Interior a la subcomi­sión cuya formación fue acordada en la sesión del martes antepasado para investi­gar a la Caja de Pensiones Militar y Policial. Dice la presidenta de la Comisión Perma­nente de Fiscalización que la subcomisión es un ‘grupo de trabajo’ que no puede convocar a ministros de Estado, “ya que se constituye para efectos meramente internos” y no re­presenta a la Comisión, que es la única que puede cursar esas invitaciones con el voto aprobatorio de dos tercios de sus miembros. Como la oposición es minoría en esa comi­sión, los ministros, presuntamente respon­sables del estado de falencia en que se en­cuentra la Caja de Pensiones Militar y Poli­cial, nunca serán molestados.

Desde que el CCD entró en funciones (enero de 1993), el régimen instaurado el 5 de abril de 1992 viene funcionando sin nin­gún control parlamentario, ni siquiera remo­tamente parecido al que ejerció el Congreso instalado el 28 de julio de 1990. Nadie ha supervisado la ejecución de los presupuestos generales de la República correspondientes a los años 1991, 1992, 1993 ni el que aprobaron para el presente año. Los presu­puestos son confeccionados en el ministerio de Economía y Finanzas y, después de un remedo de debate en la llamada Comisión Permanente de Presupuesto, resultan apro­bados a carpetazo limpio por la mayoría oficialista, sin tomar en cuenta las recomen­daciones de la oposición. Desde el 5 de abril de 1992, el presidente Fujimori y su camarilla gastan los recursos del Estado sin rendir cuentas a nadie. Las comisiones permanen­tes de Presupuesto y de Fiscalización están pintadas en la pared.

A la luz de lo que está ocurriendo con el CCD, la cuestión que los analistas políticos todavía no se han detenido en esclarecer es la siguiente: En la eventualidad de que se haga reelegir por otro quinquenio, ¿cómo hará Fujimori para gobernar si no logra obtener mayoría propia en el próximo Par­lamento? Dicho de otra forma: ¿Qué estra­tegia, todavía oculta, utilizará para asegurar­se, junto con la reelección, una mayoría que le permita gobernar sin ninguna traba fisca­lizadora?

Fujimori despuntó en las elecciones ge­nerales del 90 llevado por un conglomerado de pastores evangélicos, de informales y pequeños empresarios; y ganó en la segun­da vuelta a Mario Vargas Liosa con los votos del Apra y de todos los grupos de izquierda. Sin embargo, en la primera vuelta, que es donde se elige al Parlamento, Fujimori sufrió una amarga derrota: sólo pudo colocar 14 senadores y 32 diputados, o sea 46 de un total de 240 parlamentarios.

Hoy, esa fuerza electoral ya no cuenta: los pastores evangelistas fueron desembar­cados en los primeros meses de gobierno y su jefe, Carlos García, nunca pudo ejercer la segunda vicepresidencia de la República. Los pequeños empresarios fueron maltrata­dos en cabeza de dos de sus hombres más representativos: don Julián Bustamante Cabello, quien gastó gran parte de su Fortuna en sostener la campaña electoral de Fuji­mori y alcanzó una curul en el Senado, fue objeto de una vil acusación por parte del gobierno que aceleró su muerte; y don Máxi­mo San Román, primer vicepresidente de la República, quien se negó a secundar el golpe militar del 5 de abril hasta ahora es víctima del acoso oficialista. Y los informales ahora acusan a Fujimori de haberse aliado con los ‘blanquitos’ y de buscar evasores de impues­tos entre los ‘cholitos’, y no entre los empre­sarios de cuello y corbata con quienes hoy disfruta del poder.

Los neoderechistas que se esconden tras el ropaje del liberalismo –hoy de moda en el mundo–, que pregonan la necesidad de te­ner un gobierno de mano dura, que ponga orden en el país y que cada día toman porciones más amplias del poder económi­co y financiero, no son fuerza electoral sufi­ciente por sí mismos para mantener a Fuji­mori en el poder por otros cinco años. Y menos aún para darle mayoría propia en este nuevo Parlamento unicameral de 120 congresistas que estrenará sus funciones el 28 de julio de 1995. Claro que pueden influir en la opinión pública a través de la prensa escrita, las radios y la televisión, martillando los éxitos que Fujimori se atribu­ye exclusivamente en dos cuestiones alta­mente sensibles: la pacificación y la derrota de la inflación. Pero ¿será eso suficiente?

En las elecciones de noviembre del 92 para conformar el llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD), la coalición oficialista Cambio 90 y Nueva Mayoría logró 44 de los 80 asientos, en un proceso que se caracterizó por el ausentismo electo­ral más alto de las últimas décadas. Los ciudadanos que ejercitaron su opción electo­ral alcanzaron apenas el 45% del total de inscritos. Los votos obtenidos por la coali­ción oficialista representaron el 28% de los electores que fueron a las urnas y no votaron en blanco ni viciaron sus votos. Es cierto que desde el primer momento el oficialismo ganó los seis asientos del grupo de Rafael Rey Rey (Renovación Nacional) y con el transcurso de los meses los dos del Frente Popular Agrícola del barbudo pastor Ataucusi (Mario Paredes y Eusebio Vicuña); y dos del Frente Independiente Moralizador de Fernando Olivera (César Larrabure y Julio Chu Meriz); pero esta holgada mayoría oficialista es fru­to de acomodos para obtener migajas del poder y no representa la voluntad del elector expresada en las urnas.

Basado en las encuestas, los apologistas de Fujimori sostienen que ‘el chinito’ puede ganar las elecciones en primera o en segunda vuelta. Pero esas mismas encuestas revelan que lo que no puede hacer Fujimori es endosar el grado de aceptación que tiene en la población. Allí está como triste despojo el ex alcalde chorrillano Pablo Gutiérrez, quien perdió soga y cabra (su popularidad perso­nal le garantizaba la reelección por su distrito, a quien Fujimori retiró, después de ha­berlo impuesto a Cambio 90 y Nueva Mayo­ría como candidato a la alcaldía de Lima, cuando las encuestas le dijeron que era can­didato perdido. Fujimori no pudo presentar un candidato aceptable en ningún municipio de la República. Este puede ser el origen de su fobia contra los gobiernos municipales.

La derrota de Fujimori en los comicios de enero del 93 sólo fue la confirmación de otra, verdaderamente catastrófica, ocurrida dos meses antes: el referéndum por el Sí o el No de noviembre del 92. Pese a sus propios vaticinios de que su proyecto constitucional sería aprobado abrumadoramente (más del 75%, decía) y. más tarde, a sus amenazas de renunciar si triunfaba el No, los resultados le dieron un tremendo revolcón: la complici­dad de un Jurado Nacional de Elecciones incapaz —con la honrosa excepción del doc­tor Juan Chávez Molina, delegado del Colegio de Abogados de Lima— impidió que se conocieran los resultados reales de la con­sulta popular. Todavía no se puede borrar de la mente de muchos peruanos la sospe­cha de que el referéndum fue perdido por el régimen fujimorista. Su ‘triunfo’ se ha­bría debido a esas ánforas lejanas que controlaba el Ejército y que arrojaban 200 votos para el Sí de 200 electores. En esos lugares no había enfermos, ni ausentes, ni muertos.

El desempeño del llamado Congreso Constituyente Democrático nunca ha conci­tado la aceptación de la mayoría de los electores en las encuestas de las empresas que hacen sondeos de opinión pública. Las encuestas hechas por Imasen entre enero y junio de este año, arrojan un promedio de 46.7% de aprobación a la gestión del CCD. No obstante su permanente presencia en las pantallas de televisión y en los diarios oficia­listas, los líderes de Cambio 90 y Nueva Mayoría no pasan de ser ilustres desconoci­dos, como lo probó un ‘Estudio Cualitativo sobre las posibilidades reeleccionistas de Fu­jimori, del cual dimos cuenta la semana pasada: el desempeño de Jaime Yoshiyama como presidente del CCD es muy poco conocido; en el caso de Carlos Torres y Torres Lara, presidente de la Comisión de Constitución, algunos conocen su nombre, pero otros sólo lo recuerdan como ‘el señor de la barbita’; y Martha Chávez, la furibunda lideresa del fujimorismo, es confundida con la exuberante cantante española Martha Sánchez.

¿Cómo hará Fujimori, en caso de ser reelecto, para obtener una mayoría propia en el próximo Congreso cuando dos expe­riencias electorales han probado que las simpatías que despierta en un sector del electorado no son endosables? Esto es cru­cial para Fujimori a la luz de lo que ocurrió en los comicios de 1990 que no le dieron mayo­ría propia. Fujimori no sabe negociar, no busca consenso; cuando encontró un obs­táculo lo arrolló con los tanques puestos a su servicio por una cúpula militar tan ambiciosa como él. Pero el escenario del 95 no será el mismo que tuvo el 92 cuando, tras el cuarte­lazo del general Hermoza, hizo su propio Parlamento y obtuvo la mayoría que necesi­taba. El vals criollo lo dice: “toda repetición es una ofensa”.

Fujimori, candidato a la reelección, sin tener seguro control del Congreso, es voto perdido.

¿Marcha atrás del ejecutivo? – Cambalache en Torre Tagle – por Felipe Valdivieso Belaunde – Oiga 1/08/1994

A todo el Perú le consta la manera ignominiosa como fue tratado el Servicio Diplomático de la República por el ingeniero Fujimori y el ‘cese’ arbitrario y brutal de 117 funcionarios integrantes de dicho servicio. Desde el 29 de diciembre de 1992 hasta la fecha había transcurrido más de un año y medio sin que el Poder Ejecutivo o el Legislativo hicieran nada para reparar la prepotencia con la que actuó entonces. El Ejecutivo se constituyó en un verdadero Muro de Berlín y el Legislativo, debido al comportamiento de la mayoría, no pasó de parodiar una zarzuela cuyo argumento fue jugar con las esperanzas de los funcionarios que ha­blan sido decapitados, por órdenes del ingeniero Fujimori, por su Damocles de turno, en este caso el doctor (?) Oscar de la Puente y Raygada.

Sintomáticamente, ahora que el Po­der Judicial viene resolviendo favora­blemente los recursos presentados por los diplomáticos ‘cesados’ y que la Cor­te Superior ha dispuesto la reincorpo­ración de once (11) de los mismos y otro buen número viene ganando la batalla en instancias inferiores, el inge­niero Fujimori se torna, aparentemente (para la galería), solícito y, mediante el Decreto Supremo Nº 23-94-RE, del 22 de julio, autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar una eva­luación de los funcionarios que fueran ‘cesados’ abruptamente.

Es conveniente aclarar que de esos funcionarios, treinta y cinco (35) fue­ron defenestrados al reducirse el límite de edad en las diversas categorías y dos (2) lo fueron por ‘límite de tiempo en la categoría’. De los ochenta (80) restan­tes, entre muertos (de verdad), heridos y contusos hay alrededor de una vein­tena que no podrán ser incluidos en ‘la evaluación’ lo que limitará la tarea del canciller Goldenberg Schreiber a consi­derar tan sólo sesenta casos (60). A propósito, cabe aquí desvirtuar una información aparecida en un importante diario local que afirma que el “año ante­rior el gobierno empezó a rectificar el cese respecto a cinco diplomáticos”; dicha versión no es correcta.

Hay que advertir, también, que el decreto de marras contiene una trampa -cuándo no- y ella es que, de acuerdo a su artículo 3º, “La Dirección General de Administración... queda encargada de dar cumplimiento a las resoluciones ministeriales... siempre que medie la aceptación expresa de los funciona­rios involucrados". Como seguramente el señor Goldenberg tiene pensado evaluar positivamente, por razones po­líticas, a funcionarios de alto nivel, an­tes de producir la resolución les pedirá que desistan de recurrir al Poder Judi­cial y si ellos no se prestan a la jugarreta aparecerán como elementos ‘politiza­dos’ o simplemente nadie se entera que el funcionario fue evaluado positiva­mente.

El procedimiento que se ha buscado en esta ocasión tiende una vez más a elevar a la categoría de principio ético el rupestre apotegma ‘dividir para rei­nar’.

De otro lado, los contrasentidos en que incurre el nuevo decreto supremo son tan burdos que no existe pupila que no los detecte, lo que pone en evidencia que ha sido redactado, como los decretos leyes de diciembre de 1992, por jornaleros del SIN con el auxilio de algunos acalambrados -por el susto- asesores jurídicos del gobierno.

