Oiga - En el Perú

El día que no estallo la guerra con Chile - Oiga 9/08/1993

2009-06-03T19:25:00.000-07:00

El 11 de setiembre se cumple en Chile el vigésimo aniversario del golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende perpetrado por el general Augusto Pinochet, comandante general del Ejército de esa nación. Desde el 11 de setiembre de 1973, Pinochet gobernó a Chile con mano de hierro hasta 1990, cuando se reinstauró la democracia con la ascensión del presidente Patricio Aylwin; sin embargo, Pinochet sigue manteniendo una fuerza gravitante en la política de ese país, desde su poderoso cargo de comandante general de las Fuerzas Armadas. El golpe de Estado que acabó con el experimento socialista de Allende, ocurrió siete meses después de que en el Perú el general Juan Velasco Alvarado, jefe del movimiento revolucionario que asumió el poder el 3 de octubre de 1968, tras derrocar al presidente constitucional Fernando Belaunde Terry, sufriera un aneurisma aórtico que le costó la amputación de una pierna (19 de febrero de 1975); la enfermedad marcó su declinación física y la de su poder, desatando pugnas internas que se resolvieron el 29 de agosto del mismo año con el pronunciamiento de Tacna encabezado por el general Francisco Morales Bermúdez.

A propósito de estas dos décadas de la historia política de Chile, la revista Qué pasa, de Santiago, ha iniciado, el 3 de julio, una serie de reportajes bajo el título los años que remecieron a Chile. El primero, publicado en tres ediciones sucesivas, toca un tema que va a causar asombro entre los peruanos porque, como lo dicen los editores de esa revista: "Aborda un suceso sobre el cual jamás ha aparecido ni siquiera un artículo que, al menos, dé una idea de lo que realmente ocurrió: la crisis que puso a Chile y a Perú al borde de una guerra entre 1973 y 1975". Este tema es tratado en dos números de 'Qué pasa'; el segundo capítulo, titulado "El acoso en tres frentes" también está vinculado a otro supuesto intento de agresión peruano a Chile ocurrido bajo el gobierno de Morales Bermúdez, esta vez con la complicidad de Argentina y Bolivia.

Indudablemente, el tema es apasionante, sobre todo porque abre entre nosotros una gran interrogante: ¿realmente sucedieron los episodios que narra Qué pasa? Por las páginas del semanario chileno desfilan militares de ese país que dan su propia versión y también figuran los nombres de militares peruanos que, según los cronistas chilenos, tuvieron participación en esa parte oscura de la historia entre los dos países. OIGA pública en esta edición las partes más importantes del capítulo que se publicó en la edición del 3 de julio y la versión completa del que apareció el 10 bajo el título 'Esperando la invasión'. La próxima semana lo haremos con el tercer capítulo.

El tema no sólo apasionará a nuestros lectores; también dará pie a que los militares peruanos mencionados por Qué pasa den su propia versión y nos permitan tener una visión más cabal de lo que realmente sucedió entre el Chile de Pinochet y el Perú de Velasco y Morales Bermúdez.

En medio de la noche, una fila de jeeps con las luces apagadas se desliza fuera del regimiento. Silenciosamente, miles de hombres toman senderos y huellas para ocupar sus posiciones. En las trincheras les esperan armas y municiones. Y mientras la enorme masa camuflada ocupa los desérticos terrenos que rodean Arica, en las calles de la ciudad algunos contingentes se ubican en puntos estratégicos. La población de Arica duerme tranquila, sin saber lo que está pasando. Pero en medio de la noche, algunas luces revelan que hay civiles trabajando. El alcalde de la ciudad revisa los últimos detalles; es él quien dirigirá la batalla en las calles. Ya su plan está listo, y todos, incluyendo los universitarios, van a jugar un papel en la defensa de la ciudad.

Es julio de 1975. Y Arica, con una población de 90.000 personas, está en pie de guerra. El Ejército chileno se ha plegado —listo para el enfrentamiento— en la más grave crisis militar de las últimas décadas. Al otro lado del límite las tropas peruanas se levantan en una gigantesca movilización sobre la frontera con Chile. Desde Lima, el gobierno de Juan Velasco Alvarado vuelve a alistar su poderosa maquinaria militar.

No es la primera noche y tampoco será la última en que los soldados ocupen trincheras y arenales, y en la que se teme que, finalmente, Chile y Perú se enfrenten en una sangrienta guerra. Durante meses de larga tensión, una y otra vez se repetirán los hechos. Una y otra vez Arica se aprontará a defenderse en esa larga espera que, desde hace más de un año y medio, vive el norte chileno.

El comandante del regimiento de Arica, coronel Jorge Dowling teme lo que pueda suceder ese invierno de 1975. Si hay guerra, dos alternativas se conjugan en su mente: "O Perú ve una resistencia tan feroz que no insiste en la agresión, o vivimos la historia de 'La Concepción' en grande". Como hace casi un siglo, en la sierra peruana, los soldados de Arica se aprestan a morir sitiados.

Durante 1974 y 1975 la tensión prebélica ha subido y bajado en Chile, como un tobogán. Desde que el general Juan Velasco Alvarado iniciara en el Perú el mayor rearme de su historia, el gobierno del general Pinochet se prepara para enfrentar un posible ataque peruano. Y aunque pocas declaraciones bélicas se han cruzado, en Chile persiste la certeza de que, si puede, Velasco va a intentar recuperar la zona de Arica, perdida en la Guerra del Pacífico.

Por lo mismo, en los puertos chilenos se instalan redes y sistemas de detección de submarinos. Dos veces la escuadra ha tenido encuentros con submarinos desconocidos en los mares del norte. Y ni al llegar a puerto baja la guardia de los barcos: radares y armas antiaéreas se mantienen siempre mirando al cielo, por el peligro de los ataques. Todas las Fuerzas Armadas chilenas se han volcado al norte, aunque en Santiago nada de la tensión que se vive se filtrará a la prensa.

"Nuestra orientación en 1974 y 1975 era de preparación para el conflicto", evoca el almirante (r) Luis de los Ríos, en ese entonces jefe del Estado Mayor de la escuadra. "Estimábamos en un 60 a 70% las posibilidades de que nos viéramos envueltos en una guerra". Y como comandante del único regimiento de Arica —el Rancagua— el general (r) Adlanier Mena, también recuerda: "No una, sino muchas veces pensé que por una impredecible circunstancia íbamos al enfrentamiento".

En el Estado Mayor de la Defensa, corazón de la estrategia chilena, se estudia y planifica a todo vapor. Pero junto al acelerado rearme nacional, otro tema ocupa la mente de los militares. Una fina estrategia global ha ido cobrando cuerpo. Los generales chilenos estiman que la única forma de detener a Velasco Alvarado es demostrarle que no le será posible lanzar una ofensiva aplastante y rápida que le permita quedarse con los territorios reivindicados. Para esto, Chile se vuelca a construir un escenario que le hará saber a Perú que si va a la guerra, ésta será larga y revelará la debilidad estratégica vecina. Si bien Perú tiene una gran fuerza ofensiva, no posee, según los generales chilenos, la capacidad logística —o de organización— como para sostener un conflicto prolongado. "En términos gráficos, el poderío peruano era como un gran puño, pero con un brazo delgado", sostiene el cientista político Emilio Meneses. En los escasos 20 kilómetros que separan a Arica de la frontera, los soldados trabajan día y noche. Con retroexcavadoras, y todo tipo de maquinaria, los regimientos pasan los días y los meses en lo que el general (r) Jorge Dowling llamaría "nuestra agricultura". Se excavan trinchera en eternos kilómetros, se levantan camellones y se instala una fábrica de tetrápodos, enormes figuras de cemento destinadas a formar diques para la contención de tanques.

Detrás de esa primera línea, se siembran 20 mil minas, que en 1981 llegarían a ser 60 mil. En cuadriculadas áreas, éstas son instaladas con un registro —del cual sólo existen tres copias— que revela dónde se encuentran las mortíferas cargas. Pequeños senderos, llamados brechas, permiten que los guías circulen sin riesgo. Pero si el conflicto bélico estalla, rápidamente se rellenarán las brechas con minas, y toda el área quedará intransitable.

Hacer la guerra larga no sólo significa interponer los mayores obstáculos entre la ciudad y la frontera. También hay que profundizar el territorio de batalla. Y si en 1974 existe en Arica un solo gran regimiento —el Rancagua— que cubre toda la frontera, en 1975 se crea el Regimiento Granaderos en Putre, con escuadrones de caballería, donde sólo existían instalaciones menores. Al año siguiente, nace el regimiento "Garra y Filo" en Alto Pacoyo, y así se continuará, hasta que en la década del '80 habrá seis regimientos en Arica, quedando en Iquique sólo cuatro, los de apoyo de mando. En un crecimiento orgánico, no sólo se desplaza gran parte de las fuerzas de Iquique hacía el norte. También hay un despliegue de los regimientos frente a la frontera, de tal forma que tanto en Arica como en alta montaña -léase Putre- se encuentran fuerzas de infantería y artillería.

El crecimiento se inicia en 1974 en las más precarias condiciones. Los hombres inicialmente van a acampar a los desiertos y áreas cercanas. La enorme marea humana convierte a la zona en un solo y gigantesco cuartel. "Vivimos enormes dificultades de alojamiento, alimentación y recreación para miles de hombres", recuerda un alto militar del norte. Similar proceso vive también en esos años la Fuerza Aérea y la Armada. Apresuradamente, ante el peligro de guerra, crea un teatro de acuerdo a la amenaza. En el caso de la Fuerza Aérea, después de la construcción de la base de Chucumata, nuevas pistas de redespliegue surgen en medio del desierto.

La adquisición de armamento también se orienta a demostrarle a Perú la larga guerra que se viene. Se triplica la cantidad de armas antiblindajes, que enfrentará a los tanques desde el suelo, con hombres escondidos en los camellones. Y se adquirieron aviones F-5, así como los norteamericanos A 37: éstos volarán delante de las fuerzas de tierra, destruyendo tanques. La única ventaja de Chile en ese entonces —que vive una profunda crisis económica agudizada por la baja del precio del cobre y el shock petrolero mundial— es que las armas defensivas son sustancialmente más baratas que las ofensivas, que requiere y compra Perú.

En la acelerada preparación, todo vale. Y desde 1974 en adelante los uniformados chilenos harán uso, también, del ingenio militar. En Arica se creanvariadísimos elementos defensivos "made in Chile", como los tetrápodos, queirán a obstaculizar el paso de los tanques. Se estudian las posibles zonas dellegada de paracaidistas, para diseminar allí gigantescas púas de acero. Y mientras en el día se trabajé en trincheras y camellones, por las noches el comandante Odlanier Mena, del Regimiento Rancagua, lee Oh Jerusalem —relato de la lucha judío-árabe— donde toma ideas de defensa 'casera'.

Sin embargo, los ojos de la Defensa chilena no sólo están puestos en hacerle cada vez más costosa la guerra a Perú. Quizá la imagen más dantesca de esta guerra que no sucedió hubiera sido el escenario de Arica. En caso de enfrentamiento, el objetivo peruano sería conquistar Arica. "Era la carne de cañón, como cualquier ciudad fronteriza del mundo", recuerda un militar. Los ejércitos peruanos se encontraban demasiado cerca, y después de agredir con dos divisiones de tanques, vendría la batalla en las calles de la ciudad. Fuerzas peruanas aerotransportadas caerían sobre Arica después de los bombardeos y la poderosa brigada paracaidista peruana —entre 1,200 y 1,500 hombres— aparecería sorpresivamente. Los paracaidistas peruanos caerían más al sur de la ciudad, en lugares estratégicos que les permitieran cortar y aislar la zona norte del resto del país. Y otras fuerzas de infantería peruana buscarían el mismo objetivo, penetrando por el lado de Putre para bajar hacia el sur y hacer un envolvimiento hacia la costa. Así dejarían a Arica como un bastión sitiado.

Desde la frontera con Perú hasta las quebradas de Camarones y Vitar —límite natural, y límite también de la supuesta ambición peruana— sería entonces el campo de batalla. Un territorio fácil de aislar para los peruanos, si se bombardean las escasas carreteras de la zona. Y Chile, con pocas posibilidades de llevar la lucha terrestre hacia territorio vecino —por la densidad de las fuerzas peruanas en la frontera, corría serios riesgos de quedar con un pedazo del país completamente aislado y acosado.

Las continuas visitas del general Pinochet a Arica estaban destinadas a asegurarse que la ciudad resistiría hasta la llegada de refuerzos. Con la misma frecuencia viajaban altos mandos de la Marina —pieza clave en la defensa— y el general Gustavo Leigh también se haría presente en 1974. Cada vez, y a cada uno, en el regimiento Rancagua "les asegurábamos que resistiríamos hasta la llegada de ayuda", evoca el general (r) Mena.

Desde el escenario norte, era el general Carlos Forestier, comandante de la VI División, con asiento en Iquique, quien orquestaba y coordinaba las fuerzas que tendrían que ir en el refuerzo.

Apodado el 'zorro del desierto' —en clara alusión al mariscal alemán Eric Rommel—, Forestier era un duro militar, admirado y temido entre la tropa, que manejaba con mano de hierro sus divisiones, alistándolas para la guerra. Amante de los comandos especiales, o gurkas, era muy conocido entre los militares peruanos por su vehemencia.

El alto mando ya tenía previsto que si Arica caía, la reconquista estaría en manos de los hombres de la Armada. En una operación anfibia, y con bombardeo naval, los infantes de marina serían cabeza de playa, para después permitir desembarcar a las tropas del ejército.

El 18 de setiembre de 1974 el coronel Odlanier Mena, comandante del regimiento Rancagua, único de Arica, tenía un problema muy especial. Como era tradición, para ese día se esperaba la visita de un destacamento del ejército peruano que, desde Tacna, iba todos los 18 de setiembre a saludar a los chilenos. Pero en la mente del comandante persistía una duda: que esta vez, además del destacamento de saludo, llegarán miles de 'visitantes' para iniciar la agresión.

Siendo amigo personal del general peruano a cargo de Tacna, Artemio García, Mena decidió entonces invitarlo a pasar el día a Putre. "Si algo pretendían, yo tendría cautivo y en mis manos a su general", evoca Mena. Entonces en el regimiento de Putre se viviría una inédita celebración del día patrio: con gran parte de sus armas e instalaciones camufladas se recibió al general peruano. Lo único que no alcanzaría a modificarse sería el discurso preparado, cuyo orador tuvo que saltarse párrafos enteros, que hablaban de los encendidos valores nacionales, cuando se estaba a las puertas de una agresión peruana.

Conscientes de la tensión, en la población civil de Arica se vivía día a día los preparativos militares de ambos lados. La ciudadanía sabía claramente el peligro que corría, aunque, nunca llegaron a enterarse de que las tropas chilenas estaban desplegadas. En 1974 los estudiantes secundarios habían sido organizados en brigadas, donde recibían instrucción premilitar para aprender a disparar. Las jovencitas, por su parte, vestidas con uniformes de la Guerra del Pacífico, eran entrenadas en primeros auxilios. Y es que, llegado el caso, todos serían indispensables en la aislada ciudad.

Los planes de abastecimiento, agua y luz fueron coordinados con las autoridades civiles para el caso de conflicto. La " evacuación de mujeres y niños hacia áreas más protegidas se realizaría en la fase 'peligro de guerra', es decir sólo en el momento en que el conflicto resultara inminente. El Plan de Defensa de Arica, que dirigiría el alcalde de la ciudad, ya tenía organizado la labor de los bomberos, Cruz Roja y universitarios, todos ellos distribuidos por barrios y calles.

Mientras Arica velaba, esperando la hora de la guerra, en Santiago nuevas iniciativas del gobierno, más una serie de circunstancias externas, irían paulatinamente haciendo más difícil la agresión peruana. "El tiempo empezó a correr en contra de Perú", sostiene el cientista político Emilio Meneses. "Aunque Persistía el riesgo de que se precipitara en una ofensiva, ya en 1975 el panorama comienza a complicársele a Velasco Alvarado", agrega.

Por una parte, Chile responde a gran velocidad al desafió militar, diluyendo la posibilidad de un ataque vecino rápido y certero. Por otra, la situación económica de Perú comienza a deteriorarse con la misma rapidez con que empieza a sentir el peligro en su frontera norte. Los altos precios del petróleo le permite a Ecuador, que siempre ha reivindicado territorios peruanos, enriquecerse y armarse aceleradamente: a lo largo de los años 70 aumentará once veces su dotación militar, obligando a Velasco Alvarado a poner atención en esa frontera.

La Cancillería chilena irá desplegando, por su parte, una labor, cuyos hilos movidos orquestadamente con la Defensa también rendirán frutos. Desde Santiago se crea una serie de comisiones mixtas entre ambos países que logran el objetivo de acercar y apaciguar. Pero la más importante acción diplomática, sería el 'Abrazo de Charaña' del general Pinochet con el presidente de Bolivia, Hugo Banzer, en febrero de 1975.

Paralelamente, otra labor diplomática se desarrolla esos años, la que será Ilevada a cabo por los mismos comandantes chilenos que de noche despliegan las tropas en la frontera. Primero el comandante Odlanier Mena, y después el comandante Jorge Dowling —desde el regimiento Rancagua-- establecen estrechas relaciones con el mando militar de Tacna, a cargo del general Artemio García. Tratando de apaciguar la llamada 'zona caliente', la gran amistad que surge ayudaría en más de una ocasión a aquietar el polvorín fronterizo. Y permite situaciones tan anecdóticas como que en el invierno de 1975, cuando los alumnos de la Academia de Guerra santiaguina visitan Arica, encuentran sentado en la pérgola de la casa del comandante Dowling a todo el cuartel general peruano del regimiento de Tacna cantando el himno del `Rancagua'.

Y es que, según los actores chilenos del norte, la actitud de los militares peruanos revelaba que en Lima había unas cuantas 'cabezas calientes' envueltas en la idea de guerra. "El propio general García, de Tacna, consideraba que era un locura entrar en conflicto y así me lo dijo", evoca el general (r) Dowling.

Enmarcado en este mismo ambiente, en noviembre de 1974 se realiza en la línea fronteriza de Perú y Chile la ceremonia del Abrazo de la Concordia. Sin embargo, cuando ésta estaba en etapa de organización, el comandante Mena recibió una propuesta que lo dejaba en bastante mal pie.

"Hagamos un desfile —sugirió el general García— donde nosotros pasamos con dos escuadrones de tanques, y ustedes con otros dos". El comandante chileno no supo qué responderle". "¿De dónde sacaba dos escuadrones, si ni en todo Chile no los conseguía?", revela hoy. Afortunadamente, los militares peruanos aceptaron la contraposición de Mena de realizar un desfile simbólico, con banda instrumental y una treintena de hombres.

Sin un incidente preciso que detonara la tensión, sin un tema concreto en discusión —ya que el tratado de 1929 había zanjado los territorios de la Guerra del Pacífico— Velasco Alvarado había llegado a las puertas de la guerra, sólo imbuido por su fuerte tendencia nacionalista. Y el temor chileno ya no era sólo una agresión ordenada desde Palacio de Lima, sino también que "por cualquier estupidez" explotara un conflicto fronterizo y éste se generalizara.

Sin embargo, el tiempo se encargaría de que la larga profecía bélica no se cumpliera. Y mientras la estrategia chilena comenzaba a carcomer las ambiciones bélicas de Velasco Alvarado, hoy —20 años después— aún circulan innumerables versiones de por qué el Presidente peruano nunca dio la orden de iniciar el ataque.

Una de ellas —de origen peruano—relata que, cuando Lima se aprontaba a lanzar su ataque sobre Chile, los satélites norteamericanos registraron los movimientos de la tropa, y la Casa Blanca fue quien detuvo a Velasco Alvarado. Para Estados Unidos, los vínculos peruanos con la URSS eran un fuerte argumento para impedir la agresión, además de que a Washington jamás le ha interesado un conflicto militar en Sudamérica por las consecuencias que podría acarrear en esta área de su influencia.

Otra versión —recogida por la Marina chilena— apunta a que fue la fuerza naval peruana el gran freno para una incursión bélica. Siendo la marina la rama más derechista de las Fuerzas Armadas vecinas, y con difíciles relaciones con Velasco durante todo su gobierno, los altos mandos habrían declarado no estar listos en 1975, ya que —efectivamente— su rearme había sido el más lento de todos, y su poder de fuego se consolidaría sólo unos años después.

Sin embargo, más allá de las conjeturas, lo que puso punto final al peligro de guerra fue el derrocamiento del general Velasco Alvarado, en la madrugada del 29 de agosto de 1975. Paradójicamente, el hombre que lo sacaría de Palacio de Lima sería el mismo a quien el propio Velasco había señalado como su sucesor, el comandante en jefe del Ejército, general Francisco Morales Bermúdez, y uno de los conspiradores del golpe de 1968.

Esa madrugada y poco antes de que Morales concretara el golpe, dos llamadas telefónicas cruzarían hasta Chile. En una, el general Artemio García, comandante en Tacna, despertaría a las 05:00 horas al comandante Dowling en Arica para informarle que el general Morales Bermúdez sería el nuevo Presidente de Perú. Tras colgar, García se comunicó con la casa del coronel Odlanier Mena en Santiago, quien después de haber servido en Arica, había sido destinado a la Dirección de Inteligencia del Ejército. García repetiría textual la información entregada a Dowling, pero el propio general Morales Bermúdez tomaría el teléfono para confirmarle que el grupo de conjurados tenía todo listo para actuar.

Una de las razones que motivó el golpe de Morales Bermúdez, de acuerdo a versiones que circulan tanto en Chile como en Perú, fue evitar la guerra. Morales era un militar mucho más moderado que Velasco, y según una versión recogida por la embajada chilena en Lima, hubo un hecho preciso que lo habría impulsado a derrocar rápidamente a Velasco. En una visita a La Habana, Fidel Castro habría invitado a Morales a visitar unas instalaciones militares, donde había infinidad de tanques. "Tengo todo preparado, los tanques, y 12 mil hombres para caer sobre Arica junto con ustedes", le habría dicho Fidel. Morales, atemorizado de que esa loca idea pudiera convertirse en realidad, acortó su visita a Cuba, volvió a Lima y aceleró su conspiración. Poco tiempo después, en la embajada chilena se subrayarían con rojo los despachos de prensa que informaban que 12 mil soldados cubanos habían partido para Angola.

En Chile, la tranquilidad volvería a las filas militares apenas Francisco Morales Bermúdez se cruzó la banda presidencial en el pecho. Había terminado la más grave crisis militar del siglo con Perú. "La amenaza fue real, y el esfuerzo que se hizo para evitar la guerra fue enorme", concluye el cientista político Emilio Meneses. Pero tres años después, el espectro de la guerra volvería a cernirse en el norte. Se trataba de algo aún más grave. Por causa del inminente conflicto del canal del Beagle con Argentina, parecía hacerse realidad la peor pesadilla que siempre rondó a los estrategas militares: una agresión simultánea de sus tres vecinos.

El Objetivo: Arica - Oiga 9/08/1993

2009-06-03T19:20:00.000-07:00

La única zona donde Perú podía usar sus varios centenares de tanques era en la frontera de 30 kilómetros con Chile. En sus otros límites, la geografía no permitía la utilización de blindados. La inteligencia militar chilena también iba analizando otros hechos: Perú nunca había tenido interés en modificar sus fronteras con ningún otro vecino; se acercaba el centenario de la Guerra del Pacífico, y todo el armamento que adquiría era de tipo ofensivo. Es decir, Lima compraba armas que se utilizan más para atacar que para proteger un territorio. Todo llevaba a pensar en la agresión.

Hasta 1973, sin embargo, desde Lima se jugó un doble juego: rearme acelerado y estrechas relaciones con Chile. Mientras Velasco se preparaba para la guerra, "subordinó sus sentimientos de reivindicación nacional a la solidaridad ideológica o antiimperialista", según un analista peruano. El dictador peruano se enorgullecía especialmente de su amistad con Salvador Allende, e incluso a uno de sus más cercanos colaboradores —el general Meza Cuadra— le decía 'Allende' por su parecido físico con el mandatario. El propio Presidente chileno estuvo de visita en Lima, y cuando Estados Unidos amenazó a Chile con el embargo del cobre nacionalizado, Velasco le ofreció hacer pasar como peruanos los embarques chilenos.

Con la caída de Allende, no quedaba ningún tipo de afinidad ideológica capaz de contener los ímpetus belicistas de Velasco Alvarado. A partir de entonces, la amistad peruano-soviética tomó un siniestro perfil, en el sentido de que a Moscú ahora le interesaría especialmente armar a un país que deseaba enfrentarse con Chile. Según todas las fuentes chilenas, Velasco Alvarado perdió su oportunidad en setiembre de 1973. "Si Velasco hubiera agredido tras el golpe, con todas las fuerzas chilenas volcadas hacia el interior, el Ejército peruano habría llegado mucho más allá de Arica", admite un general (r) chileno.

El hombre que quería la guerra - Velasco-Pinochet, frente a frente - Oiga 9/08/1993

2009-06-03T19:10:00.001-07:00

En sus manos, que ahora temblaban por la enfermedad, se había acumulado todo el poder con que un hombre pudiera soñar. En su voluntad, que ya flaqueaba, se concentraba el destino de un gigantesco poder militar recién construido. Y en su corazón, aún anidaba aquel viejo deseo de recuperar los territorios perdidos por Perú en la Guerra del Pacífico. Juan Velasco Alvarado, el soldado raso que había llegado a Presidente, continuaba siendo para muchos, y a pesar de su malograda salud, el hombre que quería la guerra con Chile.

Frente a él la historia pondría a otro hombre, otro militar. La fuerte voluntad de Velasco se vería enfrentada con la de un uniformado de derecha, que también dirigía con mano férrea los destinos de la nación vecina. Su retrato --de anteojos oscuros y larga capa militar— había dado la vuelta al mundo pocos meses atrás al derrocar al gobierno de Salvador Allende. Y aunque dentro de las prioridades del general Augusto Pinochet no figuraba un enfrentamiento bélico, desde el amanecer del 11 de setiembre de 1973, sus ojos estuvieron puestos en la frontera peruana, extremando la vigilancia. La propia experiencia militar de Pinochet, que había hecho la mayor parte de su carrera profesional; en el norte, sería vital para los difíciles primeros años de su gobierno, cuando el fantasma de la guerra estaría siempre presente con Perú.

La estrecha frontera de 30 kilómetros que separa a ambos países se convertiría en una de las zonas más militarizadas del continente, y Chile -en forma absolutamente secreta- se prepararía para la guerra. La larga y extenuante crisis sería la más grave en la historia de ambos países, desde que a fines del siglo pasado terminara la Guerra del Pacífico. Si viviría una virtual situación prebélica, y, mientras la prensa internacional denunciaba el inminente peligro de guerra en Sudamérica, “ambas naciones se envolvieron en una monumental carrera armamentista".

La revancha
Inserto dentro de un fenómeno continental de militarismo progresista —que en esos años incluía a Omar Torrijos, en Panamá, y Juan José Torres, en Bolivia—, Velasco fue la cabeza visible de un movimiento que ya llevaba varias décadas incubándose en los regimientos peruanos. Inspirados por un ardiente nacionalismo y una tendencia socialista, fue en el CAEM —Centro de Altos Estudios Militares—donde desde los años 50 se comenzó a formar aquella elite progresista que se tomaría el poder, y que durante siete años gobernaría. Inspirados en la teología de la liberación y en autores socialistas, nacionalistas y nostálgicos del imperio incaico, este grupo estaba convencido que sólo un gobierno de las Fuerzas Armadas de larga duración era capaz de realizar los enormes cambios estructurales que necesitaba la nación.

Juan Velasco Alvarado, entonces Comandante en Jefe del Ejército, sería el paladín del nuevo movimiento que alardeaba erradicar la injusticia en el Perú. Pero también era el hombre que quería reconstruir la integridad nacional, con un país fuerte y seguro. Para esto último se apoyaba en un nacionalismo basado en el patriotismo militar.

Desde el primer momento, se mezcló la ambición de cambiar la estructura social del país con la de construir un poder militar tan enorme, que —de darse la ocasión— se pudieran reconquistar los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico, fuente de gran trauma nacional".

Los halcones
Los datos revelaban que no sólo Velasco Alvarado era un actor peligroso para Chile. También alrededor de él había un puñado de hombres claves, particularmente antichilenos. Destacaban el general Mercado Jarrín, ministro de Guerra, Primer Ministro y Comandante en Jefe del Ejército; el general De la Flor, ministro de Relaciones Exteriores, y especialmente el general Fernández Maldonado. Este último, uno de los coroneles conspiradores del 68, era un experto en inteligencia, se vanagloriaba de su amistad con Fidel Castro, y había escrito un folleto ideológico que en esos años fue descrito como "una confusa amalgama... del tipo de nuestros mapuchistas". El sería catalogado —según un informe de la Cancillería— como el que "más destacaba en su posición contra Chile".

Mientras ambos países preparaban su maquinaria bélica, en marzo de 1974 Velasco Alvarado haría declaraciones que rápidamente llegaron al corazón del gobierno chileno, y alcanzaron a filtrarse en la prensa nacional. En una entrevista al diario francés Le Monde, el general peruano habló de la inminencia de una guerra con Chile. En la misma época, la revista inglesa The Economist recogería la tensión que vivían ambos países, informando que Perú montaba bases .de submarinos y cohetes soviéticos, preparándose para la guerra con Chile. Desde Brasil, los diarios O Estado de S. Paulo y Jornal do Brasil recogían la misma noticia.

Todo parecía dado para el conflicto. Nada indicaba, que el general Velasco Alvarado se detendría en sus ambiciones. Y en julio de 1975 una gigantesca alerta general pondría a las tres armas peruanas en pie de guerra. Varios contingentes especiales serían enviados hacia la frontera sur. Pero el hombre que quería la guerra con Chile se vería enfrentado durante casi dos años a un elaborado plan de la defensa chilena. Y, finalmente, sería ese plan estratégico una de las grandes causas que impedirían que Juan Velasco Alvarado concretara aquel viejo y deseado anhelo.

La alarma silenciosa - Oiga 9/08/1993

2009-06-03T19:00:00.000-07:00

Menos de un mes después de asumir el mando, el general Pinochet viajó a Arica, y a lo largo de 1974 y 1975 iría seis veces más. La presencia del enorme poder militar, con centenares de tanques como punta de lanza, inquietaba tanto como el hombre que gobernaba Perú. "Teníamos la certeza de que si podía, Velasco Alvarado iba a agredir", evoca el general (r) Jorge Dowling, comandante del Regimiento Rancagua, con asiento en Arica, en 1975.

"Faltaba sólo la chispa, cualquier detalle, cualquier roce, para desencadenar el conflicto", agrega.

Comenzaba, entonces, el despliegue estratégico. En un gigantesco movimiento de hombres y armas, desde 1974 toda la Marina, la Fuerza Aérea y Ejército se volcó hacia el norte. Una `mudanza' que duraría más de año y medio. Todo se llevaba y se trasladaba. Los viejos fusiles 'máuser' de los regimientos del norte viajaron al sur, para ser cambiados por el armamento más moderno que tenían esas unidades. Los escasos tanques, incluyendo a los que ya no caminaban, pero que podían disparar desde una posición estática, partieron, al igual que las municiones, las armas antiblindajes y antiaéreas.

Sin esperar la construcción de instalaciones —"porque podría venir la guerra"—, enormes cantidades de hombres fueron a acampar en el desierto durante meses, para después construir lo necesario. Hubo nuevos enrolamientos en todo el país, los comandantes de los regimientos completaron sus cuadros —que en la práctica duplicaría el número de soldados—, y el servicio militar fue aumentado de uno a dos años.

En menos de dos años el número de soldados en el norte se multiplicó por ocho. Todo, incluyendo las fábricas vacías, sirvió para alojar a esta enorme marea humana que, en resumidas cuentas, iba a hacer de 'colchón' frente a los amenazadores tanques peruanos.

Mientras la Fuerza Aérea iniciaba la construcción de la nueva base de Chucumata, en las cercanías de Iquique —multiplicando por diez sus instalaciones—, por los mares chilenos se realizaba el mismo movimiento. Toda la escuadra, sus submarinos y las fuerzas anfibias se estacionaron desde 1974 en adelante de Puerto Aldea hacia el norte. Buques con municiones y buque-hospitales se fondearon en recodos de bahías y ensenadas; los oficiales fueron llamados a sus puestos, completándose las dotaciones de los barcos. En muchas ocasiones, cuando la crisis agudizaba, la escuadra enfiló hacia el norte. "Fue una gran crisis", evoca el almirante (r) y actual senador Ronald Maclntyre, en ese entonces Secretario General de la Armada. "Había un alistamiento diario. Vivimos en permanente alerta".

Las estimaciones chilenas hablaban de un 70% de posibilidades de ir a la guerra. Pero el mayor problema para el país era la mejor posición ofensiva que iba tomando Perú, que llevaba cinco años de ventaja en la adquisición de armamento. Reuniendo todos los tanques chilenos, no se alcanzaba a completar una sola unidad. La escasez de municiones era tal que un oficial de blindados en Antofagasta recuerda haber disparado sólo un proyectil de adiestramiento en todo el año 1974. La misma pobreza hacía que los cabos aprendieran a disparar tanques con un 'engendro' inventado en los cuarteles, una bala de madera con un cañón de 22 mm por debajo".

El falso heredero - Oiga 9/08/1993

2009-06-03T18:50:00.000-07:00

Al subir al poder, el general Francisco Morales Bermúdez era 'esperanza' de los militares peruanos progresistas que veían en él a quien profundizaría la revolución. No sólo había sido uno de los golpistas del 68; también había servido a Velasco en varios ministerios y era un gran amigo de Fidel Castro. La noche que derrocó a Velasco Alvarado, las luces de la embajada cubana en Lima permanecieron hasta muy tarde encendidas: en ella se estaba celebrando el comienzo del socialismo en el Perú.

Sin embargo, en la llamada Segunda Fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1975-1980), no hubo nada que sonara a compás revolucionario. Dando un fuerte golpe de timón, Morales Bermúdez comenzó a desandar todo el camino recorrido por todo el recorrido por Velasco. Intentando estabilizar al país, puso fin al desorden, y paulatinamente se distanció de la influencia soviética, enfilando el rumbo hacia las naciones capitalistas donde podía encontrar créditos para su malograda economía. El Perú y sus 17 millones de habitantes, abandonaba, al igual que otras naciones latinoamericanas, el experimento de gobiernos militares progresistas que se había extendido en el continente en los 70.

Hombre sereno, frío y mesurado. Morales Bermúdez era el polo opuesto de su antecesor. No sólo en carácter, sino también en historia personal. Al contrario del humilde soldado raso que llegó a ser general, Morales era hijo del coronel, y nieto del presidente Remigio Morales Bermúdez. De origen social más elevado y tecnócrata, se había especializado en economía. Después de haber servido como ministro de esa cartera al último gobierno civil, al llegar al poder se abocó a tratar de sacar al país del estancamiento económico.

Cuatro días después de asumir el mando, Morales declaró que "no hay problemas con país vecino alguno que haga temer un posible conflicto armado". Y a pesar de que mantuvo por un período en el gobierno a dos de los militares más antichilenos de la administración anterior —Jorge Fernández Maldonado y Miguel Angel de la Flor- Morales fue catalogado en Santiago como un moderado que no deseaba ni buscaría la guerra".

El armamentismo peruano - Oiga 9/08/1994

2009-06-03T18:40:00.000-07:00

Es en el propio centro intelectual del CAEM donde se fragua la base ideológica para el más audaz proyecto de modernización de las Fuerzas Armadas y equipamiento bélico, que Velasco llevaría a cabo. Una vez consolidado el gobierno, el entonces Comandante General del Ejército, Edgardo Mercado Jarrín - "un anti chileno elegante, de reputación intelectual, pero que vive para la revancha con Chile", según un diplomático chileno de esos años- elabora un plan que recibe la inmediata aprobación del Presidente.

Con un gasto militar que en la década alcanzaría, según el propio gobierno, a mil millones de dólares, pero que publicaciones especializadas estiman entre 2 mil y 4 mil millones de dólares, desde 1970 el Perú lideró la lista de los países compradores de armas en el continente.

En 1968 fue la primera nación en acceder a los mercados europeos en busca de aviones de combate altamente sofisticados. Dos años después se iniciaría una inquietante amistad, al abastecerse de material bélico en la Unión Soviética. Muy luego, Perú se convertiría en el primer cliente latinoamericano de Moscú.

Después del terremoto de mayo del 70, donde en el norte del Perú murieron 65 mil personas, Moscú, por primera vez en su historia, se integró a la ayuda humanitaria internacional, y envió tres helicópteros militares para ayudar a las labores de rescate. Estos les serían regalados a la Fuerza Aérea Peruana, y desde allí se iniciaría un estrecho lazo, qué a Lima le permitiría adquirir las sofisticadas armas que Estados Unidos le vedaba por sus tirantes relaciones, y por el deseo de mantener un equilibrio estratégico en la región.

Con préstamos soviéticos a largo plazo y de baja tasa de interés, Perú inició sus órdenes de compra en Moscú adquiriendo 200 tanques T54 y T55, los que a lo largo de la década llegaría a ser cerca de 400. Aviones de combate sofisticadísimos, artillería pesada, cañones antiaéreos equipados con radar y lanzacohetes, sistemas de misiles tierra-aire, bombarderos supersónicos y artillería pesada se irían acumulando año a ario en los regimientos peruanos. La Fuerza Aérea peruana obtendría un poder de fuego que la convertiría en una de las más poderosas del continente, superando en una relación de 2 a 1 a la chilena. Y muy luego, la hasta entonces débil Marina iniciaría un crecimiento explosivo —con adquisiciones en Europa— que la convertiría en una poderosa fuerza.

Sólo entre 1972 y 1973 el stock de armamento en el país casi se duplicaría. Según un estudio del cientista político chileno Emilio Meneses, el material bélico peruano subiría de US$ 388 millones en 1972 a US$ 604 millones en 1973.

En diciembre de 1974, la revista alemana Stern publicó un artículo donde sostenía que la "cantidad armas entregadas por Rusia a Perú, iguala aquella que fuera entregada por los soviéticos a Vietnam del Norte". Y citando un documento secreto en su poder, la revista agregaba: "la compra de armas por parte del Perú está dirigida contra Chile".

Para los militares chilenos, sin embargo, no se necesitaba ningún informe secreto para llegar a la misma conclusión: todas las compras de armas se habían ido acumulando en el sur del país, mirando a frontera con Chile. Si bien históricamente, la nación vecina había tenido mayor concentración de tropas desde Lima hacia el sur, y la guarnición de Arequipa era la más poderosa del país, el desplazamiento que estaba ocurriendo era más que alarmante.

En los primeros años de los 70 todas las unidades del sur peruano duplicaron su contingente. Batallones de infantería y artillería se desplazaron desde la región central hacia el sur. En el área de Arequipa-Tacna se organizaron dos nuevos batallones de tanques, cada uno con 50 unidades. Y se instalaron también poderosos cañones recién adquiridos. En 1970, la División de Tacna pasa a ser blindada, y queda al mando de un general en vez de un coronel. Cuando Chile apenas alcanza a reunir un general en Iquique hacia el norte, en el lado peruano ya había cinco”.

El armamentismo chileno - Oiga 09/08/1993

2009-06-03T18:30:00.000-07:00

Chile inició, entonces, mayor gasto de Defensa de las últimas dos décadas. A pesar de la difícil situación económica, el gasto militar saltó de un 3.3% del PGB en 1973 a un 5.3% en 1974. Al año siguiente se empinó al 5.7%. Una cifra definitivamente alta para los parámetros latinoamericanos. Ni siquiera en la crisis de 1978 con Argentina, cuando también estuvo al borde de una guerra. Chile volvería a gastar tanto en Defensa.

"Pero en ningún caso esas sumas fueron suficientes para cubrir las necesidades militares del país. Es una figura legal sin precedentes, el gobierno chileno autorizó en 1974 a que, paralelamente, las Fuerzas Armadas se endeudaran con el fisco para obtener más dinero fresco. Así, como un monto extra, que bordeaba los 100 millones de dólares y que aún no se termina de pagar, se incrementaron las arcas militares.

“Había comenzado la carrera armamentista con Perú. Durante los próximos años ambos países se armarían mirando al vecino: Perú adquiriría elementos ofensivos, mientras Chile se concentraría en las armas defensivas, como antiblindajes y antiaéreas. Pero, a diferencia del socio soviético del Perú, Chile tenía serios problemas para comprar armas. Se viajaba intensamente a Europa y, más que todo, se compraba a los innumerables traficantes internacionales, quienes, conociendo las dificultades chilenas, inundaban Santiago con sus caras ofertas, Sin control de calidad y pagos adelantados en bancos suizos o franceses, se adquirían armas que aunque a veces era 'chatarra', las necesitábamos con tanta urgencia, que todo servía".

La guerra de Perú, Argentina y Bolivia contra Chile, que no fue – Acosado por tres frentes - Oiga 16/08/1993

2009-06-03T18:10:00.000-07:00

LA opinión pública chilena ha seguido con especial atención los artículos de la revista santiagueña Qué pasa, que revelan las supuestas amenazas bélicas que sufrió Chile durante el régimen del general Augusto Pinochet. En los dos primeros artículos de dicha revista, reproducidos por OIGA en su edición de la semana pasada, Qué pasa narró la crisis que puso a Chile y Perú al borde de la guerra entre los años 1973 y 1975. El intento de agresión peruana —afirma la revista chilena— se paró por la enfermedad del general Juan Velasco y la amenaza se esfumó cuando el general Francisco Morales Bermúdez, enterado de los planes bélicos del líder de la revolución peruana durante una visita a Cuba, apresuró su regreso al país y dio el golpe de Estado que derrocó a Velasco el 29 de agosto de 1975.

En esta oportunidad, Qué pasa escribe del clima prebélico que existía entre Chile y Argentina en 1978, por la disputa del canal de Beagle y los temores chilenos de que una posible guerra con Argentina fuera aprovechada por Perú y Bolivia para invadir el norte, pese a que Perú era gobernado por el general Morales Bermúdez, a quien los chilenos reconocen como un gobernante contrario a una guerra con Chile. Qué pasa también narra una serie de incidentes diplomáticos entre Perú y Chile a raíz de diversos casos de espionaje realizados por militares chilenos en nuestro país, especialmente el incidente del espionaje de la base aérea ‘El Pato’, ubicada en las cercanías de Talara, por parte de dos oficiales del buque petrolero chileno Beagle. Estos casos de espionaje tuvieron derivaciones muy especiales entre nosotros, pues a raíz de ellos fue fusilado el avionero peruano Julio Vargas.

OIGA está acumulando información y entrevistando a los políticos y militares peruanos de la época, para presentar una información que recoja la otra cara de la medalla. A continuación, leamos el artículo publicado en Qué pasa.

“Era diciembre de 1978. Mientras en Santiago los tensos titulares de prensa no alcanzaban a opacar totalmente las compras de navidad, el país estaba viviendo —por primera vez desde inicio de siglo— la más peligrosa alternativa militar que alguna vez hubieran evaluado los militares chilenos. Aquello que desde hace décadas se estudia en las academias de Guerra, como la peor de las posibilidades, se cernía ahora como una terrible alternativa: el país envuelto en un conflicto con Argentina, Perú y Bolivia.

La disputa con Argentina por las islas del Beagle había llegado técnicamente a las puertas de la agresión trasandina, desde que en 1977 Buenos Aires había conocido el laudo arbitral de Gran Bretaña. “El Alto Mando argentino había dado la orden de iniciar las operaciones”, recuerda el almirante (r) Luis de los Ríos, comandante en jefe de la Tercera Zona Naval con asiento en Punta Arenas. “De acuerdo a los elementos esenciales de información que determinan en qué fase del inicio de la guerra estamos, todas las premisas estaban cumplidas a inicios de diciembre de 1978”.

Pero mientras el general argentino Benjamín Menéndez declaraba que “en seis horas estamos en Santiago, tomamos champaña en La Moneda y después nos vamos a orinar a Valparaíso”, la posibilidad de otra guerra, más atrasada, se incubaba lentamente en el otro extremo del país. Como un coletazo del conflicto con Argentina, en Chile se estimaba que tarde o temprano podría aparecer, nuevamente, el fantasma bélico peruano. “Y es que en cualquier presunción bélica con Argentina, Perú y Bolivia van a aprovechar la coyuntura si es que pueden”, sostiene un alto general en retiro del Ejército.

Como si las palabras de ese general fuesen oídas en Lima, el 17 de diciembre de 1978 la Escuadra peruana zarpó hacia el sur. Ese mismo día se cerró el aeropuerto internacional de Lima para que la Fuerza Aérea realizara maniobras de entrenamiento. Todos los miembros del Ejército, Marina y Aviación quedaron con orden de ‘inamovilidad’. Una fuente militar peruana declaró, extraoficialmente: “Son medidas tomadas a la expectativa de lo que pueda ocurrir este fin de semana en la zona del canal del Beagle”.

En la Segunda Región Militar del Perú —al sur del país, y con asiento en Arequipa— los ejercicios militares continuaban con monótona reiteración. La Inteligencia chilena había detectado el traslado de unidades y de depósitos de guerra hacia mejores posiciones en caso de conflicto. Y los cientos de tanques soviéticos que, tras la crisis del 74-75, se habían alejado de la frontera, volvían a desplazarse mirando a Chile. La actividad fronteriza era importante, con movimiento de tanques y vuelos de aviones de guerra, de exploración y reconocimiento.

Para alertar aún más al Alto Mando chileno, pocas semanas antes se había producido en la ciudad boliviana de Santa Cruz un encuentro secreto entre las cúpulas militares de Perú y Bolivia. Se trataba de la primera reunión exclusivamente bipartita desde fines de la Guerra del Pacífico y la sesión de trabajo estuvo rodeada de grandes medidas de seguridad.

Enfrentando al inminente peligro, Chile abordaría la crisis desde múltiples frentes. Militarmente, el norte se aprestaba a recibir un Perú beligerante, aunque los chilenos tenían claro que el escenario principal de la guerra ya estaba definido y era la zona más austral del país, donde debía defenderse de los intentos argentinos por obtener las islas Picton, Lennox y Nueva. Lo más complejo de una guerra a tres bandas era el enorme desafío estratégico: defender un territorio con forma de faja, con dos focos incendiados en sus extremos, y separados 4,000 kilómetros de distancia.

El norte, entonces, quedaba solo. Un 98% de la Marina fondeaba en los mares y canales del sur y la Fuerza Aérea se encontraba, mayoritariamente, en sus bases de Punta Arenas. Arica tampoco recibiría suministros del resto del país, en caso de conflicto en el sur y, probablemente, quedaría aislada, ya que se interrumpirían sus vías terrestres.

Por lo mismo, silenciosamente, los aviones de líneas aéreas comerciales volaban todas las noches llevando - municiones, comida, el vestuario y material médico desde el sur hacia el norte. Misileras y torpederas defenderían las frágiles costas, sin la presencia de la Escuadra chilena, y en tierra tendrían que soportar el mayor de los peligros: intensísimos ataques aéreos al inicio de las hostilidades.

Las fuerzas de los cuarteles norteños se habían incrementado a lo largo del año y había un 50% más de hombres en armas. Nuevamente las trincheras de la frontera con Perú fueron ocupadas por soldados y casi todos los efectivos de la VI División del Ejército, con asiento en Iquique, salieron hacia el norte desperdigándose por el desierto y la inclemente precordillera. En la retaguardia se habían levantado hospitales de campaña para recibir a los heridos. En Iquique sólo quedaban unidades de protección, especialmente las más costeras.

Una tarde, un urgente llamado telefónico cruzó a Santiago desde el norte. El jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general (r) Joaquín Ramírez, recibió el llamado en su oficina. “Un avión peruano viene entrando a nuestro espacio aéreo. ¿Lo derribamos?”. Consultaron. “¡Negativo!”, fue la respuesta del general. “Nadie sabía si ese’ era el primero de más aviones, pero no había tiempo para consultas. Chile no iba a iniciar la agresión”, argumenta Ramírez. El avión peruano pasó tranquilamente y después se perdió en cielo boliviano.

Aunque Arica ya nunca más volvería a ser la indemne ciudad de 1974, se vivía una acelerada preparación bélica. El entrenamiento a civiles se inició con un exclusivo grupo de profesionales. Algunos de ellos, motorizados, tenían por objetivo realizar actos de sabotaje. También se entrenó a un comando especial de hombres pájaros que, vestidos de negro, despegarían en la noche desde el Morro de Arica, con armas a las espaldas. Para paliar el peligro aéreo se crearon gigantes pulpos de cemento, que en su centro acogían a una docena de hombres, con munición, agua y comida. Fabricados por miles, y diseminados en sectores estratégicos, en ellos resistirían el ataque aéreo, para, posteriormente, salir a la lucha, desplazándose por los tentáculos de cemento armado.

Pero en el norte las acciones más importantes eran todas disuasivas. “Si los ejércitos peruanos realizaban ejercicios, nosotros hacíamos uno mayor”, recuerda un alto militar. Para el 18 de setiembre de 1978, el general Juan Guillermo Toro hizo desfilar en Anca a 40 batallones armados hasta los dientes. Fueron más de dos horas de exhibición de fuerzas, en las que pasaron más de 15 mil hombres. “Lo que nadie supo es que durante la noche habíamos trasladado a gran parte de esos batallones desde los cuarteles más al sur de Arica”, evoca.

La importancia del elemento disuasivo para Chile traspasó incluso las fronteras de América Latina. Cuando la tensión bélica todavía se cernía sobre el país, el experto militar irlandés Adrian English afirmaba en un libro de análisis militar: “Las Fuerzas Armadas chilenas tienen la fama de ser las mejores de Sudamérica. No importa que lo sean, ni que sus hombres lo sientan así. Lo más importante es que sus potenciales adversarios, Argentina y Perú, lo perciben de ese modo”.

Quienes hoy evocan los sucesos vividos quince años atrás, reconocen que el peligro militar fue el más grave que haya vivido el país en este siglo. Pero, a diferencia de la crisis de 1974, donde existía la certeza de que Velasco Alvarado quería la guerra, esta vez existían mayores dudas respecto de cuál era la voluntad real del Perú. Más aún, cuando importantes figuras políticas del Perú mostraban signos contrarios a una guerra con Chile.

Un caluroso día de noviembre de 1978, en Lima, el canciller peruano José de la Puente recibió la visita del embajador argentino, en ese entonces un almirante. Este le venía a proponer, sin rodeo alguno, la alianza militar argentino-peruana en caso de un conflicto con Chile. La respuesta del canciller peruano fue clara. “Usted tiene la mala suerte de encontrarse con un hombre que sabe mucho de la historia, le dijo. Sin dejarlo hablar, le relató paso a paso lo sucedido casi un siglo antes, durante la Guerra del Pacífico. En 1873, Perú Bolivia y Argentina firmaron un pacto secreto en alianza contra de Chile Mientras los dos primeros lo ratificaron, el tercero no lo hizo, eludiendo así el compromiso firmado una vez que se iniciaron las hostilidades.

“Mientras nosotros perdimos seis mil hombres y parte del territorio nacional —le remarcó el canciller De la Puente al embajador argentino–, ustedes aprovecharon el momento para conquistar pacíficamente la Patagonia”. Y concluyó: “Ahora ustedes quieren que el Perú entre a la guerra, pero después, mientras Chile y Argentina se arreglan, nosotros perdemos Arequipa”.

Días después de transcurrido ese diálogo, De la Puente estaba en Santiago, oficialmente, para devolver una visita que poco tiempo atrás le había hecho el canciller Hernán Cubillos a Lima. Pero la razón de fondo era otra: De la Puente venía a darle la seguridad al presidente Augusto Pinochet de que Perú no entraría a la guerra. En esos mismos días, otro alto personero peruano tomaba el avión en el aeropuerto de Lima. Se trataba del ministro de Guerra y jefe del Ejército, Oscar Molina, quien llevaba a Buenos Aires un mensaje similar al que había traído De la Puente a Santiago. Iba a informarles a los Altos Mandos argentinos que Perú no estaba en condiciones de entrar a ningún conflicto, por su malograda situación económica.

Las dudas en Santiago persistían porque se pensaba que, llegado el momento, podía imponerse el revanchismo peruano sobre cualquier consideración. “En el estudio de las posibilidades siempre hay que considerar la más peligrosa, aunque no sea la posible”, sostiene el general Dante Iturriaga, segundo comandante de la VI División y jefe de Estado Mayor de la Región Norte.

Dentro de ese estudio de las posibilidades al que se refiere Iturriaga, uno de los elementos considerados peligrosos eran las figuras más belicistas del régimen de Morales Bermúdez. Aunque ni él ni su canciller la querían, existían varias personalidades que deseaban la guerra.

Tampoco pasaba inadvertido a los ojos chilenos el ministro del Interior de Perú, en ese entonces, el ‘gaucho’ Cisneros. De fuerte personalidad y grandes influencias, su sobrenombre venía, obviamente, por la fuerte simpatía que sentía hacia Argentina.

Varias variables, sin embargo, jugaban a favor de Chile. El presidente Francisco Morales Bermúdez no era partidario de un conflicto. “Creo que he dado muestras más que suficientes de mi deseo de paz; yo nunca he sido un militar belicista”, diría en esos días el mandatario a un personero chileno. Y el canciller De la Puente, a pesar de ser el único civil en el gabinete de Morales, apostaba fuertemente a evitar la guerra. El tenía gran influencia en el mandatario, ya que ambos habían sido compañeros de colegio, y el abuelo de De la Puente había servido como ministro en el gobierno del abuelo de Morales.

Desde el punto de vista económico, Perú tampoco gozaba de capacidad económica para ingresar al caro juego de la guerra. E, internamente, vivían una transición política que culminaría en las elecciones democráticas de 1980. Las Fuerzas Armadas peruanas ya se encontraban aisladas y criticadas por su gestión. Chile, por su parte, se había fortalecido militar y económicamente en los últimos años, y el norte chileno ya era mucho más poderoso.

La Cancillería chilena, por su parte, desarrollaba sus propias armas y estrategias. Por una parte, se cultivaba una óptima relación entre los cancilleres Cubillos y De la Puente, pero, paralelamente, todo el esfuerzo diplomático de esos meses estaba concentrado en detener a Argentina. El análisis chileno era que si Buenos Aires desistía de su agresión, automáticamente el fantasma bélico peruano desaparecía. Y aunque en cada visita al Departamento de Estado norteamericano y a la Comunidad Económica Europea se aprovechaba de informar del peligro peruano y de que el conflicto abría las puertas a un incendio continental, el diagnóstico de la Cancillería fue certero. Apenas Argentina aceptó la mediación papal y el pequeño e impenetrable cardenal Antonio Samoré descendió del avión un 22 de diciembre de 1978, la tensión prebélica con Perú se diluyó completamente.

La tensión camuflada – Oiga 16/08/1993

2009-06-03T18:00:00.000-07:00

En los tres años que transcurrieron, entre las dramáticas horas de 1975 y la crisis de 1978, Chile y Perú vivieron un acercamiento político que un autor peruano calificó como ‘tierno idilio’. En 1976, Chile nombró como embajador en Lima al actual dirigente de RN, Francisco Bulnes, en un intento del almirante Patricio Carvajal —entonces ministro de Relaciones Exteriores— de reabrir el diálogo. A pesar de que el propio Carvajal —‘un marino duro’— nunca quiso visitar Perú, el solo hecho de enviar a un político significaba un acercamiento. Había que romper el profundo aislamiento en que se encontraba la embajada de Chile, bajo el mando del general del Aire Máximo Errázuriz. El estilo de Bulnes incluía tomar la iniciativa en materia de amistad. A esto ayudaría la ‘diplomacia uniformada’ chilena, que inició un gran acercamiento castrense, liderado por el ministro de Defensa, Herman Brady, y que se enmarcaba perfectamente en la tónica de la Cancillería de esos años. El propio general Pinochet había declarado que prefería “los contactos directos entre militares” para manejar las relaciones entre Chile y el mundo.

Pero mientras desde el Palacio de La Moneda se construía una saludable amistad, los militares del norte no descansaron, a pesar de que la tensión había desaparecido. En 1974, miles de hombres habían acampado en el desierto esperando una guerra —sin instalación alguna y poco armamento— y eso no debía volver a suceder. Desde la década del 60, Perú comenzó a ser considerado en Chile una potencia bélica, y, aunque el peligro inminente de Velasco Alvarado había pasado, los sentimientos revanchistas podían volver a aflorar.

Las tres ramas chilenas continuaron consolidando lo que habían montado apresuradamente el 74 y 75. Pero el más trascendental cambio del Chile militar de esos años fue la concreción de una vieja idea que había nacido en los años 50 en la Academia de Guerra Militar. Se trataba de la creación de un Ejército, que, en su seno, acogía a dos ejércitos independientes, capaces de dar una lucha paralela en el norte y en el sur. Marcados por la experiencia, “de haber desvestido militarmente” a todo el centro y parte del sur ante el peligro peruano, se realizó la reestructuración.
Pero el trabajo de la defensa chilena no obedeció sólo a la fiebre de fortalecerse. Dos actitudes de las Fuerzas Armadas peruanas inquietaban especialmente en Santiago, y hacían dudar que el ‘tierno idilio’ fuera definitivo. La primera era la ininterrumpida adquisición de armamento, a pesar de la llegada de Morales Bermúdez. Mientras en 1975 llegó a Lima una partida de 200 tanques T55 de origen soviético, en 1977 adquirían 36 aviones bombarderos SU-22, ambas compras por un valor de US$ 433 millones, según Armed Forces Journal International, publicación que la destaca como la mayor adquisición de material bélico en la historia de Latinoamérica. En esa época también se inicia el proceso de estandarización en el material bélico de las Fuerzas Armadas peruanas y argentinas. Las compras de armas de ambos países son de una similitud tan coincidente, que hace pensar en consultas mutuas. “El grado de estandarización de los sistemas de armas en ambas naciones sería sorprendente de no mediar un acuerdo previo”, sostiene el cientista político Emilio Meneses. Ambos países construyen una misma espina dorsal para sus Fuerza Aérea, Marina y Ejército, con el mismo tipo de aviones, submarinos y municiones. Además, los aviones militares de una nación operan en aeropuertos y pistas del otro. Chile observa estos lazos militares —muy poco usuales en el mundo, aparte de las alianzas tipo OTAN y Pacto de Varsovia— con inquietud. Nada bueno parecían vaticinar”.

Incidentes diplomáticos - Oiga 16/08/1994

2009-06-03T17:50:00.000-07:00

El 13 de diciembre de 1978, mientras la tensión prebélica alcanzaba su máximo nivel con Argentina y Perú, un pequeño barco petrolero chileno – el “Beagle”– llegó a cargar combustible al puerto de Talara, ubicado a 970 kilómetros al noroeste de Lima. Como correspondía a un barco de guerra, el ‘Beagle’ llegó armado esa mañana del 13 de diciembre recalando en el muelle Nº 2, el único equipado para embarque de petróleo. De los 91 tripulantes sólo 10 fueron autorizados para pisar tierra, entre ellos el comandante de la nave, capitán Sergio Jarpa Gerhardt hijo del actual senador de RN— y el teniente Alfredo Andohazegui Álvarez. Ambos regresarían a Chile dos días después por vía aérea tras ser apresados y acusados de espionaje, convirtiéndose en los principales protagonistas de una complicada trama que culminaría en una grave crisis diplomática. Pero ese no sería el único incidente que enturbiaría las tensas relaciones. Presionado por la inminencia de la guerra con Argentina, Chile desplegó gran parte de sus esfuerzos en el frente norte, en una guerra subterránea donde la información más valiosa a rescatar eran los planes peruanos en caso de conflicto y sus capacidades bélicas: Pero si Talara constituyó una amarga derrota para los servicios de inteligencia chilenos, ese suceso pasaría rápidamente a segundo plano tras otro fracaso en el plano del espionaje, cuyo epílogo sería la expulsión del embajador chileno en Perú, el actual dirigente de RN, Francisco Bulnes Sanfuentes.

Al día siguiente de la recalada del `Beagle’, una camioneta de la embajada chilena recogió en tierra al comandante Jarpa y al teniente Andohazegui. El automóvil, manejado por un suboficial de inteligencia, había sido enviado por el agregado naval chileno en Lima, el capitán Jorge Contreras, hermano del general Manuel Contreras. Lo que nadie sabía era que desde Lima agentes de inteligencia peruana venían siguiendo a la camioneta celeste.

Pocas horas después, en plena carretera Panamericana, los chilenos fueron detenidos por un automóvil de la Fuerza Aérea Peruana, acusados de estar tomando fotos estratégicas a la base aérea ‘El Pato’, ubicada en las cercanías de la ciudad. En poder del chofer se encontró una máquina fotográfica.
La Cancillería limeña y la embajada chilena se activaron inmediatamente: A las 19.00 horas de ese mismo, día el Canciller José de la Puente citó al embajador Bulnes a sus oficinas, para informarle de los hechos. Difícil tarea enfrentaba el diplomático chileno, ya que el canciller peruano le recordó que apenas dos meses atrás habían tenido otro caso de espionaje chileno, que el gobierno de Morales Bermúdez había aceptado silenciar.

Los hechos a los que se refería De la Puente se habían desencadenado el 12 de octubre de 1978, cuando un ex suboficial de la Fuerza Aérea Peruana, Julio Vargas, había sido detenido, tras ser acusado de vender información clasificada de la base aérea la Joya a personal de la embajada chilena. El joven peruano efectivamente había golpeado las puertas de la embajada ofreciendo material secreto. Según su propia narración, Vargas, en tratamiento psiquiátrico durante seis meses, decidió acercarse a los chilenos tras meses de cesantía. El suboficial había sido dado de baja de la Fuerza Aérea por insuficiencia profesional.

Si bien el agregado aéreo chileno, el general (r) Vicente Rodríguez, inicialmente dudó en aceptar los planos del aeropuerto militar de Arequipa que le ofrecía Vargas, el consejero administrativo y agente de la Dina, Juan Chimenelli, se interesó e inició contactos estables con el nuevo Colaborador de la embajada. Utilizando su carné de suboficial retirado, el joven peruano ingresó a diversas instalaciones militares entre agosto y octubre de 1978, hasta que fue detenido por los servicios de inteligencia que lo habían detectado saliendo de la embajada chilena.

Al confesar su labor de espionaje, la Cancillería peruana acordó con el embajador Buines guardar silencio a cambio de que los cuatro funcionarios chilenos implicados –Chimenelli, Rodríguez, y otros dos, Ricardo Aqueveque y el agregado aéreo adjunto– salieran rápidamente del país, y se les hiciera sumario en Santiago.

Pese a que en el caso Vargas; Chile no podía sostener defensa alguna, el canciller De la Puente aceptó nuevamente silenciar los sucesos de Talara, con la condición de que los marinos salieran inmediatamente del país y se les estableciera algún tipo de sanción en Chile. El movimiento tenía que hacerse rápidamente, ya que corrían el peligro de ser condenados a muerte.

Aunque en el caso de Talara las pruebas en contra de los marinos parecían contundentes, acuerdos como al que llegaron De la Puente y Babes no eran tan extraños en esa época, ya que había un enorme tráfico de espías entre los gobiernos militares de la región.

Entre otras garantías ofrecidas a los chilenos, De la Puente ordenó que éstos viajaran desde Talara a Lima en un avión de la Fuerza Aérea Peruana, acompañados de un diplomático de ese país. Su función, obviamente, era resguardar a los chilenos acusados de espionaje. Paralelamente, el barco chileno ‘Beagle’ era impedido a abandonar el puerto de Talara, que había sido ocupado por tropas como medida precautoria.

Trasladados a Lima, Jarpa y Andohazegui iban a ser embarcados directamente con destino a Santiago. Sin embargo, cuando los encañonados marinos salieron a la losa del aeropuerto, se encontraron con un puñado de periodistas que observaban atónitos la escena. Por una casualidad, ese día llegaba por primera vez a Lima un avión Jumbo, y los reporteros se encontraban allí para cubrir la noticia. El caso, que había sido manejado con tanta discreción por la Cancillería peruana, explotaría en toda su magnitud una semana después cuando el semanario El Tiempo publicó toda la historia. Pocos días más tarde, el rostro del capitán Jarpa —que hasta ese momento había logrado mantenerse en el anonimato— aparecía en el reportaje principal de la revista Caretas con un vendaje en la frente, atribuido al trato que recibió mientras estuvo detenido.

La complicada trama se enturbiaría aún más. En Lima comenzaron a preguntarse qué es lo que verdaderamente estaba haciendo el ‘Beagle’ en el puerto de Talara. Y es que el buque, que necesitaba sólo dos días para cargar combustible, llevaba ya ocho en el puerto. Además, los oficiales encargados —Jarpa y Andohazegui— eran infantes de marina, especialidad que no concuerda con el hecho de estar al mando de un petrolero y, por tanto, los hacía sospechosos a los ojos de los peruanos. En lugar de los 30 tripulantes armados que usualmente ocupa un petrolero de esa envergadura, iban 91 hombres a bordo. La tesis que circuló en Perú era que el ‘Beagle’ se había dirigido a Talara, en esa fecha crítica, para que —en el caso de que estallara el conflicto con Argentina— especialistas apostados en el barco pusieran explosivos para volar el puerto, versión desmentida por los uniformados chilenos.

Aunque tales planes nunca pudieron ser comprobados, de ser efectivos Perú habría quedado incapacitado para entrar al conflicto, ya que precisamente por Talara circula todo el petróleo peruano proveniente de la selva.

Dos sucesos diplomáticos se sumarían a la crisis de espionaje. Uno de ellos fue la llamada telefónica que, alrededor del 20 de diciembre, hiciera el almirante Merino a su par en Perú, almirante Jorge Parodi. En su intento de apaciguar la situación, Merino —con su peculiar sentido del humor— se refirió por teléfono en forma ‘festiva’ al escándalo que estaba haciendo la Fuerza Aérea Peruana. Y, en buen chileno, le comentó a su amigo que los generales del Aire vecinos no eran tan caballeros como los marinos. Lo que Merino no sabía era que su conversación había sido grabada íntegramente por oficiales de inteligencia de la Fuerza Aérea Peruana, quienes plantearon una queja formal ante el embajador Bulnes. Posteriormente, en un informe confidencial de la Cancillería chilena, se reconocería que uno de los elementos que agravó la crisis fue la conversación del almirante Merino.

A esto se agregó la ausencia del sumario a los marinos Jarpa y Andohazegui, como se le había prometido al gobierno peruano. En rigor, en la Armada se inició una investigación, aunque demasiado tarde para las intenciones peruanas. Detrás de la dilatación del sumario se encontraba la mano del almirante Merino, quien se negó a que se iniciara una investigación. Esta comenzó sólo cuando Merino tomó sus vacaciones de verano y fue reemplazado por el almirante Arturo Troncoso.

De la excesiva tardanza en realizar los sumarios se habían impuesto en Lima los sectores más duros del gobierno, quienes estaban deseosos de cobrarle un alto precio a Chile. Como se reconocería en un informe confidencial de la Cancillería, “la tensión, producto de un error de nuestros servicios de inteligencia, pudo haberse salvado si hubiéramos tomado medidas internas con los que participaron en los hechos”.

El tribunal militar peruano dictaminó, en enero de 1979, que el ex colaborador chileno, el suboficial Vargas, moriría fusilado por traición alta patria. La única posibilidad de indulto quedaba en manos del Consejo de Ministros. Pero tras una tormentosa reunión, el Consejo ratificó la sentencia. En esa misma reunión es cuando se decidió cobrarle un alto precio a Chile. Pese a la oposición del canciller De la Puente y el voto en contra de los marinos, el embajador chileno Francisco Bulnes es nombrado persona no grata. Dos días después, el 20 de enero, saldría de Lima sin hacer declaraciones. Su único comentario sobre el episodio sería un enérgico “¡no sea idiota”, cuando, al abandonar Lima, se le preguntó en el aeropuerto si había estado implicado en la trama del espionaje.

Durante los siguientes tres años, Chile y Perú mantendrían sólo relaciones consulares, sin embajadores acreditados”.

La guerra secreta de Pinochet - Oiga 16/08/1993

2009-06-03T17:40:00.000-07:00

LA misma revista ‘Qué Pasa’ publica en su sección cartas una del diplomático Leonidas Irrazabal Barros, funcionario de la embajada de Chile en Lima entre los años 1974-1975 en que esa publicación coloca el escenario de la confrontación bélica peruano-chilena que no se produjo. El diplomático narra la siguiente anécdota:

“Viví en Lima dos de esos años, entre 1974 y 1975, a cargo de la misión diplomática como ministro consejero de la misma. Es efectivo que Chile tenía en el Perú a un embajador bloqueado por las circunstancias políticas y otras de carácter personal. Así y todo, los chilenos les debemos a ese embajador, el general del Aire, don Máximo Errázuriz W., una inmensa gratitud. Al negarse, a último momento, el general Pinochet a concurrir a las celebraciones de los 150 años de la batalla de Ayacucho, fui testigo del siguiente diálogo entre el Presidente peruano y el embajador de Chile: “¡Máximo, carajo! ¿Por qué no trajiste a Pinochet?”. La respuesta del diplomático: “¡Chino desgraciado! ¡Si no vino mi general es porque tú invitaste a sus espaldas al cubano... (calificativo irreproducible) de Roa!”. Todos los presentes en esa inauguración pensamos que en ese momento se iniciaba el conflicto armado que Velasco Alvarado venía preparando desde hacía tiempo.

Sin embargo, los dos hombres habían sido amigos en su juventud, a raíz de unos cursos que ambos habían seguido en la zona del Canal de Panamá. Por unos instantes primó ese viejo afecto sobre los insultos intercambiados. Pocos días más tarde, el Presidente del Perú decidió enviarle la condecoración conmemorativa de Ayacucho al Presidente de Chile, a pesar de su ausencia. Este último, le devolvió el gesto enviándole una pintura abstracta, a mi juicio bastante fea. Me correspondió entregársela en el Palacio de Pizarro. El ‘Chino’ dio varias vueltas al cuadro, colocándolo en diversas posiciones, con resultados muy similares. Me miró fijo y me dijo: “Déle mis agradecimientos. ¡Es tan bonito su cuadro que ya sé dónde lo voy a colgar!”.

“Fue un error no haber intervenido a tiempo” - Dice Vargas Llosa sobre el terrorismo en Ayacucho

2009-05-26T18:27:00.000-07:00

El sábado, poco antes de la conferencia de prensa que ofreció en el Colegio de Periodistas la Comisión Investigadora de la masacre de Uchuraccay, el escritor Mario Vargas Llosa recibió, en su casa de Barranco, a OIGA, y se explayó por más de una hora sobre las conclusiones contenidas en el informe qué él preparó y redactó junto con el penalista Abraham Guzmán y el periodista Mario Castro.

Vargas Llosa dijo en referencia al informe que “la verdad se ha abierto paso en torno a un hecho cuyo esclarecimiento reclamaba con urgencia la conciencia del país entero”, y pidió que se extraigan del informe las conclusiones apropiadas “para evitar en el futuro otra catástrofe de este tipo”. Enfatizando que el “primerísimo responsable” de la violencia en Ayacucho es “Sendero Luminoso”, Vargas Llosa criticó al gobierno “por no haber reaccionado de una manera enérgica desde el principio”. También expresó su preocupación por el “peligro” del incremento de rivalidades étnicas en la sierra central a causa de la presencia de “Sendero” y de las fuerzas del orden, y desarrolló algunas conclusiones del informe, que sin duda darán al lector una perspectiva más adecuada del mismo. Extractos del reportaje:

¿Qué experiencia le ha dejado su participación en la Comisión Investigadora?
-Todavía no tengo suficiente distancia como para poder apreciarla. Ha sido un mes muy intenso, de mucho trabajo y también de una enorme preocupación. Tengo la impresión de haber trabajado en esto 24 horas al día, y en un sentido creo que es verdad porque pasamos muchas horas entrevistando gente, revisando documentos o cambiando ideas entre nosotros -Guzmán Figueroa, Mario Castro y yo- y luego buena parte de la noche a mí se me iba tratando de organizar mentalmente todo lo que había visto y oído.

Al mismo tiempo, he vivido con una enorme angustia no tanto a causa de los hechos que íbamos descubriendo sino por la necesidad de jerarquizar estos hechos; eso me parece, en el caso del informe, algo tan importante como los hechos mismos que se tratan de esclarecer. Estoy seguro que a la distancia todo esto va a ser una experiencia muy importante en mi vida, pero todavía no tengo distancia suficiente como para poder juzgarla.

Al comienzo del informe se destaca el hecho de que salvo contadas excepciones -tres- gran cantidad de gente acudió a testimoniar ante la Comisión, a pesar de que ésta no tenía poder coercitivo. ¿Pero hubo la misma voluntad de esclarecimiento en todas las personas que ustedes interrogaron?
—Si usted lo que me pregunta es si los datos que nos proporcionaban las personas tenían todos la misma credibilidad, pues no. Había personas que actuaban de buena fe; otras que iban a declarar con un propósito determinado y algunas que tenían la voluntad muy evidente de ocultar ciertos datos o incluso distorsionarlos.

Por eso creo que el trabajo de evaluación de la credibilidad de los testimonios ha sido importantísimo. Y algo que quisiera destacar es el hecho que una Comisión cuya función fue meramente informativa haya podido trabajar con la cooperación de un gran número de personas —militares, políticos del gobierno y de la oposición, ciudadanos independientes— y creo que eso sólo es posible dentro de un régimen democrático. En una dictadura, en un régimen autoritario o totalitario, no habría podido funcionar una comisión de este tipo y esa es una de las cosas positivas en todo este desgraciado asunto.

Una de las razones por las que acepté este encargo —que evidentemente no tenía ningún incentivo sino el de futuros dolores de cabeza— era porque me pareció que una de las cosas para la que sirve ésta democracia que a ratos nos parece defectuosa e ineficiente, es que en ella es posible esclarecer la verdad, aunque resulte incómoda, porque existen mecanismos que permiten que esa verdad trasluzca. Y creo que en este caso la Comisión ha podido demostrar que, en el imperfecto y sistema democrático que está resucitando el Perú, la verdad se ha abierto paso en torno a un hecho cuyo esclarecimiento reclamaba con urgencia la conciencia del país entero.

La Comisión recibió varias críticas desde el momento mismo de su creación. Hubo quienes pusieron en tela de juicio su independencia, ya que fue nombrada por el Ejecutivo; otros, dijeron que interfería en la labor del Poder Judicial.
—Hay que recalcar la absoluta independencia con la que trabajamos. El gobierno nos dio facilidades logísticas, pero no hemos recibido la más mínima interferencia en nuestro trabajo; ni la más mínima presión, que ninguno de los tres miembros de la Comisión, por otra parte, hubiéramos aceptado.

De otro lado, me parece una preocupación más bien bizantina el si esta Comisión pudiera perturbar la instructiva judicial. La función de la Comisión fue informativa, en lo esencial igual a la que podría llevar adelante cualquier órgano de prensa, estación de radio o televisión que trata de esclarecer la verdad y darla a conocer al público. Esto de hecho lo hacen comúnmente los medios de información —algunos con buenas y otros con malas intenciones— y no se considera una obstrucción en la labor del Poder Judicial.