Entre las perlas que refulgen se en­cuentran las siguientes: a) Se pretende hacer volver al Servicio a los funcionarios ‘evaluados’, mediante resoluciones ministeriales dejando sin efecto una norma de carácter superior como es la resolución suprema que los ‘cesó’; este cambalache es tan sólo un pretexto para que el ingeniero Fujimori no tenga que firmar la resolución suprema perti­nente, o sea no tenga, como lo está haciendo, que rectificarse públicamen­te; b) Es falso que la resolución suprema que ‘cesó’ a algunos miembros del Ser­vicio Diplomático (lo hizo) al amparo de las normas citadas en los consideran­dos precedentes (DL 25889 declaran­do la ‘excedencia’ y DL 26117, nueva Ley del Servicio Diplomático). El pri­mero suponía que el procedimiento im­plicaba una auténtica evaluación que jamás se realizó y por ello la nómina fue hecha a dedo, allí también que ahora se les quiere ‘evaluar’; luego, tampoco fue­ron pasados a la situación de ‘retiro’ sino ‘cesados’, situación administrativa inexistente lo que ha obligado a la Can­cillería a enmendar recientemente ese error y, subrepticiamente, inscribirles como ‘retirados’ en el escalafón que se acaba de publicar y repartir; c) El decre­to supremo menciona erradamente el inciso 24) del art. 119 de la Constitu­ción Política del Perú. Dicho artículo no guarda, concordancia con el DS y, ade­más, no tiene ningún inciso. Falta gra­ve en un documento de esta naturaleza; d) el gobierno declara ahora que ‘es necesario’ autoriza al Ministro de Relaciones Exteriores a realizar una evaluación y adoptar las medidas a que haya lugar.

¿Por qué es necesario ahora y antes no?, ¿por qué este cambio súbito?, ¿no será porque anteriormente actuaron ile­galmente y ahora temen que la Corte Suprema los desenmascare dejándolos sin piso?, ¿cómo reaccionará el gobier­no cuando los recursos que ya están en esta instancia sean fallados favorable­mente? Este es, sin duda, el meollo del asunto y el origen del pánico guberna­mental. Pero lo que ha hecho bajar la cabeza a la gente del gobierno sola­mente ha sido posible porque los parias del Servicio Diplomático les han dado una lección de altivez, de orgullo y de solidaridad institucional. Les han ense­ñado que las instituciones republicanas saben cómo defenderse ante el invasor; e) finalmente, hay que denunciar esta nueva artimaña del gobierno destinada a confundir a los intonsos.

Jurídicamente hablando no cabe ha­cer una ‘evaluación’ solamente de los ‘cesados’, pues éstos fueron señalados ‘a dedo’. Por ello no pueden encontrar­se en una situación de ‘capitis dimi­nutio’ frente al resto de sus colegas que han sido mantenidos en la situación de actividad. La ‘evaluación’ o un ‘tribunal de honor’ son meros embelecos para justificar un atropello y es por eso que lo único que cabe es derogar los malha­dados decretos leyes y la resolución suprema fabricados en diciembre de 1992 pues ellos son, como el gobierno hoy lo está reconociendo, totalmente Ilegales.

Llego la hora - Oiga 1/08/1994

Para nadie era un secre­to que las Fiestas Patrias y, concretamente, el mensaje anual del presi­dente en la sede del Con­greso darían inicio a una nueva etapa del crono­grama elaborado por los estrategas oficialistas con miras a la reelección de Alberto Fujimori. Cronograma que, como se sabe, viene cumpliéndose casi desde los albores del presente régi­men, teniendo como hito principal el golpe militar del 5 de abril de 1992, cuyo objetivo básico fue garantizarle al ex rector de La Molina otro periodo consecutivo en el ejercicio del poder supremo.

Sin embargo, casi nadie acertó en predecir la envergadura que tendría el lanzamiento formal de la candidatura de Fujimori. Incluso, connotados voceros del gobierno —como el caso del director del diario Expreso, Manuel D’Ornellas— se limitaron a especular en torno al supuesto anuncio de un plan de apoyo social de grandes proporcio­nes que Fujimori haría en su discurso del 28. Este mismo día, D’Ornellas se­ñaló en su habitual columna: "Si el programa (social) resulta exitoso, Fuji­mori coronará su gestión añadiéndole la letra que faltaba y quitándole —de paso— sustento a la oferta electoral de Javier Pérez de Cuéllar".

Claramente, lo que esperaba parte del oficialismo y otros sectores sólo era eso: el énfasis en el tema social, talón de Aquiles (por lo menos el más visible) de la administración Fujimori, según las estadísticas proporcionadas por Foncodes en su informe de junio de este año, el cual da cuenta que cerca de doce millones de peruanos se encuen­tran en el rubro denominado ‘pobreza crítica’. Las palabras de Fujimori abor­dando este punto también habrían sido explotadas, al decir, de D’Ornellas, para ‘quitarle piso’ a Pérez de Cuéllar; sin duda, una expectativa que revela el pavor que causa en los círculos gobier­nistas las probabilidades electorales del ex secretario general de las Naciones Unidas.

Pero Fujimori rompió con tales pro­nósticos eludiendo en su discurso cual­quier notificación puntual sobre un pro, grama de apoyo social integrado y con financiamiento externo. Es más, el mensaje presidencial tan sólo formó parte de un conjunto de engranajes activados para lanzar de lleno la cam­paña hacia la reelección, en el que se procuró no olvidar el mínimo detalle, ni siquiera los gestos efectistas y demagógicos a los que nos tiene acostum­brados el candidato de Palacio.

Blitz Krieg fujimorista

En principio, debe destacarse la di­vulgación de dos spots publicitarios que han empezado a saturar las pantallas de televisión desde la semana pasada. Uno en el que se muestra las obras ejecutadas con los recursos del Fonavi, sobre todo en los sectores marginales. El otro es una versión ampliada del spot que se utilizara tanto en la campa­ña para la elección de los cecedistas (1992) como en el referéndum para aprobar la nueva Constitución (1993), con la conocida tonada: "Ahora sí, te­nemos la oportunidad". En este último, se abusa de la utopía cuando aparece un ciudadano afirmando que "cada vez hay más trabajo".

Tales spots se complementaron con otros que, con motivo del aniversario de la Independencia, difundieron co­nocidas empresas privadas resaltando los nuevos tiempos" y "las esperanzas" que Fujimori ha inaugurado para el país.

En segundo lugar, la activa presen­cia de la primera dama de la nación, Susana Higuchi, en cada una de las ceremonias oficialistas programadas con motivo de Fiestas Patrias, denota que ella ha sido persuadida —al parecer, definitivamente— de contribuir a los fi­nes reeleccionistas de su marido, tras varias semanas en que había hecho públicas y notorias sus diferencias de orden político con éste, incluso llegan­do a denunciar que —con motivo de sus críticas a una institución que protege el ministro de Salud— había sido amena­zada a través de un teléfono privado de Palacio.

Doña Susana, a diferencia de años anteriores, acompañó a su esposo en el Te Deum llevado a cabo en la Basí­lica Catedral de Lima (en 1992, año del golpe militar, Fujimori no asistió a esta ceremonia). También se le vio en la galería principal del Congreso aplau­diendo varios pasajes del mensaje presidencial. Horas más tarde, encabezó la íntima reunión que se organizó en la residencia de Palacio para festejar el cumpleaños número 56 del jefe de Es­tado; otro gesto inusual en ella.

Interpelada por una periodista de Panamericana Televisión en los pasi­llos del Congreso sobre los rumores de su posible candidatura al Congreso y los impedimentos que le fija la ley, la señora Higuchi anunció que en esta semana convocará a una conferencia de prensa para tratar ese y otros temas.

Otro elemento que formó parte del ‘Blitz Krieg’ fujimorista en pos de la reelección fue la parada militar del día 29, en la que —como en los dos años anteriores— se hizo participar a los sec­tores civiles, en esta oportunidad en una proporción mucho mayor. A los ojos de los asesores castrenses y del aparato sicosocial del servicio de inte­ligencia, la incorporación de ciudada­nos sin uniforme a este tipo de actua­ciones permite Consolidar el binomio Pueblo-Fuerza Armada que requiere el proyecto de ‘democracia dirigida’ im­plementado por Fujimori y su cúpula militar. Proyecto preparado con una perspectiva de 20 años, según los in­formes secretos que revelara OIGA en julio del año pasado.

Un asunto de menor cuantía, pero que se lo hizo notar una periodista a Fujimori el día 29, luego de la parada militar, fue su ‘nuevo look’. El candida­to a la reelección luce nuevos lentes que disimulan lo ajado que anda su rostro. "Es que se me rompieron los anteriores", explicó, como para salir del paso.

Demagogia a todo trapo

El plato de fondo en este coordina­do esfuerzo de lanzamiento de la candi­datura de Fujimori, lo constituyó, por cierto, el discurso del 28. Como se ha mencionado, las especulaciones en tor­no al mensaje fallaron notoriamente. Menos podía imaginarse la ciudadanía, los cecedistas, las autoridades, el cuer­po diplomático acreditado en el Perú y el Primado de la Iglesia Católica pre­sentes en la sede del Poder Legislativo y quienes siguieron las incidencias a través de la televisión de lo que Fujimo­ri sería capaz de hacer en un pasaje de su alocución.

Aquel gesto de tirar al aire un fajo de billetes de los antiguos intis, para grafi­car las nefastas consecuencias de la hiperinflación desatada en el gobierno de Alan García, fue chocante, infantil e indigno de un jefe de Estado. Hasta los edecanes presidenciales sentados de­lante del estrado principal del hemici­clo de la Cámara de Diputados queda­ron perplejos al sentir caer sobre sus cabezas los menospreciados billetes, que finalmente se esparcieron por el suelo.

Demagogia sin límites la de Fujimori que no resulta nueva en la historia de los populismos latinoamericanos (ver Editorial), pero que en la actualidad contradice sobremanera la cordura que el pueblo le exige a sus gobernantes. En realidad, tan desconcertante actitud prueba la forma en que Fujimori subes­tima el criterio ciudadano.

En julio de 1989, cuando la hiperinflación empezaba a desbocarse sin destino alguno, OIGA quiso mostrarle a sus lectores el proceso que se estabaviviendo haciendo aparecer en su por uno de esos billetes en intis, auténtico papel moneda que fue adherido con goma en cada uno de los 40 mil ejemplares que salieron a circulación. Tales billetes estaban encima de una fotografía de Alan García puesta de cabeza. Nuestro titular fue conclu­yente: ‘Murió el Inti. Todo está patas arriba’.

En ese entonces, ¿qué hacía Fujimo­ri, el hoy enérgico cancerbero de la hiperinflación? Pues nada menos que formando parte de ese gobierno que destruyó al país, integrando la Comi­sión Consultiva del ministerio de Agri­cultura; primero, apoyando a Remigio Morales Bermúdez y, después, a Juan Coronado Balmaceda, ministro este úl­timo que le concedió irregularmente el fundo ‘Pampa Bonita’, haciéndolo apa­recer como ‘beneficiario’ de la Reforma Agraria.

(En 1991 Fujimori quiso premiar a Coronado Balmaceda con el cargo de embajador en Brasil, pero éste fue ba­loteado por el Senado de la República).

¿Qué hacía en ese entonces Fujimo­ri? Organizándole pachamancas y al­muerzos a García Pérez en su condi­ción de rector de la Universidad Agra­ria de La Molina. O acompañando a Armando Villanueva del Campo y a Abel Salinas para calmar las protestas de los campesinos de Tarapoto. O visi­tando locales apristas para dictar ‘char­las’ sobre agricultura.

En ese entonces, ni una palabra con­tra la hiperinflación; ninguna protesta, ni gestos efectistas. Épocas en que ‘el agua y el aceite’ sí se podían juntar... Luego vendría el no shock.

Pero ahí no quedó todo. Después que Fujimori lanzara los billetes sobre el piso del hemiciclo, empezó a burlar­se de los cecedistas, aconsejándolos que “no los recojan, porque estos mil billetes de 10 intis valen hoy un centa­vo”. Ninguno de los aludidos, ni siquiera los de la llamada oposición, tuvo la dignidad de pararse en ese momento y retirarse. Tras el discurso, algunos miembros del oficialismo se abalanza­ron sobre los billetes para conservar­los, según dijeron, “como una curiosi­dad histórica”.