El problema es que lo ocurrido en Uchuraccay provocó una gran conmoción nacional y además mucha inquietud internacional respecto a lo que sucede en el Perú. El Poder Judicial tiene plazos determinados para realizar la instructiva, de tal manera que hasta que culmine el proceso, si es que llega a culminar, van a pasar muchos meses, tal vez años. Y hasta entonces, era importante que la preocupación de la opinión pública quedara de alguna manera satisfecha. Por otra parte, la Comisión Investigadora nació inmediatamente después de un acuerdo de la célula parlamentaria aprista, institución que lanzó la idea y se la propuso al gobierno, que aceptó la sugerencia. De esta forma, Legislativo y Ejecutivo, gobierno y oposición, coincidieron en la creación de la Comisión. Por ello, me parece aventurado y exagerado rizar el rizo, como dicen en España, y pensar que se pretendió violar la Constitución u obstruir el trabajo del Poder Judicial. El problema aquí, como muy bien lo planteó OIGA en un editorial, es básicamente moral. Por encima de los cuestionamientos jurídicos hay una justificación de tipo ético en la creación de esta Comisión y ese es, justamente, el motivo principal que me llevó a aceptar este trabajo.

¿No cree usted que el informe, por la diversidad de sus conclusiones, se presta a ser utilizado como argumento tanto a favor como en contra del gobierno?
—El informe ha sido hecho con el objetivo de esclarecer la verdad y para esto se prescindió de toda consideración política. No era nuestra misión pensar a quien puede servir el informe o quien puede sacarle mayor provecho. Se trataba de averiguar qué había ocurrido, cómo había ocurrido y por qué. Entonces, nos hemos enfrentado a una realidad compleja, en la que hay responsabilidades diversas compartidas por distintas personas e instituciones. Quien vea en el informe un servicio hecho al gobierno o a los críticos del gobierno está malinterpretándolo.

Creo que el informe establece con mucho cuidado una jerarquización de las distintas responsabilidades y que eso está matizado con bastante rigor. Ahora, que haya una utilización en algunos casos tergiversada del informe es inevitable. Pero mi esperanza es que el grueso de la opinión pública vea en el informe lo que nosotros hemos querido poner.

Sin embargo, una encuesta realizada por Gallup a pedido de OIGA, y que es publicada en la misma edición que aparece este reportaje, arroja un resultado sorprendente: el 21 por ciento de los encuestados considera que el gobierno es el principal responsable de lo que le ocurrió a los periodistas.
—Eso indica justamente el gran desconcierto y la falta de información del grueso de la opinión pública frente a este asunto. Y eso es comprensible, porque quizás lo más escalofriante del informe es que ni siquiera los protagonistas —víctimas o autores— de la tragedia han sido totalmente conscientes de lo que estaba ocurriendo. El malentendido atroz del que resulta la muerte de los ocho periodistas parte de un mutuo desconocimiento: los campesinos de Uchuraccay creen que los inofensivos periodistas que llegan a la comunidad son terroristas que van a atacarlos; y es muy posible que los propios periodistas no hayan llegado a saber por qué morían, ni quienes los mataban. No está descartado que ellos hayan creído ser atacados, por ejemplo, por senderistas, o incluso por Sinchis disfrazados de campesinos. Hay una serie de desconocimientos mutuos en toda esta historia, detrás de los cuales aparece una problemática nacional: las enormes distancias que separan a los peruanos de diferentes regiones, clases sociales y culturas.

Ojala que el informe, además de haber esclarecido hechos concretos, sirva para recordar la existencia de esa problemática. Recordarnos que los hombres que viven, por ejemplo, en las alturas de Huanta, tienen usos, costumbres, sistemas de vida y jurídico que tiene muy poco que ver, por no decir que no tiene nada que ver, con el estilo de vida de Lima. Creo que es muy importante recordar esto para evitar que en el futuro sucedan catástrofes como la de Uchuraccay.

¿Quiénes son los responsables de esa incomprensión a la que usted alude?
—Creo que de esa incomprensión es parte responsable el gobierno, como lo es la oposición, como lo son los senderistas, que también se han llevado una mayúscula sorpresa con lo que le está ocurriendo en las comunidades iquichanas.

Estoy seguro que los senderistas jamás sospecharon que podía haber una movilización tan decidida, tan enérgica, tan feroz incluso, contra sus destacamentos. Y la sorpresa se la llevaron porque no conocían a esas comunidades iquichanas, no habían estudiado lo suficiente su tradición, sus problemas sus complicadísimas relaciones con la otras comunidades de los valles. No me extraña que las encuestas de Gallup den ese tipo de resultados. Hay un desconocimiento de lo que se juzga, entonces, nos basamos en el instinto o en simples fantasías.

¿En cierta medida la conclusión final del informe es que todos somos moral e históricamente, responsable de lo ocurrido?
—Sí, por supuesto, creo que hay un, responsabilidad compartida. La confusión de los hombres de Uchuraccay ni es casual, tiene que ver con unas condiciones de vida, con una situación de abandono, de desamparo, de la cual es responsable el Perú oficial.

¿Qué quiere decir cuando se refiere al “Perú oficial”?
—Hablar de un Perú oficial es habla de una gran mayoría de peruanos que ha ignorado y sigue ignorando y desdeñando a los peruanos de lo que Basadre llamaba el Perú profundo. Ahora, esto no quiere decir que el informe trate de disolver la responsabilidad dentro de una masa anónima de personas, no, no en absoluto. Creo que también hay una jerarquización muy clara, hay causas mediatas e inmediatas.

¿Podría extenderse sobre esas causas mediatas e inmediatas?
—Dentro de las causas inmediata hay, primerísimamente, la responsabilidad de “Sendero Luminoso”, que ha declarado una guerra y ha estableció reglas de juego para esa guerra. Y ha declarado la guerra a un sistema que estaba saliendo de una dictadura e iniciando una vida democrática, ha precipitado a este sistema a una guerra que no es sólo sucia sino efectivamente inmunda. Y los efectos de la inmundicia que hay detrás de este tipo de guerra están también detrás la confusión en la que murieron los periodistas.

Pero hay quienes opinan que se ha generado una violencia contrainsurgente peligrosa...
—Por supuesto, porque en el Perú las instituciones son defectuosas. Si el Parlamento funciona a veces de una manera que nos da lástima; si los partidos políticos incumplen sus deberes democráticos; si en el Poder Judicial vemos que constantemente tiene equivocaciones, indicios de corrupción e ineficiencia; ¿por qué las fuerzas armadas y policiales serían instituciones intachables y ejemplares? Padecen de los mismos vicios del subdesarrollo y de la falta de una tradición democrática.

Y cuando “Sendero Luminoso” declara la guerra a esas fuerzas policiales sabe muy bien que no se va a enfrentar a los guardias suizos ni a la policía sueca. Se va a enfrentar a los Sinchis, se va a enfrentar a una institución muy primitiva, que además tiene graves problemas de incomunicación con el mundo en el que opera, que está exacerbada y exasperada por los asesinatos sistemáticos de sus miembros que emprende “Sendero”. Y entonces eso ha causado, por supuesto, abusos, atropellos, indisciplina. Lo más terrible es que probablemente entre los cálculos de los senderistas estuviera ese tipo de violencia, para que esa violencia fuera arrojando hacia la insurrección a sectores importantes de la población campesina. Ese era un cálculo muy frío y muy cruel porque partía del sacrificio de inocentes para los fines de una causa política.

Todo esto está detrás de la muerte de los ocho periodistas y eso es importante que se discuta y se saquen las conclusiones lógicas del caso. Yo creo que el informe no trata de exonerar la cuota de responsabilidad del gobierno.

¿Cuál es esa cuota?
—Esa cuota de responsabilidad tiene que ver, en primer lugar, con no haber reaccionado de una manera enérgica desde el principio, cuando estalla la rebelión. Una de las obligaciones de un gobierno democrático es defender la democracia. Y la deserción sistemática que se produce en todas las comisarías del valle de Huanta; el hecho que se cierren las comisarías de los lugares donde hay atentados, que esa población quede desamparada y entregada prácticamente a la influencia de “Sendero”, porque está lejos, porque es remota, porque al gobierno no le interesaba en ese momento reconocer que había subversión, esa es una responsabilidad muy grande del gobierno.

Hay también responsabilidad por no haber contraatacado en el plano económico y social en una región donde hay problemas económicos y sociales terribles, donde hay una pobreza espantosa que es indudable caldo de cultivo para la propaganda terrorista.

Pero estas responsabilidades no están en el mismo nivel que las responsabilidades de quienes han declarado la guerra y están aplicando el terrorismo, que se consideran con derecho a matar en nombre de una utopía, y esa es la responsabilidad de “Sendero Luminoso”.

Tampoco hay en el informe un intento de exonerar a los campesinos de Uchuraccay porque son primitivos. No, se señala muy claramente su responsabilidad. Lo único que pide el informe es que la actuación y el comportamiento de esos campesinos se encuadre dentro del contexto en que ha tenido lugar. Esos hombres han sido profundamente perturbados en su vida diaria por las acciones senderistas, esos hombres viven en condiciones muy precarias. Y entonces tener que dar sus animales o sus habas o sus papas a gente que les habla en un lenguaje difícil, porque las teorías de Mao o del propio Mariátegui para los comuneros de Uchuraccay son literalmente esotéricas, significa para ellos pura y simplemente la intromisión y la prepotencia. Ha sido una perturbación muy profunda. Y esa gente ha reaccionado como tradicionalmente lo ha hecho cuando ha sentido que su vida íntima era agredida e invadida. Si además de eso hay otra presencia, la de la única autoridad que ha llegado alguna vez allí, que les dice que deben actuar de una manera enérgica... pues han actuado así. Entonces esa culpa está condicionada por todos esos factores, que hay que tener en cuenta a la hora de señalar responsabilidades.

¿Cómo es que la Comisión tiene la “convicción absoluta” de que los Sinchis “no han instigado sistemáticamente el asesinato como medida de defensa” y en cambio su convicción es “relativa” en lo que concierne al caso concreto de Uchuraccay?
—La Comisión no tiene la menor duda de que no ha habido ni hay una planificación destinada a azuzar a las comunidades a matar forasteros. Las declaraciones tanto de las autoridades militares, como las declaraciones de los campesinos y de distintos informantes indican que no existe tal política sistemática. Creo que ni siquiera tienen las fuerzas del orden que luchan contra “Sendero” en Ayacucho la infraestructura mínima para aplicar una política de esas características, ni tienen la comunicación suficiente con las comunidades como para poder aplicar esta política.

En lo que a Uchuraccay respecta, nosotros creemos la versión que dan los comuneros, de que cuando pidieron protección a los Sinchis contra los senderistas, los Sinchis les dijeron “defiéndanse ustedes y mátenlos”. En lo que respecta a “otras comunidades, esa investigación no estaba dentro de nuestra competencia, por lo que no podemos decir que ha ocurrido así con otras comunidades. Es por eso que hablamos de convicción relativa.

¿Pero queda descartada la posibilidad de que las fuerzas del orden hayan infiltrado las comunidades indígenas para “motivarlos” en una dirección o en otra?
—Mire, creo que si las fuerzas del orden estuvieran en condiciones de hacerlo, probablemente lo harían. No veo nada ilegítimo en que se convenza a los campesinos a cerrar filas contra “Sendero”; lo que sí sería negativo es la utilización de métodos antidemocráticos. Pero en la práctica, esa infiltración me parece muy difícil. La zona de emergencia tiene 120 mil kilómetros cuadrados y yo calculo que las fuerzas del orden no pasan de los 1,200 hombres, lo que hace más o menos 1 soldado o guardia por cada 100 kilómetros cuadrados. Y sólo tienen ocho helicópteros con capacidad cada uno para seis personas. De tal manera que es ingenuo pensar que esa fuerza minúscula está en condiciones de infiltrar a los cientos de miles de campesinos que viven separados por distancias enormes y en zonas abruptas. No entiendo cómo podría ser posible, aún si todo el Ejército peruano estuviera allí, llevar a cabo esa política de infiltración que denuncian ciertos órganos de prensa.

¿Entonces la reacción de las comunidades contra “Sendero” es más espontánea que inducida?
—Básicamente espontánea, sin ninguna duda, creo que eso es clarísimo en el informe y en el caso de los iquichanos no hay ninguna duda. Si los “Sinchis” no los hubieran visitado, la gente de Uchuraccay hubiera peleado lo mismo. Pensar que una frase de los Sinchis —“defiéndanse, mátenles”— haya sido el factor desencadenante de la movilización contra “Sendero” es tener una visión errónea de las comunidades campesinas, que son mucho más astutas respecto a la defensa de sus intereses de lo que creen quienes les atribuyen determinadas actitudes.

Ahora, como lo plantea el informe, hay un problema ético y moral: ¿hasta dónde puede llegar una democracia para defenderse?

—Ese es el gran problema para mí.

Y la Comisión reconoce, por otra parte, que las fuerzas del orden no pueden cruzarse de brazos ni ponerse a repartir caramelos...
—Mire, ese es el gran problema, exactamente. Yo quiero que sobreviva el sistema democrático en el Perú, porque estoy convencido de que con todas sus limitaciones y defectos es preferible a una dictadura tipo Pinochet o a un sistema totalitario como sería “Sendero Luminoso” en el poder. Y creo que si la democracia es atacada tiene que defenderse, y si la obligan a luchar, pues tiene que librar esa guerra. Pero hay un límite que no debe ser transgredido porque sino la democracia deja de ser democracia, se niega a sí misma. Que se produzcan violaciones es inevitable, por el tipo de guerra que se está librando, pero la democracia está obligada a una vigilancia sistemática —a través de la prensa, el Parlamento, los partidos políticos, el Poder Judicial— para impedir los excesos. Y como la Comisión señala en el informe, desde que las fuerzas armadas han tomado el control de las operaciones en la zona de emergencia, los excesos han disminuido considerablemente. Los informantes que en Huanta y en Tambo acusaban muy severamente a los Sinchis nos han dicho que con la llegada de los infantes de Marina ha habido un cambio positivo en las relaciones con la población. Pero no creo, de otro lado, que se pueda derrotar a “Sendero” sólo en términos militares; la única forma de erradicar totalmente a los senderistas de Ayacucho es mediante una ofensiva social y económica que mejore las condiciones de vida de la población.

Hay quienes creen que la utilización de las comunidades campesinas que se oponen a “Sendero” contra aquellas que por convicción o por presión terrorista apoyan a los senderistas termino sembrando la semilla de una guerra civil y que incluso si “Sendero” es erradicado, quedaría en Ayacucho latente una bomba de tiempo...
—Este es un peligro absolutamente real, un peligro que además hoy día ya es una realidad en muchos sentidos. El mundo andino no es homogéneo, es un mundo heterogéneo, lleno de rivalidades étnicas y regionales. Una guerra civil, como en cierta forma es esta guerra contra “Sendero” en el Departamento de Ayacucho, provee una especie de cobertura para que esa violencia —latente, con rivalidades étnicas o regionales— se incremente y adquiera unas proporciones terribles.

¿Se está abriendo entonces una peligrosa caja de Pandora?
—Muy peligrosa caja de Pandora. Sumamente peligrosa, de eso no hay ninguna duda. La Comisión lo dice: antes de la muerte le los periodistas nadie —porque me he tomado el trabajo de revisar todas las publicaciones— ni del gobierno ni de la oposición planteó el problema que representa para la democracia el que los campesinos empiecen a hacer justicia por sus propias manos. La oposición de extrema izquierda tampoco, pues a lo único que se limitó es a dudar de que los campesinos hubieran matado a los senderistas y a sugerir que fueron Sinchis disfrazados. El problema sólo se ha planteado una vez que se produjo la muerte de los periodistas. Por eso me parece fariseo responsabilizar exclusivamente al gobierno. Esa es una responsabilidad que compartimos todos. Cuando han aparecido los ocho cadáveres de los periodistas nos dimos cuenta que efectivamente es muy grave abrir una caja de Pandora.

Informe sobre Uchuraccay - Oiga 07/03/1983

2009-05-07T11:37:00.000-07:00

En las siguientes doce páginas de OIGA, ofrecemos a nuestros lectores el informe completo de la Comisión Investigadora de la masacre de Uchuraccay. Conscientes del valor histórico de este documento, no hemos vacilado en publicarlo íntegro, para que el lector pueda juzgar todas las conclusiones de la Comisión en su justa perspectiva y sin acudir a resúmenes que pueden presentar los hechos fuera de contexto. Creemos que este informe contiene elementos de análisis que van más allá de la masacre misma y que por ello convierten este texto en doblemente valioso.

Lima, Marzo, 1983
Señor Arquitecto
Fernando Belaunde Terry
Presidente Constitucional del Perú
Presente.-

Señor Presidente:

En cumplimiento con el encargo que usted nos confiara, —“llevar adelante las investigaciones que juzgue convenientes y emitir un informe sobre los antecedentes, los hechos y consecuencias que tuvieron lugar en la comunidad de Uchuraccay, ocasionando la muerte de ocho miembros del periodismo nacional”— nos honra entregarle, en el plazo previsto, el siguiente informe, que resume nuestras investigaciones y conclusiones sobre el trágico suceso.

El informe está dividido en cuatro partes. La primera bajo el título “Cómo fue”, reconstruye, con la mayor objetividad posible, los preparativos de la expedición de los periodistas, el itinerario e incidencias de su recorrido, el suceso mismo y los acontecimientos inmediatamente posteriores a él. En la segunda parte —bajo el título de “Porqué fue”—, el informe expone el contexto político, social, psicológico e histórico que, a juicio de la Comisión, es imprescindible para entender cabalmente lo ocurrido.

La tercera parte comprende los informes de los antropólogos doctores Juan Ossio, Fernando Fuenzalida y Luis Millones, del jurista doctor Fernando de Trazegnies, del psicoanalista doctor Max Hernández, y de los lingüistas doctores Rodolfo Cerrón Palomino y Clodoaldo Soto, quienes, —al igual que el licenciado Ricardo Valderrama— en gesto que los enaltece, aceptaron asesorar a la Comisión Investigadora en el curso de su trabajo y cuyos consejos, opiniones y conocimientos fueron para nosotros de invalorable ayuda. La Comisión desea subrayar, sin embargo, que las conclusiones del informe son exclusiva responsabilidad de sus tres miembros y que de ningún modo comprometen a estos distinguidos intelectuales, cuya competencia, vocación de servicio, probidad y generosidad queremos agradecer públicamente.

La cuarta parte consta de las versiones grabadas y mecanografiadas de las informaciones que recibió de 42 personas (o grupos de personas) y de la comunidad de Uchuraccay, de los documentos que le fueron entregados y de las fotografías tomadas en el curso de su investigación por el señor Róger Reyna, asesor gráfico de la Comisión, designado por la Asociación de Reporteros Gráficos del Perú.

La Comisión quiere agradecer la ayuda y colaboración recibidas por parte de múltiples instituciones y personas, con muy escasas excepciones —de hecho, apenas tres— todos los ciudadanos solicitados accedieron a proporcionarnos informaciones o nos suministraron documentación gráfica y escrita, o —en el caso de las autoridades— nos permitieron examinar materiales, algunos de carácter reservado —como partes operacionales y documentación de inteligencia— sin los cuales nuestro trabajo hubiera sido materialmente imposible. La Comisión desea destacar el hecho, de gran significación democrática, de que, acaso por primera vez en la historia de la República, civiles y militares, miembros del Gobierno y de la oposición, funcionarios y simples particulares, aceptan comparecer ante una Comisión independiente, desprovista de toda competencia judicial o policial, sin poderes coactivos de ninguna clase, y cuya única razón de ser ha sido contribuir al esclarecimiento de una verdad que reclamaban urgentemente la conciencia nacional y la opinión pública del resto del mundo.

A fin de que usted, Señor Presidente, y nuestros compatriotas, puedan medir con exactitud el grado de certeza y convicción, o de incertidumbre y duda, a que la Comisión ha llegado sobre cada uno de los hechos expuestos, utilizamos en este informe tres categorías para calificar a cada uno de los hechos, interpretaciones o documentos a que nos referimos: “convicción absoluta”, para asuntos que a juicio de la Comisión resultan incontrovertibles y fehacientes; “convicción relativa”, para hechos que, aunque a juicio de la Comisión parecen muy probables y posibles, adolecen, sin embargo, de una cierta oscuridad o inseguridad; y “convicción dudosa”, para asuntos que admiten interpretaciones distintas e igualmente persuasivas o que, a pesar de sus esfuerzos, a la Comisión no le ha sido posible corroborar, rectificar o descartar.

¿COMO FUE?
1.- ¿Cómo, dónde, cuándo entre quiénes se preparó el viaje de los periodistas?
La Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que la expedición se decidió de manera definitiva el día martes 25 de enero y de que en su gestación fue decisiva la llegada a Ayacucho, en el avión procedente de Lima, esa misma mañana, del reportero gráfico de la revista “OIGA”, Amador García. Esto no significa que por primera vez consideraran sus colegas la idea del viaje al interior del departamento. Este estaba en el aire, era una ambición compartida por muchos de los enviados especiales, corresponsales y periodistas de Ayacucho desde que las autoridades habían dado a conocer —el 23 de enero— la muerte de varios “senderistas” en las comunidades de las alturas de Huanta (y, más precisamente, en la comunidad de Huaychao).

La noticia de la muerte de “senderistas” a manos de los comuneros de Huaychao, había sido recibida con cierto escepticismo por algunos hombres de prensa. Para otros, que carecían de opinión política o presunción ideológica, la posibilidad de comprobar o desmentir el hecho, o de ilustrarlo y ampliarlo con datos precisos, constituía un poderoso incentivo. Sin embargo, el proyecto del viaje a Huaychao —única localidad donde la información oficial indicaba hasta entonces (incorrectamente, como se verá) choques de comuneros con terroristas— no prosperó antes del martes 25, probablemente por las dificultades materiales que entrañaba el llegar a una localidad tan remota y acaso por la opinión del periodista Luis Antonio Morales —corresponsal del “Diario de Marka” en Ayacucho— quien asegura haber desanimado a sus colegas del proyecto, por considerar que el viaje a Huaychao era demasiado largo y riesgoso. (La Comisión tiene la “convicción relativa” de que este testimonio es cierto).

Pero el entusiasmo voluntarioso de Amador García resucita el proyecto, contagia a sus colegas y la expedición se decide en unas cuantas horas, entre la mañana y la tarde del martes.

Los planes y preparativos se inician febrilmente esa misma mañana, en el “Hostal Santa Rosa”, con la participación entusiasta -de los periodista: Jorge Sedano de “La República”, Eduardo de la Piniella y Pedro Sánchez del “Diario de Marka”, de Willy Reto y Jorge Luis Mendívil de “El Observador” y de otros periodistas que luego, por diversos motivos, desistirían de viajar, como Jorge Torres de la revista “Gente”y Javier Ascuez de “El Comercio” de Lima.

La Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que el viaje no fue preparado de manera secreta, sino a la luz pública, y que su objetivo —llegar a Huaychao para verificar la muerte de “senderistas” por los comuneros— fue objeto de discusión y comentarios entre participantes y diversos testigos, dentro y fuera del “Hostal Santa Rosa”, en el curso del día martes. La Comisión está informada, por ejemplo, de que al comenzar la tarde del martes, Amador García buscó y propuso que se uniera a la expedición al corresponsal del Canal 5 y de la revista “Oiga” en Ayacucho, Mario Cueto Cárdenas, quien declinó hacerlo por compromisos de trabajo.

2. ¿Significa esto que las autoridades de Ayacucho conocieron con antelación los planes de viaje?
Las autoridades de la Zona de Emergencia de mayor jerarquía, como el General Clemente Noel, Jefe de la Zona Político-Militar, el Jefe de la Guardia Civil, Coronel Pedro Benavides y el Coronel Víctor Pizarro de los Santos, Jefe de la P.I.P. en Ayacucho, afirman enfáticamente que ninguno de ellos tuvo conocimiento previo del viaje que se preparaba. La Comisión ha llegado a la “convicción relativa” de que esto es verdad. El ligero margen de duda nace de un testimonio contradictorio e inverificable surgido al respecto: la revista “Oiga”, por intermedio del periodista Uri Ben Schmuel, llamó por teléfono, en Lima, el martes 25 a las 7:00 a.m., al Comandante Eulogio Ramos, Asesor de Comunicaciones del Ministerio del Interior, para comunicarle el viaje de Amador García y su intención de ir hasta Huaychao, solicitándole facilidades y protección. El Comandante Ramos ofreció hacer la respectiva gestión con la 9na. Comisaría de Ayacucho de inmediato y por teléfono, pero, según su testimonio, no la hizo ese mismo día debido a un desperfecto que interrumpió las comunicaciones con Ayacucho, por lo cual sólo envió un radiograma a la 9na. Comandancia en la mañana del día miércoles (es decir, cuando la expedición ya había partido) pidiendo facilidades para Amador García, sin especificar la naturaleza de la misión que éste pretendía llevar a cabo. Ahora bien, según el Coronel Pedro Benavides el radiograma nunca llegó a la 9na. Comisaría, ni Amador García se presentó en ella.

La Comisión no descarta la posibilidad de que funcionarios y subordinados de menor jerarquía hayan tenido oídas del viaje que se preparaba —sobre todo teniendo en cuenta que en el “Hostal Santa Rosa” se albergaban, a igual que muchos periodistas, funcionarios de la PIP— pero sin conceder mayor importancia ni comunicarlo a las máximas autoridades. Funda esta suposiciones en que, en anteriores ocasiones, otras expediciones —acaso tal alejadas y peligrosas como ésta— fueron emprendidas por periodistas, más o menos de la misma manera, sin que esto pareciera inquietar mayormente las autoridades ni las indujera a toma; providencias particulares. La Comisión se refiere, por ejemplo, a dos viaje: fuera de Ayacucho, de los periodista del “Diario de Marka”, Pedro Sánchez, y Gerardo Torres y de éste y Severo Guaycochea, a lugares donde- se habías producido choques armados y que podían, por lo tanto, ser tenidos como inseguros.

3. Antes de la partida.
El chofer Salvador Luna Ramos quien ya había prestado servicios con su automóvil a algunos de los periodistas concertados para el viaje, es requerido por primera vez para los fines de la expedición el martes 25 antes de mediodía. Un grupo, entre los que él recuerda a Jorge Sedano y a Amado García, le hablan vagamente de un viaje hasta Yanaorco. Le pide una tarifa y queda en confirmarle el contrato ese mismo día. En ese momento, asegura Luna Ramos, los periodistas no mencionaron su propósito de ir hasta Huaychao, ni tampoco esa tarde, a la cinco, cuando volvieron para confirmarle el viaje hasta Yanaorco —donde se encuentra la torre de microonda atacada varias veces por Sendero Luminoso— y entregarle el anticipo de 15,000 soles, la mitad de los 30,000 con que cerraron el acuerdo. Salvador Luna conviene en recoger a los periodistas en el “Hostal Santa Rosa” a las cinco de la madrugada.

Los preparativos del viaje son muy intensos toda la tarde del martes. De la Piniella consigue un mapa, que es estudiado por los expedicionarios en una mesa del Hostal. Esa tarde se incorporan al proyecto dos periodistas ayacuchanos, Félix Gavilán y Octavio Infante, cuya participación —sobre todo la de este último— es decisiva, para establecer el itinerario del viaje. En efecto, el Director del Diario Noticias tiene a su madre y a su familia materno —los Argumedo— en Chacabamba, pequeña localidad situada en las faldas de las montañas en cuyas punas se encuentran las comunidades lquichana de Huaychao y de Uchuraccay de acuerdo con la sugerencia de Infante los periodistas deciden viajar por carretera de Tambo hasta un punto vecino a la laguna de Tocto —Toctoccha— y muy próximo a Yanaorco, de de donde marcharían a pie hasta Chacabamba, para solicitar allí la ayida y guía del medio hermano de Infante, Juan Argumedo, hombre de la región y quien podía conducirlos hasta Huaychao.

Algunos de los periodistas dedican tarde a hacer compras —adquieren zapatillas, chompas, plásticos para la lluvia— y dos de ellos se van luego al cine. Todo indica que, aunque sin duda hay en los expedicionarios excitación, impaciencia, ansiedad por el viaje, ninguno de ellos sospecha el gravísimo riesgo que se disponen a correr, ni tiene, por tanto, el menor atisbo de lo que está ocurriendo en las comunidades iquichanas de las alturas de Huanta en esos mismos instantes.

4. La partida de Ayacucho.
El chofer Salvador Luna Ramos se presentó en el “Hostal Santa Rosa” a las 5.20 de la mañana del día miércoles. Lo recibió, ya despierto, Jorge Sedano, quien se mostraba animoso y de excelente humor. El contrato de la víspera había sido hecho para siete periodistas, pero esa madrugada Sedano dijo al chofer que viajarían ocho.

Unos diez minutos después, los periodistas parten del “Hostal Santa Rosa”. Los despide Jorge Torres, de “Gente”, quien ha decidido no acompañarlos y a quien ellos gastan algunas bromas. El buen humor será la nota dominante de los viajeros hasta que, un par de horas después, abandonen el taxi.

Del hostal se dirigen a la calle Bellido en busca de Infante. Luego se detienen en el óvalo de Magdalena para que los periodistas compren cigarrillos, leche, galletas y otras provisiones.

Cuando el taxi deja atrás la ciudad de Ayacucho son aproximadamente las seis y media de la mañana.

5. ¿Pasaron controles policiales durante el viaje?
Los viajeros pasaron un solo control, a la salida de Ayacucho: la barrera policial de la Magdalena. Este control fue más simbólico que real. El chofer apenas sobreparó, dentro de cierta congestión de vehículos, y, al acercarse el guardia, los pasajeros se identificaron como periodistas, enseñando los carnets, que aquel ni examinó ni registró, limitándose a decir: “pasen”. (La Comisión Investigadora ha comprobado, en el curso de sus desplazamientos fuera de la ciudad de Ayacucho, lo superficiales, para no decir inútiles, que son estas operaciones de control carretero). Ha comprobado, también, que entre Ayacucho y el lugar donde los periodistas se apearon del taxi, no existe ninguna otra garita de control. (Las afirmaciones de ciertos Diarios según los cuales hay una barrera policial a la altura de Yanaorco no tienen fundamento, pues la torre, aunque se divisa desde la carretera, se halla a unos dos kmts., en una cumbre a la que se llega por un desvío que los periodistas no tomaron). La Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que las autoridades de la Zona de Emergencia, por lo tanto, no pudieron ser informadas del desplazamiento y destino de los periodistas en el transcurso del viaje.

6. ¿Estaba ya definido el objetivo del viaje?
El chofer Luna Ramos asegura que fue contratado por los periodistas para llevarlos hasta Yanaorco y que sólo en el camino, por sus conversaciones, se enteró de que se proponían llegar a la comunidad de Huaychao. La Comisión Investigadora tiene la “convicción relativa” de que este testimonio es fiel.

Asimismo, los periodistas parecen haber viajado, también, con la intención de comprobar si la Torre de Microondas de Yanaorco había sido volada por “Sendero Luminoso”, pues, al divisarla indemne, exclamaron: “Nos engañaron”. Pero sus datos tenían base: los Despachos Militares indicaban que en la noche del 22 de enero hubo un atentado contra la Torre.

7. Desayuno en Pacclla.
Antes de llegar a Yanaorco, los viajeros habían hecho un alto en el Caserío de Pacclla, a las 7:30 aproximadamente, para tomar desayuno. Toda la hora de viaje que llevaban había sido festiva y cordial: intercambiaban chistes, burlas y, por ejemplo, decían a De la Piniella, que llevaba una casaca verde, que vestido así podía ser confundido con un “terruco” o con un “sinchi”.

En el pequeño Caserío de Pacclla se detuvieron a tomar un caldo de gallina. Mientras los periodistas desayunaban, el chofer fue a llenar una galonera de agua a un riachuelo vecino. Cuando regresó, los periodistas estaban tomándose fotografías, y uno de ellos, Willy Reto, se subió incluso a una roca para tener una buena perspectiva del grupo. En Pacclla permanecieron acaso hasta una media hora.

Al llegar a la altura de Yanaorco, los periodistas divisan la torre intacta y proponen al chofer del taxi que los lleve hasta allá, enrumbando por el desvío. Pero Luna Ramos se niega a hacerlo, por lo accidentado del terreno y porque, como la torre ha sido víctima de varios atentados, lo supone riesgoso. Esta negativa no importa mucho a los viajeros que piden al chofer avanzar un poco más por la carretera, pasar la laguna y detenerse unos 700 metros más allá, en un punto que la Comisión Investigadora ha identificado, y desde el cual emprenderán la ruta, a pie, hasta Chacabamba, en pos de Juan Argumedo.

Aunque esta trayectoria no es un camino, sino una trocha incierta, la Comisión Investigadora ha recogido testimonios según los cuales los hombres de la región acostumbran tomar ese atajo, a través de la puna, para dirigirse a Chacabamba, o Balcón o Miscapampa, sin necesidad de llegar primero hasta Tambo, con lo que ahorran por lo menos una hora de viaje. Los ocho periodistas descendieron en ese punto desolado de la ruta entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana, cancelaron a Salvador Luna los 15,000 soles que le debían y comenzaron la marcha, guiados por Infante, quien había hecho con anterioridad ese camino. Tenían frente a ellos un escarpado cerro que vencer antes de divisar las viviendas de los Argumedo.

8. La caminata hasta Chacabamba.
Debió tomarles unas dos horas y fue, para algunos de ellos —como Jorge Sedano, que era gordo y tenía 52 años—agotadora. Es preciso subrayar que, a la distancia —unos seis kilómetros—se añadía el hecho de lo abrupto del terreno —las continuas subidas y bajadas— y la altura, que por momentos superaba los cuatro mil metros.

9. En Chacabamba, donde la familia Argumedo.
A eso de las 10:30 de la mañana, la Sra. Rosa de Argumedo —madre de Juan Argumedo y de Octavio Infante—, que estaba pastoreando a sus animales por los alrededores, es la primera en ver a los periodistas, acercándose a campo traviesa. Su emoción es muy viva al reconocer entre los recién llegados a su hijo Octavio, quien —según el testimonio de su hermana materna Juana Lidia Argumedo García— no había venido a Chacabamba hacía por lo menos un año. Conmovida, la Sra. Rosa se echó a llorar.

10. ¿Sabía la familia Argumedo de la venida de los periodistas?
Según el testimonio de Juana Lidia —al que, al igual que al de la Sra. Rosa de Argumedo y al de Julia Aguilar de Argumedo, la Comisión les concede en esto “convicción absoluta” de veracidad— Octavio Infante se sorprende, al llegar a Chacabamba, de que su otro medio hermano, José Argumedo, no hubiera prevenido a la familia de su venida. Presumiblemente, en Ayacucho, Infante había encargado a José desde la víspera adelantarse a Chacabamba para alertar a la familia de su llegada, pero José aún no había asomado por el lugar, de modo que la aparición de Octavio Infante y los demás fue, para los Argumedo, una sorpresa.

11. Los periodistas en Chacabamba.
Los viajeros no permanecen más de un cuarto de hora en Chacabamba. Están sedientos y exhaustos, sobre todo Jorge Sedano, y la Sra. Rosa les prepara luna limonada que ellos mismos endulzan con el azúcar de sus provisiones.

Juan Argumedo se encontraba, al llegar el grupo, cortando unas tablas en el aserradero. Se une a los periodistas, que están tomando algunas fotos, y su hermano Octavio le pide ayuda en nombre de los viajeros: una mula para Sedomo y un caballo para cargar maletines y provisiones. Asimismo, Octavio pide a Juan que, como él conoce la ruta hacia Huaychao, les sirva de guía. Los periodistas indican en todo momento que su objetivo es Huaychao, situado unos 8 kilómetros después de Uchuraccay.

Según la Sra. Julia Argumedo su esposo muestra cierta reticencia a ir a Uchuraccay mismo, por las muertes de “senderistas” ocurridas en las alturas, y por eso se ofrece a llevarlos sólo hasta Uchuraccasa, una elevación próxima a Uchuraccay. Desde allí, dice, regresará a Chacabamba trayéndose de vuelta las cabalgaduras prestadas.

Los periodistas pensaban que podrían regresar esa misma noche a pernoctar a Chacabamba, y, por eso, Octavio Infante pide a su mujer, doña Rosa, que le prepare una cama con mantas donde cobijarse. Pero ella conoce la distancia que hay hasta Huaychao y deduce que los periodistas tendrían que pasar la noche en Uchuraccay. Para esa eventualidad, la Sra. Rosa les da el nombre de una conocida suya de la comunidad, doña Teodora Vda. de Chávez, nombre que el periodista Félix Gavilán apunta.

12. ¿Eran conscientes los periodistas y la Argumedo del riesgo que corrían al emprender esta etapa del viaje?
La Comisión tiene la “convicción absoluta” de que los ocho periodistas emprendían esta nueva etapa, sin la menor alarma, ignorantes del riesgo que corrían, y confiados en que su condición de periodistas los protegería en el caso de cualquier emergencia.

Esta “convicción” no es absoluta sino relativa en lo que concierne al hombre que, a partir de Chacabamba, les sirve de guía: Juan Argumedo. Es evidente que si Peste hubiese tenido conciencia cabal de lo que, en esos mismos momentos, estaba ocurriendo en las comunidades de la altura, no hubiera hecho el viaje y hubiera tratado de disuadir a su hermano Octavio y a los amigos de éste, de llevarlo a cabo. Ni Juan ni su familia desaconsejaron el viaje, lo que hace suponer también de su parte una cierta inconsciencia del peligro.

Aunque posible, no deja de ser sorprendente que en Chacabamba, lugar relativamente próximo a Uchuraccay y a las otras comunidades iquichanas, se desconociera la profunda perturbación, el estado de alarma y febrilidad que reinaba entre esos comuneros desde las muertes de “senderistas” ocurridas en los días anteriores. El linchamiento o asesinato de “siete” senderistas en Huaychao, había sido dado a conocer al país el día 23 por las autoridades y esta noticia era obviamente sabida de los Argumedo. Pero, en realidad estas muertes de reales o presuntos senderistas habían sido mucho más numerosas —alrededor de 25– y habían tenido lugar, a juzgar por los partes reservados, no sólo en Huaychao, sino, en otras comunidades iquichanas como Uchuraccay, donde los comuneros habían matado a cinco “senderistas”.