La burla y el menosprecio contra los representantes ante el CCD continuó en otra parte del mensaje presidencial, cuando Fujimori señaló que para ellos, como para la mayoría de peruanos, no significaba nada los nombres de las centrales hidroeléctricas de Muyo, La Pelota, Caclic, San Gabán, o los de los poblados de Pámpano, Ticrapo, Huay­tará y otros. En un panel de un canal de televisión, el ex ministro Juan Incháus­tegui recordó que muchas de esas obras y las redes viales de esos pueblos fue­ron impulsados durante la segunda ad­ministración del arquitecto Fernando Belaunde –a quien nadie puede rega­tear su conocimiento de los lugares más apartados del país–, por lo que las palabras de Fujimori constituían una demagogia.

En general, el discurso de Fujimori tuvo el corte electoral ya esperado, en el que primó un recuento optimista de los logros obtenidos por el gobierno. Igualmente primaron las grandes men­tiras y omisiones. Por ejemplo, cuando señaló que durante dos años había re­sistido las presiones que recibía para privatizar rápidamente las empresas públicas, pues él estaba esperando “el clima de seguridad, las condiciones propicias para la inversión, para pro­ceder a la venta de las principales em­presas públicas”.

Gran falsedad. El 3 de junio del 90, durante la polémica con Mario Vargas Llosa, dijo que en su probable gobierno mantendría el control de las empresas públicas en manos del Estado “donde el interés social así lo aconseja. No vamos a privatizar ni Petroperú, Entel Perú, Electroperú, ni los puertos, ni las adua­nas, ni los correos”.

El 28 de julio de ese año, en su primer mensaje al Congreso, reiteró que la dramática situación de esas em­presas, “no debe conducirnos a la idea simplista de privatizar todas las empresas públicas. Estas y otras empresas, reiteró, permanecerán siendo públicas”.

El 22 de febrero de 1991 dijo al diario Gestión que varias empresas públicas no serían privatizadas, “porque son suma­mente rentables para el Estado, tales como Petroperú, Entel. Tampoco aque­llas que posteriormente podrían pasar a ser monopolio privado”.
En suma, como puede apreciarse, lo que resistía Fujimori era la claridad necesaria para llevar adelante el proceso de privatización, tema en el que después daría un volteretazo de 180 grados. Algo que no estaría lejos de hacer en otros campos, donde sus promesas se las lleva el viento.

Mucho de falso también hubo en su entusiasta referencia a supuestos logros obtenidos en el sector Agricultura. En la última edición de la revista Perú Económico, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Agrarios, Alvaro Quijandría, señaló abiertamente que el gobier­no no ha mostrado la voluntad política, necesaria para implementar las refor­mas estructurales que establezcan las bases del desarrollo sostenido del sector agrario. No hay créditos, la titulación de tierras está incompleta y sin una ley que la ampare, como tampoco existe una legislación que regule el uso de las aguas, sumado a ello el factor del atraso cambia­rio que perjudica a la agroexportación.

En términos amplios, mientras no se asiente el programa económico en un modelo exportador que abra mercados y genere divisas al país, pese al efecto inflacionario inmediato, los presagios en el campo de la economía son lúgubres (ver entrevista a Guido Pennano).

Finalmente, cabe decir que faltó el gran anuncio que muchas personas es­peraban de Fujimori: la separación del gabinete del ministro de la Presidencia Raúl Vittor Alfaro, el socio encubridor del prófugo ex presidente del BCR Leo­nel Figueroa y gozoso beneficiario de las obras de construcción que ejecuta el Es­tado. Tal como lo señalaron los periodis­tas Juan Paredes Castro y Hugo Guerra Arteaga del diario ‘El Comercio’ en sus respectivos análisis del mensaje presi­dencial, estuvo ausente en el discurso de Fujimori los mecanismos de fiscalización para el uso de los recursos públicos para que esa honradez contagiosa de la que habla el presidente no sea una mera frase y se traduzca de manera más nítida a través de los mecanismos de supervi­sión de la toma de decisiones, del gasto público, del Presupuesto, de la Cuenta General de la República; en fin, de cada centavo y de cada bien del Erario Nacio­nal, por modesto que sea", señaló Pare­des Castro.

Por experiencia, sabemos que Fuji­mori jamás permitirá que los fiscalicen; ni a él ni a sus picaronazos. Menos en esta etapa electoral, donde se ha cerce­nado la posibilidad de que el JNE sancio­ne a quienes cometen delitos electorales (ver nota más adelante); delitos que fue­ron moneda corriente en los tres últi­mos procesos.

JNE perdió su oportunidad - Oiga 1/08/1994

En los últimos tiempos, con el escrutinio en mesa y la aplicación de la informática que facilita el recuento de votos y la rápida divulgación de los resultados, el fraude electoral a través de la sustitución de votos es casi imposible. Sin embargo, los dos procesos electorales llevados a cabo por el actual régimen -la elección del CCD y el referendo- han pues­to en evidencia que el fraude comienza cuando aún ni siquiera los candidatos han sido inscritos. Consiste en la manipulación de la voluntad popular, con promesas y obsequios grandes y pequeños, repartidos con profusión a lo largo y ancho del país, con el apoyo de uniformados y autoridades civiles; un gigantesco fraude montado y ejecutado con los recursos económicos de todos los peruanos.

El fraude, puesto en marcha ya para las elecciones del 95, pudo ser cortado de raíz por el Jurado Nacional de Elecciones, pero sus miembros perdieron la oportunidad histórica de darle a este organismo la po­testad soberana de sancionar con la inha­bilitación para seguir postulando al can­didato -sea este a la presidencia de la República o a una curul en el Congreso-que cometa delitos electorales o contra la voluntad popular.

La Ley Electoral votada por la mayoría oficialista en el CCD, al filo de la mediano­che del miércoles 20, con la prisa que daba la urgencia de llegar a tiempo al centro de esparcimiento de la Fuerza Aérea para agasajar al presidente del CCD, Jaime Yoshiyama, quien el jueves cumplía años, es el mejor obsequio que haya recibido Fujimori.

Con los humos de la celebración del natalicio de Yoshiyama, nadie revisó el texto de la ley enviada a ‘El Peruano’, y así fue como apareció el sábado plagada de errores. Uno de ellos es el referente a los plazos para la inscripción de las candidatu­ras a la plancha presidencial y a candidatos al Congreso. El error se originó en el texto que el JNE envió al CCD: en ambos casos se fijaba 180 días como plazo. Sin embargo, ante la Comisión de Constitución, el presidente del JNE, Ricardo Nugent, pidió que se corrigiera el error: para la fórmula presidencial el plazo es de 180 días y para candidatos al Congreso, de 90 días. En ‘El Peruano’ los plazos aparecieron cambia­dos. Como es costumbre en este régimen, una ‘fe de erratas’ publicada el domingo en ‘El Peruano’ acabó con el problema. El papelón de este episodio lo hizo Carlos Torres y Torres Lara, presidente d Comisión de Constitución, quien, sin el diario oficial del sábado, sostuvo que se había producido ningún error.

Pero ninguno de los errores, confusiones e inconstitucionalidades de la ley afectaron la candidatura de Fujimori, ni siquiera la decisión del JNE de no instalar mesa de transeúntes, que no ha variado no obstante ‘la sugerencia’ presidencial, coreada por la prensa palaciega, para hacer funcionar esas mesas que, antaño, servían para ejercitar el doble voto a favor de los candidatos oficiales.

Al no haberse dado el JNE facultades para inhabilitar a los candidatos que cometan delitos electorales y contra la voluntad popular –en la actualidad, como se constató en los comicios del CCD y el referendo hasta por los observadores de la OEA, los que cometen estos delitos son denunciados por el JNE ante la Fiscalía y ésta archiva las denuncias– Fujimori podrá seguir su campaña reeleccionista sin ningún temor.

Así, podrá seguir convocando a las au­toridades políticas, militares, policiales, municipales y funcionarios o empleados públicos para que participen en las manifestaciones públicas que organicen en cada lugar que el presidente-candidato visite, sin temor a que estas personas sean reprimi­das con prisión no menor de dos años ni mayor de seis y multas no menor de qui­nientos soles ni mayor de mil o inhabilita­ción por el doble de la condena, como lo ordena el artículo 27º del Código Penal.

El propio Fujimori podrá hacer cam­paña electoral el mismo día de las elec­ciones y en el mismo recinto electoral, como lo hizo con su esposa el día del referendo en el colegio María Molinari, sin temor a ser sancionado con prisión no menor de dos años y con multa no menor de quinientos soles ni mayor de cinco mil soles (D.L. 14250).
Fujimori también podrá seguir utilizan­do ardides y artificios para inducir a los ciudadanos a votar por su reelección, sa­biendo que no puede ser reprimido con prisión de hasta dos años y multa de cinco mil soles (D.L. 14250).

La impunidad también se extiende a los miembros de las Fuerzas Armadas y Auxi­liares que, vistiendo uniforme, participan en las manifestaciones políticas de Fuji­mori, que según el D.L. 14250 deben ser reprimidos con prisión no menor de un mes ni mayor de un año.

Y, lo más importante, Fujimori podrá seguir ofreciendo dádivas con dinero del Estado para inducir a los electores a votar por su reelección, sin temor a sufrir pena de cárcel de hasta por cuatro años (artículo 356º C.P.).

“Ningún poder del Estado tiene inge­rencia sobre el Jurado Nacional de Elecciones” afirmó el miércoles enfáticamente, él doctor Ricardo Nugent, presidente del JNE. Añadió que esta total independencia se la da no sólo la ley sino el hecho de que cada uno de sus miembros sea un hombre independiente.

¡Cuánta independencia desperdiciada! El país esperaba mucho del nuevo Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo porque entre sus miembros hay uno, el doctor Rómulo Muñoz Arce, de amplia experien­cia pues le había tocado presidir el JNE cuando su titular, el doctor Domingo Gar­cía Rada, sufrió un grave atentado terroris­ta. Uno de los primeros actos del JNE fue delimitar sus funciones y las del Poder Judicial, acabando con las acciones de amparo que trababan sus resoluciones.

No había nada que se opusiera a que el JNE también asumiera el papel de guar­dián de la pureza de los comicios, sacando de carrera a cualquier candidato que viola­se las leyes electorales. Es más, la nueva Constitución precisa que compete al Jura­do Nacional de Elecciones "administrar justicia en materia electoral". Si el JNE es el guardián de la Ley Electoral, es elemen­tal que tenga potestad para sancionar a sus infractores.

¡Qué gran oportunidad perdió el JNE para garantizar la transparencia del pro­ceso electoral! Y la ha perdido en favor de los pícaros del gobierno que ahora se desgañitan gritando “¡Ahora sí tenemos oportunidad!”.

Lagunas, errores e interrogantes – Oiga 1/08/1994

EL Decreto Supremo 23-94-RE que acaba de expedir el gobierno, deja a cargo del propio ministro de Relacio­nes Exteriores la subjetiva tarea de “llevar a cabo un proceso de evaluación de los casos” de los diplomá­ticos cesados arbitrariamente por la Resolución Suprema 453. No pone esa responsabilidad en manos de una comi­sión de pares, ni de una con personali­dades inobjetables; juez y parte será el propio gobierno al cual la Corte Supe­rior de Lima ha notificado que esa Resolución Suprema 453 es inconstitu­cional y nula ipso jure.

El reciente dispositivo, además, está plagado de errores y lagunas. Entre ellos son notables los siguientes: autori­za a realizar una evaluación pero no especifica la metodología a seguir, la que debería incluir el derecho del eva­luado a hacer su propia defensa: no hay plazo para hacer esta ‘evaluación’ y los plazos nunca pueden ser infinitos; no deja en manos de una comisión la tarea de recomendar al ministro la lista de los afortunados, que podría estar integra­da por cuatro embajadores en retiro, dos en actividad y una persona ajena al servicio diplomático, como el decano del Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo.

Hay errores garrafales como asignar dos números a una ‘ley’ que no es leysino decreto ley; en la parte considerativa se dice que es la 25889 y en la parte resolutiva se le pone el número 25589.

El reciente Decreto Supremo 23-94-RE menciona un misterioso artículo 119, inciso 24) de la Constitución. El artículo 119 de la Constitución vigente no tiene ningún inciso y dice: “La direc­ción y gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Minis­tros...”. ¿Es posible que el gobierno pretenda comparar el Servicio Diplomático con servicios públicos como los de electricidad, agua potable y desagüe, baja policía, etc.?

Un garrafal error jurídico es aquel que le da autoridad al ministro de RR.EE. para reincorporar a los funcio­narios mediante resolución ministerial, cuando ellos fueron cesados por resolu­ción suprema. ¿Tan pronto se ha olvi­dado el gobierno la lección que le dio recientemente una mujer, doña Victo­ria Paredes, presidenta de la Benefi­cencia Pública de Lima, destituida por el ministro de Salud por resolución mi­nisterial, que no se movió de su sillón hasta que Fujimori se vio obligado a destituirla por resolución suprema por­que ella había sido nombrada por reso­lución suprema y no ministerial?

¿Acaso Fujimori no quiere recono­cer su error, reincorporando a los des­tituidos mediante resolución suprema?

Hay muchas otras interrogantes sin respuesta:

· ¿Qué ocurrirá con los diplomáti­cos que después de ser evaluados sin ser escuchados no logren el visto bueno del ministro? ¿Se habrán terminado sus aspiraciones de reingresar al servicio? ¿O habrá un mecanismo de reconsideración como ocurre en todo país civili­zado?

· ¿Qué ocurre con los diplomáticos que no quieran ser evaluados porque esperan la sentencia favorable de la justicia y, también, porque saben que si entra un nuevo gobierno uno de sus primeros actos será anular la Resolu­ción Suprema 453 y hacer reingresar a los expulsados?

Debió haberse incluido una cláusula de reserva para que el diplomático que lo desee exprese formalmente su nega­tiva a ser considerado en la evaluación. En cambio, para los que desean ser positivamente evaluados sí se ha pues­to la reserva de que deberán aceptar regresar al servicio mediante resolu­ción ministerial, con lo cual renuncia­rán a la firme posición de que lo actua­do a partir de diciembre de 1992 es nulo, como lo ha sentenciado la justicia. Eso sería una traición, como la come­tida por los que aceptaron pasar al retiro, cuando ya habían sido cesados, con tal de agarrar puestos en Marruecos y en Corea.

Gobierno quiere elecciones sin control de la prensa – Oiga 1/08/1994

Eliminados todos los mecanismos de control consagrados por la Constitución, no sólo por la negativa del oficialismo a fiscalizar los actos del Eje­cutivo, sino por la decisión política de no aprobar las leyes orgá­nicas para la puesta en marcha de institu­ciones vitales como el Tribunal Constitu­cional, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de la Magistratura, el régi­men ha puesto la puntería en la prensa de oposición, que es la única que puede controlar y denunciar el fraude electoral puesto en marcha para conseguir la re-elección del ingeniero Alberto Fujimori (ver nota aparte).

El sábado último, Manuel D’Ornellas dedicó su habitual columna en Expreso comentar sobre las nuevas amenazas que existen hoy contra la libertad de prensa entre ellas “la manipulación de los jueces, como en el escandaloso intento de embargar los bienes de Enrique Zileri Gibson, director del semanario Caretas”. El 12 de mayo pasado, Caretas publicó una nota dando cuenta de las nuevas andanzas en el narcotráfico de Enrique Núñez Baraybar, recordando que este personaje había sido detenido en enero del 80 llevando un cargamento de 450 kilos de pasta básica lavada, y llevado ante la justicia en un proceso en el que estuvo implicado Carlos Langberg. Este denunció a la revista por el delito de difamación ante el 13º Juzgado en lo Penal de Lima, cuyo titular dictaminó que no procedía la formación de causa porque en el citado artículo no había ánimo difamatorio, sentencia que fue ratificada por la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Lima. El asunto era, pues, cosa juzgada. Sin embargo Langberg presentó una denuncia paralela en términos similares, exigiendo además el embargo de los bienes de Zileri por un millón de soles, demanda que acogida por la doctora Yolanda Gallegos quien después solicitó licencia, siendo reemplazada por la jueza interina Cecilia Suárez, quien ordenó el irregular embargo. Estos son los hechos que D’Ornellas describe como “manipulación de los jueces”, aunque olvidándose de mencionar que tales magistrados son producto de la ‘reorganización’ del Poder Judicial prendida por el régimen tras el 5 de abril del 92, y santificada por el Jurado Honor de la Magistratura. Además, el hecho de que tales jueces no hayan recibido -hasta el cierre de esta edición-, ninguna sanción, revela a las claras que cuentan con un respaldo político que evidentemente, no puede brindarle el señor Langberg.

El uso que hace el régimen para presionar a la prensa de oposición se confirma con lo que viene sucediendo con ATV, Canal 9. Hace algunos días, y en sobres con remitente falso, llegó a varias redacciones copia de un citatorio formulado por el 47º Juzgado al ingeniero Julio Vera Gutiérrez, presidente de ATV para que preste testimonio sobre una pista de aterrizaje que supuestamente construyó para Vaticano. El asunto tiene su origen en el primer expediente abierto el 24 de enero por la GEIN de la Dirandro contra Demetrio Chávez Peñaherrera, en el que se señala que “respecto al punto del aeropuerto, el ingeniero Vera sería Julio Vera Gutiérrez”. El oficial que tuvo a su cargo la elaboración del expediente, comandante Ricardo Abad Mendieta, señalo- al jefe de la Dirandro que esta mención fue producto de una denuncia telefónica anónima, pero que investigaciones posteriores habían aclarado todo al respecto. Sin embargo, el juez no ha tomado esto en consideración, además de confundir lo que es la zona del Trapecio Amazónico, que es donde la empresa de Vera Gutiérrez tuvo actividades, con Campanilla, la zona de operaciones de Vaticano. Se trata, sin duda, de un nuevo intento de presión contra un medio que hasta hace poco se consideraba ligado a la figura de Javier Pérez de Cuéllar.

La Sunat es otro organismo usado por la Gestapo fujimorista para acogotar a la prensa. Desde hace algunas sema­nas, funcionarios de este organismo re­visan la contabilidad de los medios de comunicación, remontándose incluso a años que ya habían sido fiscalizados por la propia Sunat, ‘descubriendo’ errores y deudas tributarias que, con la multas y moras que aplica, se transforman en su­mas millonarias imposibles de pagar, obligando a estos medios a elegir entre la quiebra o llegar a un acuerdo de canje de deuda por publicidad. Algunos medios, como la revista Gente, han denunciado desde hace algunas semanas estas ma­niobras de la Sunat, sobre las que nos ocuparemos ampliamente en nuestra próxima edición.

Este asunto ha despertado el interés del congresista Fernando Olivera, quien el 27 de julio anunció que presentará un pedido para que el ministerio de Econo­mía y la Sunat informen sobre el conve­nio para canjear deuda tributaria por publicidad estatal. Aunque dejó en claro que no estaba en contra de que se busque la mejor forma posible de resolver la difícil situación económica que atravie­san los medios de comunicación, como consecuencia de impuestos absurdos y antitécnicos, Olivera cuestionó la suscripción de acuerdos de canje de deu­da por publicidad estatal "en un período estrictamente electoral", agregando que en este caso no existe el límite entre lo que es publicidad estatal y una eventual campaña reeleccionista, por lo que reco­mendó que este canje se postergue hasta después de abril del 95.

El congresista también anotó que lo más conveniente sería que el gobierno corrigiera la actual política tributaria en beneficio de todos los medios de comuni­cación social del país.

En otros casos, la amenaza del régi­men a través de su Gestapo contra los medios opositores ha sido menos sutil y sí mucho más brutal, como el caso del asalto al local del Instituto de Estudios Peruanos, destrozando las oficinas, re­volviendo archivos y documentos y acce­diendo a la información de una computa­dora, aunque sin llevarse los valiosos equipos de este instituto, por lo que los directivos del IEP sostienen de que se trata de un caso de amedrentamiento. Una incursión similar se realizó, días atrás, en las oficinas del doctor José Luque Tijero, presidente de la Democra­cia Cristiana, quien fue amenazado por denunciar públicamente que el fraude electoral está en marcha. A ello se suman las amenazas contra su vida recibidas por la esposa del general Rodolfo Robles, con el ánimo de impedir su retorno al país. La Gestapo fujimorista se ha des­atado. Y esto parece ser sólo el comien­zo.

El “Robo” de los cheques del banco de crédito

LA tarde del 14 de octubre, cuando los interventores nombrados por el gobierno ingresaron al Banco de Crédito precedidos por una tanqueta policial, lo primero que hicieron fue pedir a un atónito empleado que los condujera a la Sala de la Presidencia, donde iban a instalarse. El empleado los llevó al salón ubicado en la parte antigua del edificio, que en contadas ocasiones sirve para ceremonias muy especiales. Durante hora y media los interventores estuvieron allí mirándose las caras hasta que fueron llamados por Dionisio Romero al despacho de la Presidencia Ejecutiva, que es el lugar desde donde se maneja el banco y a donde querían ir, en realidad, los interventores. Allí, Romero les hizo una extensa exposición sobre los peligros que entrañaba la presencia de numerosos efectivos policiales en ambientes donde se mueve muchísimo dinero y valores, y la imposibilidad de haceruna transferencia ordenada de esos bienes en tales condiciones. Los interventores, convencidos, se retiraron prometiendo volver al día siguiente con nuevas instrucciones. Al poco rato retornaron. Alguien, desde arriba, los había amonestado por dejarse convencer tan fácilmente. Ya en la noche, aquejados por el hambre, pidieron comida a Las Trece Monedas, ignorando que este servicio lohace habitualmente la cocina de la Casa Goyeneche, propiedad del Banco. Las Trece Monedas envió la cena, pero se olvidó de acompañar los platos. Sin saber a quién pedirlos, usaron los platos de plata que sirven de asiento a la vajilla. También, ese día y los siguientes, consumieron abundante whisky.

Estas dos anécdotas forman parte de la comedia en que se ha convertido la intervención estatal del Banco de Crédito —y por extensión de las demás empresas bancarias, financie­ras y de seguros—, que la semana pasada le costó la cabeza nada menos que al presidente del Comité de Administración, Rómulo León Ramí­rez, tras un episodio que puede llamarse “El trampeador trampeado” o “El caso de los cheques perdidos que nunca se perdieron”.

El Juez lbazeta descorre el telón

Este episodio comienza el miércoles 4 de noviembre cuando, conminado por el Juez Marcos Ibazeta Mariño, del 9º Juzgado de Instrucción, la Bolsa de Valores de Lima retira del despacho del magistrado los siete cheques de gerencia que, por un monto de I/. 1,030'135,546.31, había girado el Banco de Crédito a la orden de la Bolsa, para cancelar la compra de 338’407,413 acciones de ese banco hecha por alrededor de 4,500 de sus trabajadores.

El cobro de esos cheques, girados el 14 de octubre, había sido bloqueado con recursos vedados: el Comité de Administración fraguó actas y la CONASEV suspendió las operacio­nes en la Bolsa de Valores ese día. Sin embargo, los corredores depositaron los cheques en la cuenta que la Bolsa tiene en el Banco de Comer­cio y plantearon una acción de amparo ante el Juez Ibazeta, quien ordenó a la Bolsa y al Banco de Comercio que terminaran la cobranza de esos documentos.

La Bolsa de Valores informó a los interventores que no le quedaba otro recurso que cumplir con la orden judicial y el viernes seis envía los cheques al Banco de Comercio para que éste los presente, para su canje en la Cámara de Compensación de Banco Central de Reserva. Una oficina a la que sólo ingresan perso­neros debidamente acreditados por sus instituciones, después de cumplir lentos y minuciosos trámites.

Secuestro frustrado

Enterado de que el Banco de Comercio iba a presentar esos che­ques a la Cámara de Compensación el lunes nueve, el Consejo de Geren­cia del Banco de Crédito, integrado por 22 gerentes, acuerda que sus personeros habituales concurran a esta diligencia con el especial encargo de verificar la presentación de dichos cheques, tanto para cautelar los intereses del banco como los de sus 4,500 nuevos accionistas, pues exis­tían fundados temores de que fueran hechos desaparecer en otro intento por invalidar la operación de compra­venta de las acciones.