Que Juan Argumedo tenía cierta noción del riesgo que corría parece evidenciarse en su decisión de servirles de guía sólo hasta Huachhuaccasa y no hasta el mismo Uchuraccay. También es posible que esto, más que temor, fuera una vaga aprensión o la simple necesidad de regresar a Chacabamba los animales prestados, en todo caso, Juan Argumedo indicó a la familia que estaría de vuelta ese mismo día.

13. La partida hacia Uchuraccay.
Los testimonios de la familia Argumedo coinciden en señalar que el grupo, al partir de Chacabamba, pese a la fatiga por el reciente recorrido, se muestra jovial—signen intercambiando bromas entre ellos— y optimista: En casa de Juan Argumedo, algo más adelantada que la de la Sra. Rosa, se detienen a tomar un vaso de leche, mientras Juana Lidia Argumedo ensilla la mula en la cual se encarama con cierta dificultad —pues, según dijo, no sabía montar— Jorge Sedano. En la otra cabalgadura sé aseguran los maletines y provisiones. Antes de partir, Eduardo de la Piniella se interesa por las condiciones en que viven los Argumedo, en ese paraje apartado ¿dónde estudian los niños de doña Juana? por ejemplo— y, en agradecimiento por la hospitalidad recibida, reparten unas galletas entre la madre, la esposa y la hermana del guía. Julia de Argumedo ve alejarse al grupo, rumbo a la quebrada que trepa hacia las punas, y su última visión es la de su esposo halando la mula de Sedano. La hora debe situarse entre las 11:00 y 11:30 de la mañana.

14. Rumbo a Uchuraccay.
La distancia entre Chacabamba y Uchuraccay son unos quince kilómetros de camino abrupto y pedregoso, entre rocas y empinadas laderas. El terreno se eleva sistemáticamente hasta sobrepasar los cuatro mil metros de altura. Es probable que el itinerario seguido por los viajeros fuera, luego de dejar altura. Es probable que el itinerario seguido por los viajeros fuera, luego de dejar Chacabamba, Jachubamba, Minas Picchu y Huachhuaccasa, límite sur de la comunidad de Uchuraccay, los naturales de la zona llegan a franquear este recorrido en el tiempo récord de dos horas. Pero para los periodistas, venidos en su mayoría de Lima, inexpertos en desplazamientos por alta sierra, fatigados por la caminata de la mañana, la trayectoria debió ser larga difícil, muy pues les tomó cerca de cinco horas.

En casi seguro que su presencia fue detectada por comuneros de Uchuraccay –pastores casuales con sus rebaños o vigías especialmente apostados para señalar la llegada de extraños cuando se hallaba en pleno tránsito hacia la comunidad.

15. El ataque
La Comisión ha llegado a la "convicción absoluta" de que los comuneros que se encontraban en ese momento en Uchuraccay —y que eran tanto miembros de esa comunidad como, posiblemente, de otras comunidades iquichanas— confundieron a los nueve forasteros que se aproximaban con un destacamento de "senderistas" que venía, sin duda, a escarmentarlos por el linchamiento de varios de los suyos perpetrado en esa misma comunidad en los días anteriores. Esta operación de represalias era temida y esperada en las comunidades iquichanas que habían matado senderistas y mantenía a los comuneros en un estado de ánimo sobresaltado, medroso y furibundo a la vez, como atestiguan los periodistas Gustavo Gorritti y Oscar Medrano de "Caretas" —que llegaron a la mañana siguiente a la localidad vecina de Huaychao— y las señoras Rosa de Argumedo, Julia de Argumedo y Juana Lidia Argumedo, que llegaron, también a la mañana siguiente, a Uchuraccay en busca de Juan Argumedo. Este estado de ánimo excepcional, exacerbado por una suma de circunstancias sobre los que la segunda parte de este informe se explaya considerablemente, es, a juicio de la Comisión, un factor que debe ser considerado como primordial para entender lo que ocurrió.

La Comisión tiene la "convicción relativa" de que los periodistas debieron ser atacados de improviso, masivamente, sin que mediara un diálogo previo, y por una multitud a la que el miedo y la cólera, mezclados, enardecían y dotaban de una ferocidad infrecuente en su vida diaria y en circunstancias normales. La Comisión llega a esta conclusión considerando el hecho de que tres de los periodistas hablaban quechua —Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García— v quienes, de haber tenido un diálogo con los comuneros, hubieran podido revelar su identidad, explicar su objetivo e intenciones y desarmar la desconfianza y hostilidad de sus atacantes. Pero la Comisión no puede descartar, tampoco, que este intento de diálogo se produjera y fuese inútil debido al exceso de suspicacia, pánico y furor de los comuneros o a alguna imprudencia o error en el curso de la conversación por parte de los periodistas que agravase él malentendido en vez de disiparlo.

16. ¿Llevaban los periodistas una bandera roja?
En todo caso, la Comisión tiene la "convicción absoluta" de que la acusación según la cual los periodistas se habrían presentado a Uchuraccay enarbolando una bandera roja y dando mueras al gobierno y a los “sinchis” —acusación que hacen, unánimes, los comuneros de Uchuraccay— no tiene validez alguna ni resiste al más somero análisis. Todos los testigos, colegas o familiares, de la gestación y peripecias del viaje, niegan categóricamente que alguno de los periodistas hubiera tenido consigo una bandera roja, o hubiese considerado jamás la posibilidad de llevarla, y es obvio que no se ve cuál hubiera podido ser la razón por la cual los periodistas hubieran acarreado consigo un objeto que sólo habría servido para traerles dificultades y riesgos con las patrullas de las fuerzas del orden o con los propios comuneros que, según las noticias oficiales, acababan de tener enfrentamientos con los “senderistas”. La única bandera en poder de los periodistas, según los informes recibidos por la Comisión, era una sábana blanca, doblada y guardada por la esposa de Félix Gavilán en la bolsa de éste, y que el periodista ayacuchano decidió llevar para usarla como enseña de paz en caso de alguna situación de alarma que pudiera presentarse en el viaje.

17. ¿Qué explicación tiene, entonces, la acusación hecha a los periodistas por los comuneros de Uchuraccay de haberse presentado en la comunidad con una bandera roja?
Esta acusación la formulan los comuneros ante el Teniente 1ro. AP Ismael Bravo Reid, Jefe de la patrulla mixta de guardias civiles e infantes de Marina que llega a Uchuraccay el viernes 28 a eso de las nueve de la noche, a quien comunican que han dado muerte a ocho supuestos terroristas y a quien entregan la bandera roja, un teleobjetivo, doce rollos de películas —que resultarían sin usar— y algunas prendas de las víctimas. La acusación de la bandera la repiten los comuneros —aunque con contradicciones, señalando unos que la llevaban enarbolada y otros que la tenían en una maleta— en la mañana del domingo, al periodista de “Marka”, Luis Antonio Morales, en unas entrevistas grabadas que, luego de cuidadosa evaluación, la Comisión ha llegado a la “convicción absoluta” de que son auténticas y, finalmente, la reafirma unánimemente la comunidad de Uchuraccay ante la Comisión Investigadora en el cabildo abierto celebrado allí el lunes 14 de febrero.

Sin embargo, la esposa, la madre y la hermana de Juan Argumedo, que corren a Uchuraccay en la mañana del jueves 27 de enero —es decir, pocas horas después de la tragedia—, que permanecerán detenidas por la comunidad cerca de 24 horas, y a quienes los comuneros confiesan haber dado muerte a un grupo de terroristas, no oyen en ningún momento semejante acusación.

La Comisión ha llegado a la “convicción relativa” de que el cargo de que los periodistas llevaban una bandera roja fue producto de una decisión adoptada por, la comunidad, en el curso de ese día jueves o del siguiente, como una justificación o coartada de la terrible confusión que les hizo tomar a los periodistas por “senderistas”.

18. ¿En qué momento advirtieron los comuneros el error de que habían sido víctimas?
Sobre este punto la Comisión carece de testimonios directos, por la resistencia total de los comuneros de Uchuraccay a entrar en detalles concretos sobre los sucesos, y estas hipótesis, que presenta con carácter de “dudosas”, han sido elaboradas a partir de la mera evidencia interna.

La primera posibilidad es que los comuneros —los más lúcidos entre ellos—sospecharan o advirtieran el error inmediatamente después de la matanza, al comprobar que sus víctimas no estaban armadas sino de inofensivas cámaras fotográficas.

También es posible que el malentendido se disipara con la captura de Juan Argumedo, quien, según varios indicios, no se encontraba con los periodistas en el instante de la matanza. Las primeras informaciones recogidas por sus tres familiares, al llegar a Uchuraccay a la mañana siguiente; indican que Argumedo se había quedado atrás, probablemente en el cerro de Huachhuaccasa, y que, al advertir el ataque a los periodistas, intentó huir en la mula. Fue perseguido por comuneros montados a caballo y alcanzado —según le refirió la comunera Roberta Huicho a la Sra. Rosa Argumedo— a la altura de Yuracyaco (o Ruyacyaco), donde se le hizo prisionero. ES perfectamente plausible que a través de Juan Argumedo, quien, según diversos testimonios, permaneció prisionero de los comuneros en las horas siguientes a su captura, comprendieran estos en toda su magnitud la equivocación que habían cometido.

En todo caso, no hay ninguna duda que la llegada a Uchuraccay, el jueves en la mañana, de Rosa Argumedo, Juana Lidia Argumedo y Julia de Argumedo saca definitivamente a los comuneros de su error si aún albergaban dudas al respecto. La mejor prueba de ello es que, para soltarlas, en la tarde del viernes, y luego de haber sido testigos de un “ajusticiamiento” —o juicio público— en la casa comunal de Uchuraccay, en el curso del cual las tres mujeres vieron como los comuneros “juzgaban” a trece prisioneros traídos de distintas comunidades iquichanas y acusados todos de ser “senderistas” o cómplices de éstos, la comunidad las hace jurar solemnemente, ante una vara con crucifijo —la vara del alcalde mayor— que guardarán el más absoluto secreto sobre todo lo que han visto y oído desde que pisaron la comunidad. En ese juicio público, en la casa comunal de Uchuraccay, en el que participan muchos comuneros venidos de diversas comunidades iquichanas —tantos que la Sra. Argumedo llega a asegurar que había “varios miles”, lo que a todas luces parece exagerado— uno de los prisioneros es el Teniente Gobernador de Iquicha, a quien mantienen atado por el ruello con una bandera roja. Este hombre está acusado de haber izado esa bandera roja en su comunidad o de haber amparado el izamiento. Ha sido traído desde allá hasta Uchuraccay, muy maltratado. Los Varayocs de Uchuraccay muestran esa bandera roja a la Sra. Rosa Argumedo y le dicen: “Esta es, pues, la bandera de los terroristas”.

Es la única bandera roja que hay en Uchuraccay, según todas las apariencias. Y cuando, al anochecer del día siguiente, la patrulla del Teniente 1ro. Bravo Reid llegue al pueblo, los comuneros le entregarán una sola bandera roja, asegurando que estaba en poder de los periodistas. La conclusión que de todo ello se desprende tiene, a juicio de la Comisión, fuertes visos de realidad: los comuneros, para dar mayor asidero a su tesis de haber dado muerte a un grupo de ocho senderistas, ponen en manos de éstos —con el agregado inverosímil de los vítores a Sendero y los muera a Belaunde y a los “sinchis”— la bandera roja que flameó en Iquicha y que sirvió de collar al prisionero de esa comunidad.

19. ¿Quiénes ejecutaron la matanza?
La Comisión Investigadora ha llegado a la “convicción absoluta” de que el asesinato de los periodistas fue obra de los comuneros de Uchuraccay, posiblemente con la colaboración de comuneros de otras comunidades iquichanas, sin que, en el momento de la matanza, participaran en ellas fuerzas del orden.

La Comisión ha descartado, como falta de toda veracidad, la versión propalada por algunos diarios según la cual “un forastero trigueño, que hablaba castellano, dirigió la masacre”. Tal afirmación es una recreación antojadiza y poco menos que fantástica del testimonio de Juana Lidia Argumedo, quien, cuando estaba prisionera en Uchuraccay, vio en efecto a un joven de estas características, que fue amable con ella, le dirigió unas palabras de consuelo y disuadió a otros comuneros que pretendían lincharla como terrorista. Este joven era un mero espectador de lo que en esos momentos ocurría en Uchuraccay y no tenía ni autoridad ni intervención alguna en la ceremonia de “ajusticiamiento” —o juicio público— que los Varayocs iquichanos llevaban a cabo con los prisioneros acusados de cómplices de los “senderistas”.

En un primer momento, Juana Lidia tomó a este joven como un forastero. Pero luego, su ahijado Lucio Gavilán, comunero iquichano —y quien defendió tenazmente a las Argumedo en el momento de ser “ajusticiadas” (juzgadas) por los comuneros —enmendó su error y le hizo saber que el supuesto forastero era, en verdad, también un equichano, de la comunidad de Puqia. La Comisión ha llegado también a la “convicción absoluta” de que los periodistas fueron asesinados porque los comuneros los creyeron terroristas y sin sospechar su verdadera condición.

Ha llegado a la “convicción absoluta” de que la decisión de dar muerte a los terroristas de Sendero Luminoso no fue súbita ni contemporánea al crimen, sino tomada previamente, en dos asambleas, con participación de varias y acaso de todas las comunidades de la familia étnica de Iquicha, exasperada por los abusos y exacciones (sobre todo robos, aunque en Uchuraccay señalan también el caso de dos campesinos asesinados por los terroristas y de otros heridos) de que habían sido víctimas en días y semanas anteriores por parte de Sendero Luminoso. (Sobre este punto, la segunda parte del informe se extiende largamente).

20. ¿Hubo instigación o aprobación de esta decisión por parte de las fuerzas del orden?
La Comisión Investigadora ha llegado a la “convicción absoluta” de que en la decisión colectiva, de los iquichanos en general y de los uchuraccainos en particular, de matar a los terroristas que se acercaran a su territorio jugó un papel importante, y acaso decisivo, la seguridad de los comuneros de que tenían autorización para actuar así por parte de la autoridad representada por los “sinchis”.

En todos los testimonios ofrecidos por la comunidad aparece, transparente, esta seguridad. Las Argumedo los oyen decir, en su cautiverio de esa noche, que los “sinchis” les han aconsejado actuar así. Eso mismo confirman algunos comuneros en las entrevistas que hace el domingo en la mañana el periodista Luis Antonio Morales y que oyen otros testigos presentes —como el fotógrafo de “La Crónica”, Virgilio Morales, que habla quechua— y, sobre todo, lo reafirman ante la Comisión Investigadora en el cabildo abierto del 14 de febrero. Este último testimonio, y la manera como fue vertido —en el instante más dramático y tenso de la reunión— tuvo valor persuasivo para la Comisión. La afirmación de que “sinchis” venidos en helicóptero, una vez, antes de los sucesos, habían dicho a los comuneros que si venían terroristas a Uchuraccay debían defenderse y matarlos, fue hecha ante la Comisión por un comunero, espontáneamente. De inmediato, fue desmentida por otro, en estado de gran agitación y en un ambiente de verdadera efervescencia. Exhortados a decir la verdad, los comuneros de Uchuraccay, por intermedio del comunero mayordomo —y con la visible aquiescencia de todos los demás— corroboran la primera versión.

21. ¿Es o ha sido una política generalizada de los “sinchis”, como algunos órganos de prensa han asegurado, la de instigar a las comunidades amenazadas por “Sendero Luminoso” a matar forasteros?
La Comisión Investigadora tiene la “convicción absoluta” de que los “sinchis” no han instigado sistemáticamente el asesinato como medida de represalia o de defensa; pero sí tiene la “convicción relativa” de que apoyaron tales acciones de manera aislada, de acuerdo a las circunstancias de la campaña que venían librando. En el caso concreto de Uchuraccay, interpreta así la versión de los comuneros: que los “sinchis” aquella vez que llegaron en helicóptero a Uchuraccay, en vez de materializar una política previamente planeada y sistemáticamente aplicada, respondieron a quienes les pedían protección contra los “senderistas”: “defiéndanse y mátenlos”. Aún así, esto plantea un delicado problema moral y jurídico al sistema democrático peruano sobre el que la Comisión ha creído su deber pronunciarse en la segunda parte de este informe.

22. ¿Cuándo se produjo la venida de los “shinchis” en helicóptero a Uchuraccay?
Las primeras patrullas de “sinchis” llegaron a Uchuraccay, según el testimonio de la maestra Alejandrina De La Cruz, en mayo de 1981 —dos en un, día—, luego retornaron en ese año a un ritmo de una vez cada dos meses. En el curso de 1982 la maestra no vio asomar por Uchuraccay a ninguna patrulla —ni oyó de los comuneros que se hubiera presentado ninguna durante sus vacaciones de Verano y de fiestas patrias— hasta el día 18 de diciembre de 1982, en que abandonó la comunidad. De otro lado, según los comuneros, los “sinchis” vinieron en helicóptero “una sola vez”. Esta visita, pues, debe situarse entre el 18 de diciembre de 1982 y el 23 de enero de 1983. En los partes operacionales de vuelo del comando político-militar de la zona de emergencia no figura ni en diciembre ni en enero un vuelo específico a Uchuraccay, ni a las localidades iquichanas 'vecinas. Como en estos partes operacionales aparecen sólo los lugares de destino final de la misión, Uchuraccay debió ser, acaso, una simple escala, a la ida o venida de un viaje que tenía como destino otra localidad.

24. ¿Qué ocurrió con las cámaras fotográficas y el dinero de los periodistas?
Sobre el tema de la desaparición del dinero y de las cámaras de los periodistas, la Comisión no logró testimonios precisos y sólo puede ofrecer algunas hipótesis, apoyadas en los hechos comprobados. Según el Teniente 1ero. AP Bravo Reid y el Teniente G.C. Hugo Vidal, que encabezan la primera patrulla mixta que llega a Uchuraccay después de la muerte de los periodistas —el viernes a las 9 de la noche—los comuneros, luego de informarles que han dado muerte a ocho “senderistas”, les entregan un teleobjetivo, unos maletines, la bandera roja, unos rollos de película y unos carnets, pero niegan saber absolutamente nada de las cámaras. En cuanto a la ropa que vestían los periodistas dicen haberla quemado. Desde entonces, repetirán esta misma versión asegurando que todo lo que los periodistas traían lo entregaron a aquellas autoridades.

Sin embargo, es un hecho probado que los periodistas llevaban varias cámaras fotográficas y la Comisión está convencida de que en el curso del viaje —tanto en el alto de Paqlla como en el de Chacabamba— las usaron ¿Qué se hizo, pues, de las cámaras?

El hecho de que haya desaparecido con ellas el dinero de los periodistas podría sugerir la posibilidad de un patrocinio inspirado por el lucro. Por un mero robo —por valiosas que fueron las cámaras— dentro del contexto de lo ocurrido resulta dudoso e inconveniente.

La hipótesis más plausible, a juicio de la Comisión, es que los comuneros, enterados de su error, a la vez que ponían en manos de los periodistas una imaginaria bandera roja, tomaran la decisión de hacer desaparecer unas cámaras que podían muy bien delatar a algunos responsables concretos e individuales de un linchamiento que la comunidad se empeña en presentar como una acción colectiva. No se necesita gran esfuerzo de imaginación para saber que, al llegar a Uchuraccay y, más todavía, al sentirse atacados, uno o varios de los periodistas hicieron funcionar sus cámaras, reacción primera e instintiva de un reportero gráfico. ¿Están en condiciones los comuneros de Uchuraccay de identificar una cámara fotográfica y saber para qué sirve?, algunos de ellos, por lo menos, sin ninguna duda. La Comisión tiene testimonios que prueban que en la comunidad hay artefactos como Internas, radios y tocadiscos a pilas. No es este el primer caso 'de una sociedad en la que el primitivismo y el arcaísmo culturales pueden coexistir con el uso de ciertos productos manufacturados modernos.

Sin embargo, aunque más remota, la Comisión no puede desechar enteramente la hipótesis de que las cámaras de los periodistas hayan sido requisadas por las hienas del orden —y más concretamente por sus servicios de inteligencia_ acaso con el fin de tener: mediante el revelado de las fotografías, información inmediata de lo ocurrido.

25. ¿Cuál ha sido la suerte del guía Juan Argumedo?
A la primera patrulla que se presenta en Uchuraccay, los comuneros dicen haber matado a ocho “senderistas” y le muestran cuatro tumbas, donde aquellos han sido enterrados por pares. La suerte de Juan Argumedo es rigurosamente silenciada. En el cabildo abierto que celebran el día 14 a la Comisión que los interroga sobre el guía, los comuneros afirman enfáticamente no saber nada de él. Esta es una de las preguntas que incomodan y desasosiegan más a la comunidad.

Como se ha dicho antes, hay testimonios, recogidos por los familiares de Argumedo en Uchuraccay, el jueves por la mañana, de que éste fue perseguido y capturado en Yuracyaco y llevado a la comunidad, Versiones posteriores llegadas a la misma familia y no comprobadas, dicen que Argumedo permaneció prisionero en Uchuraccay junto con un hombre de la propia comunidad, Huáscar Morales, y que ambos fueron asesinados posteriormente, acusados de proteger a un supuesto ladrón llamado HUamán. Sin embargo, el cadáver de Argumedo no ha sido hallado y el mutismo de los comuneros sobre su suerte sigue siendo total.

Tal vez este enigma no sea tan impenetrable si, adelantándonos a algunos de los temas de la segunda parte del informe, situamos el caso de Juan Argumedo dentro de su entorno social y geográfico y en el momento preciso en que accede a guiar a los periodistas hasta el cerro de Huachhuaccasa.

Un rumor difuso e inverificable, pero persistente, llegado por diversas vías a la Comisión, señala a Juan Argumedo como presunto encubridor o cómplice de los “senderistas”. Los familiares rechazan enérgicamente este rumor, tal vez con toda justicia, pero niegan también haber visto u oído o haber sabido nada de Sendero Luminoso en Chacabamba, lo que, a simple vista, resulta inconcebible: Chacabamba está frente a Balcón y Miscapampa, en la desembocadura de la quebrada que baja desde San José de Secce hasta Tambo, pasando por Luricocha y Majocc, es decir, en pleno corazón de una zona desde 1981, la presencia y las acciones de Sendero Luminoso —ataques a puestos de la Guardia Civil, asesinatos de autoridades, policías y supuestos confidentes, juicios populares, asaltos, etc.— han sido tan numerosos y efectivos que llevaron al cierre de las comisarías de esos lugares, al éxodo prácticamente total de las autoridades civiles de la zona, y —hasta la llegada de los infantes de marina a Tambo, a mediados de enero, y el refuerzo reciente de la Guardia Civil— al abandono de toda la región a la influencia de los “senderistas”.

No sólo las autoridades de la zona de emergencia hablan de una fuerte “impregnación” subversiva en la zona en la que se halla Chacabamba. También los comuneros de Uchuraccay la califican así. En la lista de quejas que les escuchó la Comisión, los comuneros explicaron sus rivalidades, roces y choques con los habitantes del valle y las comunidades de “abajo” por las aparentes simpatías y complicidades de estos últimos con Sendero Luminoso. El caso particular de Juan Argumedo puede ser diferente, tal vez, al de otros de su vecindad que, por un legítimo temor —ya que la zona había sido desertada por la autoridad— o por convicción, colaboraron con Sendero Luminoso. Pero para los hombres de las alturas, Juan Argumedo podía representar muy bien —con razón o sin ella— la prueba tangible de la llegada a Uchuraccay de esa expedición de represalias de los terroristas que esperaban. ¿Fue la persona de Juan Argumedo un factor que contribuyó al malentendido o, incluso, el que lo precipitó en un inicio? Es una hipótesis que no puede ser descartada.

De otro lado, es comprensible que, por razones de vecindad, parentesco espiritual, necesidad de continuo intercambio comercial y de tránsito por la región, los comuneros de Uchuraccay no reivindiquen el asesinato de Juan Argumedo como lo hacen con el de los otros periodistas. Reivindicarlo a la luz pública revestiría la característica de una verdadera declaratoria de guerra a los vecinos y comuneros de una zona con la que, pese a las rivalidades y animosidades que pudieran tener, están obligados a coexistir y de los que necesitan por múltiples razones. Los Argumedo tienen conocidos y parientes espirituales en las comunidades iquichanas; los comuneros de Uchuraccay comercian y recorren con sus productos la zona de Juan Argumedo. Es, sin duda, el temor de cerrarse esa salida natural y envenenar aún más de lo que están las relaciones con la zona de abajo lo que ha llevado a los comuneros de Uchuraccay a esa abolición retroactiva de Juan Argumedo en su versión de los hechos. Esta precaución, por lo demás, ha sido inútil pues desde casi inmediatamente después de los sucesos del 27 de enero, se han producido choques y encuentros violentos entre los comuneros de Uchuraccay y los vecinos de Balcón y otras comunidades del valle, en los que ambos se acusan recíprocamente de ser los provocadores.

26. ¿Quiénes son los responsables de la muerte de los periodistas?
La Comisión Investigadora ha llegado a la “convicción absoluta” de que hay una responsabilidad compartida por toda la comunidad de Uchuraccay y, sin duda, por todas las comunidades iquichanas que, reunidas en asamblea, decidieron enfrentar a los senderistas y darles muerte en el asesinato de los periodistas, aunque sólo unos cuantos de ellos participaran en el hecho físico de la matanza. Corresponde, claro está, al Poder Judicial hacer el deslinde de responsabilidades en términos jurídicos y decidir si a las autoridades —el Teniente Gobernador, los Varayocs— les cabe una culpa mayor en los sucesos y si es indispensable y pertinente extremar la investigación hasta identificar personalmente a cada uno de los que lanzaron las piedras y se encarnizaron contra las víctimas. Pero la Comisión estima, que, desde el punto de vista de la responsabilidad moral, esa culpa compartida colectivamente, que los comuneros no rehuyen y más bien reclaman, refleja una realidad objetiva. La decisión de matar a quien creían un enemigo fue colectiva; la ejecución pudo ser obra de algunos de ellos pero no cabe duda que los demás, si las circunstancias se lo hubieran permitido, hubieran actuado de idéntica manera.

Por qué fue
La matanza de Uchuraccay no puede entenderse cabalmente, con todas sus implicaciones, si se la separara de un contexto de violencia cuyas causas inmediatas y mediatas constituyen un aspecto central de la problemática peruana.

Las causas inmediatas
1. La insurrección “senderista”
Entre las causas inmediatas de este contexto de violencia, que ilumina con una luz de incendio los sucesos de Uchuraccay, figura en primerísimo lugar la acción insurreccional desatada a partir de 1980 por Sendero Luminoso. A esta organización política —cuya ideología, historia, metas y praxis revolucionaria es materia del estudio del historiador y antropólogo Doctor Luis Millones, que acompaña este informe— incumbe la responsabilidad de haber iniciado operaciones armadas de sabotaje y terrorismo que han causado graves daños materiales, numerosas víctimas y perturbado profundamente toda la región ayacuchana y de manera especial a las comunidades campesinas de Huanta.

Las estadísticas oficiales, hasta el 31 de diciembre de 1982, de las muertes ocasionadas por la rebelión son las siguientes:

29 Guardias Civiles
2 Miembros de la PIP
6 Guardias Republicanos 1 Soldado
9 Autoridades civiles 71 Civiles
48 Senderistas

Se trata de cifras sumamente elocuentes que muestran, de manera flagrante, cómo el mayor número de víctimas no son combatientes —”senderistas” y fuerzas del orden— sino inocentes ciudadanos, en su gran mayoría de la clase campesina, sacrificados brutalmente en un conflicto en el que no les cupo iniciativa ni intervención alguna.

Es de público conocimiento que estas cifras han aumentado desde comienzos de año, de manera pavorosa: los 80 civiles son ahora bastante más de un centenar y acaso el balance general se haya duplicado en el corto plazo de dos meses.

El caso de Sendero no debe ser tomado a la ligera ni desechado como un producto exógeno a la realidad peruana, artificialmente incrustado en nuestra patria por alguna potencia extranjera. Por el contrario, todos los indicios diseñan a esta facción desgajada en los años 70 de la subdivisión maoísta del Partido Comunista Peruano, como un movimiento surgido en el ambiente altamente radicalizado de Ayacucho, con una interpretación del país y un programa de acción, de extremado esquematismo y rigidez dogmática, pero que ya ha venido aplicando con evidente consecuencia. Dentro de estos esquemas, el país “semifeudal y semicolonial” que, en su concepto, es el Perú, sólo alcanzará su liberación y accederá al socialismo a través de una guerra prolongada que, iniciada en el campo y teniendo como columna vertebral al campesinado, irá progresivamente copando las ciudades. Al declarar esta “guerra prolongada”, Sendero Luminoso eligió también unos métodos a los que se ha mantenido fiel: destrucción de torres de alta tensión, voladura de puentes, asesinato de guardias civiles, de autoridades políticas y municipales y de agricultores particulares, invasión de fundos y haciendas, juicios populares en localidades campesinas en el curso de los cuales personas consideradas hostiles o nocivas son humilladas, flageladas o ejecutadas; asaltos a comisarías, locales públicos y campamentos para apoderarse de armas, dinero y explosivos; ejecuciones de individuos considerados confidentes de las fuerzas del orden, etc.

No es necesario subrayar hasta que punto dichas acciones han afectado a la población ayacuchana, en especial a las de las zonas rurales, donde tuvieron principalmente lugar, pero sí vale la pena destacar el hecho de que la suma de daños y perjuicios se abatía sobre una de las regiones más pobres y desamparadas del Perú, entre pueblos y comunidades que, por su extrema escasez e indefensión, las consecuencias destructivas eran aún más graves.

Pero, para el asunto que estamos tratando de esclarecer, conviene examinar más de cerca el transtorno que Sendero Luminoso significó para muchas comunidades campesinas y, en particular, para las de la provincia de Huanta.

Como se ha señalado, en el curso de 1981 y 1982, gracias a operaciones audaces y violentas, Sendero Luminoso consigue gradualmente una fuerte implantación en la parte baja de casi toda la provincia. En una actitud difícil de comprender, las autoridades asisten con indiferencia a este proceso, y en lugar de reforzar las comisarías y lugares públicos atacados, dejan que éstos se cierren. La Guardia Civil clausura sus puestos de San José de Secce, de Mayocc, de Luricocha y de otros puntos, a la vez que numerosos Gobernadores, Tenientes Gobernadores y Alcaldes desertan de esos lugares después de que algunos de ellos son víctimas de atentados y otros asesinados. El colapso del poder civil llega a ser casi completo' en la región y la Comisión Investigadora ha podido comprobar que esa es, todavía, la situación en la propia ciudad de Tambo a la que aún no ha regresado ninguna autoridad civil (en cambio, el Párroco, que también había huido, acaba de volver). Resulta académico preguntarse si las poblaciones campesinas así desamparadas por el poder civil vieron con simpatía la presencia de los destacamentos senderistas: es obvio que no tuvieron otra alternativa que la de acomodarse con el poder de facto que sustituía al poder prófugo y, de buena o mala gana, colaborar o por lo menos coexistir con él. Esta es una de las primeras regiones que Sendero Luminoso proclama “zona liberada”.

Mientras esto sucede en el valle ¿qué ocurre en las alturas de Huanta, en esa zona fría y apartada donde se hallan diseminadas las comunidades iquichanas, entre las que figura Uchuraccay? En el estudio de los Antropólogos doctores Juan Ossio y Fernando Fuenzalida que acompaña este informe se describe la naturaleza de esas comunidades y sus relaciones con las de abajo, más desarrolladas y occidentalizadas, pero se puede resumir desde ahora esta relación como difícil y áspera y sobre la que gravita una tradición de incomprensión y rivalidad.

Los esfuerzos de Sendero Luminoso por ganar para su causa a las comunidades iquichanas parecen haber sido débiles y esporádicos en 1981 y 1982. Su gran aislamiento, la dureza del clima y del terreno en que viven, su dispersión, su primitivismo, los llevaron acaso a no considerarlas un objetivo codiciable en su trabajo de adoctrinamiento o como potenciales bases de apoyo. Las zonas altas fueron utilizadas sólo como un corredor de paso que permitía a las “milicias” senderistas desplazarse de un extremo a otro del valle y la provincia con relativa seguridad y desaparecer después de llevar a cabo sus acciones armadas en Huanta, Tambo y otras localidades. Pero en esos desplazamientos, los senderistas tienen que alojarse y alimentarse en Uchuraccay, Huaychao, Iquicha, etc. En el curso del cabildo abierto, los comuneros acusaron ante la Comisión, en repetidas oportunidades a los terroristas de robarles sus alimentos y sus animales. Esto fue motivo de choques y fricciones y, en e curso de ellos, los guerrilleros mate ron a dos campesinos uchuruccainos Alejandro Huamán y Venancio Auca toma. Estos robos o cupos de alimentación tuvieron que resentir hondamente a comunidades como las de Uchuraccay, extremadamente pobres, cuyas reservas alimenticias son mínima y cuya tierra les permite sembrar apenas papas y habas.

Pero acaso mayor efecto negativo tuvo y fue causa principal de la movilización beligerante de las comunidades iquichanas —y de las comunidades de otras regiones también— contra la “milicias”, la decisión de Sendero Luminoso de aplicar, en las zonas que consideraba “liberadas”, una política de “autosuficiencia” y control de la producción campesina. Las comunidades recibieron consignas de sembrar únicamente aquello que consumían, sin excedente y de cesar todo comercie con las ciudades. ¿Perseguía esta política solamente el desabastecimiento de la ciudad o, también, ir inculcar de al campesino un sistema de trabajo acorde con el abstracto modelo idee lógico diseñado para la futura sociedad?

En todo caso Sendero trató de materializar esta consigna con métodos contundentes y así, por ejemplo, principios de enero invade y clausura la Feria del Lirio, en el punto extremo a donde había llegado la carretera penetración a la selva, en la provincia de Huanta. Además, dinamita la carretera de manera que queda cortado e tráfico hacia aquella localidad. Además de ir a Huanta o a Tambo, los comuneros de las alturas bajaban a Lirio vender sus magros excedentes y en esas ferias adquirían otros productos indispensables a su supervivencia o costumbres. El fin de la posibilidad de comerciar, por razones tácticas o ideológicas que obviamente le resultaban incomprensibles, debió ser sentido por las comunidades iquichanas como une intromisión que ponía en peligro su existencia. Ahora bien, en los estudios: que acompañan este informe se advertirá que las comunidades iquichanas han reaccionado siempre, cuando se hallan en esta situación típica, con gran beligerancia y fiereza.

Dentro de este contexto se compren de mejor aquellas asambleas, que deben haber tenido lugar hacia mediados de enero, en Carhuarán y en Uchuraccay —precisamente en los mismos lugares en donde en 1824 los iquichanos se reunieron para tomar la decisión de guerrear contra la naciente república y a favor de España –en que los comuneros de las alturas de Huanta toman la determinación de enfrentarse a los “senderistas” (en el cabildo del 14 de febrero, los comuneros aseguran a la Comisión que estaban reunidos en asamblea al llegar los periodistas). Aquella determinación es puesta en práctica, simultáneamente, en varias comunidades. Destacamentos de Sendero Luminoso y reales o supuestos colaboradores de la “milicia” son emboscados, maltratados o linchados. Los “siete senderistas” muertos en Huaychao, que el General Clemente Noel da a conocer en la conferencia de prensa del domingo 23 de enero, son sólo una parte de los ejecutados por los comuneros. En Uchuraccay, el 22 de enero, son linchados otros cinco. El número de “senderistas” ejecutados en la zona de Iquicha, en los días que preceden a la expedición de los periodistas se eleva aproximadamente a 24.

2. ¿Cuál es la reacción en el país al saberse la noticia de las muertes de “senderistas” en Huaychao?
Con una ligereza que los acontecimientos posteriores pondrían de manifiesto, autoridades civiles y militares, políticos del Gobierno y de la oposición, órganos de prensa democráticos y gran parte de la ciudadanía vio en estos linchamientos sumarios, una reacción sana y lógica por parte del campesinado contra el terrorismo, un grave revés para Sendero Luminoso y una victoria para el sistema democrático (en tanto que los órganos de extrema izquierda se limitaban a poner en duda el hecho mismo de las ejecuciones y se las atribuían a “sinchis” disfrazados de campesinos).

Nadie, sin embargo, en el país, planteó, antes de la muerte de los periodistas, el grave problema jurídico y moral que esos linchamientos constituyen para un sistema democrático. En efecto, ¿pueden justificarse estos asesinatos en el principio de la legítima defensa? Aceptar o alentar a las comunidades campesinas a hacerse justicia por sus manos contra los abusos y crímenes de Sendero Luminoso significaba, también, socavar íntimamente el ordenamiento jurídico de la república y proveer, sin quererlo, una cobertura al amparo de la cual se podían cometer toda clase de venganzas personales, desquites regionales y étnicos, además de accidentes terribles. La matanza de los periodistas ha venido a recordar dramáticamente al país que un sistema democrático no puede olvidar jamás, ni siquiera cuando lucha por su supervivencia, que su superioridad moral sobre los sistemas autoritarios y totalitarios radica en que, en su caso, como dijo Albert Camus, son los métodos los que justifican los fines. En el caso que nos ocupa hubo una clara relajación de esos métodos sin la rectificación o amonestación correspondiente. En estas condiciones ¿cómo no hubieran sentido los comuneros iquichanos —si es que hasta ellos llegaban los ecos del país oficial— que habían actuado con absoluta legalidad y legitimidad?

Más que distribuir responsabilidades —que, en este caso, a juicio de la Comisión, comparten todo lo que Jorge Basadre llamaba el Perú oficial, o por lo menos, el sector democrático de éste que recibió con alivio la noticia de las ejecuciones de “senderistas”, la Comisión cree necesario y urgente, llamar la atención sobre el conflicto —desarrollado por el estudio del jurista, doctor Fernando de Trazegnies— que plantea, en nuestro país, la existencia junto al sistema jurídico occidentalizado y oficial, que en teoría regula la vida de la nación, de otro sistema jurídico, tradicional, arcaico, soterrado y a menudo en conflicto con aquel, al cual ajustan su vida y costumbres los peruanos de las alturas andinas como Huaychao y Uchuraccay.