A las 4.30 de la tarde llegan a la Cámara de Compensación los perso­neros del Banco de Comercio llevan­do los siete cheques de gerencia en una planilla especial. Giussepe Di Francesco, gerente del Banco de Comercio, ha dicho que hizo esto teniendo en cuenta las circunstancias especiales que rodeaban el curso de esos documentos. En otra planilla aparecía un cheque por I/. 9'545,551.62 por otra operación bancaria.

Complicados en la operación de secuestro de los siete cheques, funcionarios del Banco Central de Reserva cuestionaron las planillas separadas y ordenaron que se hiciera una sola. Los primeros cheques que recibieron los personeros legales del Banco de Crédito fueron los siete del Banco de Comercio. Cumpliendo las instrucciones recibidas del Consejo de Gerencia, uno de los personeros se dirigió al Banco de Crédito para proceder a su asiento contable, mientras el otro se quedó recibiendo los demás cheques —más de 30 mil—entregados por otros bancos para su canje.

Cuando la operación ya estaba por completarse, llega a la Cámara de Compensación un empleado del Banco de Crédito, Miguel Puga Esquerre, enviado por el Comité de Administración para recoger todos los cheques.

El trampeador trampeado

Cuando Puga Esquerre llegó al banco con una bolsa repleta de cheques, fue recibido por Rómulo León Ramírez en el salón de direc­torio. Mientras León Ramírez felici­taba a su empleado porque había logrado entrar a la Cámara de Com­pensación del BCR y retirado los cheques sin ser personero autoriza­do, los demás interventores comenzaban a buscar los siete cheques de gerencia. De pronto, alguien gritó desesperado: “¡No están los siete cheques; maldita sea!”. Los 30,000 cheques, esparcidos sobre la enorme mesa del salón del directorio fueron revisados uno por uno, una y otra vez, hasta que los interventores, con el rostro desencajado, se convencieron de que, efectivamente, los siete cheques no se encontraban allí. León Ramírez cogió el teléfono y llamó a Pedro Coronado Labó, flamante presidente del BCR: “Nos han jodi­do... no están los cheques”, habría dicho. El empleado Puga Esquerre fue despedido poco menos que a patadas por León Ramírez.

Entretanto, los funcionarios auto­rizados del Banco de Crédito, en posesión de los siete cheques, pro­cedieron a contabilizar su ingreso, tanto en los libros como en el centro de cómputos. Desde ese momento la operación de compraventa de accio­nes quedó perfeccionada. Los che­ques, carentes ya de valor, podían ser archivados, microfilmados, y destrui­dos, como ocurre generalmente. Pero como cabía la posibilidad de que cayeran en manos de los interventores y éstos los hicieran desaparecer para alegar después que nunca habían llegado al banco y su contabilización había sido fraudulenta, el Consejo de Gerencia adoptó el acuerdo de depositarlos en custodia en una notarí­a con instrucciones de que únicamente fueran exhibidos a la Superintendencia de Banca y Seguros y a la autoridad judicial competente, comunicando esta decisión a la Superintendencia. Esta comunicación recién pudo ser cursada el jueves 12 por razones que veremos más adelante.

La noche triste

La noche del lunes nueve fue muy larga y vergonzosa para los interventores del Banco de Crédito. Se dice que el fracaso de la “operación secuestro” llenó de indignación presidente García, quien tomó la decisión de despedirlos a todos. Se dice también que Coronado Labó calmó los ánimos, se trazó una nueva “estrategia” y el único despedido fue Rómulo León Ramírez. Esa misma noche el Banco Central de Reserva anuncia públicamente la desaparición de los siete cheques y comunica que no procede considerar su monto de I/. 1,030'135,546.31 como saldo a favor del Banco de Comercio y en contra del Banco de Crédito en sus respectivas cuentas corrientes. Al filo de la medianoche se decide también declarar un feriado bancario en el Banco de Crédito con el pretexto de realizar un arqueo de valores e inventario físico y se nombra a Maximiliano Gamarra Ferreyra como nuevo presidente del Consejo de Administración. Gamarra, Superin­tendente de Banca y Seguros durante la dictadura velasquista, es un experto en operaciones bancarias.

El que busca no siempre encuentra

El martes y el miércoles el Banco de Crédito no abre sus oficinas para nadie, ni siquiera para sus empleados ni funcionarios. Expertos de la Supe­rintendencia, bajo la dirección de Gamarra, buscan los cheques, tratan de verificar si han sido registrados en los asientos contables. Pero no encuentran nada, sencillamente porque no saben buscar y porque toda la documentación está bajo llave. Usualmente, los feriados bancarios se declaran para no atender al público, pero empleados y funcionarios traba­jan a puerta cerrada y, en el caso de inspecciones de la Superintendencia, están a la mano para absolver cual­quier consulta, para presentar docu­mentos, etc. ¿Pensaban acaso los interventores que la documentación del banco, sobre todo los asientos contables, se quedan sobre los escri­torios, a la vista de todo el mundo, como volantes de circo?

Los cheques estaban a buen recaudo

La Superintendencia anuncia que en el arqueo hecho se ha comprobado que la operación de canje de los cheques no se encontraba contabili­zada en los registros del Banco de Crédito ni tampoco fueron físicamen­te contabilizados. El Banco Central de Reserva anuncia la desaparición de los siete cheques de gerencia y presenta una denuncia ante la Policía Fiscal. Los diarios gobiernistas gritan desde sus titulares: “Ladrones de guante blanco. Banqueros robaron billón de soles”.
El jueves 12, empleados y funcio­narios pueden volver a entrar a trabajar. Recién el Consejo de Geren­cia puede cumplir con uno de sus acuerdos adoptados el lunes nueve: ese día sus personeros dirigen una carta a Gerardo Malincovich Costa, Superintendente interino de Banca y Seguros, comunicándole todos los pasos dados en relación a los siete cheques de gerencia, desde su pre­sentación a la Cámara de Compen­sación del Banco Central de Reserva hasta su contabilización en los libros del Banco, y le comunican que esos documentos originales se encuentran depositados en custodia en la Notaría Pública del doctor Manuel Soya de la Piedra, “quien podrá exhibirlos a esa Superintendencia y/o Autoridad Judicial competente, si así lo requie­ren”.

¿Se quedó el APRA sin banco?

La desesperación hace olvidar las formas. Legalmente los feriados bancarios los decreta la Superinten­dencia. Pero ahora ya no importa quién los ordene. El Comité de Administración decreta un feriado bancario para el viernes. ¿Con qué objeto? Eliminar los asientos conta­bles, no se puede. Menos aun borrar la operación de las computadoras. Ese día los trabajadores del banco se quedaron sin cobrar su sueldo. Y la Policía Fiscal, con un fiscal y una corte de policías y periodistas, “descubre” los “cheques robados”, la “prueba del delito”, en la Notaría del doctor Noya. Las autoridades secuestran los che­ques, pero esto ahora ya no tiene importancia porque son documentos sin valor.

El lunes veremos si la comedia ha terminado o si sus protagonistas le añaden uno o más actos, en su desesperación por anular una opera­ción que ha hecho que —por lo menos legalmente— el Banco de Crédito se escape de las manos del gobierno aprista.

La destrucción del Banco de Crédito: venganza aprista

Entretanto, los continuos feriados bancarios están atentando no sólo contra los intereses propios de los ahorristas de ese banco, sino contra la economía del país en general porque, como dice la Confederación Nacional de Comerciantes en carta dirigida al ministro de Economía y Finanzas, el Banco de Crédito es el engranaje principal del circuito mone­tario del país, al que están íntimamen­te ligados los otros bancos, así como las gestiones que los diversos secto­res, tanto de la producción como del comercio de exportación e importa­ción, efectúan.

Como dice CONACO, la gran mayoría de las actividades de finan­ciación, cartas de crédito, transferen­cias, depósitos bancarios y retiros, así como operaciones con especies valoradas que se ejecutan en el país, están estrechamente ligadas a decisiones que emanan de consultas directas con el Banco de Crédito, lo que significa que gran parte del movimiento económico del país se efectúa con la participación del Banco de Crédito.

¿Será la venganza aprista la des­trucción de la primera institución bancaria y financiera del país?

El Caso Villacoca y la justicia militar – Oiga 06/10/1986

Cuando hace tres semanas descubrimos que era falsa la "noticia", "primicia" o "supernovedad" de que el Tribunal de Justicia Militar había absuel­to a los generales de la PIP involucrados en el caso de "Villa Coca", nos sentimos obligados a dar a conocer nuestras indagacio­nes. No sólo porque era falsa la "noticia" sino porque se hacía evidente que nos ha­llábamos ante otra maniobra de ciertos sectores afines al gobierno destinada a desprestigiar a las Fuerzas Armadas, con el suicida pretexto de que para afianzar la democracia no era malo desestabilizar un poco a los militares. El tribunal militar no había absuelto a nadie; al contrario, había ampliado la acusación, señalando que eran cómplices en los enjuagues de "Villa Coca" varios otros jefes de la PIP, entre ellos los "investigadores", por haber cerrado los ojos ante muchas evidencias contra Rodríguez López y su banda.

OIGA, que tiene una clara posición fren­te a la estabilidad democrática (ver editorial), no podía callar. Estaba obligada a in­formar sobre el tema, aunque quedará absolutamente sola —como así fue, ya que ningún periódico se dio por enterado de lo ocurrido—, y a no ocultar el nombre de nadie y menos el del oficial general que, a pesar de estar cuestionado por la justicia militar, fue condecorado por el ministro del Interior.

Ese general de la PIP, don Raúl Chávez Gonzales, nos ha enviado una carta acusándonos de pretender inventar "la exis­tencia de un proceso penal que supuestamente se me está siguiendo en el Consejo Supremo de Justicia Militar, por delito de desobediencia, insulto al su­perior y otros delitos más, derivado —se­gún su revista- de una posible parcialidad y discriminación en las investigaciones del caso Villacoca".

Los cargos existen y en estas pá­ginas volvemos a publicar los do­cumentos que sustentan nuestras informaciones, aunque sigamos sin emitir nosotros ningún juicio de valor. Nos limitamos a expresar hechos y a exhibir documentos. Y no sólo hay eso: en estos días el juez que ventila el caso "Villacoca", Hugo Príncipe, ha enviado un oficio a la Sala de Guerra anunciándole la devolución de los expedientes que comprometen a los generales PIP Chávez Gonzáles, Suárez Caballero y López Vargas, para que la jus­ticia militar siga su curso. Se sabe que el Consejo Supremo de Justicia Militar ha­bría decidido remitir ese oficio en consulta a la Corte Suprema de la República para que ésta decida si la justicia militar sigue el caso o lo pone en manos del juez Hugo Príncipe.

La justicia militar considera que esos tres generales "tuvieron toda la do­cumentación incriminatoria con­tra el civil Reynaldo Rodríguez Ló­pez y otros, por delito de tráfico ilícito de drogas y otros delitos, así como contra el personal de las Fuerzas Po­liciales que han tenido relación con los he­chos objeto de la investigación policial, no obstante lo cual, pese a las evidencias in­criminatorias contra determinados miem­bros de las Fuerzas Policiales, los indi­cados oficiales generales e inte­grantes del Equipo de Trabajo de Investigación Policial, intencio­nalmente omitieron denunciar an­te la entidad competente a aque­llos miembros de las Fuerzas Poli­ciales comprometidos en eventos delictuosos en agravio del Estado, in­cumpliendo de este modo sus deberes y obligaciones policiales".

Los veinte kilos que vieron

Cuando estalló el laboratorio de "Villa-coca" que puso al descubierto las activida­des delictivas de Reynaldo Rodríguez Ló­pez y su banda, lo primero que se quiso saber es desde cuándo venía operando es­ta organización. El general Chávez Gonza­les y su equipo descubren —según lo ha­cen saber al juez Príncipe en su atestado ampliatorio del 23 de agosto de 1985— que la organización de "El Padrino" tiene rela­ción con el tráfico de drogas desde 1978, al capturar a la esposa de Reynaldo, Rosalía Rubiños Litardo de Rodríguez con 20 kilos 315 gramos de pasta básica de cocaína. Un atestado deficiente permite que la mujer de Reynaldo fuese liberada por un juez com­placiente. El 28 de enero de este año, el equipo del general Chávez Gonzales com­prende como implicados en tráfico ilícito de drogas y contra deberes profesionales, en­tre otros, al teniente general Eduardo Ipin­ze Rebata, al coronel Luis Rojas Penas y al mayor Carlos Ratto del Solar, por la res­ponsabilidad que les cabe en el contenido del atestado, confeccionado tan deficien­temente, que no tocó al "Padrino".