3. La violencia antisubversiva.
Quienes convencidos de que la única manera de liberar al pueblo peruano era la lucha armada, desafiaron a las fuerzas policiales y militares del país, tienen su cuota de responsabilidad en la inevitable respuesta que provocó la violencia subversiva: la violencia generada por la contrainsurgencia.

Ni los dirigentes de Sendero Luminoso ni quienes, desde posiciones más seguras que las de aquellos, proponen la lucha armada como método, pueden ignorar en qué país estamos, ni el carácter todavía defectuoso y precario que tienen muchas instituciones en la apenas renaciente democracia peruana. Por el contrario, es probable que entre sus previsiones estuvieran los inevitables excesos que cometiera, en su tarea antisubversiva, una fuerza policial mal preparada para el tipo de guerra que debía librar y exasperada por el asesinato continuo de sus miembros. ¿Calculaban los insurrectos que estos excesos de las fuerzas del orden les ganarían adeptos?, era a todas luces un cálculo cruel, porque partía del sacrificio de inocentes para los fines de una causa política.

Estos excesos se han producido, efectivamente, y la Comisión cree su obligación señalarlo porque este otro tipo de violencia, derivado de la acción represiva, ha contribuido también a crear ese contexto de anormalidad, recelo, pánico y odio que dio lugar a la matanza de los periodistas.

4. ¿Pueden las fuerzas del orden de un sistema democrático combatir la subversión y el terror con métodos que no son democráticos?
No se puede juzgar el crimen de Uchuraccay (ni el malentendido que lo provoca), haciendo abstracción de las circunstancias en que ocurrió, las únicas que pueden revelar la verdad profunda y compleja que hay detrás de esas muertes.

Los comuneros de Uchuraccay —aunque sería más justo tal vez decir todos los comuneros iquichanos, y más aún, a juzgar por los últimos acontecimientos, todas las comunidades de Ayacucho y Huancavelica que han tomado una posición resuelta contra Sendero Luminoso— viven en un ambiente de guerra en el que, dentro de su visión, hay dos bandos que recíprocamente se destruyen. Los comuneros que optan por el "Gobierno" se sienten amenazados y atemorizados. Creen por su tradición, por su cultura, por las condiciones en que viven, por las prácticas cotidianas de su existencia, que en esta lucha por la supervivencia todo vale y que se trata de matar primero o de morir. La visita que los uchuruccainos reciben de los "sinchis", representantes de la autoridad, no les permite hacer el necesario distingo entre legalidad e ilegalidad, ese distingo que precisamente diferencia a un sistema democrático del terrorismo porque, con sus consejos, aquellos contribuyen más bien a fomentar la confusión. No hay duda que ha habido en esto un error por parte de las fuerzas del orden que defienden el sistema democrático, un sistema en que la ley no permite hacerse justicia por su propia mano (lo que, justamente, lo hace moralmente superior a quienes creen que sí pueden matar en nombre de sus ideas o sueños).

Ahora bien: ¿Es posible hacer aquellos distingos jurídicos, clara y precisamente establecidos por nuestra constitución y nuestras leyes, ante hombres que viven en las condiciones de primitivismo, aislamiento y abandono de Uchuraccay? ¿Es posible, a hombres que viven en el estado anímico de esos comuneros en los días que preceden, a la matanza, ilustrarlos con exactitud y discernimiento sobre las sutilezas de un sistema jurídico que, en la práctica, está a menudo contradicho por las prácticas cotidianas y tradicionales de la vida comunal?

En comunidades aisladas y alejadas de toda autoridad, como Uchuraccay, es práctica extendida ejecutar sumariamente a los abigeos. ¿Por qué entenderían los comuneros que deben comportarse diferentemente con los "senderistas" a quienes, en la reunión de cabildo abierto con la Comisión, designaron siempre con el apelativo de "Terrorista Sua" (Terrorista Ladrón)?

Por otro lado, es perentorio tener en cuenta las dificultades que experimentan las fuerzas del orden en su tarea anti-subversiva: un inmenso territorio que vigilar, un enemigo que no ofrece un frente definido, que golpea y se disuelve en medio de una población rural de otra lengua y costumbres, con la que las fuerzas del orden tienen escasa y a veces nula comunicación. El estricto respeto de la legalidad democrática, en muchos casos, puede significar, para soldados y guardias, simplemente el suicidio o la total impotencia. Esta es una de las razones, sin duda, por la que esta legalidad es vulnerada por las fuerzas del orden. Pero esto es trágico para el sistema democrático, porque, adoptar estos métodos en defensa del, orden constituido, es privar a este de su legitimidad moral y legal y en cierto modo aceptar las reglas del juego establecidas por los terroristas. El dilema —defender el sistema democrático mediante actos rigurosamente lícitos que en la práctica pueden condenar a las fuerzas del orden a la parálisis o al sacrificio o combatir a la subversión violentando la ley— lo han vivido todos los países democráticos amenazados por el terror ideológico y ahora lo vive nuestro país.

La Comisión Investigadora no convalida, ni mucho menos, la campaña de cierta prensa de escarnio y menosprecio sistemático de las fuerzas del orden y tiene muy presente que éstas, con todos los errores o abusos que hayan podido cometer, combaten en defensa del sistema democrático. Pero al mismo tiempo, tiene que dejar constancia del sentimiento de protesta y temor que ha advertido, entre algunos de sus informantes y en ciertos sectores de la población de la zona de emergencia, por atropellos cometidos por las tropas especiales de la guardia civil —los “sinchis”— en el curso de sus operaciones. El catálogo de quejas es largo y doloroso: Arrestos injustificables, malos tratos, agravios contra ciudadanos pacíficos, hurtos al amparo del toque de queda, accidentes irreparables por obra de la prepotencia y el abuso del alcohol.

Es un hecho, comprobado por la Comisión, que desde que las fuerzas armadas asumieron la responsabilidad de la lucha antisubversiva, se han hecho esfuerzos para evitar estos excesos y, por ejemplo, en Huanta y Tambo, según testimonios recogidos por la Comisión, la llegada de los infantes de marina ha tenido un efecto moderador y ha mejorado notoriamente las relaciones entre las fuerzas del orden y la población civil. La Comisión cree su deber hacer un llamado para que esta política de disciplina y estricto cumplimiento de la ley por parte de las fuerzas que se enfrentan al terror se prosiga sin concesiones, pues el respeto de la legalidad y de los derechos de la persona humana es el fundamento mismo del sistema por el cual se ha pronunciado la inmensa mayoría de los peruanos.

Las causas mediatas
1. La Violencia Estructural.
La Comisión cree que para no quedarse en una mera descripción superficial de lo ocurrido, es necesario tener en cuenta el nivel de desarrollo de, las comunidades iquichanas y las formas que asume en ellas la vida. Dentro de la región económicamente deprimida, sin recursos, con un altísimo índice de desempleo y un rendimiento paupérrimo de la tierra que es el departamento de Ayacucho, las comunidades de las punas de Huanta representan acaso el conglomerado humano más miserable y desvalido. Sin agua, sin luz, sin atención médica, sin caminos que los enlacen con el resto del país, sin ninguna clase de asistencia técnica o servicio social, en las altas tierras inhóspitas de la cordillera donde han vivido aislados y olvidados desde los tiempos prehispánicos, los iquichanos han conocido de la cultura occidental, desde que se instaló la república, sólo las expresiones más odiosas: la explotación del gamonal, las exacciones y engaños del recaudador del tributo o los ramalazos de los motines y las guerras civiles. También, es verdad, una fe católica que, aunque ha calado hondamente en los comuneros, no ha desplazado del todo a las antiguas creencias como el culto a los apus (cerros tutelares), el más ilustre de los cuales es el apu Rasuwilca, deidad cuyo prestigio desborda el área iquichana. Para estos hombres y mujeres, analfabetos en su mayoría, condenados a sobrevivir con una dieta exigua de habas y papas, la lucha por la existencia ha sido tradicionalmente algo muy duro, un cotidiano desafío en el que la muerte por hambre, enfermedad, inanición o catástrofe natural acechaba a cada paso. La noción misma te superación o progreso debe ser difícil de concebir —o adoptar un contenido patético— para comunidades que, desde que sus miembros tienen memoria, no han experimentado mejora alguna en sus condiciones de vida sino, más bien, un prolongado estancamiento con periódicos retrocesos.

¿Tiene el Perú oficial el derecho de reclamar de esos hombres, a los que con su olvido e incuria mantuvo en el marasmo y el atraso, un comportamiento idéntico al de los peruanos que, pobres o ricos, andinos o costeños, rurales o citadinos, participan realmente de la modernidad y se rigen por leyes, ritos, usos y costumbres que desconocen (o difícilmente podrían entender) los iquichanos?

La Comisión no pretende dar respuesta a esta pregunta, pero sí cree oportuno formularla, pues ella constituye un problema al que da una actualidad dramática el asesinato de los ocho periodistas.

Los hombres que los mataron no son una comunidad anómala en la sierra peruana. Son parte de esa “nación cercada”, como la llamó -José María Arguedas, compuesta por cientos de miles —acaso millones— de compatriotas, que hablan otra lengua, tienen otras costumbres, y que, en condiciones a veces tan hostiles y solitarias como las de los iquichanos, han conseguido preservar una cultura —acaso arcaica, pero rica y profunda y que entronca con todo nuestro pasado prehispánico— que el Perú oficial ha desdeñado.

Dentro de este contexto, la brutalidad de la matanza de los ocho hombres de prensa no resulta menos atroz pero es, sí, más entendible. Quienes lanzaron las piedras y blandieron los garrotes no sólo eran hombres empavorecidos y rabiosos que atacaban a un supuesto enemigo; eran también los ciudadanos de una sociedad en la que la violencia asume diariamente las manifestaciones más elementales y primarias y en la que, por precariedad de los recursos, la defensa de lo propio, cuando se lo considera amenazado, suele generar reacciones de gran violencia, como se advierte en el caso relativamente reciente de la comunidad de Carhuarán, mencionado en el estudio del doctor Fernando de Trazegnies, de diez abigeos linchados públicamente por los comuneros.

La brutalidad de las muertes de los periodistas, por otra parte, no parece haberse debido, únicamente, al tipo de armas de que disponían los comuneros —huaracas, palos, piedras, hachas— y a su rabia. Los antropólogos que asesoran a la Comisión han encontrado ciertos indicios, por las características de las heridas sufridas por las víctimas y la manera como éstas fueron enterradas, de un crimen que, a la vez que político-social, pudo encerrar matices mágico-religiosos. Los ocho cadáveres fueron enterrados boca abajo, forma que, en la mayor parte de las comunidades andinas, se sepulta tradicionalmente a quienes los comuneros consideran “diablos” o seres que en vida “hicieron pacto” con el espíritu del mal. (En los Andes, el diablo suele ser asimilado a la imagen de un “foráneo”). En el caso concreto de Uchuraccay, la maestra del lugar refirió a la Comisión que esta creencia es profesada de manera explícita por los comuneros y la ilustró incluso con alguna anécdota. Asimismo, los periodistas fueron enterrados en un lugar periférico a la comunidad, como queriendo recalcar su condición de forasteros.

De otro lado, casi todos los cadáveres presentan huellas de haber sido especialmente maltratados en la boca y en los ojos. Es también creencia extendida, en el mundo andino, que la víctima sacrificada debe ser privada de los ojos, para que no pueda reconocer a sus victimarios y de la lengua para que no pueda hablar y delatarlos, y que sus tobillos deben ser fracturados para que no pueda retornar a molestar a quienes le dieron muerte. Las lesiones de los cadáveres descritas por la autopsia apuntan a una cierta coincidencia con estas creencias.

Y también, de manera todavía más precisa, el hecho de que las ropas que los periodistas vestían al ser matados fueran, al parecer, primero lavadas y luego incineradas por los comuneros —según lo declararon al Teniente 1ro. AP Ismael Bravo Reid—. Quemar y lavar los vestidos de un muerto es típica ceremonia de exorcismo y purificación practicada en toda el área andina (“Pichja”).

2. La tradición iquichana.
Finalmente, la Comisión quiere mencionar otro aspecto, desarrollado con más amplitud en los informes de los asesores doctores Ossio y Fuenzalida, que incide también en lo sucedido: la historia de las comunidades del grupo étnico de Iquicha. Esta historia se caracteriza por largos períodos de aislamiento casi total y por intempestivas irrupciones bélicas de esas comunidades en los acontecimientos de la región o de la nación.

La especificidad iquichana, su falta de articulación y solidaridad con otras etnias andinas, se trasluce, tal vez, en el hecho de haber sido utilizados estos comuneros durante la colonia, por las fuerzas realistas, para combatir contra los dos movimientos indígenas más importantes de los siglos XVIII y XIX: los de Túpac Amaru y de Mateo Pumacahua.

Las rebeliones que protagonizan luego, entre 1826 y 1839, tienen también un carácter netamente circunscrito y excéntrico al acontecer del resto de la nación, sea que se subleven por el Rey de España, contra la naciente república, o que se nieguen a acatar las leves y disposiciones que el gobierno pretende aplicar en su territorio.

Este mismo sentido de empecinada defensa de la soberanía regional v comunal parece tener su participación activa al lado de Cáceres, durante la guerra con Chile, y, más todavía, el levantamiento que protagonizan en 1896, contra el impuesto a la sal, durante el cual dos mil iquichanos tomaron la ciudad de Huanta y lincharon al Sub-prefecto.

La celosa preservación de un fuero propio, que, cada vez que sienten transgredido, los arranca de su vida relativamente pacífica y huraña, y los precipita a luchar con braveza y ferocidad, aparece como una constante en la tradición iquichana y es la razón de ser de esa personalidad belicosa e indómita que se les atribuye en las zonas de abajo, sobre todo en las ciudades.

De su voluntad de retraimiento o, de su resistencia a ver profundamente alterados o interferidos una cultura y unos modos de vida que, a fin de cuentas, por rudimentarios que sean, son lo único que los iquichanos tienen (y es por tato lo más preciado de su existencia), la Comisión ha recogido abundantes ejemplos contemporáneos. Los iquichanos reciben a comerciantes u hospedan a viajeros de paso, pero se han mostrado reacios y hostiles, por ejemplo, a recibir misiones de antropólogos o a los promotores de “Sinamos”, es decir, a personas que, con razón o sin ella, los comuneros intuían como capaces de invadir su intimidad.

Es indudable que esta actitud atávica explica también, en parte, la decisión iquichana de combatir a Sendero Luminoso y de hacerlo con los métodos rudos y feroces que son los únicos a su alcance desde tiempos inmemoriales. Esta decisión y el convencimiento de que, aplicándolos procedían de acuerdo con la única autoridad llegada hasta ellos, sería terriblemente puesta en tela de juicio —y exhibidos todos sus riesgos y peligros— con el malentendido del que resultó la muerte de los ocho periodistas.

La Comisión cree haber esclarecido de este modo lo esencial del suceso, aunque algunos detalles y aspectos de la tragedia permanezcan en la sombra. Corresponde al Poder Judicial, con el tiempo y los instrumentos de que dispone, proseguir y perfeccionar la investigación, señalar las responsabilidades y dictar sentencia.

La Comisión, sin embargo, cree necesario llamar a reflexión a los peruanos sobre la compleja problemática que la muerte de esos ocho periodistas ha puesto en evidencia y exhortarlos, como el mejor homenaje que se puede rendir a esos profesionales caídos en el desempeño de su trabajo, a deponer las pasiones y las simplificaciones fáciles, los aprovechamientos políticos y las fórmulas demagógicas, y a reconocer con humildad, que, aunque los autores fueran unos cuantos, y sus instigadores y provocadores otros tantos, hay una responsabilidad histórica anterior y más vasta detrás de las piedras y palos sanguinarios de Uchuraccay que nos incumbe a una gran mayoría de peruanos.

Abraham Guzmán Figueroa — Mario Vargas Llosa, Mario Castro Arenas

¿Otro golpe? Toda repetición es una ofensa. ¿Como hará Fujimori para ganar la reelección con Parlamento propio? – Oiga 1/08/1994

2009-03-17T21:05:00.000-07:00

Una carta aclaratoria dirigida a ‘El Comercio’ por la cecedista Martha Chávez, pone al descubierto otro de los ardides del que se vale la mayoría oficialista en el CCD para eludir el cumplimiento de la misión fiscalizadora que en todas las naciones democráticas del mundo ejerce el Parlamento. Martha Chávez niega a su colega Mario Ocharán (PPC) autoridad para anunciar que se convocará a los ministros de Defensa y del Interior a la subcomisión cuya formación fue acordada en la sesión del martes antepasado para investigar a la Caja de Pensiones Militar y Policial. Dice la presidenta de la Comisión Permanente de Fiscalización que la subcomisión es un ‘grupo de trabajo’ que no puede convocar a ministros de Estado, “ya que se constituye para efectos meramente internos” y no representa a la Comisión, que es la única que puede cursar esas invitaciones con el voto aprobatorio de dos tercios de sus miembros. Como la oposición es minoría en esa comisión, los ministros, presuntamente responsables del estado de falencia en que se encuentra la Caja de Pensiones Militar y Policial, nunca serán molestados.

Desde que el CCD entró en funciones (enero de 1993), el régimen instaurado el 5 de abril de 1992 viene funcionando sin ningún control parlamentario, ni siquiera remotamente parecido al que ejerció el Congreso instalado el 28 de julio de 1990. Nadie ha supervisado la ejecución de los presupuestos generales de la República correspondientes a los años 1991, 1992, 1993 ni el que aprobaron para el presente año. Los presupuestos son confeccionados en el ministerio de Economía y Finanzas y, después de un remedo de debate en la llamada Comisión Permanente de Presupuesto, resultan aprobados a carpetazo limpio por la mayoría oficialista, sin tomar en cuenta las recomendaciones de la oposición. Desde el 5 de abril de 1992, el presidente Fujimori y su camarilla gastan los recursos del Estado sin rendir cuentas a nadie. Las comisiones permanentes de Presupuesto y de Fiscalización están pintadas en la pared.

A la luz de lo que está ocurriendo con el CCD, la cuestión que los analistas políticos todavía no se han detenido en esclarecer es la siguiente: En la eventualidad de que se haga reelegir por otro quinquenio, ¿cómo hará Fujimori para gobernar si no logra obtener mayoría propia en el próximo Parlamento? Dicho de otra forma: ¿Qué estrategia, todavía oculta, utilizará para asegurarse, junto con la reelección, una mayoría que le permita gobernar sin ninguna traba fiscalizadora?

Fujimori despuntó en las elecciones generales del 90 llevado por un conglomerado de pastores evangélicos, de informales y pequeños empresarios; y ganó en la segunda vuelta a Mario Vargas Liosa con los votos del Apra y de todos los grupos de izquierda. Sin embargo, en la primera vuelta, que es donde se elige al Parlamento, Fujimori sufrió una amarga derrota: sólo pudo colocar 14 senadores y 32 diputados, o sea 46 de un total de 240 parlamentarios.

Hoy, esa fuerza electoral ya no cuenta: los pastores evangelistas fueron desembarcados en los primeros meses de gobierno y su jefe, Carlos García, nunca pudo ejercer la segunda vicepresidencia de la República. Los pequeños empresarios fueron maltratados en cabeza de dos de sus hombres más representativos: don Julián Bustamante Cabello, quien gastó gran parte de su Fortuna en sostener la campaña electoral de Fujimori y alcanzó una curul en el Senado, fue objeto de una vil acusación por parte del gobierno que aceleró su muerte; y don Máximo San Román, primer vicepresidente de la República, quien se negó a secundar el golpe militar del 5 de abril hasta ahora es víctima del acoso oficialista. Y los informales ahora acusan a Fujimori de haberse aliado con los ‘blanquitos’ y de buscar evasores de impuestos entre los ‘cholitos’, y no entre los empresarios de cuello y corbata con quienes hoy disfruta del poder.

Los neoderechistas que se esconden tras el ropaje del liberalismo –hoy de moda en el mundo–, que pregonan la necesidad de tener un gobierno de mano dura, que ponga orden en el país y que cada día toman porciones más amplias del poder económico y financiero, no son fuerza electoral suficiente por sí mismos para mantener a Fujimori en el poder por otros cinco años. Y menos aún para darle mayoría propia en este nuevo Parlamento unicameral de 120 congresistas que estrenará sus funciones el 28 de julio de 1995. Claro que pueden influir en la opinión pública a través de la prensa escrita, las radios y la televisión, martillando los éxitos que Fujimori se atribuye exclusivamente en dos cuestiones altamente sensibles: la pacificación y la derrota de la inflación. Pero ¿será eso suficiente?

En las elecciones de noviembre del 92 para conformar el llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD), la coalición oficialista Cambio 90 y Nueva Mayoría logró 44 de los 80 asientos, en un proceso que se caracterizó por el ausentismo electoral más alto de las últimas décadas. Los ciudadanos que ejercitaron su opción electoral alcanzaron apenas el 45% del total de inscritos. Los votos obtenidos por la coalición oficialista representaron el 28% de los electores que fueron a las urnas y no votaron en blanco ni viciaron sus votos. Es cierto que desde el primer momento el oficialismo ganó los seis asientos del grupo de Rafael Rey Rey (Renovación Nacional) y con el transcurso de los meses los dos del Frente Popular Agrícola del barbudo pastor Ataucusi (Mario Paredes y Eusebio Vicuña); y dos del Frente Independiente Moralizador de Fernando Olivera (César Larrabure y Julio Chu Meriz); pero esta holgada mayoría oficialista es fruto de acomodos para obtener migajas del poder y no representa la voluntad del elector expresada en las urnas.

Basado en las encuestas, los apologistas de Fujimori sostienen que ‘el chinito’ puede ganar las elecciones en primera o en segunda vuelta. Pero esas mismas encuestas revelan que lo que no puede hacer Fujimori es endosar el grado de aceptación que tiene en la población. Allí está como triste despojo el ex alcalde chorrillano Pablo Gutiérrez, quien perdió soga y cabra (su popularidad personal le garantizaba la reelección por su distrito, a quien Fujimori retiró, después de haberlo impuesto a Cambio 90 y Nueva Mayoría como candidato a la alcaldía de Lima, cuando las encuestas le dijeron que era candidato perdido. Fujimori no pudo presentar un candidato aceptable en ningún municipio de la República. Este puede ser el origen de su fobia contra los gobiernos municipales.

La derrota de Fujimori en los comicios de enero del 93 sólo fue la confirmación de otra, verdaderamente catastrófica, ocurrida dos meses antes: el referéndum por el Sí o el No de noviembre del 92. Pese a sus propios vaticinios de que su proyecto constitucional sería aprobado abrumadoramente (más del 75%, decía) y. más tarde, a sus amenazas de renunciar si triunfaba el No, los resultados le dieron un tremendo revolcón: la complicidad de un Jurado Nacional de Elecciones incapaz —con la honrosa excepción del doctor Juan Chávez Molina, delegado del Colegio de Abogados de Lima— impidió que se conocieran los resultados reales de la consulta popular. Todavía no se puede borrar de la mente de muchos peruanos la sospecha de que el referéndum fue perdido por el régimen fujimorista. Su ‘triunfo’ se habría debido a esas ánforas lejanas que controlaba el Ejército y que arrojaban 200 votos para el Sí de 200 electores. En esos lugares no había enfermos, ni ausentes, ni muertos.

El desempeño del llamado Congreso Constituyente Democrático nunca ha concitado la aceptación de la mayoría de los electores en las encuestas de las empresas que hacen sondeos de opinión pública. Las encuestas hechas por Imasen entre enero y junio de este año, arrojan un promedio de 46.7% de aprobación a la gestión del CCD. No obstante su permanente presencia en las pantallas de televisión y en los diarios oficialistas, los líderes de Cambio 90 y Nueva Mayoría no pasan de ser ilustres desconocidos, como lo probó un ‘Estudio Cualitativo sobre las posibilidades reeleccionistas de Fujimori, del cual dimos cuenta la semana pasada: el desempeño de Jaime Yoshiyama como presidente del CCD es muy poco conocido; en el caso de Carlos Torres y Torres Lara, presidente de la Comisión de Constitución, algunos conocen su nombre, pero otros sólo lo recuerdan como ‘el señor de la barbita’; y Martha Chávez, la furibunda lideresa del fujimorismo, es confundida con la exuberante cantante española Martha Sánchez.

¿Cómo hará Fujimori, en caso de ser reelecto, para obtener una mayoría propia en el próximo Congreso cuando dos experiencias electorales han probado que las simpatías que despierta en un sector del electorado no son endosables? Esto es crucial para Fujimori a la luz de lo que ocurrió en los comicios de 1990 que no le dieron mayoría propia. Fujimori no sabe negociar, no busca consenso; cuando encontró un obstáculo lo arrolló con los tanques puestos a su servicio por una cúpula militar tan ambiciosa como él. Pero el escenario del 95 no será el mismo que tuvo el 92 cuando, tras el cuartelazo del general Hermoza, hizo su propio Parlamento y obtuvo la mayoría que necesitaba. El vals criollo lo dice: “toda repetición es una ofensa”.

Fujimori, candidato a la reelección, sin tener seguro control del Congreso, es voto perdido.

¿Marcha atrás del ejecutivo? – Cambalache en Torre Tagle – por Felipe Valdivieso Belaunde – Oiga 1/08/1994

2009-03-17T20:57:00.000-07:00

A todo el Perú le consta la manera ignominiosa como fue tratado el Servicio Diplomático de la República por el ingeniero Fujimori y el ‘cese’ arbitrario y brutal de 117 funcionarios integrantes de dicho servicio. Desde el 29 de diciembre de 1992 hasta la fecha había transcurrido más de un año y medio sin que el Poder Ejecutivo o el Legislativo hicieran nada para reparar la prepotencia con la que actuó entonces. El Ejecutivo se constituyó en un verdadero Muro de Berlín y el Legislativo, debido al comportamiento de la mayoría, no pasó de parodiar una zarzuela cuyo argumento fue jugar con las esperanzas de los funcionarios que hablan sido decapitados, por órdenes del ingeniero Fujimori, por su Damocles de turno, en este caso el doctor (?) Oscar de la Puente y Raygada.

Sintomáticamente, ahora que el Poder Judicial viene resolviendo favorablemente los recursos presentados por los diplomáticos ‘cesados’ y que la Corte Superior ha dispuesto la reincorporación de once (11) de los mismos y otro buen número viene ganando la batalla en instancias inferiores, el ingeniero Fujimori se torna, aparentemente (para la galería), solícito y, mediante el Decreto Supremo Nº 23-94-RE, del 22 de julio, autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar una evaluación de los funcionarios que fueran ‘cesados’ abruptamente.

Es conveniente aclarar que de esos funcionarios, treinta y cinco (35) fueron defenestrados al reducirse el límite de edad en las diversas categorías y dos (2) lo fueron por ‘límite de tiempo en la categoría’. De los ochenta (80) restantes, entre muertos (de verdad), heridos y contusos hay alrededor de una veintena que no podrán ser incluidos en ‘la evaluación’ lo que limitará la tarea del canciller Goldenberg Schreiber a considerar tan sólo sesenta casos (60). A propósito, cabe aquí desvirtuar una información aparecida en un importante diario local que afirma que el “año anterior el gobierno empezó a rectificar el cese respecto a cinco diplomáticos”; dicha versión no es correcta.

Hay que advertir, también, que el decreto de marras contiene una trampa -cuándo no- y ella es que, de acuerdo a su artículo 3º, “La Dirección General de Administración... queda encargada de dar cumplimiento a las resoluciones ministeriales... siempre que medie la aceptación expresa de los funcionarios involucrados". Como seguramente el señor Goldenberg tiene pensado evaluar positivamente, por razones políticas, a funcionarios de alto nivel, antes de producir la resolución les pedirá que desistan de recurrir al Poder Judicial y si ellos no se prestan a la jugarreta aparecerán como elementos ‘politizados’ o simplemente nadie se entera que el funcionario fue evaluado positivamente.

El procedimiento que se ha buscado en esta ocasión tiende una vez más a elevar a la categoría de principio ético el rupestre apotegma ‘dividir para reinar’.

De otro lado, los contrasentidos en que incurre el nuevo decreto supremo son tan burdos que no existe pupila que no los detecte, lo que pone en evidencia que ha sido redactado, como los decretos leyes de diciembre de 1992, por jornaleros del SIN con el auxilio de algunos acalambrados -por el susto- asesores jurídicos del gobierno.

Entre las perlas que refulgen se encuentran las siguientes: a) Se pretende hacer volver al Servicio a los funcionarios ‘evaluados’, mediante resoluciones ministeriales dejando sin efecto una norma de carácter superior como es la resolución suprema que los ‘cesó’; este cambalache es tan sólo un pretexto para que el ingeniero Fujimori no tenga que firmar la resolución suprema pertinente, o sea no tenga, como lo está haciendo, que rectificarse públicamente; b) Es falso que la resolución suprema que ‘cesó’ a algunos miembros del Servicio Diplomático (lo hizo) al amparo de las normas citadas en los considerandos precedentes (DL 25889 declarando la ‘excedencia’ y DL 26117, nueva Ley del Servicio Diplomático). El primero suponía que el procedimiento implicaba una auténtica evaluación que jamás se realizó y por ello la nómina fue hecha a dedo, allí también que ahora se les quiere ‘evaluar’; luego, tampoco fueron pasados a la situación de ‘retiro’ sino ‘cesados’, situación administrativa inexistente lo que ha obligado a la Cancillería a enmendar recientemente ese error y, subrepticiamente, inscribirles como ‘retirados’ en el escalafón que se acaba de publicar y repartir; c) El decreto supremo menciona erradamente el inciso 24) del art. 119 de la Constitución Política del Perú. Dicho artículo no guarda, concordancia con el DS y, además, no tiene ningún inciso. Falta grave en un documento de esta naturaleza; d) el gobierno declara ahora que ‘es necesario’ autoriza al Ministro de Relaciones Exteriores a realizar una evaluación y adoptar las medidas a que haya lugar.

¿Por qué es necesario ahora y antes no?, ¿por qué este cambio súbito?, ¿no será porque anteriormente actuaron ilegalmente y ahora temen que la Corte Suprema los desenmascare dejándolos sin piso?, ¿cómo reaccionará el gobierno cuando los recursos que ya están en esta instancia sean fallados favorablemente? Este es, sin duda, el meollo del asunto y el origen del pánico gubernamental. Pero lo que ha hecho bajar la cabeza a la gente del gobierno solamente ha sido posible porque los parias del Servicio Diplomático les han dado una lección de altivez, de orgullo y de solidaridad institucional. Les han enseñado que las instituciones republicanas saben cómo defenderse ante el invasor; e) finalmente, hay que denunciar esta nueva artimaña del gobierno destinada a confundir a los intonsos.

Jurídicamente hablando no cabe hacer una ‘evaluación’ solamente de los ‘cesados’, pues éstos fueron señalados ‘a dedo’. Por ello no pueden encontrarse en una situación de ‘capitis diminutio’ frente al resto de sus colegas que han sido mantenidos en la situación de actividad. La ‘evaluación’ o un ‘tribunal de honor’ son meros embelecos para justificar un atropello y es por eso que lo único que cabe es derogar los malhadados decretos leyes y la resolución suprema fabricados en diciembre de 1992 pues ellos son, como el gobierno hoy lo está reconociendo, totalmente Ilegales.

Llego la hora - Oiga 1/08/1994

2009-03-17T20:49:00.000-07:00

Para nadie era un secreto que las Fiestas Patrias y, concretamente, el mensaje anual del presidente en la sede del Congreso darían inicio a una nueva etapa del cronograma elaborado por los estrategas oficialistas con miras a la reelección de Alberto Fujimori. Cronograma que, como se sabe, viene cumpliéndose casi desde los albores del presente régimen, teniendo como hito principal el golpe militar del 5 de abril de 1992, cuyo objetivo básico fue garantizarle al ex rector de La Molina otro periodo consecutivo en el ejercicio del poder supremo.

Sin embargo, casi nadie acertó en predecir la envergadura que tendría el lanzamiento formal de la candidatura de Fujimori. Incluso, connotados voceros del gobierno —como el caso del director del diario Expreso, Manuel D’Ornellas— se limitaron a especular en torno al supuesto anuncio de un plan de apoyo social de grandes proporciones que Fujimori haría en su discurso del 28. Este mismo día, D’Ornellas señaló en su habitual columna: "Si el programa (social) resulta exitoso, Fujimori coronará su gestión añadiéndole la letra que faltaba y quitándole —de paso— sustento a la oferta electoral de Javier Pérez de Cuéllar".

Claramente, lo que esperaba parte del oficialismo y otros sectores sólo era eso: el énfasis en el tema social, talón de Aquiles (por lo menos el más visible) de la administración Fujimori, según las estadísticas proporcionadas por Foncodes en su informe de junio de este año, el cual da cuenta que cerca de doce millones de peruanos se encuentran en el rubro denominado ‘pobreza crítica’. Las palabras de Fujimori abordando este punto también habrían sido explotadas, al decir, de D’Ornellas, para ‘quitarle piso’ a Pérez de Cuéllar; sin duda, una expectativa que revela el pavor que causa en los círculos gobiernistas las probabilidades electorales del ex secretario general de las Naciones Unidas.

Pero Fujimori rompió con tales pronósticos eludiendo en su discurso cualquier notificación puntual sobre un pro, grama de apoyo social integrado y con financiamiento externo. Es más, el mensaje presidencial tan sólo formó parte de un conjunto de engranajes activados para lanzar de lleno la campaña hacia la reelección, en el que se procuró no olvidar el mínimo detalle, ni siquiera los gestos efectistas y demagógicos a los que nos tiene acostumbrados el candidato de Palacio.

Blitz Krieg fujimorista

En principio, debe destacarse la divulgación de dos spots publicitarios que han empezado a saturar las pantallas de televisión desde la semana pasada. Uno en el que se muestra las obras ejecutadas con los recursos del Fonavi, sobre todo en los sectores marginales. El otro es una versión ampliada del spot que se utilizara tanto en la campaña para la elección de los cecedistas (1992) como en el referéndum para aprobar la nueva Constitución (1993), con la conocida tonada: "Ahora sí, tenemos la oportunidad". En este último, se abusa de la utopía cuando aparece un ciudadano afirmando que "cada vez hay más trabajo".

Tales spots se complementaron con otros que, con motivo del aniversario de la Independencia, difundieron conocidas empresas privadas resaltando los nuevos tiempos" y "las esperanzas" que Fujimori ha inaugurado para el país.

En segundo lugar, la activa presencia de la primera dama de la nación, Susana Higuchi, en cada una de las ceremonias oficialistas programadas con motivo de Fiestas Patrias, denota que ella ha sido persuadida —al parecer, definitivamente— de contribuir a los fines reeleccionistas de su marido, tras varias semanas en que había hecho públicas y notorias sus diferencias de orden político con éste, incluso llegando a denunciar que —con motivo de sus críticas a una institución que protege el ministro de Salud— había sido amenazada a través de un teléfono privado de Palacio.

Doña Susana, a diferencia de años anteriores, acompañó a su esposo en el Te Deum llevado a cabo en la Basílica Catedral de Lima (en 1992, año del golpe militar, Fujimori no asistió a esta ceremonia). También se le vio en la galería principal del Congreso aplaudiendo varios pasajes del mensaje presidencial. Horas más tarde, encabezó la íntima reunión que se organizó en la residencia de Palacio para festejar el cumpleaños número 56 del jefe de Estado; otro gesto inusual en ella.

Interpelada por una periodista de Panamericana Televisión en los pasillos del Congreso sobre los rumores de su posible candidatura al Congreso y los impedimentos que le fija la ley, la señora Higuchi anunció que en esta semana convocará a una conferencia de prensa para tratar ese y otros temas.

Otro elemento que formó parte del ‘Blitz Krieg’ fujimorista en pos de la reelección fue la parada militar del día 29, en la que —como en los dos años anteriores— se hizo participar a los sectores civiles, en esta oportunidad en una proporción mucho mayor. A los ojos de los asesores castrenses y del aparato sicosocial del servicio de inteligencia, la incorporación de ciudadanos sin uniforme a este tipo de actuaciones permite Consolidar el binomio Pueblo-Fuerza Armada que requiere el proyecto de ‘democracia dirigida’ implementado por Fujimori y su cúpula militar. Proyecto preparado con una perspectiva de 20 años, según los informes secretos que revelara OIGA en julio del año pasado.

Un asunto de menor cuantía, pero que se lo hizo notar una periodista a Fujimori el día 29, luego de la parada militar, fue su ‘nuevo look’. El candidato a la reelección luce nuevos lentes que disimulan lo ajado que anda su rostro. "Es que se me rompieron los anteriores", explicó, como para salir del paso.

Demagogia a todo trapo

El plato de fondo en este coordinado esfuerzo de lanzamiento de la candidatura de Fujimori, lo constituyó, por cierto, el discurso del 28. Como se ha mencionado, las especulaciones en torno al mensaje fallaron notoriamente. Menos podía imaginarse la ciudadanía, los cecedistas, las autoridades, el cuerpo diplomático acreditado en el Perú y el Primado de la Iglesia Católica presentes en la sede del Poder Legislativo y quienes siguieron las incidencias a través de la televisión de lo que Fujimori sería capaz de hacer en un pasaje de su alocución.

Aquel gesto de tirar al aire un fajo de billetes de los antiguos intis, para graficar las nefastas consecuencias de la hiperinflación desatada en el gobierno de Alan García, fue chocante, infantil e indigno de un jefe de Estado. Hasta los edecanes presidenciales sentados delante del estrado principal del hemiciclo de la Cámara de Diputados quedaron perplejos al sentir caer sobre sus cabezas los menospreciados billetes, que finalmente se esparcieron por el suelo.

Demagogia sin límites la de Fujimori que no resulta nueva en la historia de los populismos latinoamericanos (ver Editorial), pero que en la actualidad contradice sobremanera la cordura que el pueblo le exige a sus gobernantes. En realidad, tan desconcertante actitud prueba la forma en que Fujimori subestima el criterio ciudadano.

En julio de 1989, cuando la hiperinflación empezaba a desbocarse sin destino alguno, OIGA quiso mostrarle a sus lectores el proceso que se estabaviviendo haciendo aparecer en su por uno de esos billetes en intis, auténtico papel moneda que fue adherido con goma en cada uno de los 40 mil ejemplares que salieron a circulación. Tales billetes estaban encima de una fotografía de Alan García puesta de cabeza. Nuestro titular fue concluyente: ‘Murió el Inti. Todo está patas arriba’.

En ese entonces, ¿qué hacía Fujimori, el hoy enérgico cancerbero de la hiperinflación? Pues nada menos que formando parte de ese gobierno que destruyó al país, integrando la Comisión Consultiva del ministerio de Agricultura; primero, apoyando a Remigio Morales Bermúdez y, después, a Juan Coronado Balmaceda, ministro este último que le concedió irregularmente el fundo ‘Pampa Bonita’, haciéndolo aparecer como ‘beneficiario’ de la Reforma Agraria.

(En 1991 Fujimori quiso premiar a Coronado Balmaceda con el cargo de embajador en Brasil, pero éste fue baloteado por el Senado de la República).

¿Qué hacía en ese entonces Fujimori? Organizándole pachamancas y almuerzos a García Pérez en su condición de rector de la Universidad Agraria de La Molina. O acompañando a Armando Villanueva del Campo y a Abel Salinas para calmar las protestas de los campesinos de Tarapoto. O visitando locales apristas para dictar ‘charlas’ sobre agricultura.

En ese entonces, ni una palabra contra la hiperinflación; ninguna protesta, ni gestos efectistas. Épocas en que ‘el agua y el aceite’ sí se podían juntar... Luego vendría el no shock.

Pero ahí no quedó todo. Después que Fujimori lanzara los billetes sobre el piso del hemiciclo, empezó a burlarse de los cecedistas, aconsejándolos que “no los recojan, porque estos mil billetes de 10 intis valen hoy un centavo”. Ninguno de los aludidos, ni siquiera los de la llamada oposición, tuvo la dignidad de pararse en ese momento y retirarse. Tras el discurso, algunos miembros del oficialismo se abalanzaron sobre los billetes para conservarlos, según dijeron, “como una curiosidad histórica”.

La burla y el menosprecio contra los representantes ante el CCD continuó en otra parte del mensaje presidencial, cuando Fujimori señaló que para ellos, como para la mayoría de peruanos, no significaba nada los nombres de las centrales hidroeléctricas de Muyo, La Pelota, Caclic, San Gabán, o los de los poblados de Pámpano, Ticrapo, Huaytará y otros. En un panel de un canal de televisión, el ex ministro Juan Incháustegui recordó que muchas de esas obras y las redes viales de esos pueblos fueron impulsados durante la segunda administración del arquitecto Fernando Belaunde –a quien nadie puede regatear su conocimiento de los lugares más apartados del país–, por lo que las palabras de Fujimori constituían una demagogia.

En general, el discurso de Fujimori tuvo el corte electoral ya esperado, en el que primó un recuento optimista de los logros obtenidos por el gobierno. Igualmente primaron las grandes mentiras y omisiones. Por ejemplo, cuando señaló que durante dos años había resistido las presiones que recibía para privatizar rápidamente las empresas públicas, pues él estaba esperando “el clima de seguridad, las condiciones propicias para la inversión, para proceder a la venta de las principales empresas públicas”.

Gran falsedad. El 3 de junio del 90, durante la polémica con Mario Vargas Llosa, dijo que en su probable gobierno mantendría el control de las empresas públicas en manos del Estado “donde el interés social así lo aconseja. No vamos a privatizar ni Petroperú, Entel Perú, Electroperú, ni los puertos, ni las aduanas, ni los correos”.

El 28 de julio de ese año, en su primer mensaje al Congreso, reiteró que la dramática situación de esas empresas, “no debe conducirnos a la idea simplista de privatizar todas las empresas públicas. Estas y otras empresas, reiteró, permanecerán siendo públicas”.

El 22 de febrero de 1991 dijo al diario Gestión que varias empresas públicas no serían privatizadas, “porque son sumamente rentables para el Estado, tales como Petroperú, Entel. Tampoco aquellas que posteriormente podrían pasar a ser monopolio privado”.
En suma, como puede apreciarse, lo que resistía Fujimori era la claridad necesaria para llevar adelante el proceso de privatización, tema en el que después daría un volteretazo de 180 grados. Algo que no estaría lejos de hacer en otros campos, donde sus promesas se las lleva el viento.

Mucho de falso también hubo en su entusiasta referencia a supuestos logros obtenidos en el sector Agricultura. En la última edición de la revista Perú Económico, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Agrarios, Alvaro Quijandría, señaló abiertamente que el gobierno no ha mostrado la voluntad política, necesaria para implementar las reformas estructurales que establezcan las bases del desarrollo sostenido del sector agrario. No hay créditos, la titulación de tierras está incompleta y sin una ley que la ampare, como tampoco existe una legislación que regule el uso de las aguas, sumado a ello el factor del atraso cambiario que perjudica a la agroexportación.

En términos amplios, mientras no se asiente el programa económico en un modelo exportador que abra mercados y genere divisas al país, pese al efecto inflacionario inmediato, los presagios en el campo de la economía son lúgubres (ver entrevista a Guido Pennano).

Finalmente, cabe decir que faltó el gran anuncio que muchas personas esperaban de Fujimori: la separación del gabinete del ministro de la Presidencia Raúl Vittor Alfaro, el socio encubridor del prófugo ex presidente del BCR Leonel Figueroa y gozoso beneficiario de las obras de construcción que ejecuta el Estado. Tal como lo señalaron los periodistas Juan Paredes Castro y Hugo Guerra Arteaga del diario ‘El Comercio’ en sus respectivos análisis del mensaje presidencial, estuvo ausente en el discurso de Fujimori los mecanismos de fiscalización para el uso de los recursos públicos para que esa honradez contagiosa de la que habla el presidente no sea una mera frase y se traduzca de manera más nítida a través de los mecanismos de supervisión de la toma de decisiones, del gasto público, del Presupuesto, de la Cuenta General de la República; en fin, de cada centavo y de cada bien del Erario Nacional, por modesto que sea", señaló Paredes Castro.

Por experiencia, sabemos que Fujimori jamás permitirá que los fiscalicen; ni a él ni a sus picaronazos. Menos en esta etapa electoral, donde se ha cercenado la posibilidad de que el JNE sancione a quienes cometen delitos electorales (ver nota más adelante); delitos que fueron moneda corriente en los tres últimos procesos.

JNE perdió su oportunidad - Oiga 1/08/1994

2009-03-17T20:42:00.000-07:00

En los últimos tiempos, con el escrutinio en mesa y la aplicación de la informática que facilita el recuento de votos y la rápida divulgación de los resultados, el fraude electoral a través de la sustitución de votos es casi imposible. Sin embargo, los dos procesos electorales llevados a cabo por el actual régimen -la elección del CCD y el referendo- han puesto en evidencia que el fraude comienza cuando aún ni siquiera los candidatos han sido inscritos. Consiste en la manipulación de la voluntad popular, con promesas y obsequios grandes y pequeños, repartidos con profusión a lo largo y ancho del país, con el apoyo de uniformados y autoridades civiles; un gigantesco fraude montado y ejecutado con los recursos económicos de todos los peruanos.

El fraude, puesto en marcha ya para las elecciones del 95, pudo ser cortado de raíz por el Jurado Nacional de Elecciones, pero sus miembros perdieron la oportunidad histórica de darle a este organismo la potestad soberana de sancionar con la inhabilitación para seguir postulando al candidato -sea este a la presidencia de la República o a una curul en el Congreso-que cometa delitos electorales o contra la voluntad popular.

La Ley Electoral votada por la mayoría oficialista en el CCD, al filo de la medianoche del miércoles 20, con la prisa que daba la urgencia de llegar a tiempo al centro de esparcimiento de la Fuerza Aérea para agasajar al presidente del CCD, Jaime Yoshiyama, quien el jueves cumplía años, es el mejor obsequio que haya recibido Fujimori.

Con los humos de la celebración del natalicio de Yoshiyama, nadie revisó el texto de la ley enviada a ‘El Peruano’, y así fue como apareció el sábado plagada de errores. Uno de ellos es el referente a los plazos para la inscripción de las candidaturas a la plancha presidencial y a candidatos al Congreso. El error se originó en el texto que el JNE envió al CCD: en ambos casos se fijaba 180 días como plazo. Sin embargo, ante la Comisión de Constitución, el presidente del JNE, Ricardo Nugent, pidió que se corrigiera el error: para la fórmula presidencial el plazo es de 180 días y para candidatos al Congreso, de 90 días. En ‘El Peruano’ los plazos aparecieron cambiados. Como es costumbre en este régimen, una ‘fe de erratas’ publicada el domingo en ‘El Peruano’ acabó con el problema. El papelón de este episodio lo hizo Carlos Torres y Torres Lara, presidente d Comisión de Constitución, quien, sin el diario oficial del sábado, sostuvo que se había producido ningún error.

Pero ninguno de los errores, confusiones e inconstitucionalidades de la ley afectaron la candidatura de Fujimori, ni siquiera la decisión del JNE de no instalar mesa de transeúntes, que no ha variado no obstante ‘la sugerencia’ presidencial, coreada por la prensa palaciega, para hacer funcionar esas mesas que, antaño, servían para ejercitar el doble voto a favor de los candidatos oficiales.

Al no haberse dado el JNE facultades para inhabilitar a los candidatos que cometan delitos electorales y contra la voluntad popular –en la actualidad, como se constató en los comicios del CCD y el referendo hasta por los observadores de la OEA, los que cometen estos delitos son denunciados por el JNE ante la Fiscalía y ésta archiva las denuncias– Fujimori podrá seguir su campaña reeleccionista sin ningún temor.

Así, podrá seguir convocando a las autoridades políticas, militares, policiales, municipales y funcionarios o empleados públicos para que participen en las manifestaciones públicas que organicen en cada lugar que el presidente-candidato visite, sin temor a que estas personas sean reprimidas con prisión no menor de dos años ni mayor de seis y multas no menor de quinientos soles ni mayor de mil o inhabilitación por el doble de la condena, como lo ordena el artículo 27º del Código Penal.

El propio Fujimori podrá hacer campaña electoral el mismo día de las elecciones y en el mismo recinto electoral, como lo hizo con su esposa el día del referendo en el colegio María Molinari, sin temor a ser sancionado con prisión no menor de dos años y con multa no menor de quinientos soles ni mayor de cinco mil soles (D.L. 14250).
Fujimori también podrá seguir utilizando ardides y artificios para inducir a los ciudadanos a votar por su reelección, sabiendo que no puede ser reprimido con prisión de hasta dos años y multa de cinco mil soles (D.L. 14250).

La impunidad también se extiende a los miembros de las Fuerzas Armadas y Auxiliares que, vistiendo uniforme, participan en las manifestaciones políticas de Fujimori, que según el D.L. 14250 deben ser reprimidos con prisión no menor de un mes ni mayor de un año.

Y, lo más importante, Fujimori podrá seguir ofreciendo dádivas con dinero del Estado para inducir a los electores a votar por su reelección, sin temor a sufrir pena de cárcel de hasta por cuatro años (artículo 356º C.P.).

“Ningún poder del Estado tiene ingerencia sobre el Jurado Nacional de Elecciones” afirmó el miércoles enfáticamente, él doctor Ricardo Nugent, presidente del JNE. Añadió que esta total independencia se la da no sólo la ley sino el hecho de que cada uno de sus miembros sea un hombre independiente.

¡Cuánta independencia desperdiciada! El país esperaba mucho del nuevo Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo porque entre sus miembros hay uno, el doctor Rómulo Muñoz Arce, de amplia experiencia pues le había tocado presidir el JNE cuando su titular, el doctor Domingo García Rada, sufrió un grave atentado terrorista. Uno de los primeros actos del JNE fue delimitar sus funciones y las del Poder Judicial, acabando con las acciones de amparo que trababan sus resoluciones.

No había nada que se opusiera a que el JNE también asumiera el papel de guardián de la pureza de los comicios, sacando de carrera a cualquier candidato que violase las leyes electorales. Es más, la nueva Constitución precisa que compete al Jurado Nacional de Elecciones "administrar justicia en materia electoral". Si el JNE es el guardián de la Ley Electoral, es elemental que tenga potestad para sancionar a sus infractores.

¡Qué gran oportunidad perdió el JNE para garantizar la transparencia del proceso electoral! Y la ha perdido en favor de los pícaros del gobierno que ahora se desgañitan gritando “¡Ahora sí tenemos oportunidad!”.

Lagunas, errores e interrogantes – Oiga 1/08/1994

2009-03-17T20:37:00.000-07:00

EL Decreto Supremo 23-94-RE que acaba de expedir el gobierno, deja a cargo del propio ministro de Relaciones Exteriores la subjetiva tarea de “llevar a cabo un proceso de evaluación de los casos” de los diplomáticos cesados arbitrariamente por la Resolución Suprema 453. No pone esa responsabilidad en manos de una comisión de pares, ni de una con personalidades inobjetables; juez y parte será el propio gobierno al cual la Corte Superior de Lima ha notificado que esa Resolución Suprema 453 es inconstitucional y nula ipso jure.

El reciente dispositivo, además, está plagado de errores y lagunas. Entre ellos son notables los siguientes: autoriza a realizar una evaluación pero no especifica la metodología a seguir, la que debería incluir el derecho del evaluado a hacer su propia defensa: no hay plazo para hacer esta ‘evaluación’ y los plazos nunca pueden ser infinitos; no deja en manos de una comisión la tarea de recomendar al ministro la lista de los afortunados, que podría estar integrada por cuatro embajadores en retiro, dos en actividad y una persona ajena al servicio diplomático, como el decano del Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo.

Hay errores garrafales como asignar dos números a una ‘ley’ que no es leysino decreto ley; en la parte considerativa se dice que es la 25889 y en la parte resolutiva se le pone el número 25589.

El reciente Decreto Supremo 23-94-RE menciona un misterioso artículo 119, inciso 24) de la Constitución. El artículo 119 de la Constitución vigente no tiene ningún inciso y dice: “La dirección y gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros...”. ¿Es posible que el gobierno pretenda comparar el Servicio Diplomático con servicios públicos como los de electricidad, agua potable y desagüe, baja policía, etc.?

Un garrafal error jurídico es aquel que le da autoridad al ministro de RR.EE. para reincorporar a los funcionarios mediante resolución ministerial, cuando ellos fueron cesados por resolución suprema. ¿Tan pronto se ha olvidado el gobierno la lección que le dio recientemente una mujer, doña Victoria Paredes, presidenta de la Beneficencia Pública de Lima, destituida por el ministro de Salud por resolución ministerial, que no se movió de su sillón hasta que Fujimori se vio obligado a destituirla por resolución suprema porque ella había sido nombrada por resolución suprema y no ministerial?

¿Acaso Fujimori no quiere reconocer su error, reincorporando a los destituidos mediante resolución suprema?

Hay muchas otras interrogantes sin respuesta:

· ¿Qué ocurrirá con los diplomáticos que después de ser evaluados sin ser escuchados no logren el visto bueno del ministro? ¿Se habrán terminado sus aspiraciones de reingresar al servicio? ¿O habrá un mecanismo de reconsideración como ocurre en todo país civilizado?

· ¿Qué ocurre con los diplomáticos que no quieran ser evaluados porque esperan la sentencia favorable de la justicia y, también, porque saben que si entra un nuevo gobierno uno de sus primeros actos será anular la Resolución Suprema 453 y hacer reingresar a los expulsados?

Debió haberse incluido una cláusula de reserva para que el diplomático que lo desee exprese formalmente su negativa a ser considerado en la evaluación. En cambio, para los que desean ser positivamente evaluados sí se ha puesto la reserva de que deberán aceptar regresar al servicio mediante resolución ministerial, con lo cual renunciarán a la firme posición de que lo actuado a partir de diciembre de 1992 es nulo, como lo ha sentenciado la justicia. Eso sería una traición, como la cometida por los que aceptaron pasar al retiro, cuando ya habían sido cesados, con tal de agarrar puestos en Marruecos y en Corea.

Gobierno quiere elecciones sin control de la prensa – Oiga 1/08/1994

2009-03-17T20:33:00.000-07:00

Eliminados todos los mecanismos de control consagrados por la Constitución, no sólo por la negativa del oficialismo a fiscalizar los actos del Ejecutivo, sino por la decisión política de no aprobar las leyes orgánicas para la puesta en marcha de instituciones vitales como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de la Magistratura, el régimen ha puesto la puntería en la prensa de oposición, que es la única que puede controlar y denunciar el fraude electoral puesto en marcha para conseguir la re-elección del ingeniero Alberto Fujimori (ver nota aparte).

El sábado último, Manuel D’Ornellas dedicó su habitual columna en Expreso comentar sobre las nuevas amenazas que existen hoy contra la libertad de prensa entre ellas “la manipulación de los jueces, como en el escandaloso intento de embargar los bienes de Enrique Zileri Gibson, director del semanario Caretas”. El 12 de mayo pasado, Caretas publicó una nota dando cuenta de las nuevas andanzas en el narcotráfico de Enrique Núñez Baraybar, recordando que este personaje había sido detenido en enero del 80 llevando un cargamento de 450 kilos de pasta básica lavada, y llevado ante la justicia en un proceso en el que estuvo implicado Carlos Langberg. Este denunció a la revista por el delito de difamación ante el 13º Juzgado en lo Penal de Lima, cuyo titular dictaminó que no procedía la formación de causa porque en el citado artículo no había ánimo difamatorio, sentencia que fue ratificada por la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Lima. El asunto era, pues, cosa juzgada. Sin embargo Langberg presentó una denuncia paralela en términos similares, exigiendo además el embargo de los bienes de Zileri por un millón de soles, demanda que acogida por la doctora Yolanda Gallegos quien después solicitó licencia, siendo reemplazada por la jueza interina Cecilia Suárez, quien ordenó el irregular embargo. Estos son los hechos que D’Ornellas describe como “manipulación de los jueces”, aunque olvidándose de mencionar que tales magistrados son producto de la ‘reorganización’ del Poder Judicial prendida por el régimen tras el 5 de abril del 92, y santificada por el Jurado Honor de la Magistratura. Además, el hecho de que tales jueces no hayan recibido -hasta el cierre de esta edición-, ninguna sanción, revela a las claras que cuentan con un respaldo político que evidentemente, no puede brindarle el señor Langberg.

El uso que hace el régimen para presionar a la prensa de oposición se confirma con lo que viene sucediendo con ATV, Canal 9. Hace algunos días, y en sobres con remitente falso, llegó a varias redacciones copia de un citatorio formulado por el 47º Juzgado al ingeniero Julio Vera Gutiérrez, presidente de ATV para que preste testimonio sobre una pista de aterrizaje que supuestamente construyó para Vaticano. El asunto tiene su origen en el primer expediente abierto el 24 de enero por la GEIN de la Dirandro contra Demetrio Chávez Peñaherrera, en el que se señala que “respecto al punto del aeropuerto, el ingeniero Vera sería Julio Vera Gutiérrez”. El oficial que tuvo a su cargo la elaboración del expediente, comandante Ricardo Abad Mendieta, señalo- al jefe de la Dirandro que esta mención fue producto de una denuncia telefónica anónima, pero que investigaciones posteriores habían aclarado todo al respecto. Sin embargo, el juez no ha tomado esto en consideración, además de confundir lo que es la zona del Trapecio Amazónico, que es donde la empresa de Vera Gutiérrez tuvo actividades, con Campanilla, la zona de operaciones de Vaticano. Se trata, sin duda, de un nuevo intento de presión contra un medio que hasta hace poco se consideraba ligado a la figura de Javier Pérez de Cuéllar.

La Sunat es otro organismo usado por la Gestapo fujimorista para acogotar a la prensa. Desde hace algunas semanas, funcionarios de este organismo revisan la contabilidad de los medios de comunicación, remontándose incluso a años que ya habían sido fiscalizados por la propia Sunat, ‘descubriendo’ errores y deudas tributarias que, con la multas y moras que aplica, se transforman en sumas millonarias imposibles de pagar, obligando a estos medios a elegir entre la quiebra o llegar a un acuerdo de canje de deuda por publicidad. Algunos medios, como la revista Gente, han denunciado desde hace algunas semanas estas maniobras de la Sunat, sobre las que nos ocuparemos ampliamente en nuestra próxima edición.

Este asunto ha despertado el interés del congresista Fernando Olivera, quien el 27 de julio anunció que presentará un pedido para que el ministerio de Economía y la Sunat informen sobre el convenio para canjear deuda tributaria por publicidad estatal. Aunque dejó en claro que no estaba en contra de que se busque la mejor forma posible de resolver la difícil situación económica que atraviesan los medios de comunicación, como consecuencia de impuestos absurdos y antitécnicos, Olivera cuestionó la suscripción de acuerdos de canje de deuda por publicidad estatal "en un período estrictamente electoral", agregando que en este caso no existe el límite entre lo que es publicidad estatal y una eventual campaña reeleccionista, por lo que recomendó que este canje se postergue hasta después de abril del 95.

El congresista también anotó que lo más conveniente sería que el gobierno corrigiera la actual política tributaria en beneficio de todos los medios de comunicación social del país.

En otros casos, la amenaza del régimen a través de su Gestapo contra los medios opositores ha sido menos sutil y sí mucho más brutal, como el caso del asalto al local del Instituto de Estudios Peruanos, destrozando las oficinas, revolviendo archivos y documentos y accediendo a la información de una computadora, aunque sin llevarse los valiosos equipos de este instituto, por lo que los directivos del IEP sostienen de que se trata de un caso de amedrentamiento. Una incursión similar se realizó, días atrás, en las oficinas del doctor José Luque Tijero, presidente de la Democracia Cristiana, quien fue amenazado por denunciar públicamente que el fraude electoral está en marcha. A ello se suman las amenazas contra su vida recibidas por la esposa del general Rodolfo Robles, con el ánimo de impedir su retorno al país. La Gestapo fujimorista se ha desatado. Y esto parece ser sólo el comienzo.

El “Robo” de los cheques del banco de crédito

2009-03-12T08:48:00.000-07:00

LA tarde del 14 de octubre, cuando los interventores nombrados por el gobierno ingresaron al Banco de Crédito precedidos por una tanqueta policial, lo primero que hicieron fue pedir a un atónito empleado que los condujera a la Sala de la Presidencia, donde iban a instalarse. El empleado los llevó al salón ubicado en la parte antigua del edificio, que en contadas ocasiones sirve para ceremonias muy especiales. Durante hora y media los interventores estuvieron allí mirándose las caras hasta que fueron llamados por Dionisio Romero al despacho de la Presidencia Ejecutiva, que es el lugar desde donde se maneja el banco y a donde querían ir, en realidad, los interventores. Allí, Romero les hizo una extensa exposición sobre los peligros que entrañaba la presencia de numerosos efectivos policiales en ambientes donde se mueve muchísimo dinero y valores, y la imposibilidad de haceruna transferencia ordenada de esos bienes en tales condiciones. Los interventores, convencidos, se retiraron prometiendo volver al día siguiente con nuevas instrucciones. Al poco rato retornaron. Alguien, desde arriba, los había amonestado por dejarse convencer tan fácilmente. Ya en la noche, aquejados por el hambre, pidieron comida a Las Trece Monedas, ignorando que este servicio lohace habitualmente la cocina de la Casa Goyeneche, propiedad del Banco. Las Trece Monedas envió la cena, pero se olvidó de acompañar los platos. Sin saber a quién pedirlos, usaron los platos de plata que sirven de asiento a la vajilla. También, ese día y los siguientes, consumieron abundante whisky.

Estas dos anécdotas forman parte de la comedia en que se ha convertido la intervención estatal del Banco de Crédito —y por extensión de las demás empresas bancarias, financieras y de seguros—, que la semana pasada le costó la cabeza nada menos que al presidente del Comité de Administración, Rómulo León Ramírez, tras un episodio que puede llamarse “El trampeador trampeado” o “El caso de los cheques perdidos que nunca se perdieron”.

El Juez lbazeta descorre el telón

Este episodio comienza el miércoles 4 de noviembre cuando, conminado por el Juez Marcos Ibazeta Mariño, del 9º Juzgado de Instrucción, la Bolsa de Valores de Lima retira del despacho del magistrado los siete cheques de gerencia que, por un monto de I/. 1,030'135,546.31, había girado el Banco de Crédito a la orden de la Bolsa, para cancelar la compra de 338’407,413 acciones de ese banco hecha por alrededor de 4,500 de sus trabajadores.

El cobro de esos cheques, girados el 14 de octubre, había sido bloqueado con recursos vedados: el Comité de Administración fraguó actas y la CONASEV suspendió las operaciones en la Bolsa de Valores ese día. Sin embargo, los corredores depositaron los cheques en la cuenta que la Bolsa tiene en el Banco de Comercio y plantearon una acción de amparo ante el Juez Ibazeta, quien ordenó a la Bolsa y al Banco de Comercio que terminaran la cobranza de esos documentos.

La Bolsa de Valores informó a los interventores que no le quedaba otro recurso que cumplir con la orden judicial y el viernes seis envía los cheques al Banco de Comercio para que éste los presente, para su canje en la Cámara de Compensación de Banco Central de Reserva. Una oficina a la que sólo ingresan personeros debidamente acreditados por sus instituciones, después de cumplir lentos y minuciosos trámites.

Secuestro frustrado

Enterado de que el Banco de Comercio iba a presentar esos cheques a la Cámara de Compensación el lunes nueve, el Consejo de Gerencia del Banco de Crédito, integrado por 22 gerentes, acuerda que sus personeros habituales concurran a esta diligencia con el especial encargo de verificar la presentación de dichos cheques, tanto para cautelar los intereses del banco como los de sus 4,500 nuevos accionistas, pues existían fundados temores de que fueran hechos desaparecer en otro intento por invalidar la operación de compraventa de las acciones.

A las 4.30 de la tarde llegan a la Cámara de Compensación los personeros del Banco de Comercio llevando los siete cheques de gerencia en una planilla especial. Giussepe Di Francesco, gerente del Banco de Comercio, ha dicho que hizo esto teniendo en cuenta las circunstancias especiales que rodeaban el curso de esos documentos. En otra planilla aparecía un cheque por I/. 9'545,551.62 por otra operación bancaria.

Complicados en la operación de secuestro de los siete cheques, funcionarios del Banco Central de Reserva cuestionaron las planillas separadas y ordenaron que se hiciera una sola. Los primeros cheques que recibieron los personeros legales del Banco de Crédito fueron los siete del Banco de Comercio. Cumpliendo las instrucciones recibidas del Consejo de Gerencia, uno de los personeros se dirigió al Banco de Crédito para proceder a su asiento contable, mientras el otro se quedó recibiendo los demás cheques —más de 30 mil—entregados por otros bancos para su canje.

Cuando la operación ya estaba por completarse, llega a la Cámara de Compensación un empleado del Banco de Crédito, Miguel Puga Esquerre, enviado por el Comité de Administración para recoger todos los cheques.

El trampeador trampeado

Cuando Puga Esquerre llegó al banco con una bolsa repleta de cheques, fue recibido por Rómulo León Ramírez en el salón de directorio. Mientras León Ramírez felicitaba a su empleado porque había logrado entrar a la Cámara de Compensación del BCR y retirado los cheques sin ser personero autorizado, los demás interventores comenzaban a buscar los siete cheques de gerencia. De pronto, alguien gritó desesperado: “¡No están los siete cheques; maldita sea!”. Los 30,000 cheques, esparcidos sobre la enorme mesa del salón del directorio fueron revisados uno por uno, una y otra vez, hasta que los interventores, con el rostro desencajado, se convencieron de que, efectivamente, los siete cheques no se encontraban allí. León Ramírez cogió el teléfono y llamó a Pedro Coronado Labó, flamante presidente del BCR: “Nos han jodido... no están los cheques”, habría dicho. El empleado Puga Esquerre fue despedido poco menos que a patadas por León Ramírez.

Entretanto, los funcionarios autorizados del Banco de Crédito, en posesión de los siete cheques, procedieron a contabilizar su ingreso, tanto en los libros como en el centro de cómputos. Desde ese momento la operación de compraventa de acciones quedó perfeccionada. Los cheques, carentes ya de valor, podían ser archivados, microfilmados, y destruidos, como ocurre generalmente. Pero como cabía la posibilidad de que cayeran en manos de los interventores y éstos los hicieran desaparecer para alegar después que nunca habían llegado al banco y su contabilización había sido fraudulenta, el Consejo de Gerencia adoptó el acuerdo de depositarlos en custodia en una notaría con instrucciones de que únicamente fueran exhibidos a la Superintendencia de Banca y Seguros y a la autoridad judicial competente, comunicando esta decisión a la Superintendencia. Esta comunicación recién pudo ser cursada el jueves 12 por razones que veremos más adelante.

La noche triste

La noche del lunes nueve fue muy larga y vergonzosa para los interventores del Banco de Crédito. Se dice que el fracaso de la “operación secuestro” llenó de indignación presidente García, quien tomó la decisión de despedirlos a todos. Se dice también que Coronado Labó calmó los ánimos, se trazó una nueva “estrategia” y el único despedido fue Rómulo León Ramírez. Esa misma noche el Banco Central de Reserva anuncia públicamente la desaparición de los siete cheques y comunica que no procede considerar su monto de I/. 1,030'135,546.31 como saldo a favor del Banco de Comercio y en contra del Banco de Crédito en sus respectivas cuentas corrientes. Al filo de la medianoche se decide también declarar un feriado bancario en el Banco de Crédito con el pretexto de realizar un arqueo de valores e inventario físico y se nombra a Maximiliano Gamarra Ferreyra como nuevo presidente del Consejo de Administración. Gamarra, Superintendente de Banca y Seguros durante la dictadura velasquista, es un experto en operaciones bancarias.

El que busca no siempre encuentra

El martes y el miércoles el Banco de Crédito no abre sus oficinas para nadie, ni siquiera para sus empleados ni funcionarios. Expertos de la Superintendencia, bajo la dirección de Gamarra, buscan los cheques, tratan de verificar si han sido registrados en los asientos contables. Pero no encuentran nada, sencillamente porque no saben buscar y porque toda la documentación está bajo llave. Usualmente, los feriados bancarios se declaran para no atender al público, pero empleados y funcionarios trabajan a puerta cerrada y, en el caso de inspecciones de la Superintendencia, están a la mano para absolver cualquier consulta, para presentar documentos, etc. ¿Pensaban acaso los interventores que la documentación del banco, sobre todo los asientos contables, se quedan sobre los escritorios, a la vista de todo el mundo, como volantes de circo?

Los cheques estaban a buen recaudo

La Superintendencia anuncia que en el arqueo hecho se ha comprobado que la operación de canje de los cheques no se encontraba contabilizada en los registros del Banco de Crédito ni tampoco fueron físicamente contabilizados. El Banco Central de Reserva anuncia la desaparición de los siete cheques de gerencia y presenta una denuncia ante la Policía Fiscal. Los diarios gobiernistas gritan desde sus titulares: “Ladrones de guante blanco. Banqueros robaron billón de soles”.
El jueves 12, empleados y funcionarios pueden volver a entrar a trabajar. Recién el Consejo de Gerencia puede cumplir con uno de sus acuerdos adoptados el lunes nueve: ese día sus personeros dirigen una carta a Gerardo Malincovich Costa, Superintendente interino de Banca y Seguros, comunicándole todos los pasos dados en relación a los siete cheques de gerencia, desde su presentación a la Cámara de Compensación del Banco Central de Reserva hasta su contabilización en los libros del Banco, y le comunican que esos documentos originales se encuentran depositados en custodia en la Notaría Pública del doctor Manuel Soya de la Piedra, “quien podrá exhibirlos a esa Superintendencia y/o Autoridad Judicial competente, si así lo requieren”.

¿Se quedó el APRA sin banco?

La desesperación hace olvidar las formas. Legalmente los feriados bancarios los decreta la Superintendencia. Pero ahora ya no importa quién los ordene. El Comité de Administración decreta un feriado bancario para el viernes. ¿Con qué objeto? Eliminar los asientos contables, no se puede. Menos aun borrar la operación de las computadoras. Ese día los trabajadores del banco se quedaron sin cobrar su sueldo. Y la Policía Fiscal, con un fiscal y una corte de policías y periodistas, “descubre” los “cheques robados”, la “prueba del delito”, en la Notaría del doctor Noya. Las autoridades secuestran los cheques, pero esto ahora ya no tiene importancia porque son documentos sin valor.

El lunes veremos si la comedia ha terminado o si sus protagonistas le añaden uno o más actos, en su desesperación por anular una operación que ha hecho que —por lo menos legalmente— el Banco de Crédito se escape de las manos del gobierno aprista.

La destrucción del Banco de Crédito: venganza aprista

Entretanto, los continuos feriados bancarios están atentando no sólo contra los intereses propios de los ahorristas de ese banco, sino contra la economía del país en general porque, como dice la Confederación Nacional de Comerciantes en carta dirigida al ministro de Economía y Finanzas, el Banco de Crédito es el engranaje principal del circuito monetario del país, al que están íntimamente ligados los otros bancos, así como las gestiones que los diversos sectores, tanto de la producción como del comercio de exportación e importación, efectúan.

Como dice CONACO, la gran mayoría de las actividades de financiación, cartas de crédito, transferencias, depósitos bancarios y retiros, así como operaciones con especies valoradas que se ejecutan en el país, están estrechamente ligadas a decisiones que emanan de consultas directas con el Banco de Crédito, lo que significa que gran parte del movimiento económico del país se efectúa con la participación del Banco de Crédito.

¿Será la venganza aprista la destrucción de la primera institución bancaria y financiera del país?

El Caso Villacoca y la justicia militar – Oiga 06/10/1986

2009-02-28T18:53:00.000-08:00

Cuando hace tres semanas descubrimos que era falsa la "noticia", "primicia" o "supernovedad" de que el Tribunal de Justicia Militar había absuelto a los generales de la PIP involucrados en el caso de "Villa Coca", nos sentimos obligados a dar a conocer nuestras indagaciones. No sólo porque era falsa la "noticia" sino porque se hacía evidente que nos hallábamos ante otra maniobra de ciertos sectores afines al gobierno destinada a desprestigiar a las Fuerzas Armadas, con el suicida pretexto de que para afianzar la democracia no era malo desestabilizar un poco a los militares. El tribunal militar no había absuelto a nadie; al contrario, había ampliado la acusación, señalando que eran cómplices en los enjuagues de "Villa Coca" varios otros jefes de la PIP, entre ellos los "investigadores", por haber cerrado los ojos ante muchas evidencias contra Rodríguez López y su banda.

OIGA, que tiene una clara posición frente a la estabilidad democrática (ver editorial), no podía callar. Estaba obligada a informar sobre el tema, aunque quedará absolutamente sola —como así fue, ya que ningún periódico se dio por enterado de lo ocurrido—, y a no ocultar el nombre de nadie y menos el del oficial general que, a pesar de estar cuestionado por la justicia militar, fue condecorado por el ministro del Interior.

Ese general de la PIP, don Raúl Chávez Gonzales, nos ha enviado una carta acusándonos de pretender inventar "la existencia de un proceso penal que supuestamente se me está siguiendo en el Consejo Supremo de Justicia Militar, por delito de desobediencia, insulto al superior y otros delitos más, derivado —según su revista- de una posible parcialidad y discriminación en las investigaciones del caso Villacoca".

Los cargos existen y en estas páginas volvemos a publicar los documentos que sustentan nuestras informaciones, aunque sigamos sin emitir nosotros ningún juicio de valor. Nos limitamos a expresar hechos y a exhibir documentos. Y no sólo hay eso: en estos días el juez que ventila el caso "Villacoca", Hugo Príncipe, ha enviado un oficio a la Sala de Guerra anunciándole la devolución de los expedientes que comprometen a los generales PIP Chávez Gonzáles, Suárez Caballero y López Vargas, para que la justicia militar siga su curso. Se sabe que el Consejo Supremo de Justicia Militar habría decidido remitir ese oficio en consulta a la Corte Suprema de la República para que ésta decida si la justicia militar sigue el caso o lo pone en manos del juez Hugo Príncipe.

La justicia militar considera que esos tres generales "tuvieron toda la documentación incriminatoria contra el civil Reynaldo Rodríguez López y otros, por delito de tráfico ilícito de drogas y otros delitos, así como contra el personal de las Fuerzas Policiales que han tenido relación con los hechos objeto de la investigación policial, no obstante lo cual, pese a las evidencias incriminatorias contra determinados miembros de las Fuerzas Policiales, los indicados oficiales generales e integrantes del Equipo de Trabajo de Investigación Policial, intencionalmente omitieron denunciar ante la entidad competente a aquellos miembros de las Fuerzas Policiales comprometidos en eventos delictuosos en agravio del Estado, incumpliendo de este modo sus deberes y obligaciones policiales".

Los veinte kilos que vieron

Cuando estalló el laboratorio de "Villa-coca" que puso al descubierto las actividades delictivas de Reynaldo Rodríguez López y su banda, lo primero que se quiso saber es desde cuándo venía operando esta organización. El general Chávez Gonzales y su equipo descubren —según lo hacen saber al juez Príncipe en su atestado ampliatorio del 23 de agosto de 1985— que la organización de "El Padrino" tiene relación con el tráfico de drogas desde 1978, al capturar a la esposa de Reynaldo, Rosalía Rubiños Litardo de Rodríguez con 20 kilos 315 gramos de pasta básica de cocaína. Un atestado deficiente permite que la mujer de Reynaldo fuese liberada por un juez complaciente. El 28 de enero de este año, el equipo del general Chávez Gonzales comprende como implicados en tráfico ilícito de drogas y contra deberes profesionales, entre otros, al teniente general Eduardo Ipinze Rebata, al coronel Luis Rojas Penas y al mayor Carlos Ratto del Solar, por la responsabilidad que les cabe en el contenido del atestado, confeccionado tan deficientemente, que no tocó al "Padrino".