Los doce kilos que no vieron

El equipo del general Chávez Gonzales también descubre las manos del "Padrino" cuando en marzo de 1984, la PIP apresa a Italo Scolezi Fernández y al colombiano Luis Eduardo Fernández Gómez, en el de­partamento Nº 702 de Ramón Dagnino 175, con un cargamento de 12 kilos 158 gramos de clorhidrato de cocaína, envuel­tos en paquetes, listos para ser enviados al extranjero. Se descubre que ese departamento es de propiedad de Reynaldo Ro­dríguez López y que éste tiene vinculacio­nes con Scolezi por lo menos desde 1982 en que avaló a Scolezi para el alquiler de un departamento en Santa Cruz. Tan convencido está el equipo del general Chávez Gonzales que ese inmueble pertenece a la banda de narcotraficantes, que lo incauta. Sin embargo, al contrario de lo que hizo con los PIP's autores del deficiente atesta­do contra la mujer de Reynaldo en 1978, esta vez no comprende a los responsables de ese otro atestado que, nuevamente, de­ja en las sombras al "Padrino": el general Oscar Vivas Gutarra, el coronel César Anco Zegarra, el mayor Víctor Vargas Ro­jas y el alférez José Román Díaz, quienes, de esta manera, evaden la acción de la jus­ticia.

Otros descuidos

La justicia militar descubre otros casos en que el equipo del general Chávez Gonzáles es severo con algunos y complacien­te con otros miembros de su institución. Uno de estos últimos es el comandante Herculano Soto Villanueva, cuñado del Di­rector Superior de la PIP, Mario Muñoz Malaver. Por ello, la justicia militar precisa que el equipo del general Chávez Gonzáles ha actuado con "parcialidad punible en el ejercicio de la función, pues se ha hecho discri­minación en razón de las personas y no por la naturaleza de los he­chos", y ordena que se les comprenda en la instrucción abierta a los generales Ipin­ze, Rómulo Alayza Tejada y Rodolfo Ba­llesteros, al general GC Humberto Catter Arredendo y otros.

La justicia militar no se concreta a inves­tigar y en julio dicta orden de detención definitiva contra el general Oscar Vivas Gutarra, el coronel César Augusto Anco Zegarra y comandante Víctor Vargas Ro­jas, comunicando al juez Hugo Príncipe y al Fiscal Miguel Espinoza Velásquez, los hechos que configuran un encubrimiento de tráfico ilícito de drogas por parte de los citados oficiales para no ser pasible de responsabilidad penal".

Hay una frondosa documentación que demuestra la responsabilidad de los gene­rales PIP Chávez Gonzales, Suárez Caba­llero y López Vargas en los delitos que le imputa la justicia militar y que debe ser es­clarecida por ésta o por los tribunales or­dinarios.

No ocurre lo mismo con el general FF.PP. Jesús Humberto Fuentes, también condecorado por el ministro del Interior con ocasión del día de la PIP, cuya fotogra­fía de espaldas, sin que pudiéramos identi­ficarlo, publicamos la semana pasada, sin otro propósito que el de ilustrar la cere­monia de premiación que comentábamos. En carta que nos ha enviado su esposa, doña Luisa Rojas de Fuentes, ella precisa que su esposo, quien se encuentra ausente del país, "en ningún momento se encuen­tra ni se ha encontrado sometido a ningún proceso judicial ni administrativo y, de ser posible, usted puede comprobarlo me­diante la confrontación de su foja de servi­cios". No lo dudamos, porque el general Fuentes no aparece en ninguno de los documentos acusatorios que obran en nuestro poder, porque tenemos buenas referencias de él y porque en las instituciones policiales también hay gente honesta que hace honor a su cuerpo. Cuando nosotros decimos —e insistimos— en que la reor­ganización policial debe ser a fondo, radi­cal, comenzando con un licenciamiento general, no queremos decir que no haya policías técnicamente capacitados y con elevado sentido de la moral. La reorgani­zación propuesta por nosotros, dirigida por una misión técnica extranjera, bajo control de la Fuerza Armada, tiene que comenzar por llamar a esos policías hon­rados y capaces. La reorganización que está haciendo el Apra es política y daña honras al despedir por razones de morali­dad.


LAS CARTAS

De la señora
Rojas de Fuentes

Carta Notarial

Lima, 30 de Setiembre de 1986.

Señor.
Director General de la Revista OIGA
Dn. Francisco Igartua.

Señor director:

En la última edición de la revista OIGA de 29 de Setiembre de 1986, V Etapa Nº 298, de su digna Dirección, en la página 14, aparece una fotografía con la sumilla siguiente: "SALINAS condecora a uno de los generales PIP encausados por el más alto tribunal militar".

Dicha fotografía corresponde a mi es­poso General Fuerzas Policiales don Je­sús Humberto Fuentes, en la que efecti­vamente está siendo condecorado por el Sr. Ministro del Interior Ing. Abel Salinas.

Del texto del artículo, no aparece el nombre de mi esposo; por lo que considero que dicha reproducción se deba a un error de las fotografías de archivo que tie­ne la revista Que Ud. dirige.

Como es evidente esa fotografía y la sumilla, agravian la dignidad de mí referi­do esposo General Fuerzas Policiales Je­sús Humberto Fuentes, así como de la suscrita y de toda la familia, atentando a los derechos Constitucionales conteni­dos en el art. 2do. inc. 5 de la Constitución del Estado Peruano, ya que se atenta al honor y buena reputación, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de mi esposo y su familia; de conformidad con dicho dispositivo constitucional le ruego hacer la correspondiente aclara­ción, en los mismos caracteres y en la propia revista.

Dicha rectificación la solicito, en vista de que mi esposo se encuentra ausente del país y de que en ningún momento se encuentra ni se ha encontrado sometido a ningún proceso judicial ni administrativo y de ser posible Ud. puede comprobarlo, mediante la confrontación de su foja de servicios. En consecuencia, deberá rectificarse ese error, que motiva mi justificada protesta.

Le ruego atender a este pedido y dispo­ner se proceda conforme a ley.

Atentamente,

Luisa Rojas de Fuentes
L.E. 07723800
Domicilio: Escardó 465 - San Miguel


Del general Chávez G.

Lima, 25 de setiembre de 1986

Sr. Director General de la revista OIGA, Francisco Igartua
Jr. Chinchón Nº 935 SAN ISIDRO
SAN ISIDRO.



De mi consideración:

Por intermedio de la presente carta no­tarial, hago llegar a usted, mi más enérgica protesta e indignación, con motivo de la publicación aparecida en su revista OIGA, de fecha 22 de setiembre de 1986, V Etapa Nº 297, en donde aparece en la carátula y a todo color, mi fotografía en el momento preciso cuando soy condecorado por el señor Ministro del Interior, Ing. Abel Salinas Izaguirre y, al costado, un titular a grandes postones que dice: "INSOLITO. VILLACOCA: CONDE­CORAN A PIP QUE OCULTÓ 12 KI­LOS".

Estos titulares consignados en la cará­tula de su revista, señor director, dañan mi reputación moral y mi buen nombre harto conocidos en el ámbito nacional. Puesto que, aunque no se precisa la sustancia o el contenido de los 12 kilos, ni dice a qué se refiere, aplicando la lógica formal por el sentido de todo el titular, se estaría dando a entender a la opinión pú­blica, que se trata de sustancias estupefa­cientes.

Y, en las páginas interiores de su misma revista, en la página 21, se pretende inven­tar la existencia de un proceso penal que - supuestamente se me está siguiendo en el Consejo Supremo de Justicia Militar, por delito de desobediencia, insulto al superior y otros delitos más, derivado —según su revista— de una posible parcialidad y discriminación en las investigaciones del caso "Villacoca".

Como la publicación de tales infundios resulta perjudicial para mi buena reputa­ción moral y mi bien ganado prestigio den­tro de mi institución, gracias a la honesti­dad en el desempeño de mi función poli­cial, por la presente pido a usted se sirva disponer que con iguales caracteres y en la carátula de su revista próxima a salir, se haga una publicación rectificatoria del ca­so, de conformidad con lo dispuesto por el art. 2º de la Constitución Política del Estado y de la ley de prensa.

Agradeciéndole por anticipado la aten­ción que le merezca la presente, aprove­cho de esta oportunidad para testimoniar­le los sentimientos de mi especial respeto y consideración.

Atte.