Los doce kilos que no vieron

El equipo del general Chávez Gonzales también descubre las manos del "Padrino" cuando en marzo de 1984, la PIP apresa a Italo Scolezi Fernández y al colombiano Luis Eduardo Fernández Gómez, en el departamento Nº 702 de Ramón Dagnino 175, con un cargamento de 12 kilos 158 gramos de clorhidrato de cocaína, envueltos en paquetes, listos para ser enviados al extranjero. Se descubre que ese departamento es de propiedad de Reynaldo Rodríguez López y que éste tiene vinculaciones con Scolezi por lo menos desde 1982 en que avaló a Scolezi para el alquiler de un departamento en Santa Cruz. Tan convencido está el equipo del general Chávez Gonzales que ese inmueble pertenece a la banda de narcotraficantes, que lo incauta. Sin embargo, al contrario de lo que hizo con los PIP's autores del deficiente atestado contra la mujer de Reynaldo en 1978, esta vez no comprende a los responsables de ese otro atestado que, nuevamente, deja en las sombras al "Padrino": el general Oscar Vivas Gutarra, el coronel César Anco Zegarra, el mayor Víctor Vargas Rojas y el alférez José Román Díaz, quienes, de esta manera, evaden la acción de la justicia.

Otros descuidos

La justicia militar descubre otros casos en que el equipo del general Chávez Gonzáles es severo con algunos y complaciente con otros miembros de su institución. Uno de estos últimos es el comandante Herculano Soto Villanueva, cuñado del Director Superior de la PIP, Mario Muñoz Malaver. Por ello, la justicia militar precisa que el equipo del general Chávez Gonzáles ha actuado con "parcialidad punible en el ejercicio de la función, pues se ha hecho discriminación en razón de las personas y no por la naturaleza de los hechos", y ordena que se les comprenda en la instrucción abierta a los generales Ipinze, Rómulo Alayza Tejada y Rodolfo Ballesteros, al general GC Humberto Catter Arredendo y otros.

La justicia militar no se concreta a investigar y en julio dicta orden de detención definitiva contra el general Oscar Vivas Gutarra, el coronel César Augusto Anco Zegarra y comandante Víctor Vargas Rojas, comunicando al juez Hugo Príncipe y al Fiscal Miguel Espinoza Velásquez, los hechos que configuran un encubrimiento de tráfico ilícito de drogas por parte de los citados oficiales para no ser pasible de responsabilidad penal".

Hay una frondosa documentación que demuestra la responsabilidad de los generales PIP Chávez Gonzales, Suárez Caballero y López Vargas en los delitos que le imputa la justicia militar y que debe ser esclarecida por ésta o por los tribunales ordinarios.

No ocurre lo mismo con el general FF.PP. Jesús Humberto Fuentes, también condecorado por el ministro del Interior con ocasión del día de la PIP, cuya fotografía de espaldas, sin que pudiéramos identificarlo, publicamos la semana pasada, sin otro propósito que el de ilustrar la ceremonia de premiación que comentábamos. En carta que nos ha enviado su esposa, doña Luisa Rojas de Fuentes, ella precisa que su esposo, quien se encuentra ausente del país, "en ningún momento se encuentra ni se ha encontrado sometido a ningún proceso judicial ni administrativo y, de ser posible, usted puede comprobarlo mediante la confrontación de su foja de servicios". No lo dudamos, porque el general Fuentes no aparece en ninguno de los documentos acusatorios que obran en nuestro poder, porque tenemos buenas referencias de él y porque en las instituciones policiales también hay gente honesta que hace honor a su cuerpo. Cuando nosotros decimos —e insistimos— en que la reorganización policial debe ser a fondo, radical, comenzando con un licenciamiento general, no queremos decir que no haya policías técnicamente capacitados y con elevado sentido de la moral. La reorganización propuesta por nosotros, dirigida por una misión técnica extranjera, bajo control de la Fuerza Armada, tiene que comenzar por llamar a esos policías honrados y capaces. La reorganización que está haciendo el Apra es política y daña honras al despedir por razones de moralidad.

LAS CARTAS

De la señora
Rojas de Fuentes

Carta Notarial

Lima, 30 de Setiembre de 1986.

Señor.
Director General de la Revista OIGA
Dn. Francisco Igartua.

Señor director:

En la última edición de la revista OIGA de 29 de Setiembre de 1986, V Etapa Nº 298, de su digna Dirección, en la página 14, aparece una fotografía con la sumilla siguiente: "SALINAS condecora a uno de los generales PIP encausados por el más alto tribunal militar".

Dicha fotografía corresponde a mi esposo General Fuerzas Policiales don Jesús Humberto Fuentes, en la que efectivamente está siendo condecorado por el Sr. Ministro del Interior Ing. Abel Salinas.

Del texto del artículo, no aparece el nombre de mi esposo; por lo que considero que dicha reproducción se deba a un error de las fotografías de archivo que tiene la revista Que Ud. dirige.

Como es evidente esa fotografía y la sumilla, agravian la dignidad de mí referido esposo General Fuerzas Policiales Jesús Humberto Fuentes, así como de la suscrita y de toda la familia, atentando a los derechos Constitucionales contenidos en el art. 2do. inc. 5 de la Constitución del Estado Peruano, ya que se atenta al honor y buena reputación, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de mi esposo y su familia; de conformidad con dicho dispositivo constitucional le ruego hacer la correspondiente aclaración, en los mismos caracteres y en la propia revista.

Dicha rectificación la solicito, en vista de que mi esposo se encuentra ausente del país y de que en ningún momento se encuentra ni se ha encontrado sometido a ningún proceso judicial ni administrativo y de ser posible Ud. puede comprobarlo, mediante la confrontación de su foja de servicios. En consecuencia, deberá rectificarse ese error, que motiva mi justificada protesta.

Le ruego atender a este pedido y disponer se proceda conforme a ley.

Atentamente,

Luisa Rojas de Fuentes
L.E. 07723800
Domicilio: Escardó 465 - San Miguel

Del general Chávez G.

Lima, 25 de setiembre de 1986

Sr. Director General de la revista OIGA, Francisco Igartua
Jr. Chinchón Nº 935 SAN ISIDRO
SAN ISIDRO.

De mi consideración:

Por intermedio de la presente carta notarial, hago llegar a usted, mi más enérgica protesta e indignación, con motivo de la publicación aparecida en su revista OIGA, de fecha 22 de setiembre de 1986, V Etapa Nº 297, en donde aparece en la carátula y a todo color, mi fotografía en el momento preciso cuando soy condecorado por el señor Ministro del Interior, Ing. Abel Salinas Izaguirre y, al costado, un titular a grandes postones que dice: "INSOLITO. VILLACOCA: CONDECORAN A PIP QUE OCULTÓ 12 KILOS".

Estos titulares consignados en la carátula de su revista, señor director, dañan mi reputación moral y mi buen nombre harto conocidos en el ámbito nacional. Puesto que, aunque no se precisa la sustancia o el contenido de los 12 kilos, ni dice a qué se refiere, aplicando la lógica formal por el sentido de todo el titular, se estaría dando a entender a la opinión pública, que se trata de sustancias estupefacientes.

Y, en las páginas interiores de su misma revista, en la página 21, se pretende inventar la existencia de un proceso penal que - supuestamente se me está siguiendo en el Consejo Supremo de Justicia Militar, por delito de desobediencia, insulto al superior y otros delitos más, derivado —según su revista— de una posible parcialidad y discriminación en las investigaciones del caso "Villacoca".

Como la publicación de tales infundios resulta perjudicial para mi buena reputación moral y mi bien ganado prestigio dentro de mi institución, gracias a la honestidad en el desempeño de mi función policial, por la presente pido a usted se sirva disponer que con iguales caracteres y en la carátula de su revista próxima a salir, se haga una publicación rectificatoria del caso, de conformidad con lo dispuesto por el art. 2º de la Constitución Política del Estado y de la ley de prensa.

Agradeciéndole por anticipado la atención que le merezca la presente, aprovecho de esta oportunidad para testimoniarle los sentimientos de mi especial respeto y consideración.

Atte.

General FF.PP. Raúl Chávez Gonzales
Carné Identidad: 01-5500880436-0

Alan García y la danza de los pagares – Oiga 28/01/1991

2009-02-23T06:20:00.000-08:00

LA liberación del ingeniero Guillermo Reyes Viaña, gracias al indulto concedido por el presidente Fujimori a centenares de procesados, ha impedido que la justicia llegue a esclarecer uno de los escándalos más sonados ocurridos durante la administración aprista -una estafa por 663 millones de dólares en la que se pretendió involucrar al Banco de la Nación-, justo en momentos en que en Lausana se da a conocer parte de un informe confidencial que envió el embajador suizo en Lima a la Oficina Federal de la Policía de ese país, donde se sugiere la complicidad del ex presidente Alan García en esa operación fraudulenta. La referencia a ese informe la hace la revista L'Hebdo, que se edita en Lausana-Vaud, en su edición del 6 de diciembre, dentro de una amplia nota titulada "Maniobras fraudulentas en el Perú EXTRAÑA DIPLOMACIA SUIZA". La mención a Alan García aparece -según la revista- en el siguiente párrafo del informe confidencial que el embajador de Suiza en Lima Gerard Fonjallaz envia a la Oficina Federal de Policía el 10 de octubre de 1989: "Estamos ante un asunto delicado que bien pudiera tener consecuencias políticas importantes (el presidente Alan García estaba personalmente implicado); se impone una gran discreción". La crónica está ilustrada con una foto de Alan García con la siguiente leyenda: "Alan García ¿implicado o no?". La historia que cuenta L'Hebdo difiere bastante de la que conocemos y, como se aprecia en el titular, es muy crítica respecto de la actuación que en ese escándalo le cupo al embajador suizo en Lima. Una sumilla introduce al lector en el tema: "La "justicia tessinesa mete las narices en una sombría cuestión peruana que implica a antiguos dirigentes de ese país. En el fondo del escándalo: el juego turbio de diplomáticos suizos”. Veamos lo que dice L'Hebdo: "Lugano, un buen día del mes de febrero de 1989. En una caja de seguridad de la Unión de Bancos Suizos, la policía echa mano a un paquete de pagarés de origen peruano. En total, documentos por mil doscientos millones de dólares quedan de ese modo en condición de secuestrados. El titular de la caja de seguridad, Josip Koprivec es un yugoslavo, gerente de una compañía fiduciaria del cantón de Tesino. "Gigantesca maniobra fraudulenta al descubierto", dicen los titulares de los diarios locales al día siguiente. Es cierto que los documentos retenidos representan los presupuestos combinados de los estados de los cantones de Valais y de Neuchatel. En pocas palabras, un importante caso para los magistrados del cantón de Tesino. Tras una encuesta la policía reconstruye el telón de fondo de este escándalo. Allí se encuentran ex dirigentes peruanos en busca de una jubilación dorada, además de curiosas prácticas de la embajada suiza en Lima. (En realidad, la justicia suiza tiene dos juegos de pagarés, cada uno por un monto de US$ 673'545,000 constituido por 15 pagarés de US$ 44'903,000 cada uno; los dos juegos suman, en consecuencia, US$, 1,347'090,000). "Todo empieza a fines de setiembre de 1988. Josip Koprivec está encargado de reunir los capitales necesarios para financiar un proyecto de pesca industrial en el Perú. El monto de la operación: 318 millones de dólares. El financista yugoslavo actúa por cuenta de un astillero naval de Génova, Nuovi Cantieri Liguri, una sociedad que se prepara a firmar un contrato con la empresa peruana Scorpion Fish para la construcción de 15 barcos de pesca. A fin de encontrar la suma que haga falta, Koprive reúne un pool bancario y propone como hipoteca... los barcos que todavía están en proyecto. Veto de las instituciones financieras. Ellas exigen la garantía del gobierno peruano por intermedio del Banco de la Nación del Perú. Tras prolongadas negociaciones, Josip Koprivec termina por obtener, de manos de Guillermo Reyes, el director de Scorpion Fish, las garantías firmadas por el presidente del Banco de la Nación del Perú. De vuelta en Suiza, a su vez prudente, el hombre de negocios de Lugano exige a la embajada peruana, a la Unión de Bancos Suizos y, por telex, al Banco de la Nación, que confirmen la autenticidad de los pagarés supuestamente garantizados por el Estado. Un mes más tarde el asunto empieza a patinar. El Banco de la Nación del Perú afirma que esos papeles son falsos. Como resultado de los ajetreos, Reyes es encarcelado. El proyecto parece definitivamente fracasado. (La versión que tenemos aquí es distinta. En octubre de 1988 se reunieron en el Cesar's Hotel de Lima Guillermo Reyes Viaña, dueño y único representante de una supuesta compañía pesquera llamada Scorpión Fish, con Giorgio Rolla, máximo ejecutivo de los astilleros italianos Nuovi Cantieri Liguri, Angel Bottaro, director de comercialización, y Steve Ray Holley, socio del promotor naviero Guido Marcacci; y Josip Koprivec, propietario de la empresa Tradelink Trust de Lugano, Suiza. La operación era la siguiente: Scorpion Fish mandaba construir 15 barcos pesqueros, a un costo de 45 millones de dólares cada uno, en los astilleros Nuovi Cantieri, y Koprivec se encargaba de la financiación del proyecto. Se firma el contrato y 15 pagarés por US$ 44'903,000 cada uno, avalados por Juan Candela Gómez de la Torre, presidente del Banco de la Nación. Cuando el 17 de octubre Koprivec va a la Sección Archivo de la Sociedad de Banca Suiza se descubre que la firma del presidente del Banco de la Nación es falsificada. Koprivec va a la Sección Consular de la Embajada del Perú en Berna para que legalicen la firma de Candela y el Cónsul peruano se niega a hacerlo porque esa no es función del consulado. Koprivec elabora en su computadora un nuevo juego de pagarés y lo envía a Reyes Viaña para que los haga firmar por el presidente del Banco de la Nación y legalizar la firma por un notario público cuya firma, a la vez, debía ser legalizada por el Consulado suizo. Los pagarés, nuevamente con la firma falsificada del presidente del Banco de la Nación, y legalizada por el Notario Gustavo Correa Miller, son llevados al Colegio de Notarios de Lima para que certifique la firma de Correa Miller. El secretario del Colegio, que ha trabajado en la notaría de Correa Miller, se da cuenta de que la firma de éste es falsificada. Interviene la policía y Reyes Viaña es detenido el 16 de diciembre. La policía peruana incauta este segundo juego de pagarés). "Cuatro semanas más tarde cambia la situación. Los peruanos retoman el contrato con la fiduciaria de Tesina para volver a lanzar el negocio. Koprivec exige, y obtiene, una carta del Banco de la Nación en que se puntualiza que en el origen de estas fluctuaciones no hay más que errores y malentendidos de los cuales Koprivec no es responsable. La operación retoma su curso. Esta vez se multiplican las precauciones. Una vez mas la serie de pagarés supuestamente firmados por el presidente del Banco de la Nación es verificada por un notario peruano y confirmado luego por Ruth Wulff, cónsul en la embajada suiza en el Perú. La colaboración de la diplomacia suiza sorprende, pues por ese entonces el negocio no estaba todavía claro, más bien seguía turbio, por decir lo menos. Después de todo ¿no estaba acaso el director de Scorpion Fish entre rejas? (Esta es la parte más oscura del escándalo). Estando Reyes Viaña en la cárcel, el 26 de enero de 1989, desde el Departamento de Traducciones del Banco de la Nación son enviados, entre la 1.59 y dos de la tarde, los télex 318 y 319 al Swiss Bank (Berna) y Barclays Bank (Londres) confirmando que los pagarés que tiene Koprivec son auténticos. El tercer juego de pagarés ha volado a Suiza; llevan la firma de Candela de la Torre, autenticadas por el notario Aníbal Corvetto R, y a su vez, la firma del notario fue certificada por la cónsul suiza Ruth Wulff, todo esto con fecha 3 de febrero del 89. (Este es el segundo juego de pagarés incautado por la justicia suiza). "Para entender mejor el engranaje de este caso enredado no está demás echar un vistazo a los dueños de la empresa peruana. Koprivec pretende que pertenece a un grupo reducido de dirigentes entre los que destacan el presidente del Banco de la Nación, un ministro de Estado y el presidente de la República en ejercicio, Alan García. Precisión inútil: las elecciones se acercan. Y detrás de Scorpion Fish hay quienes imaginan que políticamente ya al final de su carrera ensayan toda clase de maniobras para obtener una jugosa entrada una vez que pasen al retiro... (Las versiones que circularon en Lima decían que Reyes Viaña fue presentado al ministro de la Presidencia, Armando Villanueva, por Alberto Franco Valera, veterano aprista, padre de Rodrigo Franco Montes asesinado en su casa de Chaclacayo en 1987. Y que el viceministro de la Presidencia, José Luis Pérez Sánchez Cerro, mantuvo contactos con Reyes Viaña). "La bomba estalla el 10 de febrero de 1989". El Financial Times y la Neue Züricher Zeitung publican un aviso que pone al público sobre aviso en cuanto a la circulación de los pagarés. Seis días más tarde los papeles quedan confiscados en Lugano, Koprivec es arrestado, interrogado y puesto en libertad esa misma tarde. "La magistratura de Tesino entra, en ese momento, en escena". La justicia revela, para empezar, que policías peruanos llegados a Suiza para obtener información bancaria han actuado ilegalmente. Llegan noticias de la quiebra de los astilleros de Génova. Su director con anterioridad había declarado que jamás había confiado mandato alguno a Koprivec. Los peruanos tratan de recuperar los documentos originales. El juez de instrucción de Lugano se prepara a enviarlos pero Koprivec se opone. Su recurso, depositado hace un año, todavía no ha sido resuelto. (Los policías peruanos que viajaron fueron el coronel Néstor Tafur López y el mayor Juan Eduardo Zapata Moz: también viajó Luis Pozo de la Vega, Jefe del Departamento de Asesoría Legal del Banco de la Nación. En realidad, los policías hicieron turismo en Suiza, Italia e Inglaterra, porque lo que tenían que investigar estaba en el Perú: el misterioso Reyes Viaña y los no menos misteriosos telex que salieron del Banco de la Nación cuando Reyes Viaña estaba preso, lo que indicaba que habían otros personajes poderosos que se movían tras bambalinas, con suficiente poder como para penetrar hasta un departamento vital del Banco de la Nación como es su Departamento de Traducciones. Nunca se supo quién o quiénes enviaron esos telex dando autenticidad al tercer juego de pagarés que volaron a Suiza por correo especial DHL). "En este enredo la embajada suiza en el Perú ha jugado un rol curioso. No sólo certificó la autenticidad de la firma -probablemente falsa- del notario peruano; más sorprendente aún: el 15 de febrero de 1989 el embajador Gerard Fonjallaz envió un fax al Procurador de Lugano. Lo hizo en papel membretado de la Sulzer-Perú. El fax fue enviado desde la sede misma que tiene esa multinacional en Lima... Es de toda evidencia que la embajada suiza parece tener buenas razones para actuar de esta manera. ¿Acaso no había escrito en un informe clasificado confidencial, remitido ello de octubre de 1989 a la Oficina Federal de la Policía: "Estamos ante un asunto delicado que bien pudiera tener consecuencias políticas importantes (el presidente Alan García estaba personalmente implicado); se impone una gran discreción"?(Efectivamente, la cónsul Ruth Wulff legalizó la firma del notario Aníbal Corvetto Romero quien, a su vez, legalizaba la del presidente del Banco de la Nación. Ambas resultaron falsas. Sin embargo, con fecha 15 de febrero, el embajador Fonjallaz remitió un telefax a los señores Quattri y Simonetti, de la Procuraduría Pública de Lugano, enviando una copia de la legalización hecha por su embajada el 3 de febrero de los documentos en donde aparecen falsificadas las firmas del presidente del Banco de la Nación, Juan Candela, y del Notario Corvetto, informando que desafortunadamente la cónsul omitió hacer una fotocopia de los pagarés). El artículo termina: "Esta es la historia: Alan García ya no es presidente del Perú, el Banco de la Nación también cambió de presidente, los barcos de pesca jamás fueron construidos y el embajador Fonjallaz nos representa ahora en Bangkok. En cuanto a Koprivec, queda por averiguar si se trata de un estafador de alto vuelo o bien de un peón sacrificado en el juego montado por los ex dirigentes peruanos en cuestión con la ayuda, probablemente involuntaria pero activa, de la embajada suiza en Lima". L'Hebdo se olvida también de Guillermo Reyes Viaña, el hombre que con una empresa (la Scorpion Fish) que sólo tenía 100 dólares de capital, aparece como el "cerebro" del gigantesco aparato internacional que se montó para estafar incautos con el señuelo de unos pagarés por más de 600 millones de dólares supuestamente avalados por el Banco de la Nación. Reyes Viaña, encarcelado desde diciembre del 88, estaba siendo juzgado por el Sexto Juzgado de Instrucción pero en diciembre del año pasado fue "indultado" por el presidente Fujimori. En esa ocasión Pablo Córdova Salvador, presidente de la Comisión Técnica Especial de Calificación del Indulto, dijo a El Comercio que Reyes Viaña sólo se limitó a falsificar pagarés para obtener un préstamo del exterior por 44 millones de dólares (¡eran más de 600 millones de dólares!) lo cual no se cumplió porque fue descubierto antes. Si ese funcionario hubiera pedido los antecedentes de Reyes Viaña al Poder Judicial, habría comprobado que tenía dos requisitorias: una del Segundo Tribunal Correccional de Chiclayo por delito contra la fe pública (18 de diciembre de 1981) y otra por el Primer Tribunal Correccional del Callao por delito de peculado (2 de setiembre de 1987). Además, estaban los cientos de miles de dólares que el Banco de la Nación gastó en enviar dos policías y un abogado a Europa, en contratar un abogado italiano que se desplazó a Suiza y en miles de telex que envió a todos los bancos del mundo para bloquear cualquier cobro de los pagarés falsificados. Pero gracias al presidente Fujimori, Reyes Viaña se ha convertido en hombre-topo: sus vecinos dicen que vive escondido en su casa de Emilio Althaus 233, San Isidro, cuyas ventanas están tapiadas con tablas, y no da cara a nadie. El secreto de esta historia está bien guardado... por el momento.

Una pista caliente que compromete al APRA – Oiga 31/07/89

2009-02-09T09:25:00.000-08:00

EL cinco de enero de 1989 un hombre ingresó en las oficinas que la empresa Avis Renta Car tiene en la Galería Comercial del Hotel Sheraton y solicitó alquilar un automóvil, identificándose como el ciudadano español Juan Mario Descelz, presentando pasaporte, brevete y tarjeta de crédito bajo ese nombre. Cumplido el habitual trámite de confirmación de la tarjeta de crédito, se le entregó a Descalz un Toyota. Sin embargo, su actitud nerviosa sembró la duda en la empleada que lo había atendido, la que fue a consultar sus temores con Jorge Miranda Montoya, encargado de la seguridad de la empresa.

Alertado, Miranda se comunicó con Seguridad del Sheraton (durante la conversación, Descalz había informado a la empleada que ocupaba un cuarto en ese hotel), procediendo luego a sentar una denuncia por robo de vehículo ante la Sexta Comisaría. Al poco rato, Seguridad del Sheraton confirmó a Montoya la presencia del Toyota en su playa de estacionamiento y le dijo que, efectivamente, Descalz había tomado una habitación en el hotel.

La policía intervino y detuvo a Delcalz, y ahí saltó la liebre: el supuesto español era peruano y se llamaba Erick Meier Von Eufrenbeck. En esos momentos, ingresó a la habitación Efraín Garrido.

Este tenía en su poder otro Toyota alquilado, esta vez a la empresa National Car Rental a nombre de una persona de apellido Manucci. La policía constató que los dos vehículos, parqueados en la playa subterránea del Sheraton, tenían las placas cambiadas, y procedió a detener a Meier y Garrido, llevándolos a la Sexta Comisaría.

Que se había cometido un delito y se pretendía realizar otro, con autos alquilados bajo falsa identidad y con las placas cambiadas, es evidente. Pero, ¿en qué consistía ese acto ilícito frustrado? La comisión parlamentaria que investiga a las bandas paramilitares que operan en el Perú, piensa que este caso es una de las pistas "calientes" que relacionarían a militantes apristas con el "Comando Rodrigo Franco", Según fuentes cercanas a la comisión, Erick Meier y, Efraín Garrido Lecca habrían sido encontrados con armas de guerra en su poder y abundante documentación comprometedora, entre ellas una lista en la que figuraba el nombre de Oscar Delgado Vera, dirigente aduanero desaparecido hace alrededor de un año luego de presentarse ante la PIP para desvirtuar un cargo de terrorismo. Los nombres de Meier y Garrido Lecca estarían en el expediente que la Sexta Fiscalía ha abierto sobre el caso del dirigente aduanero desaparecido.

OIGA quiso conseguir el atestado policial de este caso, sin resultados positivos. En la Sexta Comisaría se guardó un hermetismo absoluto; sin embargo, efectivos policiales confirmaron la existencia del parte policial, conocido como "el caso del Sheraton", pero que ha sido "camuflado confidencialmente" por orden de Armando Villanueva, ministro del Interior en ese entonces. Sin embargo, trascendió que la comisión investigadora tiene en su poder un informe del mayor comisario de la Sexta Comisaría, en el cual se reproducen párrafos del parte policial confirmando los hechos descritos anteriormente.

En este informe se indica que en el parte consta que los implicados en este caso fueron puestos en libertad por una orden del Ministerio del Interior, gestionada a través de la Prefectura de Lima.

Existe otro hecho trágico que incrementa la sospecha de la actuación de paramilitares en este caso: Jorge Miranda Montoya, encargado de seguridad de Avis y la persona que puso en evidencia a Meier y Garrido Lecca, fue baleado el ocho de julio cuando transitaba por la avenida Iquitos. Miranda, ex policía, fue atendido en el Hospital de las Fuerzas Policiales, de donde, aún grave, fue dado de alta el pasado miércoles. OIGA intentó entrevistarlo, infructuosamente, en su domicilio. Uno de sus familiares atinó a decimos, antes de colgar el teléfono, que a Miranda lo trataron de secuestrar el ocho de julio.

Mantilla armo paramilitares – Oiga 31/07/89

2009-02-09T09:20:00.000-08:00

LA comisión parlamentaria encargada de investigar la existencia de bandas paramilitares que operan en el país, habría reunido suficientes elementos de juicio que le permitirían establecer las siguientes conclusiones: a) Existen bandas paramilitares en el Perú; b) éstas son apristas, no sólo por los nombres que usan dichos grupos para identificarse (Comando Rodrigo Franco, Comando Santana Chiri, Haya Vive, Incawasi, etc.), sino por la filiación política de sus integrantes conocidos y por los objetivos que estos grupos han atacado (todos personajes opuestos al régimen aprista o vinculados a grupos subversivos de izquierda); c) Agustín Mantilla Campos, Ministro del Interior, es el organizador de dichas bandas; y, d) para implementar esos grupos Mantilla habría incurrido en la comisión de varios delitos -entre ellos violación de la Constitución al entregar a civiles armas de guerra- y errores, como permitir que su hermano Jorge "Coco" Mantilla haya servido de intermediario para cuestionadas compras de armas.

En estos momentos, la comisión estaría concluyendo la investigación de pistas que vinculan directamente a varios de los paramilitares conocidos con el siniestro “CRF”.

Ríos Sáenz y un fiscal escurridizo

La comisión ha estudiado el caso del fallido atentado dinamitero contra “El Diario”, considerado vocero de Sendero Luminoso, ocurrido el dos de octubre de 1987, en el cual murieron dos personas y una tercera quedó lesionada. Al respecto la comisión habría descubierto lo siguiente:

1) El estallido de la carga de dinamita se produjo en el interior del vehículo y no afuera, como sostuvo el Ministerio del Interior para hacer creer que los ocupantes del auto fueron víctimas de un atentado.

Según el peritaje técnico realizado por la PIP (hoy Policía Técnica de la PNP), en poder de la comisión, la detonación ocurrió en el interior del Volkswagen de placa AQ 9510, fue a la altura de la corona, y fue causada por una carga de 13 cartuchos de dinamita, reforzada con polvo de aluminio y otros elementos. El peso y el volumen del explosivo hacen débil la tesis de que la carga fue lanzada desde el local de "El Diario" hacia el interior del automóvil, según indicó el sobreviviente a la policía. Al contrario, los elementos de juicio con los que cuenta la comisión parlamentaria indican que el estallido se produjo cuando los ocupantes del Volkswagen manipulaban el explosivo.

2) Los muertos fueron, efectivamente, Adolfo Usquiano Barandiarán y Richard Briceño Vásquez, jóvenes de comprobada filiación aprista.

3) El sobreviviente fue conducido al hospital Santa Rosa y posteriormente trasladado al Hospital de Policía por el capitán GC -hoy mayor de la PNP Adolfo Ayanguren Carbajal, en ese tiempo destacado al Escuadrón de Emergencia. El herido fue internado allí bajo el nombre de Edwin de la Torre Ugarte.

4) La Dirección de Sanidad de la PNP, a cargo del Hospital de Policía, ha informado a la comisión que tuvieron a este sujeto por 15 días en su poder, bajo tratamiento, siendo custodiado por efectivos de la DIRCOTE. Al decimosexto día, esta dependencia envió a la dirección de ese hospital un comunicado en el que informaba que la verdadera identidad del herido era Jesús Miguel Ríos Sáenz y que, "por orden superior", se retiraba la vigilancia policial a dicho individuo. Pocos minutos después de que la custodia fuera retirada, 'Ríos Sáenz se fugó del hospital. La comisión ha comprobado que Ríos Sáenz no fue dado de alta y, cuando solicitó la historia clínica, las autoridades del Hospital de Policía informaron que dicha historia se ha perdido misteriosamente.

5) La comisión cuestiona el comportamiento del titular de la 37 Fiscalía, doctor Jorge Bayetto, quien tuvo a su cargo el caso y decretó la libertad incondicional de Ríos Sáenz porque éste dijo que había sido víctima y no ejecutor del atentado, y mandó archivar el expediente.

Resulta sospechoso para la comisión que, cuando en cualquier otro caso basta encontrar un volante subversivo a cualquier detenido para realizar una exhaustiva investigación y ponerlo a disposición del juez, Bayetto no haya seguido en este caso el mismo trámite.

Bayetto ha sido citado por la comisión en dos oportunidades, negándose a asistir, primero aduciendo encontrarse de vacaciones, y luego afirmando que, como el caso ya no está en sus manos, no tiene nada que ver en el asunto. Actualmente, Bayetto está citado bajo apercibimiento. La comisión parlamentaria estaría por oficiar al Fiscal de la Nación pidiéndole que ordene al fiscal Bayetto se presente a rendir sus declaraciones. De no hacerlo, sería destituido, aparte de que la comisión podría enviarlo a la cárcel por obstruir su trabajo.

¿A quién pertenece el Volkswagen?

6) La comisión sigue investigando la identidad del propietario del Volkswagen de placa AQ 9510, usado en el atentado contra "El Diario", y tiene tres pistas: a) el auto pertenecía a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIRINT) y había sido asignado a Augusto Carrasco Calleja, Jefe de Logística de dicho ministerio; b) el propietario sería Rolando Collado Sáenz, hermano por línea materna de Jesús Miguel Ríos Sáenz; y, e) el Volkswagen sería de propiedad de Jaime Esquivel Guitendid, quien trabaja en la DIRINT.

Por lo pronto, la comisión habría descubierto la existencia de dos tarjetas de propiedad de este vehículo: una a nombre de Calleja Carrasco y la otra a nombre de Jaime Esquivel.

7) Tratando de seguir los pasos de Jesús Ríos Sáenz, la comisión parlamentaria se ha encontrado con muchas barreras. Cuando solicitó a ESVICSA -la agencia de seguridad del IPSS- un informe precisando si Ríos Sáenz había sido trabajador de esa entidad, la respondieron negando toda vinculación laboral con este sujeto. Sin embargo, la comisión tiene en su poder una planilla de ESVICSA que demuestra que Ríos Sáenz trabajó en el Policlínico Sabogal de El Callao.

Los paramilitares

La comisión ha confirmado que, desde que asumió el viceministerio del Interior en 1985, Agustín Mantilla organizó un servicio de protección, reclutando a jóvenes apristas, a los que él mismo armaba y pagaba de su peculio. A este respecto, ha confirmado en todos sus extremos las informaciones de OIGA sobre Moisés Palacios Yamunaqué, Luis Alberto Aoun Chong y otros.

Asimismo, la comisión ha logrado suficientes elementos como para afirmar que Agustín Mantilla introdujo a elementos civiles en los grupos policiales que recibían entrenamiento especializado, reservado exclusivamente a miembros de este cuerpo. Un informe escrito presentado a la comisión por el general PIP Fernando Reyes Roca, confirma plenamente lo que dijera OIGA en su oportunidad: que en agosto de 1986, dos paramilitares apristas, Manuel Alzamora y Carlos del Pozo -ellos serían identificados más tarde como integrantes del grupo de civiles armados que en octubre de ese año acompañaron a Mantilla y al propio Reyes Roca en un operativo policial realizado en el cerro El Pino, tras el asesinato por Sendero del Almirante Caferatta- viajaron a Estados Unidos, integrando una delegación oficial que iba a realizar un curso de cinco semanas sobre activación y desactivación de explosivos, Adicionalmente, este testimonio de Reyes Roca echa por tierra la versión que dio Mantilla a la comisión, según la cual Alzamora y Del Pozo viajaron en forma particular, invitados por una empresa privada de seguridad y que coincidieron con la delegación policial en el avión. Para terminar de desbaratar la coartada de Mantilla, bastaría con que la comisión llame a declarar bajo juramento a los oficiales de policía que viajaron a los Estados Unidos con estos dos paramilitares apristas.

En su informe, Reyes Roca reconoce que otro civil, Carlos Oliva Guerrero, también identificado como miembro de las fuerzas para militares apristas y peligroso karateca, participó en un cursillo sobre seguridad de dignatarios, realizado entre enero y abril de 1988 en el cuartel de la DOES del Fundo Barbadillo. Interrogado al respecto, Mantilla dijo a la comisión que Oliva participó de lo que él denominó "charla" en calidad de invitado.

Además de los personajes ya mencionados, la comisión parlamentaria debería investigar y llamar a declarar a Omar Lacunza, Gino Fiori Gonzales, Jorge Oliva Banda, Hans López Mendoza, Miguel Ángel Pinchilotti, Carlos Trujillo Marcelo, Francisco Huanacure Rosas, Martín Navarro Loayza y Carlos Hidalgo, muchos de los cuales han recibido entrenamiento militar en Corea del Norte.

Las armas

Mantilla no habría podido explicar a la comisión investigadora el porqué de su presencia junto a civiles armados con metralletas durante el operativo de "El Pino". La fotografía tomada por El Nacional constituye una fuerte prueba en su contra. Además, existen fuertes indicios que señalan al Ministro del Interior como la persona que entregó estas metralletas a su guardia personal.

También ha sido llamado a declarar ante la comisión Jorge "Coco" Mantilla sobre la importación de armas, centrándose las investigaciones en el caso de la importación de 250 silenciadores, operación que se hizo en aplicación del DS 113-87, que crea el Fondo Especial de Prevención del Ministerio del Interior. El monto total de esta operación ascendió a 280,000 dólares, según consta en documentos que obran en poder de la comisión.

Coco Mantilla habría afirmado ante la comisión que la importación realizada no fue de silenciadores, sino de percutores especiales que disminuyen el ruido de las detonaciones, versión desvirtuada por las pruebas que la comisión posee. El destino que han corrido estos silenciadores, así como parte del armamento importado directamente por Mantilla y su hermano, continúan en el misterio.

Otras revelaciones -hechos- serán de conocimiento público con el primer informe de la Comisión, que estaría por producirse en estos días.

¿Quién es Cabezas? - Oiga 11/09/89

2009-02-09T09:02:00.001-08:00

EL coronel Rolando Cabezas Alarcón, nacido en Huancavelica, tenía 42 años de edad y 22 años de servicio en la Guardia Republicana (sin contar los 5 años en la Escuela) cuando participó en los sucesos de Lurigancho. Su foja de servicios no es nada envidiable, aunque ostenta dos condecoraciones "por servicios distinguidos": una por "su brillante y magnífica actuación" en la Parada y Desfile Militar del 28 de julio de 1982, y la otra por su "gran iniciativa, arrojo, valor y eficiente formación profesional" demostrados en un enfrentamiento con un grupo terrorista ocurrido en enero del 83, en un distrito de Andahuaylas, cuando ya era jefe de los "Llapan Atic".

En su récord tiene 115 días y 72 horas de arrestos simples por múltiples motivos, tales como: negarse a impartir instrucción premilitar en un colegio; apropiarse de un cinturón y dragona dorada de un compañero; por permitir que en su alojamiento beban licor tres oficiales, dos de los cuales cumplían medida disciplinaria; falta de respeto al superior; por demorar la remisión de los haberes de un republicano que había sido cambiado de empleo; por falta de carácter para hacer cumplir una orden; por falta de responsabilidad; por no devolver oportunamente la suma de 40,000 soles que le prestó un interno de la cárcel del Cusco donde era director, etc., etc.

También registra ocho días de arresto de rigor por dos faltas graves registradas en la cárcel de Lurigancho: por introducir un botellón de vino (dos días de arresto), y por no dar cuenta de la pérdida de 238 paquetitos, conteniendo presuntamente pasta básica de cocaína, incautados durante una requisa hecha en el pabellón de sentenciados (seis días de arresto).