General FF.PP. Raúl Chávez Gonzales
Carné Identidad: 01-5500880436-0

Alan García y la danza de los pagares – Oiga 28/01/1991

LA liberación del ingeniero Guillermo Reyes Viaña, gracias al indulto concedido por el presidente Fujimori a centenares de procesados, ha impedido que la justicia llegue a esclarecer uno de los escándalos más sonados ocurridos durante la administración aprista -una estafa por 663 millones de dólares en la que se pretendió involucrar al Banco de la Nación-, justo en momentos en que en Lausana se da a conocer parte de un informe confidencial que envió el embajador suizo en Lima a la Oficina Federal de la Policía de ese país, donde se sugiere la complicidad del ex presidente Alan García en esa operación fraudulenta. La referencia a ese informe la hace la revista L'Hebdo, que se edita en Lausana-Vaud, en su edición del 6 de diciembre, dentro de una amplia nota titulada "Maniobras fraudulentas en el Perú EXTRAÑA DIPLOMACIA SUIZA". La mención a Alan García aparece -según la revista- en el siguiente párrafo del informe confidencial que el embajador de Suiza en Lima Gerard Fonjallaz envia a la Oficina Federal de Policía el 10 de octubre de 1989: "Estamos ante un asunto delicado que bien pudiera tener consecuencias políticas importantes (el presidente Alan García estaba personalmente implicado); se impone una gran discreción". La crónica está ilustrada con una foto de Alan García con la siguiente leyenda: "Alan García ¿implicado o no?". La historia que cuenta L'Hebdo difiere bastante de la que conocemos y, como se aprecia en el titular, es muy crítica respecto de la actuación que en ese escándalo le cupo al embajador suizo en Lima. Una sumilla introduce al lector en el tema: "La "justicia tessinesa mete las narices en una sombría cuestión peruana que implica a antiguos dirigentes de ese país. En el fondo del escándalo: el juego turbio de diplomáticos suizos”. Veamos lo que dice L'Hebdo: "Lugano, un buen día del mes de febrero de 1989. En una caja de seguridad de la Unión de Bancos Suizos, la policía echa mano a un paquete de pagarés de origen peruano. En total, documentos por mil doscientos millones de dólares quedan de ese modo en condición de secuestrados. El titular de la caja de seguridad, Josip Koprivec es un yugoslavo, gerente de una compañía fiduciaria del cantón de Tesino. "Gigantesca maniobra fraudulenta al descubierto", dicen los titulares de los diarios locales al día siguiente. Es cierto que los documentos retenidos representan los presupuestos combinados de los estados de los cantones de Valais y de Neuchatel. En pocas palabras, un importante caso para los magistrados del cantón de Tesino. Tras una encuesta la policía reconstruye el telón de fondo de este escándalo. Allí se encuentran ex dirigentes peruanos en busca de una jubilación dorada, además de curiosas prácticas de la embajada suiza en Lima. (En realidad, la justicia suiza tiene dos juegos de pagarés, cada uno por un monto de US$ 673'545,000 constituido por 15 pagarés de US$ 44'903,000 cada uno; los dos juegos suman, en consecuencia, US$, 1,347'090,000). "Todo empieza a fines de setiembre de 1988. Josip Koprivec está encargado de reunir los capitales necesarios para financiar un proyecto de pesca industrial en el Perú. El monto de la operación: 318 millones de dólares. El financista yugoslavo actúa por cuenta de un astillero naval de Génova, Nuovi Cantieri Liguri, una sociedad que se prepara a firmar un contrato con la empresa peruana Scorpion Fish para la construcción de 15 barcos de pesca. A fin de encontrar la suma que haga falta, Koprive reúne un pool bancario y propone como hipoteca... los barcos que todavía están en proyecto. Veto de las instituciones financieras. Ellas exigen la garantía del gobierno peruano por intermedio del Banco de la Nación del Perú. Tras prolongadas negociaciones, Josip Koprivec termina por obtener, de manos de Guillermo Reyes, el director de Scorpion Fish, las garantías firmadas por el presidente del Banco de la Nación del Perú. De vuelta en Suiza, a su vez prudente, el hombre de negocios de Lugano exige a la embajada peruana, a la Unión de Bancos Suizos y, por telex, al Banco de la Nación, que confirmen la autenticidad de los pagarés supuestamente garantizados por el Estado. Un mes más tarde el asunto empieza a patinar. El Banco de la Nación del Perú afirma que esos papeles son falsos. Como resultado de los ajetreos, Reyes es encarcelado. El proyecto parece definitivamente fracasado. (La versión que tenemos aquí es distinta. En octubre de 1988 se reunieron en el Cesar's Hotel de Lima Guillermo Reyes Viaña, dueño y único representante de una supuesta compañía pesquera llamada Scorpión Fish, con Giorgio Rolla, máximo ejecutivo de los astilleros italianos Nuovi Cantieri Liguri, Angel Bottaro, director de comercialización, y Steve Ray Holley, socio del promotor naviero Guido Marcacci; y Josip Koprivec, propietario de la empresa Tradelink Trust de Lugano, Suiza. La operación era la siguiente: Scorpion Fish mandaba construir 15 barcos pesqueros, a un costo de 45 millones de dólares cada uno, en los astilleros Nuovi Cantieri, y Koprivec se encargaba de la financiación del proyecto. Se firma el contrato y 15 pagarés por US$ 44'903,000 cada uno, avalados por Juan Candela Gómez de la Torre, presidente del Banco de la Nación. Cuando el 17 de octubre Koprivec va a la Sección Archivo de la Sociedad de Banca Suiza se descubre que la firma del presidente del Banco de la Nación es falsificada. Koprivec va a la Sección Consular de la Embajada del Perú en Berna para que legalicen la firma de Candela y el Cónsul peruano se niega a hacerlo porque esa no es función del consulado. Koprivec elabora en su computadora un nuevo juego de pagarés y lo envía a Reyes Viaña para que los haga firmar por el presidente del Banco de la Nación y legalizar la firma por un notario público cuya firma, a la vez, debía ser legalizada por el Consulado suizo. Los pagarés, nuevamente con la firma falsificada del presidente del Banco de la Nación, y legalizada por el Notario Gustavo Correa Miller, son llevados al Colegio de Notarios de Lima para que certifique la firma de Correa Miller. El secretario del Colegio, que ha trabajado en la notaría de Correa Miller, se da cuenta de que la firma de éste es falsificada. Interviene la policía y Reyes Viaña es detenido el 16 de diciembre. La policía peruana incauta este segundo juego de pagarés). "Cuatro semanas más tarde cambia la situación. Los peruanos retoman el contrato con la fiduciaria de Tesina para volver a lanzar el negocio. Koprivec exige, y obtiene, una carta del Banco de la Nación en que se puntualiza que en el origen de estas fluctuaciones no hay más que errores y malentendidos de los cuales Koprivec no es responsable. La operación retoma su curso. Esta vez se multiplican las precauciones. Una vez mas la serie de pagarés supuestamente firmados por el presidente del Banco de la Nación es verificada por un notario peruano y confirmado luego por Ruth Wulff, cónsul en la embajada suiza en el Perú. La colaboración de la diplomacia suiza sorprende, pues por ese entonces el negocio no estaba todavía claro, más bien seguía turbio, por decir lo menos. Después de todo ¿no estaba acaso el director de Scorpion Fish entre rejas? (Esta es la parte más oscura del escándalo). Estando Reyes Viaña en la cárcel, el 26 de enero de 1989, desde el Departamento de Traducciones del Banco de la Nación son enviados, entre la 1.59 y dos de la tarde, los télex 318 y 319 al Swiss Bank (Berna) y Barclays Bank (Londres) confirmando que los pagarés que tiene Koprivec son auténticos. El tercer juego de pagarés ha volado a Suiza; llevan la firma de Candela de la Torre, autenticadas por el notario Aníbal Corvetto R, y a su vez, la firma del notario fue certificada por la cónsul suiza Ruth Wulff, todo esto con fecha 3 de febrero del 89. (Este es el segundo juego de pagarés incautado por la justicia suiza). "Para entender mejor el engranaje de este caso enredado no está demás echar un vistazo a los dueños de la empresa peruana. Koprivec pretende que pertenece a un grupo reducido de dirigentes entre los que destacan el presidente del Banco de la Nación, un ministro de Estado y el presidente de la República en ejercicio, Alan García. Precisión inútil: las elecciones se acercan. Y detrás de Scorpion Fish hay quienes imaginan que políticamente ya al final de su carrera ensayan toda clase de maniobras para obtener una jugosa entrada una vez que pasen al retiro... (Las versiones que circularon en Lima decían que Reyes Viaña fue presentado al ministro de la Presidencia, Armando Villanueva, por Alberto Franco Valera, veterano aprista, padre de Rodrigo Franco Montes asesinado en su casa de Chaclacayo en 1987. Y que el viceministro de la Presidencia, José Luis Pérez Sánchez Cerro, mantuvo contactos con Reyes Viaña). "La bomba estalla el 10 de febrero de 1989". El Financial Times y la Neue Züricher Zeitung publican un aviso que pone al público sobre aviso en cuanto a la circulación de los pagarés. Seis días más tarde los papeles quedan confiscados en Lugano, Koprivec es arrestado, interrogado y puesto en libertad esa misma tarde. "La magistratura de Tesino entra, en ese momento, en escena". La justicia revela, para empezar, que policías peruanos llegados a Suiza para obtener información bancaria han actuado ilegalmente. Llegan noticias de la quiebra de los astilleros de Génova. Su director con anterioridad había declarado que jamás había confiado mandato alguno a Koprivec. Los peruanos tratan de recuperar los documentos originales. El juez de instrucción de Lugano se prepara a enviarlos pero Koprivec se opone. Su recurso, depositado hace un año, todavía no ha sido resuelto. (Los policías peruanos que viajaron fueron el coronel Néstor Tafur López y el mayor Juan Eduardo Zapata Moz: también viajó Luis Pozo de la Vega, Jefe del Departamento de Asesoría Legal del Banco de la Nación. En realidad, los policías hicieron turismo en Suiza, Italia e Inglaterra, porque lo que tenían que investigar estaba en el Perú: el misterioso Reyes Viaña y los no menos misteriosos telex que salieron del Banco de la Nación cuando Reyes Viaña estaba preso, lo que indicaba que habían otros personajes poderosos que se movían tras bambalinas, con suficiente poder como para penetrar hasta un departamento vital del Banco de la Nación como es su Departamento de Traducciones. Nunca se supo quién o quiénes enviaron esos telex dando autenticidad al tercer juego de pagarés que volaron a Suiza por correo especial DHL). "En este enredo la embajada suiza en el Perú ha jugado un rol curioso. No sólo certificó la autenticidad de la firma -probablemente falsa- del notario peruano; más sorprendente aún: el 15 de febrero de 1989 el embajador Gerard Fonjallaz envió un fax al Procurador de Lugano. Lo hizo en papel membretado de la Sulzer-Perú. El fax fue enviado desde la sede misma que tiene esa multinacional en Lima... Es de toda evidencia que la embajada suiza parece tener buenas razones para actuar de esta manera. ¿Acaso no había escrito en un informe clasificado confidencial, remitido ello de octubre de 1989 a la Oficina Federal de la Policía: "Estamos ante un asunto delicado que bien pudiera tener consecuencias políticas importantes (el presidente Alan García estaba personalmente implicado); se impone una gran discreción"?(Efectivamente, la cónsul Ruth Wulff legalizó la firma del notario Aníbal Corvetto Romero quien, a su vez, legalizaba la del presidente del Banco de la Nación. Ambas resultaron falsas. Sin embargo, con fecha 15 de febrero, el embajador Fonjallaz remitió un telefax a los señores Quattri y Simonetti, de la Procuraduría Pública de Lugano, enviando una copia de la legalización hecha por su embajada el 3 de febrero de los documentos en donde aparecen falsificadas las firmas del presidente del Banco de la Nación, Juan Candela, y del Notario Corvetto, informando que desafortunadamente la cónsul omitió hacer una fotocopia de los pagarés). El artículo termina: "Esta es la historia: Alan García ya no es presidente del Perú, el Banco de la Nación también cambió de presidente, los barcos de pesca jamás fueron construidos y el embajador Fonjallaz nos representa ahora en Bangkok. En cuanto a Koprivec, queda por averiguar si se trata de un estafador de alto vuelo o bien de un peón sacrificado en el juego montado por los ex dirigentes peruanos en cuestión con la ayuda, probablemente involuntaria pero activa, de la embajada suiza en Lima". L'Hebdo se olvida también de Guillermo Reyes Viaña, el hombre que con una empresa (la Scorpion Fish) que sólo tenía 100 dólares de capital, aparece como el "cerebro" del gigantesco aparato internacional que se montó para estafar incautos con el señuelo de unos pagarés por más de 600 millones de dólares supuestamente avalados por el Banco de la Nación. Reyes Viaña, encarcelado desde diciembre del 88, estaba siendo juzgado por el Sexto Juzgado de Instrucción pero en diciembre del año pasado fue "indultado" por el presidente Fujimori. En esa ocasión Pablo Córdova Salvador, presidente de la Comisión Técnica Especial de Calificación del Indulto, dijo a El Comercio que Reyes Viaña sólo se limitó a falsificar pagarés para obtener un préstamo del exterior por 44 millones de dólares (¡eran más de 600 millones de dólares!) lo cual no se cumplió porque fue descubierto antes. Si ese funcionario hubiera pedido los antecedentes de Reyes Viaña al Poder Judicial, habría comprobado que tenía dos requisitorias: una del Segundo Tribunal Correccional de Chiclayo por delito contra la fe pública (18 de diciembre de 1981) y otra por el Primer Tribunal Correccional del Callao por delito de peculado (2 de setiembre de 1987). Además, estaban los cientos de miles de dólares que el Banco de la Nación gastó en enviar dos policías y un abogado a Europa, en contratar un abogado italiano que se desplazó a Suiza y en miles de telex que envió a todos los bancos del mundo para bloquear cualquier cobro de los pagarés falsificados. Pero gracias al presidente Fujimori, Reyes Viaña se ha convertido en hombre-topo: sus vecinos dicen que vive escondido en su casa de Emilio Althaus 233, San Isidro, cuyas ventanas están tapiadas con tablas, y no da cara a nadie. El secreto de esta historia está bien guardado... por el momento.

Una pista caliente que compromete al APRA – Oiga 31/07/89

EL cinco de enero de 1989 un hombre ingresó en las oficinas que la empresa Avis Renta Car tiene en la Galería Comercial del Hotel Sheraton y solicitó alquilar un automóvil, identificándose como el ciudadano español Juan Mario Descelz, presentando pasaporte, brevete y tarjeta de crédito bajo ese nombre. Cumplido el habitual trámite de confirmación de la tarjeta de crédito, se le entregó a Descalz un Toyota. Sin embargo, su actitud nerviosa sembró la duda en la empleada que lo había atendido, la que fue a consultar sus temores con Jorge Miranda Montoya, encargado de la seguridad de la empresa.

Alertado, Miranda se comunicó con Seguridad del Sheraton (durante la conversación, Descalz había informado a la empleada que ocupaba un cuarto en ese hotel), procediendo luego a sentar una denuncia por robo de vehículo ante la Sexta Comisaría. Al poco rato, Seguridad del Sheraton confirmó a Montoya la presencia del Toyota en su playa de estacionamiento y le dijo que, efectivamente, Descalz había tomado una habitación en el hotel.

La policía intervino y detuvo a Delcalz, y ahí saltó la liebre: el supuesto español era peruano y se llamaba Erick Meier Von Eufrenbeck. En esos momentos, ingresó a la habitación Efraín Garrido.