Siendo ya Teniente Coronel, el Consejo Superior de Justicia de la IV Zona de las Fuerzas Policiales, el 2 de agosto de 1984, confirmó la condena impuesta a Rolando Cabezas de seis meses de prisión condicional, por delito de evasión de presos. El 15 de setiembre de 1985, Cabezas Alarcón fue sometido al Consejo de Oficiales Superiores como presunto autor de falta grave que atentaba contra el honor, decoro y moralidad, siendo condenado a 48 horas de arresto simple. Y en los primeros meses de 1986, la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar ordenó abrirle proceso por los delitos de abuso de autoridad, falsedad y apropiación ilícita.

El pez por su boca muere – Oiga 11/09/89

2009-02-09T09:02:00.000-08:00

POR el circuito confidencial llamaba Agustín Mantilla. "No es la Republicana, Presidente, son los propios senderistas. Hay gente que quiere salir y otra que no la deja moverse. Van a morir todos quemados o por asfixia. ¿Estás seguro? ¿No se trata de otro desalojo de esa gente que tienes a tu mando? No es un desalojo, Presidente. ¿Cómo sabes? ¿Has ido a ver? He mandado a un coronel de confianza, Presidente". (Lurigancho, primera tragedia. 4 de octubre, 1985).

"El coronel de los 'Llapan Atic' no saldría a trotar a la mañana siguiente. Puta que eres jodido, le había dicho el otro coronel que estuvo al mando, hasta que los 'Llapan Atic' se cansaron de tanta delicadeza para tratar a los cabrones subversivos. La propia Republicana se hizo cargo de los cadáveres. No habría autopsia con radiografías, ni debilidades por los derechos humanos. Y qué quieres, respondió el de los 'Llapan Atic', que los suelten y nos maten por la espalda. A ver si ahora los terrucos aprendían su lección. Mostró los dientes: ya están bien pacificados... Listo, terminó la historia. ¿Ya ven que es fácil? Pidió un churrasco y café espeso. No alcanzó a terminar su comida. El general al mando de la Republicana entró con expresión adusta y fue directamente a su encuentro. ¿Qué bestialidad han hecho. Oiga, mi general, usted de parte de quién está. Porque tenemos que definimos, ¿no es cierto? Se oyeron voces de conformidad. Me han dado cuarentiocho horas para realizar una investigación a fondo. Se oyeron voces de protesta. Queda usted bajo arresto, dijo el general que había palidecido. ¿Yo, bajo arresto... quién lo ordena? El Presidente de la República. El coronel rió. No dura, dijo. En una semana estoy de paseo". (Invisibilidad de lo visible. Fin de la semana)

(Extractos de "La Revolución Imposible", biografía novelada de Alan García, escrita por Guillermo Thorndike. La primera cita corresponde al primer gran amotinamiento de los senderistas presos en Lurigancho, que tuvo lugar el 4 de octubre de 1985, pocos días después que Alan García subiera al poder. Allí murieron más de 30 terroristas. La segunda cita pertenece a uno de los episodios del segundo amotinamiento senderista ocurrido el 18 de junio de 1986 y que abarcó los tres penales de la capital: Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara. En Lurigancho murieron 124 presos; más de la mitad fueron rematados, después de haberse rendido, por los "Llapan Atic" que intervinieron al mando del coronel Rolando Cabezas Alarcón).

Cabezas era el hombre de palacio – Oiga 11/09/89

2009-02-09T08:56:00.000-08:00

EL coronel de la Guardia Republicana Rolando Cabezas Alarcón, sindicado como responsable directo de la masacre de por lo menos la mitad de los 124 terroristas que se amotinaron en el penal de Lurigancho el 18 de junio de 1986, era y sigue siendo hombre de confianza de Palacio de Gobierno. Esta es una de las conclusiones preliminares de la investigación realizada por un equipo de periodistas de esta revista, de la que fluye que la matanza ejecutada por Cabezas fue consecuencia inevitable del plan de politización de las Fuerzas Policiales puesto en práctica por el gobierno aprista apenas subió al poder. Cabezas sigue disfrutando de los favores de Palacio, dispensados a través de su jefe, el general Raúl Jares Gago, otro protegido que ha debido ser comprendido en el proceso para que explique por qué abandonó su puesto de comando durante esos trágicos días. Supuestamente preso en el penal de Santa Bárbara, Cabezas goza de largas vacaciones en su domicilio protegido por su institución. Una camioneta seguida por una impresionante escolta lo lleva todos los días de su residencia al tribunal. Cada vez que los reporteros tratan de fotografiarlo una cortina viva de republicanos cae sobre él.

Durante largas semanas previas al inicio del proceso en el Consejo Supremo de Justicia Militar, el equipo de OIGA tuvo acceso a importantes documentos, muchos de ellos secretos como los tres voluminosos tomos que contienen las investigaciones que realizó una comisión mixta de Inspectoría del Ministerio del Interior sobre los sucesos de Lurigancho. Presidente de esa comisión fue el general Rolando Llanos Olivera. También pudo estudiar varios alegatos escritos presentados por los principales protagonistas al presidente de la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar. El más valioso de ellos es, sin duda, el que presentó el ex Director Superior de la Guardia Republicana, general Máximo Martínez Lira, con fecha 26 de setiembre de 1988. En él se precisa cómo el abuso -él lo llama “la impetuosidad”– del poder político, dio como resultado la matanza de Lurigancho, que “nos ha dejado una estela de desaprobación de dicha conducta, tanto a nivel nacional como en la opinión pública mundial”. Para Martínez Lira, lo que pasó en ese penal fue una “situación coyuntural creada y concebida por el poder político”. Lo que viene a continuación, pues, está rigurosamente documentado.

“Coroneles de confianza”

Ejecutor del plan de someter a las Instituciones policiales y ponerlas bajo el control de la cúpula gobernante fue el actual Ministro del Interior, Agustín Mantilla Campos. Este, antes del 28 de julio de 1985, ya había entrado en contacto con oficiales de los tres cuerpos policiales, convirtiéndolos en sus "hombres de confianza". Así, apenas dos meses después de haber asumido el Viceministerio del Interior, Mantilla podía jactarse ante el presidente García de haber "mandado a un Coronel de confianza" a debelar el primer motín senderista ocurrido en Lurigancho. Fue el 4 de octubre y sofocarlo costó la vida a más de 30 reclusos.

A través de Mantilla el presidente García sembró la indisciplina en las comisarías y cuarteles policiales. El viceministro mandaba directamente a oficiales y subalternos, violando normas como aquella que señala que "Las tropas de las fuerzas militares y fuerzas auxiliares, por ningún motivo pueden ser mandadas por autoridades políticas ni por civiles" (Reglamento de Servicio en Guarnición RFA-34-10-D.S.014.CFA, parágrafo J, apartado 45, "Relaciones entre autoridades militares y políticas").

La situación llegó a tales extremos que el Director Superior de la Guardia CiviI, Teniente General Raúl Pareja Gutiérrez, trato de plantarle los pies a Mantilla, quien frecuentemente se presentaba en comisarías y cuarteles y sacaba a oficiales y tropa para realizar "operativos" sin conocimiento ni autorización de los mandos policiales. Pareja, nombrado por este mismo gobierno, fue cesado a los 37 días de jurar el cargo. Idéntica suerte correría once meses después su sucesor, el Teniente General. Carlos Barreto Bretoneche.

Un ascenso ilegal y vejatorio para la Republicana

Uno de los primeros oficiales de la policía que reclutó el Viceministro Mantilla fue el Teniente Coronel Rolando Cabezas Alarcón, de la Guardia Republicana. Un oficial de no muy brillantes méritos al constatar por su foja de servicios (ver recuadro), cuyo nombre no mereció ser incluido en la relación de ascensos a la clase de Coronel que con retraso se publicó en mayo de 1986, pero que correspondían al año anterior. O sea que los ascensos se hicieron con las leyes orgánicas y reglamentos que rigieron hasta el 4 de febrero de 1986 en que fueron sustituidos por nuevas leyes y reglamentos hechos por el Ejecutivo a gusto del presidente García. Una de las primeras normas eliminadas en los nuevos textos fue la que preservaba la moral y la disciplina de los cuadros policiales de cualquier avance del poder político: "El personal policial depende directamente de sus propios jefes".

En esa ocasión sólo había tres vacantes en la plaza de Coronel y la ley precisaba que una vez publicado el cuadro de ascensos no podían ser aumentados las vacantes. Las tres vacantes fueron cubiertas por la superioridad que no consideró a Cabezas digno de ser ascendido. Sin embargo, contra la oposición del alto mando de la Guardia Republicana, Cabezas fue ascendido a Coronel por Resolución Suprema firmada por el presidente Alan García. Y para rematar con una burla la ruptura de la disciplina en esa "institución, el ascenso fue hecho por "Acción Distinguida", un mérito solamente reservado al personal policial subalterno en casos excepcionales. ¿Cuáles fueron las "acciones distinguidas" de Cabezas?: haber hecho marchar bien a su tropa en el desfile militar de julio del 82 y una escaramuza con un grupo terrorista en 1983, de cuyo valor y heroísmo sólo él pudo dar cuenta porque era el jefe del pelotón.

Indisciplinado, irresponsable, de dudosa moralidad como consta en su ficha de antecedentes el coronel Rolando Cabezas fue el hombre que inesperadamente se presentó en el penal de Lurigancho la madrugada del 19 de junio de 1986, al mando de sus "boinas azules", el batallón antisubversivo de su cuerpo, llamado "Llapan Atic". ¿Quién lo mandó? ¿Quién le dio la orden de acabar con todos los terroristas presos? Es muy difícil que las respuestas surjan en las sesiones que aún tiene por delante el tribunal castrense, porque nadie se atreverá a formulárselas a Cabezas y porque es más difícil aún que éste las responda mientras siga contando con una protección tan poderosa como la que hoy tiene.

El otro protegido de Palacio

Inexplicablemente, el general Raúl Jares Gago, Jefe de la II Región de la Guardia Republicana, otro de los hombres de confianza de Palacio, no ha sido comprendido en este proceso para que explique por qué abandonó el comando de su institución en esas criticas horas. Según testimonio de Cabezas, Jares llegó el miércoles 18 al cuartel de la Republicana "cuando se estaba pasando la lista de diana" (alrededor de las 8 de la mañana) y pidió la formación de una unidad de rescate que debía ir a El Frontón para intervenir con unidades de la Marina de Guerra en el sofocamiento del motín que el mismo día, en forma coordinada, habían iniciado los terroristas presos en esa isla. Añade que Jares a eso de las diez de la mañana llamó por teléfono y pidió que efectivos de la Fuerza de Intervención Rápida se dirigieran a reforzar al personal de la Republicana en el penal de Santa Bárbara, donde las terroristas presas también se habían amotinado. La última llamada de Jares a su cuartel se habría producido a las 11 de la mañana, pidiendo un grupo mixto de la Unidad de Rescate para liberar a los rehenes tomados por las presas del Santa Bárbara. Después, ya no se supo más del Jefe de la II Región de la GR.

La impaciencia presidencial

En ausencia de Jares y ante los urgentes requerimientos telefónicos del presidente de la República, Martínez Lira tuvo que asumir la responsabilidad de nombrar al jefe que debía mandar el operativo en Lurigancho. La designación recayó en el coronel Narciso Azabache Ñique, segundo de Jares. Más adelante se nombró al Comandante Manuel Zevallos Llanos como Jefe de las Fuerzas de Intervención.

Urgido por el general Martínez, quien a su vez era presionado por el presidente García, el Comandante Zevallos se embarca con sus tropas en tres camiones del Ejército que estaban esperando en el cuartel de la Republicana hacía horas y llega al penal a eso de las 8.30 de la noche, sin haber tenido tiempo para esbozar un plan de operaciones. El coronel Azabache los acompaña. En Lurigancho se encuentran con el general EP Jorge Rabanal Portilla, Jefe de la Décima Octava División Blindada, designado por el Comando Conjunto para coordinar las operaciones y prestar apoyo a la Fuerza de Intervención de la Republicana.

El presidente García sigue paso a paso el desarrollo de los acontecimientos. Ya está la Republicana en el penal pero todavía no interviene. Ha surgido un impasse: el coronel Azabache y el Comandante Zevallos le exigen a Rabanal una orden de operaciones escrita y refrendada; exigen también la presencia del Fiscal de Turno, del Juez Instructor, del Director de Establecimientos Penales, de autoridades del Instituto Nacional Penitenciario cuyo personal está en huelga. Rabanal explica: él no puede dar ninguna orden escrita, el operativo ha sido dispuesto por el Comando Conjunto de la Fuerza Armada por órdenes expresas del presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y llama a sus superiores para enterarlos de la situación.

El Presidente se indigna

Los teléfonos de Palacio timbran. Desde el Comando Conjunto y la Segunda Región Militar le informan al Presidente de la rebeldía de la Republicana. El Presidente se indigna y llama nuevamente al general Martínez. Son más de las 10 de la noche y no aparece por ningún lado Jares Gago. El Jefe de Estado ordena al general Martínez que se constituya en el penal y disponga personalmente el inicio de las operaciones.

Cuando llega Martínez los ánimos ya están calmados. El problema para comenzar a actuar ya no es la falta de una orden escrita sino de explosivos. Pero éstos ya han sido pedidos. El general Martínez se retira a 300 metros de la zona de operaciones. El no tiene nada que hacer. Todo está en manos de la Fuerza Armada que ha asumido el control de los penales por decreto presidencial.

Las 5 a.m. hora tope

La noche sigue avanzando y no hay cuando comenzar. Los amotinados se han atrincherado en el pabellón industrial desde donde lanzan bombas caseras hacia él exterior. Todo es griterío de los presos que han jurado que sólo sacarán sus cadáveres antes que trasladarlos al penal de máxima seguridad de Canto Grande, rumor que ha servido de pretexto para el motín. A la 1.30 de la madrugada del jueves 19 la unidad de demolición del Ejército apenas ha abierto un forado pequeño en una de las paredes del pabellón. En Palacio, el Presidente sigue recibiendo noticias desalentadoras. El operativo no avanza y a las cinco de la mañana termina el toque de queda. Después, Lurigancho estará rodeado por centenares de personas: curiosos, parientes de los presos y, sobre todo, muchos periodistas, nacionales y extranjeros que han venido a cubrir el desarrollo del Congreso de la Internacional Socialista y a hacer reportajes sobre el fenómeno político latinoamericano, el Presidente más joven del Perú que ha puesto de vuelta y media al Fondo Monetario Internacional.

Cabezas; el ángel exterminador

De repente, a eso de las dos de la madrugada, llega al penal el coronel Cabezas al mando de 52 hombres del "Llapan Atic", repletos de armas y explosivos. ¿Quién lo ha mandado llamar? El dirá después que el general Martínez le pidió que fuera llevando explosivos. Martínez niega: ¿A quién se le ocurre que un General que ha participado en el debelamiento exitoso de otros motines carcelarios cometa la locura de nombrar dos jefes para un mismo operativo?, se pregunta. ¿Quién nombró a Cabezas para que dirigiera el asalto al pabellón industrial? Cabezas afirma que fue el general Rabanal (El general Rabanal "tenía referencia de su experiencia en acciones de rescate y sofocamiento de motines, por lo que le encargó hacerse cargo (sic) del operativo": declaraciones de Cabezas ante la Comisión Mixta del Ministerio del Interior). Rabanal lo niega tajantemente.

Lo cierto es que Cabezas le dio una nueva tónica al operativo. Entró al pabellón a sangre y fuego. Entre cuarenta y cincuenta terroristas que se rindieron y salieron por el boquete con los brazos en alto unos, arrastrándose otros, fueron rematados. No quedó uno solo, de los 124 amotinados, con vida. A las cinco de la mañana todo había concluido. Las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Pero, ¿órdenes de quién?

Alan lo supo todo, pero calló

Guillermo Thorndike, biógrafo de Alan García ("La Revolución Imposible") afirma que el Presidente se enteró de la matanza de Lurigancho, en toda su pavorosa magnitud, a las seis de la mañana de ese jueves trágico, o sea una hora después que sobre el pabellón industrial del penal de Lurigancho se extendiera la paz del cementerio. Pero Alan estaba más preocupado por el Congreso de la Internacional Socialista, en que nada molestase a sus amigos Willy Brandt y Carlos Andrés Pérez. Mientras el juez militar contaba los muertos en Lurigancho y en El Frontón la lucha todavía continuaba y morían marinos y terroristas, él recibía con el himno de Chile a la viuda de Allende.

El viernes 20 todo había acabado: 124 terroristas muertos en Lurigancho; tres terroristas mujeres muertas en Santa Bárbara; un número hasta ahora no precisado de terroristas, que algunos hacen fluctuar entre 60 y 100, muertos en El Frontón. Ese día, el presidente García inauguró el Congreso Socialista con un discurso en el que ocultó la matanza y elogió la forma como su gobierno había acabado con el "chantaje político" de los terroristas amotinados.

El sábado 21 las agencias noticiosas internacionales comenzaron a bombardear al mundo con los comentarios de la prensa extranjera. Los corresponsales sí habían captado en toda su magnitud lo que había ocurrido en Lurigancho. Y el escándalo estalló incontenible. El liderazgo socialista y tercermundista del presidente Alan García naufragaba en un mar de críticas por la brutalidad con que se había procedido a sofocar los motines. Nada justificaba la prisa que tuvo el Presidente para acabar con los rebeldes, ni siquiera la realización en Lima del evento socialista. Ese sábado, recién Palacio de Gobierno tuvo que admitir lo que ya todo el mundo sabía:' que se había cometido un genocidio en Lurigancho. Palacio emitió un comunicado anunciando la investigación de posibles excesos en ese penal.

Hay que buscar al responsable en Palacio

Tres días después, el martes 24, Alan García se dirigió al país en un mensaje televisado en el que confirmó la "masacre de 30 o 40 reclusos en Lurigancho". El viernes, Alan García dijo que el número era mayor. Fue a Lurigancho con el premier Luis Alva Castro quien, en el ínterin, ya había retornado de su viaje a China; con el Ministro del Interior Abel Salinas; el canciller AlIan Wagner Tizón y el director del INPE Manuel Aquézolo. Ocho días después de la masacre, recién el Presidente parecía tomar conciencia de la tragedia, que él había desatado, en toda su magnitud. Allí acusó a los Republicanos de criminales, prometió que todos los culpables serían sancionados, no sólo los Republicanos sino también otros que fueran encontrados responsables, tratando de involucrar en la matanza al Ejército. Fue en esos momentos en que pronunció su famosa frase "o se van ellos o me voy yo". Tratando de recomponer una imagen que se caía a pedazos, el gobierno movió los resortes de cancillerías de países amigos para que expresaran su solidaridad al presidente peruano ante rumores golpistas.

Han pasado apenas tres años y tres meses de la promesa que hizo el Presidente de castigar severamente a los autores directos de la matanza de Lurigancho. Hoy que los inculpados están siendo procesados por un tribunal militar, Agustín Mantilla, convertido en Ministro del Interior, pide a los jueces clemencia para los culpables -¿para su hombre de confianza, el coronel Cabezas?- "porque la guerra que aflige al país no ha sido provocada por la Policía Nacional ni el Estado sino por los subversivos enemigos del Perú".

Lo que ocurrió en Lurigancho tenía que suceder, como lo dijimos al comienzo de esta nota, como consecuencia de una extralimitación del poder político en las instituciones policiales. El ascenso del Teniente Coronel Cabezas al grado de Coronel fue ilegal y anarquizante. Su intervención en la debelación del motín estuvo fuera de control porque no había recibido esa misión. Por eso el general Martínez Lira se pregunta: ¿Qué favor está pagando dicho Oficial Superior de la Guardia Republicana? ¿De quién recibió órdenes? ¿A quién está ocultando? Si el tribunal castrense sabe encontrar las respuestas precisas a esas preguntas con toda seguridad que habrá dado con el gran responsable de la masacre de Lurigancho.

Aporte de Oiga a la Comisión Vilchez – Pistas para descubrir al Comando Paramilitar Rodrigo Franco – Oiga 26/06/89

2009-02-09T08:53:00.000-08:00

EL director de OIGA ha sido invitado por la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga la existencia de grupos paramilitares, para que proporcione la información que tenga y que le permita a esa comisión esclarecer ampliamente esta cuestión que preocupa hondamente al país.

No obstante la premura del tiempo, OIGA ha preparado un cuestionario con 17 preguntas, cuyas respuestas deberá encontrar la Comisión convocando a los personajes involucrados en los casos que presentamos, la mayoría de ellos debidamente sustentados en documentos que OIGA ha podido reunir a lo largo de varios años de paciente investigación, gracias a la colaboración de lectores anónimos.

Las siete primeras preguntas descubren por primera vez la existencia de grupos armados por el actual ministro del Interior, Agustín Mantilla, con pistolas y revólveres de dudosa procedencia, cuyo sostenimiento económico corría por cuenta del mismo Mantilla,

Las preguntas ocho y nueve revelan un avance en la conformación de estos cuadros paramilitares: los defensistas no sólo están equipados con pistolas y revólveres sino con armas de guerra que sólo pueden usar miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, y actúan abiertamente en operativos policiales al Iado de Mantilla y un alto Jefe de la Policía que en esos momentos es "reorganizada" por el ministerio del Interior. No obstante los insistentes reclamos de OIGA para que el Ministerio del Interior dé los nombres de esos civiles armados, el misterio de su identidad dura más de un año, hasta que OIGA logra develarlo en parte.

Las preguntas diez y once arrojan luz sobre el envío de algunos de esos civiles al extranjero, integrando delegaciones oficiales de miembros de los institutos policiales, para que reciban entrenamiento sobre materias vedadas a los civiles como la desactivación de explosivos, lo que supone un grave peligro para la tranquilidad del país porque quien es experto en la desactivación de explosivos también de serlo en su colación y activación.

La pregunta doce descubre hasta que extremos se llega para proteger y asegurar la impunidad de los paramilitares apristas comprometidos en atentados terroristas y saca a flote a Jesús Ríos Sáenz, personaje sumido en la clandestinidad desde el primer y fallido atentado dinamitero contra “El Diario”, vocero de Sendero Luminoso. En estos días se ha repetido el atentado, pero esta vez sin muertos y sin con grandes destrozos; e, indiciariamente, fuerzas policiales detuvieron a su directora.

La pregunta trece pone en evidencia el destino de parte de las armas compradas por Mantilla para equipar a las fuerzas policiales: civiles dotados con fusiles Kalashnikov, encargados de dar protección a altos funcionarios apristas.

Las preguntas catorce, quince, dieciséis y diecisiete exponen las diferentes vías ilegales que ha usado Mantilla para internar todo tipo de armas, inclusive material de guerra destinado a la Defensa Nacional, cuya adquisición debió ser consultada y aprobada por el Comando Conjunto de las FF.AA.

Finalmente, nos ha llegado esta sugerencia: que la Comisión investigue quién era el propietario del Volkswagen usado para cometer el fallido atentado contra "El Diario" y se establezca qué unidad policial tiene los silenciadores comprados por el ministerio del Interior en Alemania Oriental.

Consideramos que si la Comisión hace un buen trabajo y encuentra las respuestas adecuadas a estos interrogantes podrá, al fin, poner en evidencia a los grupos de civiles armados que constituyen las fuerzas paramilitares creadas por este gobierno.

1) DIGA cómo es verdad que el 19 de agosto de 1985, la Estación PIP de Lince instruyó el atestado N° 169-IC-L, por Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud (presunta tentativa de homicidio), Delito contra la autoridad pública (Usurpación de autoridad) e Infracción al Reglamento de Armas y Municiones (tenencia ilegal de armas de fuego), contra LUIS ALBERTO AOUN CHONG (23) y MOISES PALACIOS YAMUNAQUE (24), en agravio del doctor Peter Uculmana Suárez (47), el Estado y otros, ocurridos el 18 de ese mes en el distrito de Lince. (ver anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

2) DIGA cómo es verdad que LUIS ALBERTO AOUN CHONG y MOISES PALACIOS YAMUNAQUE, estudiantes de la Universidad Garcilaso de la Vega, el primero, y San Marcos, el segundo, son miembros del Partido Aprista y trabajaban al servicio del entonces viceministro del Interior Agustín Mantilla Campos, integrando su guardia personal. (Ver anexos 7, 8, 9 y 10).

3) DIGA cómo es verdad que en su manifestación policial LUIS ALBERTO AOUN CHONG declara que la pistola marca "Bersa" NQ 72676, con una cacerina y 14 cartuchos que le decomisaron, le fue entregada en noviembre de 1984 por Agustín Mantilla campos; que no tenía licencia para portar armas de fuego; y que la guardia personal de Mantilla estaba formada por ocho personas que solamente recibían propinas (Ver anexos 11, 12 Y 13).

4) DIGA cómo es verdad que en su manifestación policial MOISES PALACIOS YAMUNAQUE declara que el revólver Smith Wesson, calibre 38, cañón corto, N° 3158 y 12 balas con su respectiva funda, que le decomisó la policía, le fue entregado por el señor Mantilla, quien le manifestó que posteriormente iba a efectuar los trámites para obtener la licencia respectiva; que Mantilla tenía ocho civiles para su seguridad personal, a cada uno de los cuales les pagaba mensualmente 600 mil soles de su peculio (Ver anexos 14, 15 y 16).

5) DIGA cómo es verdad que el dictamen pericial de balística forense Nº 2250/85, de la Dirección de Criminalística de la PIP, establece que el revólver Smith Wesson incautado a MOISES PALACIOS YAMUNAQUE presenta el Nº 3158 en la parte inferior de la empuñadura, el mismo que no es el número de serie original que ha sido "erradicado" (limado, borrado). (Ver anexo Nº 17).

6) DIGA cómo es verdad que la DICAMET expide un certificado precisando que el revólver Smith Wesson incautado a MOISES PALACIOS YAMUNAQUE no se encuentra registrado en esa dependencia y que la pistola Bersa Nº 72676 incautada a LUIS ALBERTO AOUN CHONG se encuentra registrada en la DICAMET no como propiedad de Mantilla sino a nombre de una empresa denominada SICRA. (Ver anexo Nº 18)

7) DIGA cómo es verdad que no obstante que del atestado policial fluían graves cargos contra LUIS ALBERTO AOUN CHONG y MOISES PALACIOS YAMUNAQUE (tentativa de homicidio, usurpación de autoridad y tenencia ilegal de armas de fuego), en lugar de ser puestos a disposición de la 62 Fiscalía Provincial Penal de Lima, ese mismo día fueron puestos en libertad por la PIP de Lince, con el solo compromiso de "presentarse ante la autoridad competente" las veces que su presencia sea requerida, lo que presupone que los PIP's de esa Estación recibieron fuertes presiones para actuar como lo hicieron, cometiendo el delito de obstrucción de la justicia. (Ver anexo 19).

RECOMENDACIONES: Para que la Comisión Investigadora tenga mayores elementos de juicio, debe llamar a declarar al actual ministro del Interior, Agustín Mantilla Campos; al personal PIP que instruyó el atestado, Capitán PIP Antonio Santander Mendoza y Mayor PIP César A. Ceroni Páez; al presidente de la República, doctor Alan García Pérez que en su condición de Secretario General del Partido Aprista firmó los carnets de LUIS ALBERTO AOUN CHONG y MOISES PALACIOS YAMUNAQUE; al Teniente PIP José Miguel Vera Castillo, Perito Balístico Forense, y a Miguel A. Bolívar Fajardo, Maestro Armero PIP que suscribieron el dictamen pericial del revólver Smith Wesson incautado a MOISES PALACIOS YAMUNAQUE, de acuerdo al cual el N° 3158 que aparece en la parte inferior de la empuñadura no es el número de serie original; y al Teniente Coronel William Rengifo Villacorta y Sargento Segundo GC Amadeo Verástegui Montenegro, quienes suscriben la certificación de la DICAMEC según la cual el revólver Smith Wesson N° 3158 no se encuentra registrado en esa dependencia y la pistola Bersa, serie N° 72676 está registrada no a nombre de Mantilla sino de una compañía denominada SICRA.

8) DIGA cómo es verdad que en el mes de octubre de 1986, a raíz del asesinato del Almirante Gerónimo Caferatta, el entonces viceministro del Interior Agustín Mantilla, en compañía del Jefe de la DIRCOTE, General PIP Fernando Reyes Roca realizaron un operativo policial en el cerro El Pino, donde fueron capturados algunos autores del atentado; y cómo es verdad que en dicho operativo ambos funcionarios estuvieron acompañados por civiles que portaban potentes armas de fuego que sólo pueden usar miembros de las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas. (Ver anexos 20 y 21).

9) DIGA usted cómo es verdad cómo, después de más de un año de requerir insistentemente al Ministerio del Interior que revelara la identidad de esos civiles armados y de otros que aparecían acompañando a Mantilla y a Reyes Roca en el operativo del cerro El Pino, OIGA logró identificarlos como MANUEL ALZAMORA y CARLOS DEL POZO, lo mismo que a otros civiles que frecuentemente aparecían armados al lado de altos funcionarios del gobierno, llamados: JORGE "COCO" MANTILLA, OMAR LACUNZA, GINO FIORI GONZALEZ, JORGE DOMINGUEZ BANDA, CARLOS OLIVA, HANS LOPEZ MENDOZA, MIGUEL RIOS SAENZ y otros que, según nuestros informantes, habían sido enviados al extranjero para seguir cursos en centros de adiestramiento militar (Ver anexos 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28).

RECOMENDACIONES: Creemos que sería muy importante que la Comisión llame a declarar sobre la existencia de una guardia de civiles armados, algunos de ellos entrenados en Corea del Norte, al Ministro del Interior Agustín Mantilla, al General PIP Fernando Reyes Roca, a Manuel Alzamora, Carlos del Pozo, Jorge "Coco" Mantilla, Omar Lacunza, Gino Fiori González, Jorge Domínguez Banda, Carlos Oliva, Hans López Mendoza y Miguel Ríos Sáenz, este último muy importante por un hecho que veremos más adelante.

10) DIGA cómo es verdad que el 5 de agosto de 1986, mediante Resolución Suprema N° 0051-86 IM-OM que no fue publicada, firmada por el presidente Alan García y el Ministro del Interior Abel Salinas Izaguirre, se autorizó el viaje de cuatro oficiales de la Guardia Civil, dos de la Policía de Investigaciones y dos de la Guardia Republicana a los Estados Unidos para seguir durante cinco semanas un curso de desactivación de explosivos. (Ver anexo 29).

11) DIGA cómo es verdad que en cumplimiento de dicho dispositivo el día 9 de agosto viajaron a Miami, en el vuelo 290 de la compañía de aviación Faucett, que partió a las cinco de la tarde pilotado por el Capitán Gutiérrez Crew, con 153 pasajeros a bordo, los siguientes oficiales de la Policía: Mayor GC. Juan Carlos Mejía León, Cap. GC. Rodolfo Abarca Medina, Alfz. GC. Oscar Castillo Deza, Alfz. GC. Carlos Remy Ramis, Alfz. PIP Jaime León Bojórquez, Alfz. PIP. Jesús Haro Rebaza, Cap. GRP. Luis Manuel Meza Ventocilla y Cap. GRP. Elmer Hidalgo Medina; y diga cómo es verdad que integrando esa delegación policial viajaron los civiles MANUEL ALZAMORA y CARLOS DEL POZO, los acompañantes de Mantilla en la incursión al cerro El Pino, en octubre de 1986, cuya identidad fue celosamente mantenida en secreto por el Ministerio del Interior por más de un año, hasta que fue descubierta por OIGA. (Ver anexos 30, 31, 32 y 33).

RECOMENDACIONES: La Comisión debe llamar a declarar al ex ministro. Abel Salinas Izaguirre, al actual ministro Agustín Mantilla, a los oficiales de Policía Juan Carlos Mejía León, Rodolfo Abarca Medina, asear Castillo Deza, Carlos Remy Remis, Jaime León Bojórquez, Jesús Haro Rebaza, Luis Manuel Meza Ventocilla y Elmer Hidalgo Medina, así como a los civiles Manuel Alzamora y Carlos del Pozo; y pedir a la compañía de aviación Faucett la lista oficial de ese vuelo que OIGA sólo pudo conseguir manuscrita por un Funcionario amigo, porque hubo prohibición expresa de darla a publicidad.

12) DIGA cómo es verdad que el 2 de octubre de 1987, frente al local de "El Diario", considerado órgano oficial de Sendero Luminoso, estalló dentro de un automóvil Volkswagen una carga de dinamita que presuntamente iba a ser lanzada contra ese periódico, matando a dos de los ocupantes del vehículo y dejando herido a un tercero; que los muertos, identificados como Adolfo Humberto Usquiano Barandiarán y Richard Briceño Vásquez, ambos naturales de Ferreñafe, eran miembros del Partido Aprista; que el sobreviviente, cuyo verdadero nombre es JESUS RIOS SAENZ, que había sido llevado al hospital Santa Rosa, fue conducido al Hospital de Policía e internado con el nombre supuesto de Edwin de la Torre Ugarte para impedir que las autoridades judiciales lo interrogaran; que recién una semana después, cuando ya sus protectores habían montado una coartada, pudo ser interrogado por el Fiscal Bayetto, quien dictaminó que no había lugar a abrirle instrucción judicial basándose en que Ríos Sáenz había declarado que desconocidos arrojaron la carga de dinamita cuando ellos pasaban por el lugar donde se produjo el estallido. (Ver anexos 34, 35, 36, 37 y 38).

RECOMENDACIONES: Sería conveniente que la Comisión llame a declarar a JESUS RIOS SAENZ, lo mismo que al diputado Fernando Olivera y al senador Javier Diez Canseco, que lograron descubrir la verdadera identidad de Ríos Sáenz y dar con su paradero; así como al Director del Hospital de Policía para que diga si Ríos Sáenz estuvo bajo vigilancia policial por tratarse de un presunto terrorista, si es frecuente que el hospital atienda a presuntos terroristas o si recibió atenciones especiales que incluían visitas de sus familiares como lo comprobó esta revista.

13) DIGA cómo es verdad que el 15 de diciembre de 1988, desconocidos que luego fueron identificados como Cipriano Justino Cayllahua Gutiérrez, César Augusto Montenegro García, Walter Huamantingo Barrientos, Gabriel Alejandro Salazar Maguiña y Alejandro Manuel Sánchez Ochoa, interceptaron al Capitán de Sanidad GC, Enrique Franco de la Cuba y a su hermano Ricardo Franco de la Cuba, Teniente de la GC, armados de fusiles ametralladoras AKM en la puerta de su domicilio, jirón Los Almendros Nº 255, Residencial Monterrico, La Molina; que estos individuos tenían armas que sólo pueden usar la Policía y las Fuerzas Armadas sin pertenecer a éstos cuerpos y dijeron pertenecer al cuerpo de seguridad del viceministro de Salud de ese entonces, Luis Alberto Távara Orozco. (Ver anexos 39, 40 y 41).

RECOMENDACIONES: La Comisión debería llamar a declarar al Capitán Enrique Franco de la Cuba y a su hermano Ricardo, especialmente al primero de los nombrados, quien dio cuenta del hecho al Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

14) DIGA cómo es verdad que Jorge "Coco" Mantilla Campos, hermano del actual ministro Agustín Mantilla Campos, sin ser funcionario del ministerio del Interior recibía proformas para la compra de armas enviadas por fabricantes del extranjero. (Ver anexo 42).

15) DIGA cómo es verdad que el Ministerio del Interior, desde la época en que Agustín Mantilla era viceministro, ha estado internando armas en containers en los cuales, sin autorización de sus propietarios, introducía insumos adquiridos legalmente en el exterior y que no necesitaban de este tipo de embalaje. (Ver anexo 43).

RECOMENDACIONES: La Comisión debería llamar al industrial Fausto Huerta del Pino, de Industrial Brawns S.A., fabricante de filtros Lys, y al señor Juan Durante, de CADUR Aduanera S.A.

16) DIGA cómo es verdad que el Ministerio del Interior ha estado internando armas de contrabando, de procedencia norcoreana, traídas en naves de la Compañía Peruana de Vapores, alterando los manifiestos de carga, como ocurrió con la motonave Sabogal, que en febrero de 1988 trajo 10 mil fusiles automáticos AKM y 10 millones de cartuchos, amparada en un manifiesto de carga falso, que indicaba que los bultos traían "baterías y complementarios". (Ver anexo 44).

RECOMENDACIONES: La Comisión debe solicitar la opinión de expertos en derecho aduanero y en la Ley de Contrabando para determinar si es lícito adulterar los manifiestos de carga con el pretexto de que ello había sido convenido por el comprador y el vendedor por razones de seguridad.

17) DIGA usted cómo es verdad que el ministerio del Interior, desde la época en que Agustín Mantilla era viceministro, ha estado internando material de guerra para la DEFENSA NACIONAL, contraviniendo el artículo 8º del Decreto Supremo N° 0ll- 86-IN, que dispone que la Oficina de Defensa Nacional del Ministerio del Interior coordinará con el Comando Conjunto de la Fuerza Armada el material y equipos que requieran las Fuerzas Policiales para su participación en la Defensa Nacional y su adquisición demandará del conocimiento y APROBACION previos del CCFA. Tal es el caso de los fusiles de asalto y de precisión y los silenciadores que llegaron al puerto del Callao en el barco polaco "Wladislaw Jagiello" el 27 de agosto de 1988, transbordados en Maracaibo, Venezuela, del barco, también polaco, "Kusnika", que traía esas armas embarcadas en el puerto de Rostock, Alemania comunista, y que las autoridades venezolanas decomisaron porque la documentación no era satisfactoria. (Ver anexos 45, 46 y 47).

RECOMENDACIONES: La Comisión debería citar al actual ministro del Interior, Agustín Mantilla, al ex ministro de Defensa Enrique López Albújar y al Presidente del Comando Conjunto de esa época para que presenten las actas y demás documentos que señalen que el material de guerra para la DEFENSA NACIONAL que ha internado el Ministerio del Interior contaban con el CONOCIMIENTO y APROBACION PREVIOS del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.