Este tenía en su poder otro Toyota alquilado, esta vez a la empresa National Car Rental a nombre de una persona de apellido Manucci. La policía constató que los dos vehículos, parqueados en la playa subterránea del Sheraton, tenían las placas cambiadas, y procedió a detener a Meier y Garrido, llevándolos a la Sexta Comisaría.

Que se había cometido un delito y se pretendía realizar otro, con autos alquilados bajo falsa identidad y con las placas cambiadas, es evidente. Pero, ¿en qué consistía ese acto ilícito frustrado? La comisión parlamentaria que investiga a las bandas paramilitares que operan en el Perú, piensa que este caso es una de las pistas "calientes" que relacionarían a militantes apristas con el "Comando Rodrigo Franco", Según fuentes cercanas a la comisión, Erick Meier y, Efraín Garrido Lecca habrían sido encontrados con armas de guerra en su poder y abundante documentación comprometedora, entre ellas una lista en la que figuraba el nombre de Oscar Delgado Vera, dirigente aduanero desaparecido hace alrededor de un año luego de presentarse ante la PIP para desvirtuar un cargo de terrorismo. Los nombres de Meier y Garrido Lecca estarían en el expediente que la Sexta Fiscalía ha abierto sobre el caso del dirigente aduanero desaparecido.

OIGA quiso conseguir el atestado policial de este caso, sin resultados positivos. En la Sexta Comisaría se guardó un hermetismo absoluto; sin embargo, efectivos policiales confirmaron la existencia del parte policial, conocido como "el caso del Sheraton", pero que ha sido "camuflado confidencialmente" por orden de Armando Villanueva, ministro del Interior en ese entonces. Sin embargo, trascendió que la comisión investigadora tiene en su poder un informe del mayor comisario de la Sexta Comisaría, en el cual se reproducen párrafos del parte policial confirmando los hechos descritos anteriormente.

En este informe se indica que en el parte consta que los implicados en este caso fueron puestos en libertad por una orden del Ministerio del Interior, gestionada a través de la Prefectura de Lima.

Existe otro hecho trágico que incrementa la sospecha de la actuación de paramilitares en este caso: Jorge Miranda Montoya, encargado de seguridad de Avis y la persona que puso en evidencia a Meier y Garrido Lecca, fue baleado el ocho de julio cuando transitaba por la avenida Iquitos. Miranda, ex policía, fue atendido en el Hospital de las Fuerzas Policiales, de donde, aún grave, fue dado de alta el pasado miércoles. OIGA intentó entrevistarlo, infructuosamente, en su domicilio. Uno de sus familiares atinó a decimos, antes de colgar el teléfono, que a Miranda lo trataron de secuestrar el ocho de julio.

Mantilla armo paramilitares – Oiga 31/07/89

LA comisión parlamentaria encargada de investigar la existencia de bandas paramilitares que operan en el país, habría reunido suficientes elementos de juicio que le permitirían establecer las siguientes conclusiones: a) Existen bandas paramilitares en el Perú; b) éstas son apristas, no sólo por los nombres que usan dichos grupos para identificarse (Comando Rodrigo Franco, Comando Santana Chiri, Haya Vive, Incawasi, etc.), sino por la filiación política de sus integrantes conocidos y por los objetivos que estos grupos han atacado (todos personajes opuestos al régimen aprista o vinculados a grupos subversivos de izquierda); c) Agustín Mantilla Campos, Ministro del Interior, es el organizador de dichas bandas; y, d) para implementar esos grupos Mantilla habría incurrido en la comisión de varios delitos -entre ellos violación de la Constitución al entregar a civiles armas de guerra- y errores, como permitir que su hermano Jorge "Coco" Mantilla haya servido de intermediario para cuestionadas compras de armas.

En estos momentos, la comisión estaría concluyendo la investigación de pistas que vinculan directamente a varios de los paramilitares conocidos con el siniestro “CRF”.

Ríos Sáenz y un fiscal escurridizo

La comisión ha estudiado el caso del fallido atentado dinamitero contra “El Diario”, considerado vocero de Sendero Luminoso, ocurrido el dos de octubre de 1987, en el cual murieron dos personas y una tercera quedó lesionada. Al respecto la comisión habría descubierto lo siguiente:

1) El estallido de la carga de dinamita se produjo en el interior del vehículo y no afuera, como sostuvo el Ministerio del Interior para hacer creer que los ocupantes del auto fueron víctimas de un atentado.

Según el peritaje técnico realizado por la PIP (hoy Policía Técnica de la PNP), en poder de la comisión, la detonación ocurrió en el interior del Volkswagen de placa AQ 9510, fue a la altura de la corona, y fue causada por una carga de 13 cartuchos de dinamita, reforzada con polvo de aluminio y otros elementos. El peso y el volumen del explosivo hacen débil la tesis de que la carga fue lanzada desde el local de "El Diario" hacia el interior del automóvil, según indicó el sobreviviente a la policía. Al contrario, los elementos de juicio con los que cuenta la comisión parlamentaria indican que el estallido se produjo cuando los ocupantes del Volkswagen manipulaban el explosivo.

2) Los muertos fueron, efectivamente, Adolfo Usquiano Barandiarán y Richard Briceño Vásquez, jóvenes de comprobada filiación aprista.

3) El sobreviviente fue conducido al hospital Santa Rosa y posteriormente trasladado al Hospital de Policía por el capitán GC -hoy mayor de la PNP Adolfo Ayanguren Carbajal, en ese tiempo destacado al Escuadrón de Emergencia. El herido fue internado allí bajo el nombre de Edwin de la Torre Ugarte.

4) La Dirección de Sanidad de la PNP, a cargo del Hospital de Policía, ha informado a la comisión que tuvieron a este sujeto por 15 días en su poder, bajo tratamiento, siendo custodiado por efectivos de la DIRCOTE. Al decimosexto día, esta dependencia envió a la dirección de ese hospital un comunicado en el que informaba que la verdadera identidad del herido era Jesús Miguel Ríos Sáenz y que, "por orden superior", se retiraba la vigilancia policial a dicho individuo. Pocos minutos después de que la custodia fuera retirada, 'Ríos Sáenz se fugó del hospital. La comisión ha comprobado que Ríos Sáenz no fue dado de alta y, cuando solicitó la historia clínica, las autoridades del Hospital de Policía informaron que dicha historia se ha perdido misteriosamente.

5) La comisión cuestiona el comportamiento del titular de la 37 Fiscalía, doctor Jorge Bayetto, quien tuvo a su cargo el caso y decretó la libertad incondicional de Ríos Sáenz porque éste dijo que había sido víctima y no ejecutor del atentado, y mandó archivar el expediente.

Resulta sospechoso para la comisión que, cuando en cualquier otro caso basta encontrar un volante subversivo a cualquier detenido para realizar una exhaustiva investigación y ponerlo a disposición del juez, Bayetto no haya seguido en este caso el mismo trámite.

Bayetto ha sido citado por la comisión en dos oportunidades, negándose a asistir, primero aduciendo encontrarse de vacaciones, y luego afirmando que, como el caso ya no está en sus manos, no tiene nada que ver en el asunto. Actualmente, Bayetto está citado bajo apercibimiento. La comisión parlamentaria estaría por oficiar al Fiscal de la Nación pidiéndole que ordene al fiscal Bayetto se presente a rendir sus declaraciones. De no hacerlo, sería destituido, aparte de que la comisión podría enviarlo a la cárcel por obstruir su trabajo.

¿A quién pertenece el Volkswagen?

6) La comisión sigue investigando la identidad del propietario del Volkswagen de placa AQ 9510, usado en el atentado contra "El Diario", y tiene tres pistas: a) el auto pertenecía a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIRINT) y había sido asignado a Augusto Carrasco Calleja, Jefe de Logística de dicho ministerio; b) el propietario sería Rolando Collado Sáenz, hermano por línea materna de Jesús Miguel Ríos Sáenz; y, e) el Volkswagen sería de propiedad de Jaime Esquivel Guitendid, quien trabaja en la DIRINT.

Por lo pronto, la comisión habría descubierto la existencia de dos tarjetas de propiedad de este vehículo: una a nombre de Calleja Carrasco y la otra a nombre de Jaime Esquivel.

7) Tratando de seguir los pasos de Jesús Ríos Sáenz, la comisión parlamentaria se ha encontrado con muchas barreras. Cuando solicitó a ESVICSA -la agencia de seguridad del IPSS- un informe precisando si Ríos Sáenz había sido trabajador de esa entidad, la respondieron negando toda vinculación laboral con este sujeto. Sin embargo, la comisión tiene en su poder una planilla de ESVICSA que demuestra que Ríos Sáenz trabajó en el Policlínico Sabogal de El Callao.

Los paramilitares

La comisión ha confirmado que, desde que asumió el viceministerio del Interior en 1985, Agustín Mantilla organizó un servicio de protección, reclutando a jóvenes apristas, a los que él mismo armaba y pagaba de su peculio. A este respecto, ha confirmado en todos sus extremos las informaciones de OIGA sobre Moisés Palacios Yamunaqué, Luis Alberto Aoun Chong y otros.

Asimismo, la comisión ha logrado suficientes elementos como para afirmar que Agustín Mantilla introdujo a elementos civiles en los grupos policiales que recibían entrenamiento especializado, reservado exclusivamente a miembros de este cuerpo. Un informe escrito presentado a la comisión por el general PIP Fernando Reyes Roca, confirma plenamente lo que dijera OIGA en su oportunidad: que en agosto de 1986, dos paramilitares apristas, Manuel Alzamora y Carlos del Pozo -ellos serían identificados más tarde como integrantes del grupo de civiles armados que en octubre de ese año acompañaron a Mantilla y al propio Reyes Roca en un operativo policial realizado en el cerro El Pino, tras el asesinato por Sendero del Almirante Caferatta- viajaron a Estados Unidos, integrando una delegación oficial que iba a realizar un curso de cinco semanas sobre activación y desactivación de explosivos, Adicionalmente, este testimonio de Reyes Roca echa por tierra la versión que dio Mantilla a la comisión, según la cual Alzamora y Del Pozo viajaron en forma particular, invitados por una empresa privada de seguridad y que coincidieron con la delegación policial en el avión. Para terminar de desbaratar la coartada de Mantilla, bastaría con que la comisión llame a declarar bajo juramento a los oficiales de policía que viajaron a los Estados Unidos con estos dos paramilitares apristas.

En su informe, Reyes Roca reconoce que otro civil, Carlos Oliva Guerrero, también identificado como miembro de las fuerzas para militares apristas y peligroso karateca, participó en un cursillo sobre seguridad de dignatarios, realizado entre enero y abril de 1988 en el cuartel de la DOES del Fundo Barbadillo. Interrogado al respecto, Mantilla dijo a la comisión que Oliva participó de lo que él denominó "charla" en calidad de invitado.

Además de los personajes ya mencionados, la comisión parlamentaria debería investigar y llamar a declarar a Omar Lacunza, Gino Fiori Gonzales, Jorge Oliva Banda, Hans López Mendoza, Miguel Ángel Pinchilotti, Carlos Trujillo Marcelo, Francisco Huanacure Rosas, Martín Navarro Loayza y Carlos Hidalgo, muchos de los cuales han recibido entrenamiento militar en Corea del Norte.

Las armas

Mantilla no habría podido explicar a la comisión investigadora el porqué de su presencia junto a civiles armados con metralletas durante el operativo de "El Pino". La fotografía tomada por El Nacional constituye una fuerte prueba en su contra. Además, existen fuertes indicios que señalan al Ministro del Interior como la persona que entregó estas metralletas a su guardia personal.

También ha sido llamado a declarar ante la comisión Jorge "Coco" Mantilla sobre la importación de armas, centrándose las investigaciones en el caso de la importación de 250 silenciadores, operación que se hizo en aplicación del DS 113-87, que crea el Fondo Especial de Prevención del Ministerio del Interior. El monto total de esta operación ascendió a 280,000 dólares, según consta en documentos que obran en poder de la comisión.

Coco Mantilla habría afirmado ante la comisión que la importación realizada no fue de silenciadores, sino de percutores especiales que disminuyen el ruido de las detonaciones, versión desvirtuada por las pruebas que la comisión posee. El destino que han corrido estos silenciadores, así como parte del armamento importado directamente por Mantilla y su hermano, continúan en el misterio.

Otras revelaciones -hechos- serán de conocimiento público con el primer informe de la Comisión, que estaría por producirse en estos días.